A propósito de los desaparecidos

En el volumen ‘Hallazgos y recomendaciones’ de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) aparece escrito que el estimado estadístico de desaparecidos en Colombia ascendería a la no despreciable cifra de 121.768 personas. Esto en al menos 32 años de conflicto armado interno.

Una cifra que da escalofríos y que, según la métrica de la Comisión, se habría fraguado entre 1985 y 2016, si bien organizaciones como la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) registra apenas 7.800 casos, claro, asegurando que habría una cantidad similar de episodios sin registro ni denuncia.

Otras instancias gubernamentales como el Centro Nacional de Memoria Histórica (Cnmh) dan cuenta que, entre 1958 y el 15 de noviembre de 2017, se perpetraron 82.988 episodios de desaparición en Colombia.

A su vez, el Sistema de Información Red de Desaparecidos Cadáveres (Sirdec), dependencia de Medicina Legal, reporta 22.261 casos hasta marzo de 2016. Para la entidad, sin embargo, las víctimas podrían sobrepasar las 200 mil, pues existe carencia de denuncia y registro.

Lo único claro es que la falta de certeza sobre el número de colombianos desaparecidos en nuestra guerra intestina, a la que se suma la disparidad de los registros y subregistros de los organismos estatales y no estatales, coloca en el ojo del huracán a la Unidad de Búsqueda de las Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) y a la efectividad de su gestión.

¡Me explico! En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Ubpd, que es una dependencia autónoma creada tras la firma del Acuerdo Final entre las Farc y el gobierno Santos, entregó a la prensa datos de su gestión. 

Como uno de sus grandes logros se informaba sobre la recuperación de 929 cuerpos de personas víctimas de desaparición, de un total de 28.815 solicitudes de búsqueda recibidas.

Estos y otros datos interesantes que se hicieron públicos apenas merecieron escuetas reseñas por parte de la prensa. Ningún medio de comunicación evaluó las cifras y se atrevió a mirar más allá la gestión del mecanismo transicional, creado en 2018 como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (Sivjrnr).

Para mi gusto, el esfuerzo de búsqueda y los resultados efectivos de este ejercicio no se corresponden con el gasto del ente estatal, cuyo presupuesto inició con 63 mil millones de pesos en 2018 y se estima en más de 188 mil millones en 2024. 

Un alto costo anual en el que seguro no aparecen las gruesas sumas de dinero provenientes de la cooperación internacional frente a los exiguos resultados alcanzados, máxime cuando su mandato y misión están proyectadas durante otros 15 años más.

Aun aceptando el hecho de que la lentitud en la ubicación o la recuperación de las personas desaparecidas obedece a factores que se salen del control de la Ubpd, entre estos la falta de voluntad de los perpetradores de este crimen a la hora de reconocer la verdad y aportar la información que permita dar con su paradero.

Vale la pena preguntarse qué está pasando con la labor subsidiaria de instancias como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Resulta válido formular estas inquietudes, teniendo en cuenta que desde el mismo Informe Final se asegura que el principal responsable de este crimen atroz es el Estado a través de sus agentes. Y la JEP, en este sentido, no se ha quedado corta en la persecución de los delitos atribuidos a los integrantes y exintegrantes de la fuerza pública.

Es evidente que las causas contra los militares y policías involucrados en estos repudiables hechos avanzan al galope en los Tribunales de la Paz, pero su andar es cansino en tratándose de las causas contra los antiguos cabecillas, mandos medios y militantes de las Farc.

He aquí otra arista cuestionable de la labor de la Ubpd. Del total de 8.500 uniformados que están en calidad de víctimas de desaparición forzada (6.500 militares y 2.000 policías) la entidad no ha ubicado ni uno solo. ¿Por qué? Simple: no le interesa realizar acciones de búsqueda para este universo de víctimas.

Fuentes consultadas en el Comando Conjunto Estratégico de Transición (Ccoet), dependencia de las Fuerzas Militares encargada de los procesos relacionados con la paz, y en la Asociación Colombiana de Víctimas de Secuestro y Desaparición Forzada (Acomides), entre otras, son enfáticas al señalar que los uniformados desaparecidos y sus dolientes son invisibilizados y revictimizados por esta entidad.

Al parecer se trataría de un cuestionable pero premeditado olvido de la instancia del Estado, que se supone es la responsable de coordinar y contribuir en “la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado”.

En este mandato de la Ubpd claro que también caben aquellos soldados y policías y sus familias víctimas de este flagelo.