Los últimos días del Fiscal Barbosa en su cargo serán de máxima tensión. Ese organismo, como ya lo anunció, pedirá nuevamente la detención preventiva de Nicolás Petro, imputará cargos, quizás también con petición de medida de aseguramiento, del actual Presidente de Ecopetrol Ricardo Roa y del Superintendente de Servicios Públicos y denunciará formalmente al Presidente Gustavo Petro ante la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes.
Las órdenes son: acelerar las otras investigaciones que se siguen contra Nicolás Petro, distintas a las de los dineros que habría recibido para financiar la campaña, para por esa vía tratar de conseguir su colaboración en el primer caso y lograr que afirme y entregue pruebas de que parte de los dineros llegaron a la campaña presidencial. Esa es la razón que privadamente da Barbosa para justificar su interés de que la Corte no elija oportunamente a su reemplazo.
En cumplimiento de esa orden, ya el Fiscal del caso anunció formalmente, que la Fiscalía intentará nuevamente que el hijo del Presidente vaya a la cárcel mientras se adelantan los procesos en su contra. El anuncio, que es completamente inusual hacer, se anticipó porque el juez del otro caso fijó fecha de audiencia solo hasta mayo y eso ya era tarde para Barbosa.
La otra orden es acopiar rápidamente todas las evidencias que hay relacionadas con la financiación de la campaña para poder denunciar formalmente al Presidente por la comisión del delito de violación de topes, que es el más fácil de probar, y a partir de ahí añadir falsedad en documentos y fraude procesal.
El “hallazgo” (era ya un hecho público) de la donación de 500 millones de pesos hecha por Fecode al partido Colombia Humana dirigidos a financiar gastos de campaña resultó ser el tesoro que necesitaba el Fiscal para poder presentar el denuncio antes de dejar su cargo.
El debate jurídico sobre si esa conducta, la de que personas jurídicas entreguen donaciones a los partidos para que éstos a su vez asuman gastos asociados a las campañas, es complejo y hasta ahora se ha resuelto en favor de que sí es posible. En realidad, es una práctica acostumbrada en Colombia y realizada por casi todos los partidos sin que hasta ahora haya merecido tacha por parte del Consejo Nacional Electoral, ni menos de la justicia penal.
El caso concreto tiene, además, otros intríngulis jurídicos como el de si los gastos posteriores a las votaciones se imputan o no como gastos de campaña, en fin, vericuetos de baranda que en otros casos podrían ser relevantes pero que en este caso, por tratarse de Petro, se asumirán como verdades las afirmaciones de la Fiscalía sin mayor controversia.
Se abre un difícil debate: que las decisiones de la Fiscalía tienen motivaciones políticas, afirmación que en este caso es incontrovertible. Que hubo hecho irregulares en la financiación de la campaña, lo cual también parece indiscutible, y que el Fiscal está en el deber de denunciar, lo que también es cierto.
De lo primero, el uso político y arbitrario de la fiscalía por parte de Barbosa hay unas opiniones aisladas y poco examen. A pesar de ser un hecho grave e inédito ha habido una especie de condescendencia con el abuso por cometerse contra Gustavo Petro. A Barbosa lo invitan a eventos públicos con el único interés de que suelte dos o tres frases altisonantes contra Petro.
El público, el mismo que exige, con razón, que el Gobierno respete las reglas, aplaude a rabiar cuando quien las transgrede groseramente es el contradictor del Presidente. Hay casi nulo análisis de la conducta del fiscal a pesar de los peligros institucionales que entraña. Su poder es tan grande y con tan pocos controles que todos se sienten amenazados.
Algo similar ocurre con la Procuradora, que, como lo registró La Silla, está dispuesta a recibirle al fiscal la posta de jefe de la oposición. Ha dado suficientes muestras de estar dispuesta a usar su poder en forma arbitraria y por razones políticas, lo cual no es poca cosa. Es lo mismo que hacen en Venezuela contra María Corina Machado y que genera, con razón, tanta indignación, pero qué hecho en Colombia contra funcionarios de Petro genera aplausos.
El Canciller cometió todo tipo de arbitrariedades y errores en la licitación para el suministro de los pasaportes y probablemente sea merecedor de sanciones de diversa naturaleza, pero la suspensión provisional ordenada por la procuradora es un abuso sin sustento jurídico. Respecto de esto último ha habido nulo análisis y cubrimiento, pareciera que el hecho se justificara por dirigirse contra una persona que probablemente incurrió en faltas y pareciera confirmar el sesgo del que se queja Petro.
En Colombia ha habido una especie de pacto de impunidad en favor de los presidentes que con la llegada de Petro parece haberse roto, para bien de la democracia, digo yo, porque claro que era muy dañino que cuando se descubría alguna conducta respecto de la cual se le pudiera endilgar responsabilidad al Presidente funcionara el tapen tapen.
Está claro que quienes preferían pasar la hoja rápido, por la razón que fuera, pero aceptemos que era por proteger la estabilidad institucional, ahora están dispuestos a llegar hasta donde toque, incluso aceptando abusos como los de la Fiscalía y la Procuraduría, eso nos pone en una circunstancia desconocida de la que ya veremos como salimos. Petro, como siempre, se pone en la situación más extrema, pero no por ello improbable, de que adelanten un juicio en su contra y eso son palabras mayores. Abrocharse los cinturones de seguridad porque entramos a zona de alta turbulencia.
