Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Las nuevas administraciones departamentales y municipales tienen la responsabilidad de encontrar su espacio regulatorio, atendiendo a las demandas de los ciudadanos y planteándose discusiones más allá de los grupos criminales.
Hasta hoy, 29 de febrero, tienen tiempo para diseñar el borrador de los Planes Territoriales de Desarrollo (PTD) que serán aprobados por los concejos y las asambleas antes del 31 de mayo. Son varios los desafíos que tienen por delante. Además de alinearse con los programas de Gobierno que postularon en el proceso electoral, deben hacerlo con el Plan Nacional de Desarrollo y con los planes de ordenamiento territorial que están vigentes.
Diseñar estos planes supone un ejercicio de gobernanza, no solo en la promoción de la participación que exige la Ley 152 de 1994, sino en el reconocimiento de todos los actores y sectores que influyen en la regulación de un territorio.
Por ello, no solo valen los ejercicios de escucha por parte de las administraciones locales. Es importante que cumplan con su obligación de promover y apoyar la conformación de los consejos territoriales de planeación, una instancia de carácter consultivo, relevante en la concertación, el diálogo sectorial y el seguimiento a la implementación de los PTD y su alineación con el ordenamiento territorial. Se trata de un instrumento que garantiza el principio de planeación participativa en Colombia.
En la Fundación Ideas para la Paz (FIP) consultamos durante enero a nuestra red de líderes sobre su conocimiento de espacios de concertación para diseñar los PDT, y solo el 36% manifestó conocerlos. De estos, la mayoría dijo que la Paz Total (31%), el medio ambiente (27%) y la seguridad (25%) son los temas de mayor reconocimiento en los diálogos para la formulación.
Este último sondeo a líderes, un ejercicio que viene haciendo la FIP cada tres meses desde el 2022 y que llamamos El Pulso, se enfocó en sus percepciones sobre las afectaciones medio ambientales y de seguridad en sus municipios.
Para ellos, los conflictos ambientales son diversos, al igual que los responsables. Reconocen que la explotación indiscriminada de recursos naturales, como la tala o la minería, es el conflicto de mayor envergadura (24%), seguido del mal manejo de residuos sólidos (20%) y aguas residuales (16%). Al preguntarles sobre los posibles responsables, afirmaron que los grupos criminales (28%), las entidades de orden municipal (19%), los vecinos (12%) y los empresarios (10%), forman el grupo más amplio.
Parecería que el control ambiental está determinado por los grupos armados con respecto a la explotación indiscriminada de recursos naturales. Sin embargo, al analizar la relación entre conflictos y actores, la situación cambia. La lógica que señalan los líderes es que las administraciones locales tienen una responsabilidad sobre el manejo de residuos sólidos y el control de las aguas, siendo este uno de los espacios regulatorios de mayor intervención por parte de las autoridades.
Adicionalmente, la incidencia del sector privado empresarial y comercial en el ambiente es una constante frente a todas las problemáticas analizadas, lo que obliga a una interacción entre lo público y lo privado para la mejora del ambiente en los municipios.
Los líderes de El Pulso tienen expectativas sobre la incorporación de temas ambientales y de seguridad en sus planes de desarrollo que puedan garantizar los derechos y la sana convivencia en sus municipios. Ellos reconocen los efectos negativos de los grupos criminales, lo cual es un problema que excede las capacidades municipales. También reconocen que hay un espacio de interacción entre autoridades locales, empresa y comunidades, particularmente, en lo que se refiere al manejo de residuos sólidos y el control de las aguas.
Al entender el espacio regulatorio de las autoridades locales y deslindarlo del que tienen los grupos criminales, se abren opciones distintas de ordenamiento del territorio en donde temas como el papel conciliador en cuanto a linderos y el involucramiento del sector privado resultan claves para darle una gobernanza democrática a los municipios.
Ahora bien, frente a los problemas de seguridad, en la FIP hemos insistido en la importancia de establecer estrategias claras y discriminadas para esclarecer los homicidios y las amenazas que ayuden a disminuir la impunidad y la sensación de inseguridad en Colombia.
Los líderes que participan en El Pulso, manifestaron durante enero, al igual que en mediciones anteriores, su preocupación por los homicidios (24%), las amenazas (17%), los desplazamientos (10%) y los hurtos (12%). Los líderes siguen siendo amenazados (21%), principalmente, por su papel en la defensa de los intereses de sus comunidades.
Todos estos delitos se han convertido en una constante, aunque la la denuncia es necesaria, siguen sin tener una respuesta efectiva por parte del Estado. Si bien, las capacidades municipales son reducidas, debe ser una preocupación mayor de los gobernadores, así como el diálogo con el gobierno. No puede seguir siendo una responsabilidad de los municipios que con pobres capacidades tienen que enfrentar estos fenómenos que normalmente tienen dimensiones regionales.
Los resultados de El Pulso, son un llamado a que las alcaldías y gobernaciones que aún no han convocado espacios de diálogo para la construcción de sus planes de desarrollo lo hagan.
De igual manera, para que incluyan acciones puntuales sobre al medio ambiente y las garantías de seguridad de la ciudadanía, especialmente la de los líderes. Es, al fin de cuentas, un llamado para que las autoridades departamentales y municipales encuentren su verdadero espacio regulatorio.
Los textos que aquí se publican son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no expresan necesariamente el pensamiento ni la posición de la Fundación Konrad Adenauer, KAS.
