Lo transformador de la política de drogas de Petro según expertos

El fin de semana pasado el Ministerio de Justicia hizo la presentación de su nueva política de drogas llamada Sembrando vida, desterramos el narcotráfico, con la que espera, entre otras cosas, disminuir los cultivos ilícitos a 90.000 hectáreas para 2026 y la eliminación de más de 11.800.000 dosis del mercado. La nueva política señala que estará centrada “en la vida y el medio ambiente”, manteniendo el relato de la seguridad humana contenido en el Plan Nacional de Desarrollo, pero dice que lo hará “sin descuidar la lucha contra el crimen”. 

La política de drogas se conoce trece meses después de posesionado Petro y con apenas días de diferencia con la publicación del informe de Naciones Unidas sobre las hectáreas cultivadas de coca en 2022, un total de 230,000, una cifra nunca antes reportada. Los cultivos de coca en el país, además de estar concentrados en departamentos como Nariño y Norte de Santander, reportan un epicentro de especial preocupación en Putumayo, que aumentó su cantidad de hectáreas de coca sembradas en un 77% con respecto al 2021.

La nueva política de drogas se centra fundamentalmente en dos pilares: el primero es oxígeno, que busca que las comunidades vinculadas con las economías ilícitas transiten a las lícitas, darle prioridad al manejo medioambiental de las zonas afectadas por el narcotráfico y abordar el consumo de sustancias desde un enfoque de salud pública y de derechos. 

El segundo pilar es asfixia, mediante el cual el gobierno Petro espera afectar las rentas y las capacidades de las organizaciones vinculadas con el narcotráfico, fortalecer la incautación de droga, perseguir el lavado de activos y en el que además incluye su proyecto de ‘paz total, los diálogos y el sometimiento a la justicia’ para “desescalar la violencia y desarticular organizaciones criminales”. 

La Silla Llena consultó a varios expertos para preguntarles por los aspectos transformadores de esta nueva apuesta del gobierno, los puntos positivos y los que les parecen problemáticos, y aquí está lo que respondieron: 

Lo transformador está en cinco o seis puntos. Lo primero es el cambio en la narrativa, reconocer el fracaso de la guerra contra las drogas y reflexionar sobre la necesidad de cambiar el paradigma, aunque aún se quedan en el prohibicionismo.

Lo segundo es que por primera vez es explícito que las intervenciones no van a perseguir al campesino cultivador, lo que han denominado como “oxígeno”. Esto implica, más allá de las estrategias de sustitución usuales, hacer una transformación territorial y solucionar las causas estructurales. El tema será cómo aterrizar todas esas intenciones en acciones, con qué presupuesto, en dónde. Que eso se logre depende de la articulación institucional.

Lo tercero es incluir el tema ambiental como eje central. Reconocer que tanto la guerra contra las drogas como la producción misma de coca y cocaína tienen impactos ambientales es importante. 

En particular, el foco está en que el 50 por ciento de los cultivos de coca se localiza en zonas importantes en términos ambientales, y allí se tendrá que definir un modelo distinto de intervención. No puede usarse un modelo de transformación territorial con el enfoque tradicional de desarrollo rural. 

El cuarto punto de transformación es que por primera vez un gobierno decididamente dice que va a apoyar la regulación adulta del uso del cannabis. Están apoyando el acto legislativo que nuevamente está en el Congreso para regular el mercado de uso adulto. Ya hay incluso mesas técnicas en el Minjusticia para proponer un modelo de regulación. Ese apoyo es novedoso y sería un resultado concreto a corto plazo de cambiar la guerra contra las drogas. 

El quinto tema innovador es la idea de promover los usos lícitos tradicionales de la hoja de coca. No hemos podido promover esa economía como desarrollo de una cadena de valor asociada a la hoja de coca por la guerra contra las drogas. 

El sexto punto es la propuesta de un liderazgo internacional para la discusión sobre la guerra contra las drogas. Yo sería más ambiciosa, ese liderazgo debería incluir el debate sobre la regulación de la cocaína. Se quedan en anotar que la guerra contra las drogas fracasó.

Como estamos en el mundo del prohibicionismo, el foco va a estar en ‘la asfixia’ a la delincuencia organizada que controla las otras etapas de producción y la comercialización de la cocaína.

Me preocupa la articulación con la propuesta de “paz total” porque las rentas de la cocaína son muy grandes y hay unos incentivos enormes para no dejarlas.  Los incentivos para sentarse con el gobierno y dejar las armas son pequeños. No hemos discutido todos los detalles de lo que implica una “paz total” en el contexto de un mercado ilegal de la cocaína. 

No desarrollan cómo abordar la relación con otras economías ilícitas como el oro, elacaparamiento de tierras, la ganadería. Y el otro tema que me preocupa es la protección de líderes sociales. Cualquier intervención para intentar reducir la oferta va a exponer a las comunidades y a los líderes, hay que diseñar una estrategia para protegerlos.

La política es un avance porque hace una crítica a la guerra contra las drogas y una defensa más clara de los cultivadores y consumidores, cuestionando el uso de la fuerza y del derecho penal contra ellos. Propone oxigenar los territorios con presencia de estos cultivos, aunque mantiene elementos de reducción de la oferta que hemos observado como ineficaces.

A pesar del listado de buenas intenciones para transformar los territorios, hay que ver de dónde y cómo saldrán los recursos para materializarlas en un plan de acción que contenga nuevos indicadores de medición.

El último reporte del Sistema Integral de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) supone un desafío para este gobierno porque los cultivos crecieron y la cocaína también aumentó un 24%. 

Se observa que casi el 50% de los cultivos está en áreas de manejo especial como Parques Naturales, Resguardos y Consejos Comunitarios. El reporte también señala que el 80% de los cultivos está en los mismos lugares que hace diez años, por lo que emplear fórmulas de desarrollo en esas zonas puede ser una oportunidad, como lo plantea la nueva política, si se hace rápido y bien.

Novedoso, y es importante rescatar la referencia de la política de drogas en relación con el cuidado de la vida y el ambiente. Es el resultado de un proceso largo de acercar la política de drogas a los derechos humanos (DDHH) y de reconocer el fracaso de la política.

La relación entre el problema de las drogas, su “solución” y el ambiente es algo que el gobierno no ha abordado. Es importante mencionar que incluye actividades específicas para abordar la existencia y la afectación de los cultivos ilícitos en áreas de importancia ambiental. 

Hace referencia a que las actividades se van a basar en opciones bioeconómicas. Sacar provecho a través del uso sostenible del bosque o de otros ecosistemas y en beneficio de las comunidades. 

En materia de la atención o reducción de los cultivos de uso ilícito, yo resaltaría dos cosas. 

Por una parte, está la corresponsabilidad frente a la expansión de los cultivos de uso ilícito. Desarrollan un modelo de atención para el tránsito a los medios legales y para reducir la dependencia a los cultivos ilícitos, que es consecuente con ese concepto de corresponsabilidad porque el gobierno y la familia campesina se comprometen en igualdad de condiciones.

Igualmente, hay una referencia que no es muy profunda, pero existe, a la importancia de la integración de mercados como un componente del modelo. El Estado ha entregado subsidios y ha permanecido poco tiempo acompañando proyectos productivos, pero no ha habido integración de mercados y hoy se reconoce como una lección aprendida que hasta allí debe llegar el acompañamiento.

Otro punto es la regulación justa y responsable, que a pesar de que se está refiriendo en concreto al cannabis para uso recreativo y a los usos alternativos de la hoja de coca, es transformador porque nos orienta desde el punto de vista política pública hacia un proceso de regulación podría llegar a la regulación de todas las drogas.

Si lo vemos como proceso, empezamos a regular el cannabis, lo ponemos en una política, hablamos de los beneficios que tiene, ese es un paso muy importante para el futuro de los mercados regulados. 

En temas operativos, en este eje de reducción de cultivos hablan de promover la investigación sobre los posibles usos y potencialidades de beneficios que tienen las plantas que hoy son fiscalizadas. La investigación ha sido coartada históricamente, porque estas plantas son prohibidas.

Por otra parte, está el acceso preferencial de los cultivadores tradicionales a los mercados regulados. A diferencia de lo que pasó con el cannabis medicinal, puede haber una inclusión efectiva de las familias campesinas cultivadoras. 

Frente al microtráfico es transformadora la idea del programa Zonas de Paz y Esperanza para la Transformación y Renovación con Oportunidades, que está referido a espacios para atender a jóvenes o a personas que en la calle son muy vulnerables a los mercados urbanos de drogas.

Frente al consumo de sustancias psicoactivas, aunque no es transformador, hay énfasis en la reducción de riesgos y daños, que incluye asuntos concretos como disminuir las barreras para acceder a medicamentos sustitutos de drogas como la heroína. Son novedosas las salas de consumo supervisadas y los servicios de análisis de sustancias, por ejemplo en las fiestas, que ya ocurre pero no ha tenido un permiso explícito.

Y otro tema del eje de consumo es mejorar la atención a personas que están en la cárcel por sus usos problemáticos de sustancias psicoactivas.

Finalmente, está la ‘asfixia’, la lucha contra el narcotráfico que Petro ha dicho que es la lucha contra los eslabones superiores y dentro de ese eje es novedosa la referencia a los nodos fuertes, concentrarse en lugares específicos del territorio para reducir allí el narcotráfico en todas sus actividades. 

Otro tema a resaltar es que el documento de política habla de la relación del narcotráfico con otras actividades o rentas ilegales. Es importante que haya una visión integral de las rentas ilegales y abordarlas todas en su conjunto. 

Frente a la erradicación por ejemplo, se habla de un uso “estratégico y eficiente”, buscar mayor eficiencia en ese frente me parece transformador. La erradicación se ha hecho con objetivos distintos para cada sector, sin entender sus efectos, por qué hay tanta siembra, etc. Buscar mayor eficiencia en la erradicación es importante.

La política de drogas no responde a un diagnóstico objetivo basado en evidencias sólidas, es una cantidad de referencias a puntos comunes y a una política por la que ya transitó el país hace mucho tiempo, especialmente en el gobierno Santos: la convocatoria en la Asamblea General de las Naciones Unidas a hacer una revisión de la política de drogas. Eso ya se hizo y mostró un muy bajo consenso a nivel internacional. 

Si lo que espera Petro es que haya un consenso internacional, un cambio de doctrina, para empezar a hacer actividades en Colombia y transformaciones de política pública, ese es el camino equivocado. 

Lo segundo es que no hay ninguna acción clara o concreta que uno pueda decir “esta es la estrategia”. No está claro cómo se va a revertir el crecimiento de los cultivos ilícitos. No está claro como el programa de sustitución va a ser efectivo. 

Hay un llamado que crea expectativas, pero en la práctica la capacidad del gobierno para implementar cualquier transformación de política pública no es objetiva, no hay un cambio institucional. No se crea una Consejería o un Alto Comisionado para la política de drogas o nada de eso, todo sigue el mismo curso. 

Y por último, hay un aspecto bastante problemático en el proceso y es el tema de los tiempos. Esta política de drogas no está aterrizada a unos objetivos, indicadores, unos resultados concretos en el territorio. Se demoraron 13 meses en hacerla. 

Ahora viene la parte difícil y es escoger los presupuestos, los objetivos, las entidades y comprometerlas. A ese ritmo van a demorarse años y realmente este gobierno no va a ejecutar o poner en marcha nada. 

Nuevamente, la política de drogas se vuelve como una caricatura del gobierno en la que hay comentarios, referencias, críticas, autocríticas, etc., pero no hay ninguna capacidad real de transformación, de legalidad, desarrollo, de lo que las comunidades requieren en estos territorios.

Desde el título me hubiese gustado que habláramos de desenterrar la prohibición y no el narcotráfico, es el sistema de prohibición el que está permitiendo la existencia del narcotráfico.

Sobre los puntos positivos creo que tiene muchas diferencias con la Ruta Futuro de Iván Duque, porque conecta la política nacional de drogas con los acuerdos con las Farc y le da vida al punto cuatro, relacionado con política de drogas, que se mantuvo en pausa durante los últimos años porque no era una prioridad. 

La política visibiliza la importancia que tiene Colombia, como país productor, en el liderazgo regional e internacional para abrir la conversación acerca de un cambio de paradigma en los escenarios internacionales. 

De igual manera, es positivo que por primera vez se incluyan medidas claras de reducción de daños para la población usuaria de drogas desde un enfoque comunitario. Se incluye a las personas usuarias privadas de la libertad que viven en extrema vulnerabilidad del uso de drogas. Las salas de uso supervisado son respaldadas por la evidencia como herramientas para reducir daños y proteger los derechos de la población usuaria de drogas.

Hay que celebrar también que la construcción del documento fue un proceso participativo, que buscó conexiones con algunas de las poblaciones afectadas. Es interesante que la erradicación de cultivos deje de ser el eje de la política de drogas en Colombia. 

Esperamos que el carácter estratégico del que habla reduzca al mínimo esta práctica y no se afecten los derechos económicos, sociales y culturales de la población que ha sido vulnerada por la erradicación. 

Es interesante que haya un apartado sobre corrupción y que se reconozca que servidores públicos han estado o están involucrados también en el mercado ilícito de drogas. El cambio de narrativa también es importante.  

Mi principal preocupación tiene que ver con que la sustitución de cultivos sea el principal eje. Aunque entiendo que hace parte del acuerdo de paz, es retador por los números de hectáreas cultivadas y porque la cocaína sigue siendo muy rentable. El gobierno tiene el desafío de cumplirles a las familias que van a apostar por la sustitución. 

Otro reto tiene que ver con las más de 17.000 personas privadas de la libertad por delitos de drogas, saber quiénes son, por cuáles conductas o sustancias están en la cárcel. 

Hay un desafío importante al que hay que ponerle la lupa y es la articulación entre instituciones. Si las instituciones no se comunican hay un gran riesgo de que la implementación no funcione. 

También creo que los cambios jurídicos para los usos regulados, por ejemplo, de cannabis de uso adulto, hay que dejarlos afianzados para poder arrancar los procesos. El cambio de paradigma requiere de ajustes jurídicos sustanciales. 

Hay un esfuerzo por introducir nuevas formas de valorar las relaciones entre los mercados de coca y cannabis, pero este es un muy buen programa para cumplir los acuerdos de La Habana, no para crear un cambio de paradigma como Petro lo ha afirmado. 

Mantiene el factor represivo sobre las familias cocaleras, si no cumplen, serán castigadas. No están planteados los mecanismos para que se pueda medir el cumplimiento del Estado. Desafortunadamente, el Estado nunca ha tenido que probar su cumplimiento, solo acusa el incumplimiento. 

La acción penal sobre los campesinos no se desactiva. La erradicación se mantiene para cuatro criterios que pueden quedar a merced de la arbitrariedad: cultivos pequeños que se extiendan y los que determinen que son pequeños, nuevos cultivos desde expedida la política de drogas y quienes incumplan la sustitución. Quienes hacemos campo sabemos lo difícil que es identificar la propiedad, el cumplimiento y demás.

El cuarto criterio para la erradicación es que los productores tengan infraestructura y no es claro qué significa eso. Gran cantidad de campesinos procesan pasta base, si la condición es que solo vendan hoja de coca, la alternativa expone a los campesinos y pueblos étnicos que procesan pasta base a más explotación. 

Con eso se estaría legalizando la erradicación en el 50 por ciento de los cultivos en el país que según Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) tienen esta infraestructura.

Se confirma que la política de drogas propuesta por Petro está basada en el documento de política holística de la Comisión de Drogas del Congreso de los Estados Unidos. Una política que no es nuestra y que aumenta las suspicacias en torno a los nuevos intereses que plantea como el de la Amazonia.

Que Estados Unidos quiera introducir la agenda ambiental en la política antidrogas es una movida muy clara para intervenir en nuestra región, uno de los escenarios geopolíticos más importantes del colapso climático.

No hay datos de que la coca sea una amenaza al sistema de áreas protegidas del país, el diagnóstico no lo demuestra, pero sí hay un interés cada vez más fuerte en vender a la Amazonia como el “lugar del crimen”. 

Por otro lado, no es clara la estrategia para la regulación de la cocaína y es muy compleja la idea de presionar por reducir la demanda interna de los países consumidores cuando América Latina es el segundo consumidor de cocaína en el mundo. Además, el primer mundo está más adelantado que los países productores en nuevas alternativas con los procesos de legalización que van avanzando. 

En la nueva política la narrativa no cambia, el título es muy estigmatizador, entre el destierro y el combate al narcotráfico no hay diferencia. En la construcción discursiva hay frases e interpretaciones que reproducen la criminalización y el estigma al hablar de “personas instrumentalizadas”, cuando la producción de cocaína ha salvado del hambre a por lo menos 200 mil familias en el país. 

Al final, lo que el presidente Gustavo Petro ha dicho sobre “el fracaso de la guerra contra las drogas” quedó desdibujado, el informe dice disminuir “los efectos adversos de la guerra contra las drogas”. Eso lo dice todo.

En último punto a mencionar es que no hay estrategia para la reparación de campesinos asperjados y sobre la cancelación definitiva del uso del glifosato, que puede ser activado en cualquier momento.

Lo más destacable es que siguen señalando las dificultades que tiene mantener el enfoque tradicional del prohibicionismo y la guerra contra las drogas. En eso es muy consecuente el texto y las propuestas de regular el uso adulto del cannabis y los derivados no psicoactivos de la hoja de coca.

También son importantes los mensajes de no estigmatizar a los consumidores y a los pequeños cultivadores de marihuana, coca y amapola.

Entre lo que no es muy positivo está que la política no va a regular la cocaína, que es uno de los derivados principales de la hoja de coca. 

Es problemático que en los principios y los enfoques de la política no aparece el libre desarrollo de la personalidad, solo aparece cuando se habla de regular el uso adulto del cannabis. El libre desarrollo de la personalidad es un elemento esencial para comprender por qué no todos los consumidores están enfermos. 

Además, es muy problemático que la política mantenga la idea de una erradicación forzada, porque esto sigue siendo elemento de la prohibición, de la guerra contra las drogas. 

La política sigue manteniendo los objetivos de la prohibición, disminuir la oferta y la demanda. Por fortuna ya no están en el escenario de un mundo libre de drogas ni de suprimir ese mercado, sino en consonancia con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife), que apunta a disminuirlos.

Petro se encontró con la realidad de todos los presidentes, y es que hacer transformaciones en este frente no es sencillo por los marcos internacionales, la dependencia es muy fuerte en este tema, en la relación con Estados Unidos, por ejemplo. 

La nueva política contra las drogas tiene planteamientos interesantes. Lo primero que esboza es el llamado oxígeno para los territorios afectados por el mercado del narcotráfico. En el gobierno Duque se intentó llevar la oferta institucional por medio de los Planes con Enfoque Territorial (Pdet) y las Zonas Futuro. Ambas intervenciones giraron en torno al mismo planteamiento de esta “nueva política contra las drogas”.

El meollo está en que el gobierno de Petro ha mostrado no ser competente para ejecutar el gasto público, lo que deja dudas en cómo dirigirá ese enfoque social. En el pasado hubo serias dificultades cuando los que orientaban ese esfuerzo fiscal a nivel territorial eran técnicos con mayor cualificación que los que posee este gobierno.  

El segundo gran aspecto se denomina la asfixia de los nodos estratégicos del sistema criminal del narcotráfico. En ese punto, es acertado atacar la cadena de mayor valor del narcotráfico y dejar de lado la erradicación forzosa. Es decir, dirigir el esfuerzo militar y policial a la interdicción de drogas ilícitas, destrucción de laboratorios, pistas e incautación de insumos líquidos y sólidos.

Pero ahí hay dos problemas originados por el propio gobierno. El primero, la reducción de las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas (FF.AA). Basta con apreciar la caída del pie de fuerza militar y policial, sumada a los problemas logísticos que enfrenta la fuerza pública. El objetivo de atacar los nodos estratégicos del narcotráfico no puede alcanzarse con las actuales restricciones presupuestales de las FF.AA.

El otro obstáculo para asfixiar al narcotráfico es el proceso de ‘paz total’, que ha dado vía libre a los grupos armados organizados para obtener el control poblacional y territorial de las áreas de influencia del narcotráfico, porque en esas zonas las FF.AA. están replegadas. Así es inviable asfixiar al nodo de mayor valor del mercado de drogas ilícitas.

La política nacional de drogas plantea puntos que van en sintonía con la seguridad humana y la justicia ambiental. Es un acierto que haya un papel protagónico de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), articulada al proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito con familias, y a la creación de escenarios para la titulación de tierras a partir de poder sustituir sus cultivos.

Es una movida interesante que puede dar frutos, pero es complejo que el éxito de esta política de drogas esté muy sujeto a los avances y retrocesos de la política de “paz total” y con los grupos armados organizados. 

El último informe sobre el monitoreo de los cultivos ilícitos en Colombia muestra que los lugares donde estos están concentrados como Tibú, Puerto Asís y Tumaco son territorios ocupados por los grupos armados. Estos grupos actualmente adelantan no solo disputas, sino acciones de control social y territorial a través de la economía del narcotráfico. Del avance de la ‘paz total’ depende el avance de la política de drogas. 

Es importante que se pueda articular con el punto cuatro del acuerdo con las Farc. Hay un antecedente de incumplimiento, de retraso en los pagos del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos (Pnis), esta es una oportunidad para encauzar la implementación de ese punto del acuerdo. Otra ventana de oportunidad es la crisis cocalera, por los virajes en el mercado internacional de droga, que hoy se está moviendo hacia drogas sintéticas.

Es necesario que la política lleve a ver resultados en la sustitución de la hoja de coca y lo más importante, que se le cumpla a la población civil que está vinculada a esta economía, en parte por la falta de atención del Estado sobre sus condiciones económicas.