La “eliminación” de la Procuraduría que propone el Presidente electo Gustavo Petro es más fácil de lo que parece, basta un articulito que disponga que las conductas definidas como faltas disciplinarias que, además, sean constitutivas de delitos (que son las más graves y en las que están todas las relacionadas con hechos de corrupción) deba investigarlas la Fiscalía y sancionarse por la justicia ordinaria.
Es incluso una decisión que quizás pueda tomarse mediante ley, sin necesidad de reforma constitucional, lo que permitiría que al final de este año estuviera en vigencia y que no necesite un proceso de transición que se puede llevar todo el gobierno de Petro.
Ese es, además, el punto con el que se satisface la decisión del sistema interamericano en el caso del entonces alcalde de Bogotá y el desarrollo legal con el que se hacen compatibles las funciones atribuidas a la Procuraduría por la Constitución con la Convención Americana, que es el problema jurídico por resolver.
Después del pronunciamiento de la Corte Interamericana, el Estado colombiano, mediante una decisión promovida por la actual procuradora, resolvió recorrer el camino exactamente contrario al ordenado por ese Tribunal que no era otro que el de trasladar la competencia a la justicia ordinaria. Mediante ley, en cambio, se le atribuyeron funciones jurisdiccionales a la Procuraduría agravando la contradicción con lo ordenado en la Convención. La Corte Constitucional podría, incluso, resolver el asunto haciendo una interpretación sistemática y san se acabó.
El pecado de origen es haber aceptado que por una misma conducta es posible que haya una sanción disciplinaria y otra penal, lo cual es violatorio del non bis in idem y en realidad no es más que un malabarismo jurídico para encontrar sustento a las extrañas facultades de la Procuraduría que prácticamente no tienen parangón en el derecho comparado.
Funciones como la de la intervención de delegados de la Procuraduría en procesos judiciales que tampoco cumplen ningún rol relevante se pueden suprimir también mediante leyes.
Hay otras como las que tiene en materia de derechos humanos en las que compite con la Defensoría del Pueblo que requerirían de reforma constitucional pero que pueden esperar.
El fortalecimiento de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, ni el traslado eventual de funcionarios que hoy trabajan en la Procuraduría a esa unidad requieren de reforma constitucional alguna.
Algunos asesores cercanos al presidente electo en estos temas proponen una reforma constitucional para eliminar la Procuraduría y, de paso, promover la creación de una comisión internacional independiente anticorrupción como se hizo en Guatemala, propuesta esta última que no parece tener viabilidad política alguna en Colombia, donde efectivamente hay un sistema institucional que no se puede comparar con el de ese país de Centroamérica.
El pragmatismo que parece haber asumido Petro en sus primeras decisiones con el fin de garantizar su viabilidad sería bueno que se aplicara en esta reforma. Una modificación constitucional requiere no solo de un amplio consenso sino de tiempo. Solo dentro de un año se aprobaría y seguramente requeriría de desarrollos legales para la transición, con lo cual habría seis meses más de debates congresionales y ya estaríamos casi en la mitad del nuevo gobierno.
La reforma mal hecha además sería fuente de innumerables discusiones jurídicas como, por ejemplo ,la aplicación del principio de favorabilidad en materia sancionatoria, que eventualmente permitiría que las inhabilidades vigentes derivadas de decisiones de la Procuraduría se levantasen, con lo que el debate en la opinión pública se haría más difícil. Es fácil prever cómo sería el ambiente de opinión si se publicase un listado de funcionarios que se verían favorecidos con el levantamiento de las inhabilidades.
Aunque se ha anunciado que el Presidente contaría con una muy amplia mayoría para las reformas que quiere promover, no parece tan fácil que logre conseguirla para eliminar la Procuraduría dados no solo los fuertes vínculos de la titular de ese organismo con el Congreso que la eligió, sino los intereses clientelares de decenas de congresistas en esa nómina que se creció en forma considerable en los últimos años.
Tenemos unos organismos de control hipertrofiados por cuenta de su clientelización. Sorprendentemente, bajo el manto de un discurso anticorrupción se les han ido atribuyendo facultades peligrosas como ya se ha mostrado cuando se usan con criterios arbitrarios como lo hizo el ex procurador Alejandro Ordoñez.
El Presidente electo tiene una buena oportunidad de mostrar un talante pragmático, pero firme. Promover decisiones rápidas en relación con las facultades de la Procuraduría y desamarrar el proceso de elección del Contralor, que el Congreso saliente hizo todo para dejar amarrado, son dos buenas varas para saber cómo será el nuevo gobierno.
