Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
El Presidente electo Gustavo Petro ha anunciado como estrategia de reconciliación y reconstrucción del país un Gran Acuerdo Nacional. ¿Cómo se interpreta esta propuesta desde la Educación?
La necesidad de un acuerdo nacional sobre la educación ha estado presente en el discurso y en la agenda pública desde hace décadas. La Ley 115/94 provee mecanismos que permiten convocar a la sociedad y concertar acuerdos colectivos para la construcción y seguimiento a las políticas educativas; entre esos mecanismos están los planes nacionales decenales de educación (Pnde) (Art 72), los foros educativos (Art 164) y las juntas de educación (Art 115).
El segundo Pnde (2006-2016) se llamó justo Pacto social por la Educación y el tercer Pnde, vigente, (2017-2026) establece que para construir un nuevo paradigma educativo que incentive la creatividad, el pensamiento crítico, el desarrollo socioemocional y una ética para construir respeto y solidaridad para promover la convivencia y la paz, “es necesario construir un gran acuerdo nacional sobre la educación; ampliar el diálogo, la reflexión y el intercambio de saberes”.
En otro aparte señala: “La primera gran tarea del Pnde, en lo curricular, es asegurar una amplia y participativa discusión sobre el currículo, con el fin de garantizar una educación de calidad y pertinente, atendiendo a los principios generales enunciados, dentro del gran acuerdo nacional sobre la educación”. La agenda que propone el Pnde para construir el acuerdo por la educación, está constituida por sus 10 desafíos:
- Regular y garantizar el Derecho a la Educación
- Construir de manera concertada un Sistema educativo articulado y pertinente
- Desarrollar Lineamientos curriculares pertinentes y flexibles.
- Contar con una Política Pública de formación de educadores
- Transformar el Paradigma o Modelo Educativo
- mpulsar el uso pertinente y pedagógico de las tecnologías
- Educación para construir una sociedad en paz
- Priorizar la Educación Rural
- Garantizar el porcentaje del PIB para la educación de calidad para todos
- Incorporar la investigación y producción de conocimiento en todos los niveles educativos
Para la construcción de las políticas púbicas que permitan avanzar en lo propuesto en este decálogo, el actual Pnde señala hacer comisiones permanentes de participación con el concurso de maestros, maestras, estudiantes, familias, comunidades, sector productivo, y agentes del estado.
El Profesor Fernando Rincón, presidente de la Comisión de Seguimiento del Segundo Plan Nacional Decenal de Educación 2006 – 2016, recogiendo recomendaciones de los planes decenales de educación y de diversos estudios y fuentes del Sector, propuso un Pacto Nacional de Convergencia por el Derecho a la Educación, en el cual plantea la siguiente recomendación: “Promover una participación amplia y permanente para las políticas públicas y un movimiento pedagógico nacional con el cual dar un giro en el sentido de la educación y reconceptualizar el derecho a la educación. Este diálogo se podrá iniciar apoyándose en los mecanismos establecidos legalmente como los foros educativos, los planes decenales, las juntas territoriales de educación, los gobiernos escolares y otros”.
En el mencionado documento con un sólido sustento en cifras, Rincón se aventura a proponer una Constituyente educativa proyectada a 12 años, y recoge los retos y desafíos de los planes decenales, las recomendaciones de las misiones de sabios y de otros estudios, en diez estrategias con metas a 2024, 2028 y 2032.
Nelson Alarcón, actual Presidente de la Federación Colombiana de Educadores, asegura que “todo debate sobre la educación es ante todo un asunto político porque pretende llegar a acuerdos para delinear los horizontes del futuro”, y por eso proponer un acuerdo entre el Gobierno, los partidos de oposición, las madres y padres de familia, los intelectuales e investigadores/as, los empresarios/as comprometidos con el desarrollo del país, los movimientos sociales y nuestros maestros y maestras.
Más reciente (marzo 2022) es el ejercicio Tenemos que hablar Colombia adelantado por seis universidades, 3 públicas y 3 privadas, las cuales, incentivadas por el impulso de la movilización social del año pasado, recogieron en conversaciones con 5.519 personas, representantes de la enorme diversidad cultural colombiana, 6 mandatos ciudadanos, entre los cuales el primero fue: hacer un nuevo pacto por la educación.
Además de poner de nuevo en la mesa añejos temas y problemas que no han encontrado solución como el acceso, la equidad y la calidad y su importancia como mecanismo para generar oportunidades y transformación social, resaltaron también la prioridad de formar en valores cívicos y en cultura política; el cuidado del medio ambiente y la cultura ciudadana. Es decir identificaron, como misión de la educación, formar ciudadanos.
Otro factor que destacaron los conversantes, fue la necesidad de una educación que atienda la diversidad de niños, niñas y, sobre todo de jóvenes, que piden modelos flexibles menos homogeneizantes y propuestas educativas diversificadas en en un sentido cada vez más singular.
Además de estos ejercicios sistemáticos también hay importantes propuestas de agendas educativas, como las Recomendaciones para la Educación en Colombia de la Academia de Ciencias, o los 7 asuntos educativos prioritarios que la Fundación de Empresarios por la Educación, a través de su página de facebook, envió al nuevo Gobierno, acompañados del mensaje imperativo: “Gustavo Petro la educación es un eje transformador para la sociedad y prioridad para su gobierno”.
Riesgos y caminos de la participación por un acuerdo por la educación
La experiencia nos enseña que el principal riesgo es la pseudoparticipación. Y esto ocurre cuando las políticas pierden su sentido público porque se acomodan a intereses particulares, como dice Myriam Henao, en artículo citada o cuando se convoca para legitimar una propuesta previamente elaborada. Es de recordar el desafortunado cierre del Acuerdo por lo Superior 2034 en el que la representación estudiantil se levantó aduciendo que no se habían considerado sus propuestas.
El segundo riesgo es que la participación no se encauce con criterios y metodologías y tecnologías que permitan recoger con sinceridad lo esencial de los aportes. Por ejemplo, se puede acudir a un marco de referencia como la Teroría de la Acción Comunicativa de Habermas, para incorporar criterios de inteligibilidad, verdad, rectitud y veracidad que asignan validez al habla y utilizar metodologías de análisis de discurso y software que permitan procesar y sistematizar la información para poderla transformar en conocimiento social.
Perder el interés es otra amenaza al proceso. Si un grupo especifico no se siente escuchado ni que se recogieron por lo menos partes razonables de sus propuestas, no se comprometerán a largo plazo y el proceso puede desaparecer con el cambio de administración. Tenemos ya la experiencia de ejercicios prospectivos, que no han contado con el suficiente y diverso diálogo nacional, como visión 2019, Colombia la más educada 2025, que no han logrado trazar un norte colectivo que comprometa a toda la Nación.
Propuestas para el diálogo nacional por un pacto por la educación
El modelo educativo actual de educación por competencias ha fracasado por que el 80 % de la niñez y de la juventud escolarizada no alcanza un nivel aceptable de competencias básicas (leer, pensar de manera lógica y crítica y convivir). Esto hace que sea inaplazable para el próximo Gobierno no solo aumentar la inversión, lo cual es sustancial, sino también transformar el paradigma.
Para esto se requiere de la participación de expertos, académicos, científicos e intelectuales y de movimientos sociales que trabajan por la mejora del sistema educativo y por la materialización del derecho a la educación como las redes y sindicatos de maestros y maestras, el movimiento social y pedagógico, las academias, la Comisión Gestora del Pnde, el Foro de Ciencia, Educación y Desarrollo, el Congreso Internacional por una Educación de Calidad y otros.
De otra parte, es necesario escuchar la voz de los territorios. Cualquier idea, por buena e innovadora que sea, se agota al llegar a una escuela carente de recursos y de condiciones adecuadas donde los niños, niñas y profes tienen que llegar luego de largas jornadas caminando, en canoas o a través de cables. Se requieren propuestas flexibles y contextualizadas a las realidades locales y son sus habitantes y profes locales quienes tienen mucho qué decir al respecto.
Ese diálogo entre sabios académicos y la sabiduría territorial, se ha venido dando en los foros nacionales de la Comisión Gestora del Pnde. Y aunque hasta ahora los gobiernos no les han dado la importancia que merecen, son estos planes los que han logrado las mayores movilizaciones ciudadanas por la educación y son el espacio institucional que debe servir de amalgama que conecte a todos los nodos y actores que se la juegan por la transformación de la educación por una Colombia equitativa, pacífica y próspera.
El fruto del diálogo social debe ser el insumo para construir las políticas públicas que desde hace décadas se demandan para articular el sistema y transformar el paradigma educativo; cerrar las brechas con la educación pública y con la educación rural, crear la política para el desarrollo y la formación docente, incorporar de manera pertinente la tecnología y la investigación y garantizar la plena realización del derecho a la educación a cualquier colombiano.
