No hay pruebas de que al exalcalde de Medellín haya participado en un pacto con las mafias para bajar los homicidios y la criminalidad.
Hace dos semanas, el representante de Cambio Radical, Rodrigo Lara, volvió a recordar la ‘donbernabilidad’ que persigue a Sergio Fajardo como uno de los pocos lunares de su carrera pública. Dijo que Fajardo “pactó con la mafia para no tener que enfrentarla” aunque no mostró pruebas directas de ello.
Como parte de nuestra serie sobre el pasado de los candidatos, La Silla Paisa consultó a dos académicos investigadores del conflicto, un asesor de paz, un funcionario de su alcaldía, dos periodistas, dos abogados de exparamilitares desmovilizados, tres líderes sociales y a un integrante de la mesa de derechos humanos de la ciudad para intentar entender qué sucedió en la capital antioqueña en esos años y si el gobierno de Fajardo hizo algún tipo de pacto con la criminalidad como acusa Lara.
La ‘donbernabilidad’
Como lo explica este artículo de El Espectador, la historia de la ‘donbernabilidad’ se remonta a la segunda mitad de los años 90 cuando la Oficina de Envigado controlaba las bandas delincuenciales de Medellín a través de una oficina de cobro, que prestaba servicios al narcotráfico como cobrarles las deudas, alquilarles sicarios, prestarle ‘seguridad’ a los narcos.
Cuando Sergio Fajardo llega a la alcaldía de Medellín en 2004, encuentra este poder que ya ejercía la oficina de Envigado en las comunas y también un proceso de paz avanzando entre el gobierno de Álvaro Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia, de las cuales ‘Don Berna’ era miembro como jefe paramilitar del bloque Cacique Nutibara y también como jefe de la Oficina de Envigado.
“A diferencia de la marginalidad que uno encuentra en otras ciudades, en el 2004 existe un desarrollo institucional en las comunas. Lo que no hay es justicia ni seguridad. Eso lo presta otra gente y eso ya existía cuando llegó Fajardo”, dijo a La Silla Vacía Hugo Acero, subsecretario de Seguridad durante las dos administraciones de Antanas Mockus y la primera de Peñalosa, y quien lo sabe de primera mano porque fue ‘importado’ por Fajardo como parte del equipo de PNUD que elaboró a partir de 2004 el plan de seguridad y convivencia de Medellín y el Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad, Defensa y Justicia.
Antes de que se desmovilizara el Bloque de ‘Don Berna’ el 9 de diciembre de 2003, la tasa de homicidios en Medellín fue de 92,9 por cada 100 mil habitantes ese año, según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) de Medellín. Y en 2007 —último año de la alcaldía de Fajardo — fue de 34 por cada 100 mil habitantes, la más baja desde inicio de los años ochenta.
Los expertos con los que habló La Silla atribuyen esta reducción drástica y atípica de homicidios a la ‘donbernabilidad’.
“Ese pacto se dio da a finales de noviembre de 2003, con la desmovilización del bloque Cacique Nutibara, el primer bloque urbano de las autodefensas. En 2004 son ellos (los paramilitares) los que empiezan a regular la violencia”, le dijo a La Silla Paisa Fernando Quijano, analista del conflicto armado y director de la Corporación para la paz y el desarrollo social (Corpades), una ONG que estudia el crimen organizado en Antioquia.
Dice que todas las bandas y combos delincuenciales del Valle de Aburrá aceptaron que le respondían a la Oficina de Envigado, que encabezaba don Berna, y que aceptaron que solo podían cometer actos violentos con su autorización. “Por eso el índice de homicidios baja tanto”, enfatiza.
Con sus propias palabras, otras 10 fuentes dijeron lo mismo.
También coinciden en que Sergio Fajardo no estuvo metido ni hizo parte de ese pacto.
La responsabilidad de Fajardo
“Fajardo no auspició nada, pero tampoco se le opuso y sí le sacó provecho a los resultados con eso de ‘Del miedo a la esperanza’”, dice Quijano.
El director de ONG Corpades explica que se estableció una rara competencia por demostrar si la tranquilidad que estaba viviendo la ciudad era por la ‘paratranquilidad urbana’ de la Oficina o el modelo de ciudad planteado por el alcalde Fajardo en su plan de desarrollo ‘Medellín la más educada’.
“A la alcaldía de Fajardo le quedó bastante fácil argumentar que fue su labor, pero todo fue complementario. Hubo un poder hegemónico armado que dominó la ciudad, eso no está en duda”, le dijo a La Silla Paisa Juan Diego Restrepo, director de Verdad Abierta, portal periodístico especializado en el conflicto armado.
Restrepo y Quijano coinciden en que lo que hizo Fajardo fue negar que en la ciudad había un grupo criminal, la Oficina de Envigado, que se articuló con sectores del Estado para controlar rentas ilegales como la venta de drogas y las extorsiones en mercados informales, a cambio de que no hubiera violencia.
“Él no reconoció lo que estaba pasando, no miró más allá de lo que decían la Policía, el Gobierno Nacional, la Fiscalía. Él estaba convencido de que todo estaba bien porque sus asesores le decían que todo estaba bien”, le dijo Quijano a La Silla.
Restrepo cree que la falla de Fajardo fue no pedirle al Gobierno y a los organismos de seguridad del Estado trabajar para evitar que se diera ese monopolio. Sin embargo, a favor de Fajardo, dice Restrepo y también Gustavo Duncan, investigador experto en crimen organizado y conflicto armado, que el Alcalde solo tiene una parte de la responsabilidad sobre la seguridad en Medellín.
La Fiscalía, la Policía, el Ejército, la Gobernación y otras instituciones del Estado tienen un rol clave y por eso, nuestros consultados parten del hecho de que ese pacto se dio más bien entre sectores de la Fuerza Pública y don Berna, en el cual no había violencia a cambio de “hacerse los de la vista gorda” ante su negocio de la droga en la ciudad.
Un experto en seguridad que nos pidió off the record nos aseguró, porque lo sabe de primera mano, que “La donbernabilidad la quieren mostrar como un pacto de políticos, pero la verdad es que Fajardo no tenía mucho margen de acción para evitar que sucediera porque esos pactos se dan entre la Policía y los criminales, y ese pacto se da en Medellín así porque quien media es la Policía”.
Imaginando lo que seguramente sucedió (por otros casos que conoce y por testimonios de exparamilitares y exmiembros de combos con los que ha hablado), ese experto nos explicó que la relación entre la Alcaldía o la administración con esos grupos se da a través de la Policía: “Pero la clase política, en este caso Fajardo, cuando ve que suben los índices de la criminalidad llama al jefe de la Policía y le dice: “Señor, ¿qué pasa?” Y el jefe de la Policía va a donde Don Berna y le reclama: “¿Qué está pasando?”, y lo apacigua. La Policía le exige a los bandidos ciertas formas de comportamientos: “Haz lo que quieras en los barrios, pero no generes desorden”, pero en este caso, con don Berna, el control era de una sola persona”.
Hugo Acero dice que si bien el Alcalde tiene un papel importante en el manejo de seguridad, en coyunturas como el proceso de paz con las Farc o la desmovilización de la AUC, “quien tiene el manejo con esas organizaciones no son las autoridades locales sino el gobierno nacional porque la Policía y el Ejército son de resorte nacional” y que lo que hicieron durante la alcaldía de Fajardo fue aprovechar la tregua de estas bandas para llegar a los territorios donde antes no podía entrar.
Durante su Alcaldía hicieron un Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad (Policía), Defensa (Ejército) y Justicia (jueces, Fiscalía, inspecciones de Policía, comisarías de familia, casas de justicia) para Medellín y todos los municipios del Área Metropolitana (Itagui, Bello, Envigado, Sabaneta, Caldas, Girardota, Copacabana y la Estrella) y le apostaron a la reinserción, con plata de la Alcaldía incluso, como no lo hizo ningún otro mandatario local.
En la misma línea habló Fajardo cuando le preguntamos sobre este tema en la entrevista de Hora 20, Red + y La Silla Vacía. Dijo que cuando llegó a la Alcaldía, Uribe había hecho un proceso de desmovilización con los paramilitares y que los que se desmovilizaban tenían que respetar el acuerdo que habían hecho con Uribe y que lo que hizo su Alcaldía fue trabajar en la reinserción de 4 mil desmovilizados.
“Con ellos negoció el gobierno del presidente Álvaro Uribe, y él era el que tenía la relación con ellos como líderes de esos grupos”, dijo Fajardo. “La obligación que tenían era no delinquir, estaban en un proceso. Tenían que respetar la vida y precisamente tenían que cumplir, para eso se hizo ese acuerdo. Entonces, que me vengan a decir ahora que yo me hice el de la vista gorda, porque yo no me hice el de la vista gorda (…) Ocupamos los espacios, llevamos las intervenciones sociales y le cambiamos el rumbo a la ciudad”. En términos de seguridad, sin embargo, la ciudad no cambió el rumbo.
“Paratranquilidad urbana” más allá de Fajardo
Entre 2008 y 2009, la curva de homicidios empezó a subir y prácticamente perdió todo el avance, ya que cerró con una tasa de 94,3 homicidios por cada 100 mil habitantes. Es decir, igual a como estaba en 2003, antes de la desmovilización de los paras.
¿Qué pasó? Desde el segundo semestre de 2007, con don Berna en la cárcel —pero todavía con el control de la ciudad— empezó la desobediencia de algunos combos y en mayo de 2008, cuando el gobierno de Álvaro Uribe extraditó a Estados Unidos de los máximos jefes de las AUC, entre ellos don Berna, empezó la disputa por el vacío de poder.
“Se vuelve a calentar el parche porque alias Sebastián y alias Valenciano entran a reclamar el poder y dividieron la ciudad. A eso hay que sumarle que los gaitanistas (urabeños) ya se estaban metiendo en Medellín. La disputa por el control territorial y las rentas ilegales dejó un reguero de muertos que solo bajó después de las capturas de Valenciano (2011) y Sebastián (2012) y finalmente con el ‘pacto del fusil’ en 2013 en la alcaldía de Aníbal (Gaviria)”, le dijo a La Silla Paisa el abogado de un exjefe paramilitar desmovilizado.
Esta disparada en los homicidios reforzó la idea de que la tranquilidad que se vivió durante la época de Fajardo (y que en todo caso no fue una situación exclusiva de Medellín sino de todas las ciudades donde delinquían los paramilitares) fue más el resultado de una tregua entre las bandas delincuenciales propiciadas por la desmovilización de las AUC o por el supuesto pacto entre las bandas y la Oficina de Envigado y no por una transformación estructural en ese campo propiciada por Fajardo.
A eso se sumó la acusación de un desmovilizado ‘Memín’ quien dijo que Alonso Salazar, el sucesor de Fajardo y su antiguo secretario de Gobierno, había recibido plata y colaboración de las Auc, y en especial de ‘Don Berna’ para ser elegido alcalde de Medellín. Reforzó su acusación con una carta del ex jefe paramilitar preso diciendo que había apoyado la aspiración de Salazar.
La Fiscalía, sin embargo, archivó la investigación contra Salazar porque probó que los resultados de las votaciones reflejaban que no había obtenido ningún apoyo en las zonas donde existía mayor presencia paramilitar.
“La investigación permitió concluir que los integrantes de la Corporación Democracia que se presentaron al Concejo y a las JAL apoyaron al candidato Luis Pérez y fueron respaldados por los partidos políticos que lo apoyaron a él”, dijo la Fiscalía. Entre esos partidos estaba el del senador Lara.
Aún así, la carta de ‘Don Berna’, las declaraciones en medios de los contradictores políticos de Fajardo y el comportamiento atípico de los homicidios siguen alimentando el fantasma de la ‘donbernabilidad’ que aún persigue al ahora candidato presidencial.
