Mediante un decreto de cuatro páginas, firmado el 22 de marzo pasado y al que La Silla Vacía tuvo acceso (el documento aún no es de conocimiento público), el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le dio piso jurídico a la vaca con la que busca recoger un billón de pesos para terminar las vías 4G que pasan por el departamento.

El decreto aún no se ha publicado en la Gaceta Oficial de la Gobernación, pero en este, como anticipamos en esta nota, Rendón planteó los argumentos jurídicos que hacen viable la “vaca” y delimitó las obras en las que se usarán los recursos una vez se cierre el mecanismo, que a este miércoles suma donaciones por $2.600 millones.

Las claves del decreto:

  1. Se invoca el artículo 1443 del Código Civil que permite las donaciones entre particulares.
  2. Se cita el artículo 355 de la Constitución, que prohíbe a las entidades públicas donar dineros en favor de particulares, pero que no limita lo contrario. “Las entidades de derecho público pueden ser beneficiarias de la donación de bienes de otra entidad del Estado o de particulares”.
  3. También se invoca el concepto 1495 de 2003 del Consejo de Estado, que reseña que la Constitución no prohíbe “expresamente” este tipo de donaciones.
  4. La Secretaría de Hacienda es la autorizada para recaudar las donaciones.
  5. El dinero ingresará al presupuesto de la Gobernación como recursos corrientes.
  6. El donante deberá aceptar la celebración de un “contrato de donación”, además de informar “bajo juramento” que los recursos no provienen de actividades ilícitas.
  7. La Secretaría de Hacienda, en conjunto con la entidad bancaria (Bancolombia en este caso), definirá el abecé para verificar el origen de los recursos.
  8. Los aportantes podrán solicitar certificado de su donación.
  9. La plata se destinará para la financiación del Túnel del Toyo, las conexiones de Bolombolo, Primavera, Puerto Antioquia y subregión Occidente-Embalses-Norte, “o proyectos de infraestructura vial”.

Decreto vaca 4G by La Silla Vacía

¿Por qué es clave el decreto? Nada más ayer, el presidente Gustavo Petro cuestionó la legalidad de la iniciativa. “Señor gobernador de Antioquia: cumplimos con esta ley no. (sic)”, dijo el mandatario en X (antes Twitter), acompañando su trino con una captura del artículo 316 del Código Penal que reglamenta la captación masiva de dineros. El artículo dice que quien capte dinero de esta forma y no cuente con autorización irá a la cárcel y tendrá que pagar multa. 

Ahora Petro llama al diálogo. La decisión de la Gobernación de Antioquia de parar los recaudos en efectivo para evitar la entrada de dineros sucios fue aplaudida por el presidente, quien propuso un diálogo para destrabar esta puja que ya ajusta semanas. Rendón, aunque insistió en que “la vaca sigue firme”, aceptó la conversación.