Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
La pandemia y las medidas de respuesta para evitar su propagación, intensificaron casi todos los factores de riesgo que conducen a la violencia doméstica.
Esta columna fue escrita en coautoría con Sara E. Casey, Goleen Samari 1 y Dana Nabulsi 2.
Un tercio de la población mundial se ha enfrentado durante la pandemia al confinamiento estricto, y el cierre de las escuelas ha afectado a más de 1.500 millones de niños y niñas. El hogar debería ser el lugar más seguro para todos y la primera línea de defensa y protección. Sin embargo, los factores de estrés relacionados con el covid están poniendo esa defensa en peligro. Las órdenes de permanecer en casa, la pérdida de ingresos, el aislamiento, el hacinamiento y las elevadas cantidades de estrés y ansiedad aumentan la probabilidad de que las mujeres, los niños y las niñas experimenten y observen abusos físicos, psicológicos y sexuales en el hogar, especialmente en el caso de los que ya viven en situaciones familiares violentas o disfuncionales. Los hogares tienen dificultades para hacer frente a las nuevas restricciones en materia de viajes y trabajo, al tiempo que hacen frente a las preocupaciones relacionadas con la salud, la seguridad alimentaria, la inestabilidad financiera y la información contradictoria sobre una serie de cuestiones. Estos y otros factores de riesgo asociados al covid para la violencia, el abuso y el abandono de los niños fueron identificados por Unicef.
La evidencia de catástrofes naturales anteriores, como huracanes, terremotos, tsunamis e incendios y pandemias sugiere que la crisis actual del covid está generando niveles extremadamente altos de estrés en los entornos domésticos y con ello una mayor probabilidad de que las mujeres, niños y niñas sean víctimas de la violencia. Además, a corto, mediano y largo plazo está provocando una vulnerabilidad económica que podría conducir a un aumento del trabajo infantil, el matrimonio infantil y muchos otros problemas de protección de la infancia.
La “crisis de violencia” antes y después del covid
Antes del inicio de la pandemia de covid, la prevalencia de la violencia doméstica, que incluye la violencia de pareja (IPV-Intimate Partner Violence) y la violencia contra los niños y las niñas (VAC-Violence Against Children), era ya inaceptable y persistía en niveles devastadores. La IPV y la VAC no solo son importantes problemas de salud, sino un gran obstáculo para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el 2030. En consecuencia la comunidad internacional, incluidas las organizaciones públicas, privadas y multilaterales, han realizado importantes esfuerzos para reducir la prevalencia de la violencia contra las mujeres y los niños.
A nivel mundial, la prevalencia de la IPV es alta. Se calcula que una de cada tres mujeres mayores de 15 años en el mundo que han tenido una relación de pareja ha sufrido IPV física o sexual. Por lo general, la IPV no se denuncia debido al miedo al estigma y a las represalias. En las regiones de ingresos bajos y medios, la prevalencia de la IPV es mayor en el Sudeste Asiático (37,7 por ciento) y menor en el Pacífico Occidental (24,6 por ciento). Entre las regiones de altos ingresos, la prevalencia de IPV es del 23,2 por ciento. La considerable variación regional sugiere que la violencia no es inevitable y que puede prevenirse. La implementación de estrategias de prevención durante las primeras etapas de la vida es fundamental, ya que la IPV empieza pronto y continúa a lo largo de la vida.
A nivel mundial, la mitad de todos los niños y las niñas de entre 2 y 17 años -es decir, más de mil millones- han sufrido algún tipo de violencia. En 2016 el 50 por ciento o más de los niños y las niñas en Asia, África y América del Norte sufrieron este tipo de violencia en el año previo. Los índices de maltrato y abandono infantil son cinco veces mayores en los niños de familias de bajo nivel socioeconómico que en los de alto nivel. Un gran número de casos no se denuncian debido al estigma social, a la falta de mecanismos de denuncia adecuados y al hecho de que la violencia suele ser perpetrada por los padres, los familiares o conocidos cercanos, lo que hace especialmente difícil que los niños y las niñas denuncien.
Aunque los datos son escasos, la cobertura de los medios de comunicación y los informes de las organizaciones que responden a la violencia contra las mujeres y los niños y las niñas revelan un panorama alarmante de aumento de las denuncias de IPV y VAC durante este brote, incluyendo el uso de medidas de distanciamiento físico por parte de las parejas para aislar aún más a las mujeres, los niños y las niñas afectados de los recursos. La evidencia disponible sugiere que la pandemia y las medidas de aislamiento asociadas han provocado un aumento de la violencia doméstica en muchos países, por no decir en todo el mundo. Según el Grupo de Protección Global, liderado por Acnur, 19 de 21 grupos que participan en respuestas humanitarias señalan que la violencia de género (GBV-Gender Based Violence) se ha intensificado, y más del 60 por ciento dicen que está ocurriendo con alto impacto debido a la crisis causada por el covid.
En abril de 2020 el Fpnu publicó nuevas proyecciones en las que se preveía un aumento de 31 millones de casos adicionales de violencia de género, si los esfuerzos por contener el virus limitan los movimientos de la población durante al menos seis meses. Por cada tres meses que dure el aislamiento se esperan 15 millones de casos adicionales. También pronostican 13 millones de matrimonios infantiles adicionales en la próxima década debido a las alteraciones ocasionadas por el covid. Desde que empezaron los confinamientos, en la India hubo 92.000 denuncias de abuso a menores a una línea de ayuda durante los primeros 11 días de confinamiento. En el noreste de Nigeria, las denuncias de violencia de género (GBV-Gender Based Violence) se duplicaron con creces en un mes, de 50 casos en marzo a 115 casos en abril de 2020. En dos distritos de Uganda oriental se denunciaron un total de 117 casos de abuso sexual infantil durante los dos primeros meses del confinamiento nacional. Asimismo, entre marzo y abril de 2020, se identificaron 238 feminicidios y se realizaron casi 164.000 llamadas relacionadas con GBV a las líneas de ayuda en América Latina y el Caribe.
¿Por qué los migrantes y refugiados son más vulnerables a la violencia?
El agravamiento de los factores de riesgo y la erosión de los factores de protección se amplifica en los contextos humanitarios, donde las mujeres, las niñas y los niños suelen estar aislados de los proveedores de servicios y los recursos institucionales. En particular, la interrupción de las redes sociales y de protección, como la familia extensa y las comunidades, puede agravar aún más la violencia doméstica y sus consecuencias. Por ejemplo, las mujeres pueden tener menos contacto con la familia y los amigos que le proporcionan apoyo y protección frente la violencia de su pareja. Los victimarios pueden restringir aún más el acceso a los servicios, la ayuda y el apoyo psicosocial de las redes formales e informales.
En los contextos humanitarios, los efectos de la pandemia covid pueden imponer dificultades a algunas de las mujeres más vulnerables del mundo, que se enfrentan a importantes obstáculos para acceder a la información y los servicios, a la insuficiencia de recursos económicos y a la falta de autonomía sobre su propia salud sexual y reproductiva, lo que las deja expuestas a la explotación y el abuso. Si bien la ayuda alimentaria, el agua y el saneamiento son vitales en las respuestas a las catástrofes, los servicios integrales de salud sexual y reproductiva a menudo son escasos o no están disponibles en los contextos humanitarios, aunque son fundamentales para la reconstrucción a largo plazo.
Los niños y las niñas desplazados forzosamente y migrantes también corren un mayor riesgo de sufrir violencia. Para ser eficaces en la lucha contra la VAC, las recomendaciones prácticas y de política deben ser adecuadas al contexto nacional y/o local, además de guiarse por los principios de “el interés superior del niño” y “no hacer daño”. En consecuencia, es importante comprender la vulnerabilidad añadida en los contextos de desplazamiento. Investigaciones anteriores sobre la violencia han demostrado que los factores que impulsan la VAC suelen agravarse en contextos humanitarios. Por ejemplo, las comunidades que se caracterizan por un bajo nivel de cohesión social suelen exponer a los niños y las niñas a un mayor riesgo de maltrato infantil, abandono y violencia contra la pareja. Además, las personas con recursos económicos insuficientes o que experimentan aislamiento son más propensas a perpetrar varias formas de violencia contra sus parejas e hijos.
Además, es probable que la edad, el sexo y otros factores socioculturales de los niños y las niñas también estén correlacionados de forma significativa con el riesgo de exposición a diversas formas de violencia en contextos humanitarios. Los niños y las niñas más pequeños tienen aún menos oportunidades que los adultos o los jóvenes de salir del hogar para buscar ayuda, y cuando están en refugios vulnerables, sus oportunidades se ven aún más limitadas. Adicionalmente, el cierre de escuelas tiene un profundo efecto sobre los espacios seguros disponibles para los niños y las niñas, incluso para los que han sido desplazados por la fuerza o están en crisis humanitaria.
Consecuencias de la violencia
Sufrir la IPV tiene una serie de consecuencias adversas para la salud mental y física de las mujeres y las niñas. Las consecuencias directas e indirectas de la IPV incluyen lesiones, problemas de salud mental (depresión, trastornos por consumo de alcohol y otras sustancias), mal control de la salud sexual y reproductiva (prácticas sexuales inseguras) que pueden dar lugar a VIH/Sida, infecciones de transmisión sexual y/o embarazados no deseados y abortos, mala salud perinatal, que puede dar lugar a partos prematuros o bajo peso al nacer, y muerte por suicidio u homicidio. La IPV genera importantes costos relacionados con los gastos médicos, la atención a la salud mental y pérdida de la productividad para las mujeres y sus familias. A nivel mundial, se calcula que el costo anual de la VCP asciende a la astronómica cifra de 4,3 billones de dólares.
Del mismo modo, la VAC está asociada a múltiples problemas de salud mental -depresión, ansiedad-, salud materno-infantil -embarazo adolescente no deseado-, enfermedades transmisibles -VIH, ITS-, enfermedades no transmisibles -enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades cardíacas-, y lesiones -fracturas, quemaduras- a lo largo de la vida. La VAC también tiene consecuencias importantes en la salud social y económica de los países en su conjunto. En 2014, se estimó que la VAC tiene un costo mundial de 7 billones de dólares al año, lo que equivale a la suma del producto interno bruto (PIB) anual generado por Australia, Canadá, India y México.
Desafortunadamente, la inversión mundial para prevenir mucha de esta violencia -que es evitable- aún es menor que este costo masivo de la inacción.
1 Sara E. Casey y Goleen Samari hacen parte del Programa sobre Migración Forzada y Salud, Departamento Heilbrunn de Salud de la Población y la Familia, Escuela Mailman de Salud Pública, Columbia University.
2 Dana Nabulsi hace parte del Programa de Salud para Refugiados, Instituto de Salud Mundial, American University of Beirut.
Nota. El consorcio dirigido por el Programa sobre Migración Forzada y Salud de University of Columbia, en alianza con la American University of Beirut, Brandeis University, Georgetown University y la Universidad de los Andes está desarrollando un proyecto de investigación que busca aportar evidencia para comprender cómo los sistemas de salud y su financiación pueden responder mejor a las necesidades de las comunidades desplazadas y de acogida. El proyecto de investigación se desarrolla con el apoyo del Banco Mundial en cuatro países: Bangladesh, Colombia, República Democrática del Congo y Jordania. En respuesta a la emergencia del covid, el proyecto está produciendo seis informes de conocimiento que examinan las implicaciones de varios aspectos de la pandemia para las comunidades desplazadas y de acogida. Esta columna presenta apartes del segundo de estos informes.
Nota sobre el proyecto y los financiadores: El proyecto de investigación del cual se desprende este manuscrito es parte del programa «Construyendo la evidencia sobre el desplazamiento forzado prolongado: Una asociación de múltiples partes interesadas». El programa está financiado por el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (Dfid, Department for International Development). Es administrado por el Grupo Banco Mundial (BM) y se creó en colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). El objetivo del programa es ampliar el conocimiento global sobre el desplazamiento forzado mediante la financiación de investigaciones de calidad y la difusión de los resultados para su uso por parte de los profesionales y los responsables de la formulación de políticas. Este trabajo no necesariamente refleja las opiniones del Dfid, el GBM o Acnur.
