La Procuraduría General de la Nación dice que pudo establecer que persiste la crisis en la ruta que conduce de Cúcuta a Bucaramanga, por donde transitan de 800 a 3000 migrantes cada mes. La entidad pudo identificar el incumplimiento de 167 recomendaciones hechas por el Ministerio Público para enfrentar la crisis.
¿Qué está pasando? Según el Delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, “hay ausencia y abandono de las entidades estatales responsables al migrante en la ruta, pese a que el 30% de los migrantes son menores de edad no acompañados por sus familias”. Según la Procuraduría, la ruta se presta para que haya trata de personas con fines sexuales y prostitución infantil.
A eso, se suma la falta de recursos en los puntos de atención que operan organismos de cooperación internacional. “Tendrán que cerrar sus puertas en 2024 por falta de recursos, a pesar de múltiples solicitudes de apoyo que han elevado frente a las administraciones locales y al gobierno nacional”, dice el comunicado.
El paso a seguir: La Procuraduría citará a los gobernadores y alcaldes de Santander y Norte de Santander a una audiencia preventiva en la que se definirán compromisos puntuales para restablecer los derechos de los migrantes.
