Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Uno de los temas más delicados en las políticas culturales es el del papel del Estado: qué fomentar y qué no, cómo priorizar el presupuesto, etc. El tema es más delicado en un país como Colombia que desde 1991 se ha declarado diverso y pluricultural y cuya enorme riqueza simbólica contrasta con una dolorosa escasez de recursos.
Después de la economía naranja uno pensaría que en un gobierno como el de Petro ese papel estaría dirigido a impulsar agendas progresistas y democratizadoras, en consonancia con los discursos que tanto resuenan en otras áreas. Pero no es así.
Estamos viendo una intervención en la cultura -una intervención abierta, unilateral y jerárquicamente impuesta- para impulsar una agenda ultraconservadora y decimonónica. Justo en el gobierno “del cambio”. Vamos por partes.
En las últimas semanas ha habido bastante revuelo en el sector musical del país por los reiterados anuncios del presidente sobre la implementación de un sistema de orquestas inspirado en “El Sistema” venezolano.
Se han publicado varias columnas en contra de esa iniciativa y un grupo de representantes del sector enviamos una carta al presidente y a la ministra de cultura que al momento de escribir esta columna ya tiene más de 2000 firmas adicionales en la plataforma change.org. Aunque hay diferencias y matices, la enorme mayoría de las voces en el sector están en desacuerdo con la idea.
A pesar del alboroto todo parece indicar que no hay vuelta atrás. Hace pocos días tuve acceso a un documento con el membrete del Ministerio de Cultura y el nombre del viceministro en la portada. Estaba titulado: “Sonidos para la construcción de paz: cinco escenarios para la implementación un Sistema Nacional de Educación y Formación Artística y Cultural para la paz”.
No es un documento oficial y público, por lo que podemos tener la esperanza de que lo enunciado allí no se convierta nunca en una política pública. Pero si se llegara a implementar podría tener efectos muy nocivos.
El documento empieza con una rimbombante retórica sobre diversidad cultural y declara un “enfoque territorial y diferencial”. Asimismo, llama a una “gestión asociada” a través de un pacto de “resolución conjunta” para la educación musical.
Sin embargo, ninguna de estas ideas es desarrollada. Lo del enfoque territorial se queda en un listado de municipios Pdet y Zomac (zonas más afectadas por el conflicto), seguido de un listado de las orquestas y bandas sinfónicas ya existentes en el país.
Lo que sí se desarrolla, en cambio, es un modelo de formación basado en la detección de talentos con miras a la profesionalización de músicos sinfónicos (sí, en esos mismos municipios). En efecto, los cinco escenarios que se plantean son:
- estimulación sensorial masiva
- identificación de procesos individuales que lleven a prácticas colectivas
- identificación exploratoria del talento artístico que pueda ser orientado hacia una definición vocacional
- proceso de profesionalización en las artes
- y creación de entornos laborales dignos.
Para lograr estos escenarios se propone la práctica colectiva en “agrupaciones” (que en el detalle se limitan exclusivamente a orquestas, bandas o coros). A esta práctica se le atribuye -sin sustento alguno- una capacidad de “transformación social” casi mágica, apelando al mismo discurso de “El Sistema” venezolano que ya ha sido ampliamente refutado por investigaciones serias.
Más adelante se describe el proceso a través de tres fases:
- vinculación de artistas formadores (profesores de instrumentos sinfónicos)
- dotación (de instrumentos sinfónicos)
- y capacidades para la gestión y circulación.
Lo más llamativo es el nivel de detalle con el que se busca asegurar el predominio de la orquesta sinfónica como agrupación paradigmática. En cada escuela de las cien que se pretende crear debe haber como mínimo dos formadores en cuerdas frotadas o pulsadas sinfónicas, dos formadores en vientos sinfónicos y un formador en percusión.
Pero además tiene esta perla: cada municipio tendrá una orquesta, banda sinfónica o agrupación. Pero los integrantes de vientos y percusión de estas conformarán, adicionalmente, “una orquesta sinfónica en conjunto con los integrantes de la sección de cuerdas frotadas”.
Puede que a muchas personas les suene bien este proyecto. ¿Por qué oponerse a que los niños de los municipios más vulnerables tengan un violín entre sus manos?
Sin embargo, aquí el problema no es el formato instrumental o el repertorio que se toque. El problema está en la imposición generalizada de un modelo creativo, pedagógico y de gestión que es particular de una práctica minoritaria y que demanda muchísimos recursos.
En ese mismo documento se estima un presupuesto de cerca de 25 mil millones de pesos para este proyecto, a los que se suman otros 60 mil millones para la creación y fortalecimiento de orquestas sinfónicas profesionales en “los principales centros urbanos” y otros 39 mil millones para un “Sistema nacional de organizaciones artísticas colectivas”.
Es una suma de 124 mil millones: más de seis veces el presupuesto para el Programa Nacional de Estímulos de 2021, que tuvo una asignación de 18.600 millones para cubrir todas las áreas y regiones del país cultural. Esto, para un proyecto que atenta directamente contra la diversidad cultural y territorial que dice defender.
Un proyecto que no consulta a las regiones, que desprecia a las prácticas culturales populares y tradicionales, que plantea un proceso de formación único, que no se basa en estudios serios y que obedece casi exclusivamente a la visión de una persona -el viceministro Jorge Zorro- que tiene una enorme influencia sobre el presidente por haber sido cercano a su familia desde hace muchos años.
Se trata a todas luces de una intervención estatal que impone una lógica cultural retrógrada. En lugar de eso el ministerio debería concentrarse en promover y darle sostenibilidad a los procesos culturales que surgen desde las regiones y las comunidades.
Debería diseñar esquemas de financiación y articulaciones interinstitucionales que faciliten la emergencia de la diversidad. Y debería dejar que sean las mismas comunidades las que prioricen las prácticas, expresiones y formas pedagógicas que deben ser fomentadas (sinfónicas o no). Esto que se propone es exactamente lo contrario.
Algunas fuentes cercanas al ministerio han dejado saber que, a pesar de muchos reparos internos, este proyecto no tiene reversa y que incluso ya se está avanzando en la compra masiva de instrumentos sinfónicos.
Puede que así sea. Pero alguien tiene que señalar lo obvio: como política este proyecto es regresivo, va en contra de la Constitución del 91, de la Ley General de Cultura y de todas las banderas del Pacto Histórico. Y de imponerse va a traerle muchos problemas a la música y la cultura del país.
