La Corte Suprema abrió una investigación a la representante Mary Anne Perdomo, de Colombia Humana de Santander, porque habría contratado a un miembro de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) quien, al parecer, devengó salario sin trabajar.

La sala de Instrucción de la Corte Suprema dijo que “esta persona no habría cumplido con sus funciones, pero sí recibió el pago de sus salarios”. La congresista será citada a declarar en los próximos días.

También contrató a financiadores en la UTL. La fundación Directorio Legislativo mostró que Perdomo nunca presentó su declaración de bienes, renta y conflictos de interés exigida por Ley 2013 de 2019 (ni en 2022 ni en 2023). 

Además, dos de sus financiadores fueron contratados en la propia Cámara de Representantes, en la UTL de la congresista. Una de ellas es Anny Farley Rivero Camacho, que aportó 1 millón y medio de pesos y el otro es Edgar Solier Millares Escamilla, que aportó 6 millones de pesos.

Si bien al contratarlos no violó la Ley 80 de 1993 porque no superan los montos máximos permitidos, es un dato interesante porque Perdomo es integrante de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes.