Si el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgos no escala, parece muy probable que se apruebe la reforma al régimen de pensiones, cuyos elementos centrales hicieron parte de la propuesta de campaña de Sergio Fajardo, el candidato de una alianza de grupos de centro. De hecho, en la redacción de la reforma participó, en forma muy activa, el entonces ministro José Antonio Ocampo, quien fuera director programático de la campaña de Fajardo.

Esa no es la reforma que quisiera el Presidente Gustavo Petro. Es la reforma posible, no la del gobierno, que como lo dijo abiertamente la semana anterior la ministra Gloria Inés Ramírez, si fuera por ellos propondrían un sistema totalmente público y acabarían con los fondos privados de pensiones. Es un debate ideológico, en el que todos tienen parte de razón y cada uno puede echar mano de experiencias exitosas y fracasadas de uno u otro modelo.

Hay un consenso sobre las debilidades del sistema actual: pone a competir inconvenientemente los sistemas de ahorro individual y de prima media, subsidia injustamente pensiones altas, genera un fuerte impacto fiscal, tiene una muy baja cobertura y deja a casi todo el mundo insatisfecho. El sistema de pilares fue propuesto desde el Ministerio del Trabajo, por Rafael Pardo, hace más de diez años y ha sido avalado por organismos internacionales. Fajardo y Ocampo lo presentaban como absolutamente justo y necesario.

Petro, que cree que la protección en la vejez debe estar garantizada más por el gasto público que por el ahorro individual, aceptó la propuesta de Ocampo, le introdujo una condición, que la acercaba a la estatización que era un alto umbral para que la inmensa mayoría de las personas quedaran protegidas por el componente público del sistema propuesto. Para eso tampoco le alcanzó. Aunque aún dice que quiere que el umbral obligatorio de aportes al componente público se fije en cuatro salarios mínimos, lo cierto es que finalmente tocó ceder para que ese umbral se fijara en 2.3 salarios mínimos. Para eso fue para lo que alcanzó.

Esa reforma es una buena lección para todos. Para Petro, que al comienzo de su gobierno parecía consciente de que no tenía mayorías para aprobar sus propuestas tal como se las ha soñado y que parecía dispuesto a buscar puntos intermedios. Para los representantes del centro político de que puede ser útil acercarse al gobierno para conseguir unas reformas que lleva años proponiendo. Para la oposición y para el gobierno a quienes les recuerda que quien decide donde está la mayoría son los congresistas calificados como de centro y no cada uno de ellos con su 30% que es minoría.

Me dicen que el gobierno está dispuesto a dividir la reforma laboral, excluir lo que corresponde al derecho colectivo, el de los sindicatos, para permitir la aprobación de las normas relacionadas con remuneración de trabajo nocturno y dominical, algunas reglas de estabilidad reforzada, normas especiales para el trabajo rural y la protección social de trabajadores a través de plataformas digitales. Si se aprueba así la reforma, al menos dos millones de trabajadores tendrán mejores condiciones de trabajo que las que tienen ahora, si, en cambio, se supedita a la aprobación del componente sindical, la reforma seguirá bloqueada en el Congreso.

En el gobierno saben, incluso quienes han estado en el sindicalismo duro y puro durante años, que para eso es lo que alcanza. Casi con seguridad una reforma así tendría el apoyo de congresistas verdes, liberales, de la U. Es una reforma que se parece a la que habría propuesto Fajardo o Alejandro Gaviria si hubieran llegado a ser presidentes.

Puntos de encuentro similares se pueden identificar en las reformas relacionadas con la jurisdicción agraria, con la ley estatutaria de educación y quizás con algunos temas de una reforma a la justicia. La reforma a la salud, en cambio, parece haber caído en un hueco del cual va a ser difícil sacarla. La chambonada en la transición al nuevo sistema de salud de los docentes acabó de enterrar las opciones.

Si, haciendo concesiones, el gobierno logra romper el bloqueo institucional en el que están sus reformas el panorama político cambia. Ya no habrá un gobierno que pueda reclamar por la resistencia de la elite al cambio. Ya no habrá una oposición que pueda enrostrar el fracaso total del gobierno en su agenda. Habrá un centro que ya no quedará de corifeo de la resistencia, sino de facilitador de las reformas.

Paradójicamente, ese es un escenario que no deja bien a ninguno. Al gobierno le tocaría cambiar de libreto. Debería renunciar al lenguaje duro que le ha permitido mantener a su 30% activo y listo para votar por quien digan que hay que hacerlo y empezar a cobrar los logros como grandes logros y no como metas intermedias, aunque pueda decir que “el cambio hay que profundizarlo”. A la oposición que tendrá que apostarle al fracaso en la implementación de “las reformas” y centrar el foco en la corrupción con el problema de tener rabo de paja. Al centro que podría cobrar “las reformas” pero que difícilmente la gente se las atribuya porque serán del gobierno.

Las concesiones que, desde afuera, todo el mundo cacarea no les sirven a los políticos. No tienen incentivos reales para hacerlas, pero quizás las van a intentar porque el otro escenario está resultando igualmente perdedor para todos.

Si el desenlace es el de los acuerdos, como el de la reforma pensional, nadie quedará contento, las reformas serán percibidas como tibias. Es para lo que alcanza. Ya pronto veremos.

Héctor Riveros Serrato es un abogado bogotano, experto en temas de derecho constitucional, egresado de la Universidad Externado de Colombia, donde ha sido profesor por varios años en diversos temas de derecho público. Es analista político, consultor en áreas de gobernabilidad y gestión pública...