Aunque han pasado tres días desde el anuncio y el gobierno aún no ha expedido el decreto nombrando como “gestor de paz” a Salvatore Mancuso, Gustavo Petro lleva más de una década tratando de seducir al ex jefe paramilitar para que cuente ‘verdades’ que desnuden al establecimiento.
Si ahora como presidente lo logra, su apuesta es arriesgada. Porque el camino que escogería para lograr un Acuerdo Nacional alrededor de una verdad más completa corre el riesgo de romper la incipiente paz política que ha logrado con el expresidente Uribe, que es una pieza clave de las negociaciones con el ELN y las disidencias de las Farc.
Los dados están echados
El presidente Petro trinó que había nombrado al otrora poderoso jefe paramilitar gestor de paz en un trino el domingo en respuesta a una historia de El Espectador conmemorando 20 años de la negociación de Ralito. Como no acompañó el trino con el decreto que lo haría oficial muchos pensaron que se trataba de otra improvisación del presidente.
El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aun no se sabe toda la verdad las haciendas entregadas en oarte se han perdido en manos fel estado recickadas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no… https://t.co/ZngyTEAgYx
— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 23, 2023
Sin embargo, en su carta de respuesta a la invitación del presidente, Mancuso dijo que viene “teniendo un diálogo propositivo en la constitución de la mesa técnica entre la OACP y las ex-Auc” con el comisionado de Paz Danilo Rueda, algo que después de publicada inicialmente esta historia, Rueda ratificó en un comunicado público.
En ese mismo sentido, Juan Carlos Villamizar, el asesor que diseñó la comparecencia de Mancuso ante la JEP a principios de mayo, dijo en ese momento a La Silla que lo que estaba sucediendo con su cliente en la justicia transicional “debería apuntar a que Mancuso sea un gestor de paz”.
Entonces, no solo ya se estaba cocinando la idea de la gestoría con el equipo de Mancuso sino que esta idea de convencer al exparamilitar que cuente “la verdad” es una idea que Petro tiene desde el comienzo de siglo, cuando Álvaro Uribe arrancó los acercamientos con ellos y la posterior negociación en el Ralito.
Una persona del círculo político de Mancuso de aquella época, y que habló con la condición de anonimato, le confirmó a La Silla que el entonces senador Petro le envió mensajes al jefe paramilitar con la oferta de conseguirle asilo si contaba “toda la verdad”.
“Petro nos mandaba razones, los van a traicionar, les consigo asilo”, dice que era el sentido de los mensajes. Agrega que vio de primera mano cómo Piedad Córdoba por un lado, Danilo Rueda por otro e Iván Cepeda y Petro abrieron varios canales para convencer a Mancuso de que “echara al agua a Uribe y al resto de gente que no han echado al agua. El objetivo último de ellos era Uribe”.
Y es que en realidad, en los 19 años que Mancuso lleva preso ha contado en detalle a Justicia y Paz y más recientemente en su audiencia de 4 días a la JEP, sus vínculos con las Fuerzas Militares, los acuerdos que hicieron las AUC con empresas en sus zonas de control, las alianzas con políticos regionales y nacionales.
Lo refrendó un auto de Justicia y Paz ante la JEP, enviado después de la audiencia, en el que ratifican las órdenes de captura contra Mancuso: “algunos de los hechos presentados mediáticamente como novedosos, respecto de las delaciones del postulado Salvatore Mancuso en ese sistema de justicia, fueron conocidos por esta jurisdicción e incorporados en las decisiones del 31 de octubre del 2014 y del 11 de agosto de 2020”.
De lo que Mancuso sí no ha hablado es de sus vínculos con Álvaro Uribe, si es que estos existieron como lo aseguraba Petro cuando era senador y lo ha dicho el senador Iván Cepeda, el arquitecto de la paz total.
Y, en todo caso, lo que ya contó ante Justicia y Paz tendría ahora un impacto político diferente dado el interés de este gobierno de que todos los colombianos conozcan los vínculos que tuvo el establecimiento con los paramilitares, a diferencia de los gobierno anteriores que estaban más interesados en bajarles el volumen a esas confesiones.
“El país necesitaba escuchar de esta manera a Mancuso, nunca lo escucharon de esta manera en Justicia y Paz, no tuvo el impacto que tiene la JEP”, dijo su asesor Villamizar después de la audiencia de Mancuso ante la justicia transicional.
“Una cosa es que usted lo escuche en un titular, pero otra cosa es que le cuenten en detalle cómo operaba esto. Por ejemplo, cómo entrenaban, que la FAC guio a Salvatore en pilotaje táctico, lo de los falsos positivos con la guerrilla (…) operaciones hechas por las autodefensas presentadas por el Ejército”, dijo Villamizar. “Esto le dará insumos al gobierno para cambiar la doctrina militar (…) la gente dice ‘sí ven, lo que denunciamos tanto es cierto’, por ejemplo, la filtración y persecución a los universitarios”, agregó.
En esta línea de que las confesiones de Mancuso podrían ser utilizadas por Petro como ‘palanca’ para hacer la reforma al Ejército que propuso en campaña, tres analistas políticos consultados por La Silla creen que el presidente las podría utilizar como una carta para presionar el apoyo de congresistas y empresarios a las reformas que están enredadas en el Congreso y para obtener mayor laxitud en la negociación con las guerrillas.
“Puede ser una jugada para utilizar la verdad como un arma política, en el entendido de que todavía se cree que Mancuso sabe cosas que pueden incriminar a muchas personas en el país, a una derecha política, una derecha representada en sectores económicos y a la Fuerza Pública”, dice el periodista Juan Diego Restrepo, director de Verdad Abierta, el portal que se especializó en el cubrimiento de Justica y Paz.
En la misma línea, otro experto en el mundo de la criminalidad armada y que por lo mismo prefiere no dar su nombre, cree que la intención de Petro puede ser “para obligarlos a una negociación del “acuerdo nacional”. Para no tener que ceder en los temas de reformas, sino para que la ‘cesión’ sea sea en los términos de perdón.”
Una especie de “hagámonos pasito”, usando los eventuales aportes a la verdad de Mancuso como amenaza velada.
Álvaro Jiménez, un ex militante del M-19 que conoce a Petro, no lo ve como un chantaje ni como algo que tenga que ver con Álvaro Uribe. Lo ve como una forma de cerrar el proceso de Ralito con los paramilitares que quedó mal cerrado porque fueron extraditados abruptamente y porque Luis Carlos Restrepo, que era el jefe negociador, terminó escondido en el exterior por el proceso penal que le abrieron. Dice que, por ejemplo, sin Mancuso no se logran cosas como encontrar las fosas comunes en la frontera con Venezuela o saber por qué hay bienes que se entregaron en disfrute de funcionarios de diverso tipo.
“La gestoría sería muy conveniente para el país y para las regiones donde está el conflicto”, dice Jiménez, quien como director de la Campaña colombiana contra las minas también conoce la situación humanitaria en todo el país. Explica que muchas de las personas que lideran hoy los procesos del Clan del Golfo, por ejemplo, son personas que heredaron esos procesos mal terminados de Ralito. “La idea de la paz total tiene que ver con cerrar todos esos ciclos”.
¿Cómo cerrarlos? “A mi juicio, cerrar implica negociar las condiciones de cierre”, dice Jiménez.
En otras palabras, pero viéndolo desde el lado positivo, él cree que lo que diga Mancuso podría facilitar las condiciones de ese Acuerdo Nacional. Reconoce, en todo caso, que “seguro se afectará aquello que desarrollos de verdad afecten”.
El riesgo de romper la paz política con Uribe
Lo que más rápido se podría afectar es la especie de paz política que Petro logró en su primer año con Álvaro Uribe, que hasta su elección había sido su tradicional némesis. Pero que una vez en el poder, dejó de ser “el enemigo”. Incluyó a su persona de confianza, el ganadero José Félix Lafourie, en la mesa de negociación del ELN y ofreció comprarle a Fedegán las miles de hectáreas de tierra que quiere para su reforma agraria.
También metió a otro alfil uribista, Fabio Valencia Cossio, como negociador en la mesa con las disidencias de las Farc EMC.
Estas movidas del presidente inmediatamente distensionaron la polarización con el uribismo y, a la vez, dejaron a Petro sin un enemigo claro, que desde entonces ha reemplazado por los medios y los ‘esclavistas’, como insulta a los empresarios que tienen reparos a sus reformas.
Sin embargo, la idea de poner a hablar a Mancuso podría acabar con esa ‘pax política’ con el expresidente. Más, si persiste en la idea que tenía desde que era senador, de que el objetivo sea la información que eventualmente lo incrimine.
“Al margen de Uribe, o de mí, yo sí creo que es terriblemente inconveniente”, dice José Félix Lafaurie, recordando su denuncia de hace años de que los paramilitares montaron un ‘carrusel de versiones’ para extorsionar a ganaderos y empresarios para no incriminarlos —falsamente dice él— en Justicia y Paz. “¿A qué viene? A cobrar otra vez con su carrusel de versiones, a retaliar contra unos y a montar una industria criminal. Va a caer mucho empresario de la Costa Caribe, pero también va a caer la Fuerza Pública que por acción y omisión terminaron vinculados”.
Él dice que personalmente no tiene nada que temer. “Lo que me angustia es que nunca el país ha tenido una amenaza tan grande de todos los actores criminales como hoy. Yo no creo que el país pueda repetir la historia del paramilitarismo”.
En la misma línea, Álvaro Uribe ha dicho que lo que espera es que Mancuso no venga a injuriarlo, y de entrada ya le puso una denuncia penal por calumnia por lo que dijo ante la JEP.
Por ahora, la idea enfrenta serios obstáculos jurídicos para ser viable porque Mancuso no pertenece ya a ninguna organización armada que esté en un proceso de paz y hay un debate entre las cortes sobre si podría quedar preso si viene a Colombia por los procesos penales pendientes que tiene.
El Comisionado de Paz en un comunicado dice que el gobierno “activará los mecanismos diplomáticos necesarios para concretar el requerimiento de extradición de Salvatore Mancuso a Colombia” y que dado que su presencia en el territorio nacional “es imprescindible”, “deberá cumplir con las exigencias que deriven de la libertad a prueba de la Sala de Justicia y Paz”. En todo caso, no sacó el decreto que oficializaría la gestoría. Quizás porque falta garantizar que los magistrados de Justicia y Paz, con quienes el gobierno no habló previamente al anuncio, no ordenen su eventual captura por los otros procesos penales que tiene.
En todo caso, si Petro logra aterrizar la idea jurídicamente, su apuesta es arriesgada políticamente. Porque el camino que escogería hacia el Acuerdo Nacional estaría regado de espinas.
