Fernando Mario Sánchez
Fernando Mario Sánchez

La movilidad humana es un fenómeno en constante crecimiento que se ve reflejado por los cientos de miles de personas que se someten a la inclemencia del Darién. Aunque se han implementado diferentes estrategias para proteger la integridad de los migrantes, el sueño americano sigue impulsándonos a buscar nuevos caminos para llegar al norte de América. Sí, les hablo de la nueva ruta VIP de San Andrés. 

Debido a la desmedida cantidad de personas que intentan llegar al tapón del Darién y a la crisis de represamiento de migrantes en Turbo y Necoclí, miles de personas ya barajan la posibilidad de iniciar su viaje hacia Estados Unidos desde San Andrés. Hay tres ventajas principales para en esto. Uno, es más rápido y mucho menos peligroso que navegar por el Golfo de Urabá y luego cruzar caminando el Darién. Dos, porque evitan cruzar Panamá y Costa Rica. Tres, porque están a tan solo a dos horas en lancha de Nicaragua. 

Pero la cosa no es tan sencilla como parece. En octubre de 2022, la Defensoría del Pueblo emitió diferentes alertas sobre lo que estaba sucediendo en San Andrés y reportó la detención de 374 migrantes de diferentes nacionalidades y un caso de naufragio de una embarcación en la cual iban 2 san andresanos y 13 venezolanos. 

Un año después, la Procuraduría General de la Nación, ante las constantes detenciones de migrantes en altamar, emitió un boletín en el que se percibe una agudización de la crisis migratoria en San Andrés. Al respecto, reportó que entre 2022 y 2023 fueron puestos a salvo 1.102 personas, pero 74 personas continuaban desaparecidas en aguas abiertas. La cifra de fallecidos se desconoce. 

En cuanto a los costos para acceder a este “servicio”, la Procuraduría reportó que los migrantes pagan entre 1.500 y 5.000 dólares por el “paquete turístico” que sale de San Andrés y recorre 232 kilómetros hasta Nicaragua para continuar su camino hacia México y Estados Unidos.

En el informe, esta entidad emitió por lo menos 30 recomendaciones a 13 entidades sin que a la fecha se constaten avances de estas para controlar el fenómeno. También, y mucho más grave, es que, dentro de las acciones de la Armada de Colombia, se resaltaba el rescate de 55 migrantes abandonados por coyotes en altamar, entre ellos, 16 menores de edad. 

Por otra parte, para finales de 2023 la Defensoría del Pueblo reportó el rescate de 400 personas, dentro de las cuales hay 89 niños y seguían bajo la búsqueda de 30 más. ¿Ven cómo las cifras van en aumento? Pero sobre todo ¿pueden calcular el peligro al que se someten los migrantes? La situación es preocupante. 

Y todo indica que la tendencia se va a mantener. Según la Fiscalía General de la Nación, el pasado 5 de diciembre de 2023 fueron capturadas 24 personas –5 pertenecientes a la Armada– que presuntamente hacían parte de una red de tráfico de migrantes. 

Tanto es el nivel de sofisticación de estas redes delincuenciales que, según el mismo ente, algunos de sus integrantes creaban visados falsos para los migrantes con sello y estampado en su pasaporte, mientras que miembros de la Armada de Colombia omitían los controles de señalización marítima y alertaban a la red sobre la ubicación de los buques militares a cambio de sobornos. Todo mal.

Como lo dije al principio, la movilidad humana es un fenómeno que parece ser imparable y se incrementa cuando existen redes de tráfico de migrantes como la ya conocida fundación Nueva Luz del Darién o la red mencionada aquí y de la cual hacen parte algunos militares. No podemos resolver el problema si nosotros mismos lo financiamos e incentivamos. 

Entonces ¿qué debemos hacer? En mi opinión, sensibilizar a las personas sobre los riesgos a los que se exponen bajo cualquiera de las dos rutas y, por otra parte, implementar procesos de incidencia política que incentiven el diálogo internacional para que los países de América puedan por fin garantizar la vida e integridad de los migrantes. 

Aunque una ruta andina de protección parezca una idea descabellada y que puede incentivar la movilidad humana, en mi opinión cualquier medida o esfuerzo que se implemente para salvar la vida de una persona siempre valdrá la pena y Colombia tiene la experiencia necesaria para liderar esta discusión. 

Es el coordinador reginal Cúcuta y Venezuela del proyecto Construyendo Fronteras Solidarias. Estudió derecho y una especialización en derecho laboral y seguridad social.