La ‘paz total’ está enfrentando su más dura crisis desde el arranque de las conversaciones con grupos armados como el ELN o el Estado Mayor Central (EMC) de las Farc.

El secuestro del papá del jugador del Liverpool y la Selección Colombia, Lucho Díaz, por parte del ELN y la difícil y tensa situación que se vive en El Plateado, Cauca, que acabó en la suspensión unilateral de las conversaciones por parte del EMC, han puesto en vilo las conversaciones que sostiene el gobierno Petro con estos grupos. 

Para encontrar un camino posible para desenredar esta madeja, la Red de Expertos les preguntó a varios estudiosos e investigadores de la violencia armada en Colombia su opinión acerca de cuál es el mejor escenario posible para la “paz total” y cómo alcanzarlo. Aquí están sus respuestas:

“El gobierno debe ajustar las expectativas y buscar más resultados en el corto plazo“.

Elizabeth Dickinson

Investigadora senior del Crisis Group.

Después de un año de conversaciones y de llegar a acuerdos para desmovilizar a los grupos armados, se ve cada vez más difícil, al Igual que la posibilidad de que terminen las conversaciones y que no haya más conflicto armado en Colombia en el tiempo que le queda a Petro en el poder. 

Por ello, el gobierno debe ajustar las expectativas y buscar más resultados en el corto plazo. Los esfuerzos por avanzar en la “paz total” deben volver en los próximos meses al propósito original de salvaguardar la vida de los colombianos. Todas las negociaciones y acercamientos deben dar prioridad a la protección de civiles, incluso antes de avanzar en temas políticos, económicos o jurídicos. Hasta hoy ha sido al revés. 

Para reducir la violencia en contra de la población civil, el gobierno debe buscar compromisos concretos de los grupos armados, acordar el respeto por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) no es suficiente. En los pactos debe ser explícito que se abandonan prácticas como el secuestro, el reclutamiento de menores, la violencia de género y los confinamientos forzosos. 

Para avanzar en conversaciones sobre formas de reducir la violencia no es necesario un nuevo marco legal, así que el gobierno puede priorizarlas. Además, es fundamental que estos esfuerzos se hagan también con actores armados que no son parte de un proceso de paz activo, pero que tienen control territorial significativo, especialmente con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Es indispensable construir confianza entre las partes negociadoras, y también entre los procesos y la opinión pública. Hechos concretos que muestren la utilidad de dialogar para disminuir la violencia ayudarán en ese sentido. 

También es indispensable que el gobierno, basado en una evaluación realista de la voluntad de paz de los diferentes grupos armados, le aclare al país qué es exactamente lo que espera conseguir con las negociaciones. Si la opinión pública percibe que los grupos armados están aprovechándose de la situación, es poco probable que apoye los diálogos. La situación de seguridad sigue deteriorándose.

Si los grupos criminales no están dispuestos a entrar en negociaciones de buena fe, este puede ser un momento para reconsiderar cómo presionarlos, mediante operaciones de la fuerza pública, a través de investigaciones e incautaciones que afecten sus bolsillos. Una coordinación eficaz entre los encargados de las negociaciones y las fuerzas militares será indispensable en los meses venideros.

Petro debe aprovechar al máximo el amplio apoyo que recibe de la comunidad internacional, del que Colombia goza desde el proceso de paz con las Farc. En temas técnicos, garantías de transparencia y neutralidad en la veeduría de la puesta en marcha del acuerdo, los socios extranjeros son aliados clave. Regresar a la guerra abierta trae mucho sufrimiento, particularmente a las comunidades rurales. 

También debe revisar sus métodos, aclarar el proceso y tener metas más concretas. Con el mundo de su lado, Petro puede encaminar a Colombia a ser un país menos violento.

“Las negociaciones deben abordarse con aquellas estructuras que sí tienen voluntad de paz“.

Jorge Mantilla

Experto en criminalidad organizada y gobernanza criminal.

En este momento la salida de la “paz total” es de carácter regional, que está consagrada en la ley de “paz total”. Creo que es evidente que lo que es posible es una paz parcial, que estaría compuesta por las regiones de paz que contempla la ley de “paz total”. Esto, junto con comisionados que puedan adelantar procesos de conversaciones regionales.  

Esto es posible a través de ceses al fuego que sean condicionados y graduales. Las negociaciones deben abordarse con aquellas estructuras que sí tienen voluntad de paz. Aquellas que no la tengan saldrían del cese al fuego. 

Por ejemplo, en el caso del ELN es posible excluir al Frente de Guerra Norte del cese al fuego bilateral que hay entre las dos partes. Esto, por supuesto, fragmentaría la conversación nacional de paz, pero se avanzaría hacia desmovilizaciones parciales, circunscritas territorialmente. 

Permitiría, además, anclar la “paz total” a los territorios y a los nuevos planes locales y departamentales de desarrollo, y concentraría la oferta de transformación territorial en esas zonas. 

Esto debe obviamente partir de la implementación del Acuerdo de paz con las Farc, que es una deuda pendiente. Y, en últimas, lograr una desmovilización parcial de algunas estructuras. 

En el caso del ELN podría mantenerse la negociación nacional, centrándose en ese grupo y en ceses al fuego graduales y condicionados. 

“Trazar líneas rojas claras en las dos mesas de negociación establecidas, y que los ceses al fuego se concreten“.

Luis Fernando Trejos

Profesor en la Universidad del Norte.

El mejor escenario para la “paz total” sería:

1. Seguir insistiendo en la formulación de un marco normativo que respalde legalmente los escenarios de diálogo socio-jurídico, y que permita atraer y vincular formalmente a las AGC y a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) a esta política de paz.

2. Trazar líneas rojas claras en las dos mesas de negociación establecidas hasta el momento, y que los ceses al fuego (que deben ser multilaterales) se concreten en fases avanzadas de las negociaciones y no cuando comienzan. 

Esto debido a que, en la práctica, los grupos armados se liberaron de la confrontación con el Estado y han podido dedicar sus esfuerzos y recursos a derrotar a sus competidores ilegales. Esto causa afectaciones humanitarias importantes en distintas regiones del país.

3. Establecer una comunicación y coordinación permanente entre la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oapc) y el Ministerio de Defensa. La paz y la seguridad deben entenderse como dos caras de una misma moneda. Hoy parece que se sacrifica la estrategia de seguridad para que los grupos no se levanten de la mesa. 

4. Cambiar a los responsables de poner a andar “paz total”. El desgaste político y social de Danilo Rueda la afecta reiteradamente, y la deja sin los apoyos del congreso y el ciudadano de a pie. 

5. Mejorar la comunicación para que se puedan entender con claridad las decisiones y los objetivos que se persiguen en “la paz total”. Y establecer una sola vocería oficial, hoy hay tres (Danilo Rueda, Iván Cepeda y Alvaro Leyva) hablando en público desordenadamente, lo que abre el espacio de la especulación.

“Fortalecer aún más todos los procesos de diálogo socio-jurídico que están en marcha“.

Francisco Daza

Coordinador de la línea de Paz Territorial y DDHH de Pares.

El mejor escenario es seguir con los procesos que ya están avanzando, el del ELN y el del EMC. Y dar el paso de fortalecer aún más todos los procesos de diálogo socio-jurídico que están en marcha con grupos delictivos en Buenaventura o Antioquia. 

Con los hechos ocurridos hay un punto de inflexión en las negociaciones con el ELN y es necesario que la delegación del gobierno establezca líneas rojas en la mesa de negociaciones, que sepamos qué está dispuesta a negociar. 

En cuanto al EMC, la ruta sin duda ha sido más accidentada. Ha tenido subidas y bajadas y por eso es necesario que el gobierno defina protocolos y ponga condiciones. No puede pasar que se levante una mesa apenas a dos semanas de haberse instalado.

En este proceso hay una especial tensión en lo militar, por lo que está ocurriendo en el Cañón del Micay, que hay que tener en cuenta porque puede reproducirse en otras zonas con alta injerencia y control de esta disidencia. 

Finalmente, los diálogos socio-jurídicos necesitan que haya avance y reglas claras en materia jurídica, de sometimiento.

Si no, los logros de algunas treguas que son loables no permitirán que haya una disminución permanente de la violencia, porque se vuelve insostenible prometerles a los grupos armados y delictivos garantías o condiciones para su reinserción a la vida civil si no hay un marco legal. Estos diálogos pueden ser estériles y causar un aumento de la violencia posterior. 

El tiempo apremia, vamos por el segundo año de gobierno de Petro y lo importante ahora es no dejar perder los esfuerzos que ya se han hecho. Aunque hay vidas y oportunidades perdidas, no vale la pena echar en saco roto el trabajo que este gobierno está haciendo. Para eso el gobierno necesita tener la sartén por el mando, redirigir los procesos y pensar en que el tiempo corre y la paz total va a perder oxígeno. Es ahora o nunca, pero no hay que desistir.

“Deben entenderse y atacarse las causas estructurales de la violencia“.

María Paulina Domínguez

Investigadora del Centro de Valor Público y docente de la Universidad Eafit.

Se debe caracterizar y diferenciar el tratamiento a los actores armados, entendiendo su carácter político y criminal. No todos los grupos pueden tener un mismo tratamiento, porque eso depende de su composición, fines y capacidad de incidencia.

Ahora bien, la “paz total” debe trascender el silenciamiento de los fusiles, la negociación y las sanciones. El mejor escenario para esta, si se apela a la definición de paz positiva, debe llevar a la transformación de las condiciones estructurales y a la construcción social del territorio.

Para lograrlo, deben entenderse y atacarse las causas estructurales de la violencia. Entre ellas están las dificultades para acceder a la salud, a la educación, a una vivienda digna, al territorio, a la ciudad y a condiciones de vida digna. La paz territorial necesita de justicia social, e implica reconstruir el tejido social desde los territorios invisibilizados.

“El gran reto es poner en marcha exitosamente cualquier cosa que se acuerde”.

Laura Bonilla

Subdirectora de Pares.

La “paz total” es un juego largo, o sea, es un tema de largo y mediano plazo. No hemos logrado que los esfuerzos de paz y de desmovilización sean sostenibles en el tiempo. Hemos tenido picos de muchísima violencia y periodos de pacificación que son mucho más cortos, de nueve o diez años máximo. Ningún cambio ha logrado ponerse en marcha en un 100%.

El gran reto es poner en marcha exitosamente cualquier cosa que se acuerde. Ahora, con estos grupos, el tiempo se complica porque el Estado no tiene suficiente capacidad para sentarse a negociar. Se necesita una agenda clara, representativa, y llegar primero a los puntos en común. 

El gobierno debería volcarse hacia organizaciones sociales, civiles, hacia el trabajo comunitario, hacia apoyar todos esos tejidos civilistas y locales en el marco de una promesa futura de paz. 

Y debe mantener la presencia de la fuerza pública, aun cuando lo de El Plateado haya sido complicado, creo que es fundamental permanecer en el mediano y largo plazo. En la medida en que se vaya mejorando la oferta de servicios, los programas públicos eficientes en aquellos lugares que nunca han sentido la presencia del Estado, la situación se inclinará hacia un balance más favorable para este.  

Las negociaciones con el EMC son más complejas, el gobierno tiene fallas en la implementación, y el EMC es una guerrilla adolescente que se levanta y vuelve a sentarse de manera errática. Le hallo razón a Gutiérrez Sanín en este trino, piensan en chiquito. La dispersión de dietas en esos grupos disidentes no ayuda. 

Para mantener estos procesos andando se necesita más capacidad, más recursos, más gente (bien estructurada y organizada), un norte y una estrategia.

“El gobierno debe utilizar la condicionalidad con fuerza”.

Jorge Restrepo

Director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac).

Para desenredar la “paz total” hay que volver a la idea de unas bases parciales. Y hacer esto explícito, porque son procesos que hoy ni siquiera están sincronizados. Esas bases parciales, que van a su propio ritmo, con distintos marcos jurídicos y formas de negociación, deben ser reconocidos cada uno como procesos distintos. 

Esas diferencias suponen que hay que contar con un marco jurídico diferenciado, con distintos objetivos y equipos de negociación, unos dirigidos al sometimiento, otros a lograr un acuerdo, otros a pensar solamente en la desactivación de violencia urbana.

Igualmente, hay que utilizar la condicionalidad. El ELN y el EMC han quedado muy afectados por el uso de la violencia en el cese al fuego, el ELN en el caso de secuestro, y el EMC por la muerte de menores de edad a manos de uno de sus grupos en El Plateado, Cauca. El gobierno debe utilizar la condicionalidad con fuerza. 

Eso le funcionó muy bien al gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Es más fácil con el ELN porque no puede darse el lujo de abandonar la negociación. Con el uso de la violencia por parte de estos grupos, paradójicamente, el Estado se fortaleció. 

Finalmente, el gobierno tiene que buscar el apoyo ciudadano alrededor de la paz. Estos procesos han tenido oposición y crítica por parte de los partidos políticos, gremios y grupos de interés.

“Sincronizar la política de seguridad humana con las negociaciones de paz”.

Andrei Gómez Suárez

Cofundador de Rodeemos el Diálogo (ReD).

El mejor escenario para la paz total es el que podemos construir en el presente. Eso implica trabajar en tres aspectos: 

Primero, comunicar los logros a la sociedad, para que las dificultades de negociar en medio de un contexto de violentas economías ilegales no rompan el avance que representa haber retomado el diálogo como el método para cerrar el conflicto armado. 

Segundo, sincronizar la política de seguridad humana con las negociaciones de paz. De este modo, la presión militar no será un obstáculo para avanzar en el desescalamiento del conflicto, esto incluye los ceses al fuego.

Tercero, seguir materializando el acuerdo con las Farc, para que las transformaciones en la tenencia de la tierra y en el desmonte de las economías ilegales contribuyan a cerrar la guerra.

“Hay que tomar posturas más firmes, más exigentes con los grupos armados“.

Tatiana Prada

Investigadora de conflicto y violencia organizada de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Primero, hay que asumir que estamos enfrentando un momento de crisis de la política de “paz total”. No son crisis pequeñas de las mesas, sino un momento de tensión completa.

Lo segundo, es entender esa crisis como una oportunidad de dar un viraje, un giro en la postura que se ha tomado con respecto a las mesas de diálogo. Hay que tomar posturas más firmes, más exigentes con los grupos armados. Y hay que entender que tales posturas no son contrarias al desarrollo del diálogo.

Justo el problema que enfrentamos ahora tiene que ver con posturas flexibles que intentaron garantizar la duración de las mesas. Como no funcionó, ahora hay que garantizar la sostenibilidad con posturas más firmes y exigentes.

El momento también sirve para que los grupos armados asuman y reconozcan la responsabilidad en lo que está ocurriendo, y dejen de pensar que el único que tiene que hacer esfuerzos y concesiones es el gobierno. La ciudadanía exige que asuman las consecuencias de sus actuaciones, y hay que oír tales exigencias.

“Que la cantidad de territorios afectados por la violencia sea cada vez menor sería un logro impresionante para la ‘paz total'”.

Kyle Johnson

Cofundador e investigador de la Fundación Conflict Responses (Core).

En los últimos 20 años en Colombia, los lugares directamente afectados por el conflicto armado se han reducido. La cantidad de territorio afectado es más pequeña y tal reducción se consiguió particularmente durante el periodo entre 2002 y 2017.

Desde el último año de gobierno de Santos, pasando por los cuatro años de mandato de Duque y este primer año de Petro tal tendencia se ha reversado, lo que quiere decir que los territorios afectados por los conflictos armados son más numerosos.

Por eso, para mí lo ideal en términos de “paz total” sería volver a esa tendencia que existió entre 2002 y 2017, es decir, que la cantidad de territorios afectados por la violencia sea cada vez menor. Si eso se logra, eso sería un logro impresionante para la “paz total”.