Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Los grupos armados y las bandas criminales continúan expandiéndose ante la falta de una estrategia de seguridad efectiva que restaure el control del Estado. La presencia activa de las disidencias de las Farc en el norte del Cauca es un claro indicador de la incapacidad estatal para mantener el orden.
Según un informe de inteligencia al que tuvo acceso La Silla Vacía, el Clan del Golfo cuenta con 5.000 integrantes, registra un preocupante crecimiento del 23% para el año 2023. Por su parte, el ELN cuenta con 6.158 miembros, experimentando un aumento del 5,3%. Asimismo, el Estado Mayor Central (EMC) alberga a unas 3.860 personas, lo que indica un aumento del 9%. En cuanto a la Segunda Marquetalia, posee 1.751 integrantes, con un aumento del 5%.
Ineficacia de la política de seguridad y defensa
Esta expansión del crimen organizado pone de manifiesto el fracaso de la política de seguridad y defensa del Ministerio de Defensa, así como la ineficacia del Plan Estratégico de Campaña Conjunto Ayacucho 2023-2026. Dichos documentos, concebidos como hoja de ruta para garantizar la seguridad de los colombianos, han resultado ser insuficientes en la práctica.
El Plan Ayacucho establece cuatro objetivos: proteger a la población civil, debilitar las capacidades de los grupos armados y las bandas criminales, salvaguardar la gobernabilidad y fortalecer a las fuerzas militares y sus capacidades estratégicas. Sin embargo, es evidente que ninguno de estos objetivos se ha alcanzado. Los grupos armados ahora son más grandes, ha aumentado su capacidad intimidatoria; la población civil clama por seguridad, y los líderes sociales se enfrentan a una creciente amenaza. Además, las comunidades son manipuladas para obstaculizar el trabajo de las Fuerzas Militares.
La gobernabilidad del Estado se ve afectada a nivel territorial y nacional debido a la deficiente gestión de seguridad y a la falta de recursos adecuados para las Fuerzas Militares. Las decisiones gubernamentales, influenciadas por la ideología, limitan los recursos a la Fuerza Pública. Esto queda claro por ejemplo en la fallida renovación de la flota de combate y en la demora en la reparación de helicópteros MI-17, lo que aumenta los costos operativos y ralentiza las operaciones militares.
La cúpula militar y falta de adaptación al ambiente operacional
La cúpula militar ha fallado en su gestión y coordinación con la Presidencia de la República. Aunque se debe respetar la figura presidencial, es esencial que los estrategas militares señalen los efectos negativos de las decisiones del mandatario.
A pesar de la creciente amenaza de grupos armados y crimen organizado, el gasto en seguridad y defensa sigue disminuyendo. La falta de preocupación de la cúpula militar ante los recortes presupuestales, impulsados por un ministro de Defensa que parece querer debilitar el sector defensa se suma a la negligencia en la planificación y gestión de la defensa nacional.
Pero donde se vislumbra un claro riesgo es en la reducción del pie de fuerza del Ejército Nacional. Desde 2014, el gobierno de Juan Manuel Santos tomó la decisión de reducir significativamente el número de efectivos, pasando de 227.443 a apenas 125.568.
Aunque algunos podrían argumentar que la desmovilización de las Farc justificaba esta medida, hubo analistas que advirtieron sobre la importancia de mantenerse alerta ante cualquier amenaza. El resultado fue una desaceleración en los avances en seguridad, lo que les permitió a los grupos criminales expandirse. Iván Duque trató de revertir esta tendencia, pero se encontró con diversos obstáculos, incluyendo la pandemia de Covid-19.
La llegada de Petro al poder marcó un nuevo punto de inflexión. Los recortes en el gasto en defensa y la salida de cuadros de mando y oficiales de insignia, sin ningún criterio técnico, minaron la capacidad operativa del Ejército. Así, el debilitamiento de las Fuerzas Militares, acosadas por el ministro de Defensa y una política de seguridad errática, llevan a un sombrío panorama: los grupos criminales han ganado terreno y las comunidades ahora son más vulnerables.
Simulación de Montecarlo predice la expansión de grupos armados
La cúpula militar, encargada de liderar las fuerzas armadas estratégicamente, ha fallado en adaptarse a las condiciones actuales. Ignorar el ambiente operacional, que engloba el contexto político, económico y social en el que operan las fuerzas militares, ha sido un error de graves proporciones.
El mando militar ha mostrado una preocupante falta de adaptación a la realidad cambiante, especialmente en relación con la evolución de los grupos armados. Han subestimado la complejidad y el cambio constante de estas organizaciones, dejando a las unidades militares sin apoyo y aisladas. La retención de pelotones y compañías por parte de comunidades manipuladas por actores ilegales es una situación generalizada.
Por lo tanto, se realizó una simulación de Montecarlo para evaluar las posibles consecuencias de esta falta de adaptación. Esta simulación consideró el crecimiento y número de miembros de los grupos armados, así como la disminución de los recursos de las Fuerzas Militares. Los resultados de la simulación son alarmantes: si no se modifica este escenario, los grupos armados podrían alcanzar los 40.000 integrantes en los próximos 10 años.
Conectando con lo previamente expuesto, nos adentramos en la comprensión de una conceptualización del contexto de seguridad. Tanto el Clan del Golfo como el Comando Central son insurgencias criminales que no solo persiguen intereses monetarios, sino que su amalgama de tácticas de guerrilla con estrategias de crimen transnacional constituye una amenaza latente para la estabilidad política y social del país.
El modus operandi del Clan del Golfo es emplear milicianos infiltrados en la sociedad para manipular las interacciones sociales a su favor, lo que contrasta con las tácticas de guerra insurgente utilizadas por las disidencias de las Farc para imponer su dominio territorial.
Un análisis proyectivo basado en parámetros previamente establecidos revela que si la estrategia actual de las Fuerzas Militares persiste, estos grupos armados podrían extender su control a más de 300 municipios en la próxima década.
La necesidad de proteger a la población
Estos escenarios brindan una visión de las posibles consecuencias si las Fuerzas Militares no ajustan su estrategia. Los ciudadanos del norte del Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Bajo Cauca, Sur de Córdoba, Catatumbo y Arauca enfrentan un riesgo inminente.
Por ende, resulta crucial que la estrategia se centre en proteger a la población. Debemos aprovechar al máximo la información sobre los grupos armados para coordinar acciones ágiles y efectivas entre las unidades de las Fuerzas Militares, actuando con la rapidez y coordinación características de la doctrina de la guerra en red para mantener a salvo a la población civil.
En conclusión, es imperativo expulsar a los grupos armados del interior de las comunidades y enfrentarlos con determinación. Si logramos esto, podremos evitar que Colombia se sumerja en una crisis como la ocurrida entre 1994 a 1998.
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