“Ha regresado la muerte y la desesperanza”: la guerra en el sur de Bolívar

Hace tres años Narciso Beleño advirtió que la guerra vendría de nuevo. Lo que no sabía es que esa guerra traería su propia muerte. Corría el año 2021 y Narciso, entonces presidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, alzó la voz para advertir que un nuevo grupo armado, hoy conocido como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), estaba incursionando en el sur de Bolívar. A primera vista, parecía un intento de expulsar al ELN y a otros grupos armados de esa región.

Durante esa época, otro habitante del sur de Bolívar se lamentó de que “para estos grupos, nosotros los líderes somos poca cosa. Nos pueden amenazar y asesinar desde el momento en que nos volvemos inconvenientes”. Ese fue el caso de Narciso, asesinado el 21 de abril de 2024 en Santa Rosa del Sur. “Él me contó, las últimas veces que nos vimos, que andaba amenazado. Se mantuvo activo a pesar de eso”, me recordó otra lideresa. Hoy, muchos de sus compañeros de la zona están encerrados en sus casas, aterrados.

Pero esta historia va más allá de la muerte de un ser excepcional. En medio de las múltiples crisis que viven las distintas mesas de negociación con grupos armados, lo que sucede en el sur de Bolívar es crucial para entender porque el diálogo está congelado. La negociación se ha vuelto una especie de segunda prioridad, mientras los conflictos entre grupos armados han recrudecido en varias zonas. 

En el sur de Bolívar ha quedado claro que los compromisos de los grupos armados en las mesas de negociación sobre garantizar la protección de civiles no pasan a la realidad. Ninguno está dispuesto a sacrificar sus ventajas tácticas o económicas, porque están tratando de ganar cada vez más espacios, o al menos no perder los que tienen. 

La geografía de la guerra

El sur de Bolívar se extiende entre la Serranía de San Lucas y las orillas del río Magdalena y allí confluyen los principales actores del conflicto y sus intereses. Los enfrentamientos recurrentes son para tratar de consolidar rutas de tráfico, cerrar corredores, controlar a la población y, sobre todo, apropiarse de la riqueza minera, la coca y los ingresos de la extorsión. 

El ELN no quiere perder el control de sus minas de oro, mientras que los gaitanistas intentan tomarse todo el territorio que hoy está en manos de la guerrilla incluyendo esas minas. Al tiempo, las disidencias quieren retomar las áreas que estaban controladas por las antiguas Farc. 

Esta guerra se desata sin consideración alguna por la población. En 2023, Bolívar fue el segundo departamento de Colombia donde hubo más personas desplazadas. Hubo un aumento del 94 por ciento frente al año anterior. En los últimos tres meses ha habido al menos cinco más. 

Entre los habitantes locales, que esperaban que las iniciativas de paz de Petro les trajeran una vida más tranquila, hay desazón. Un líder campesino me dijo: “algunos están en la mesa, pero la guerra sigue igual”.

Para entender la guerra en el sur de Bolívar hay que saber que es una zona de muy difícil acceso. Llegar a las profundidades del departamento desde Montes de María, Barrancabermeja o Bucaramanga requiere viajar un día o más por tierra y río. No hay puentes para acceder por el río Magdalena, solo ferris. No hay carreteras, solo trochas. 

Los servicios públicos básicos como el agua y la luz son escasos o inexistentes. Decir que el sur de Bolívar está aislado es simplemente insuficiente, aunque, irónicamente, está entre las regiones más productivas en explotación del oro en Colombia. En las montañas operan mineras multinacionales, hay amplios predios de coca en la serranía y en las llanuras hay ganadería y se cultiva el aceite de palma. 

El difícil acceso ha sido útil para los grupos armados que históricamente han tratado de obstaculizar cualquier intención de construir carreteras u otros medios de transporte. De hecho, al igual que sucede hoy, por décadas los grupos armados han aprovechado la invisibilidad del sur de Bolívar como terreno fértil para sus enfrentamientos. Un líder campesino me dijo: “uno lanza gritos [de auxilio], pero nadie nos escucha”.

Los orígenes de la situación actual

La historia reciente de esta nueva guerra comienza después de la firma del acuerdo de paz, cuando el ELN logró expandir su influencia hacia zonas controladas por antiguos combatientes de las Farc. Establecieron una fuerte presencia en la Serranía de San Lucas y a las orillas del río Magdalena. Por momentos hubo una breve sensación de estabilidad, ya que un solo grupo armado ejercía control sobre la vida civil, lo que normalmente se traduce en menos violencia.

En 2021, comenzaron a aparecer otros grupos armados, especialmente los gaitanistas que hoy se conocen como EGC, que llegaron desde Urabá. Para el EGC la zona es atractiva porque le sirve para robustecer sus intereses en la minería, reiniciar relaciones con grandes terratenientes para proveerles “servicios de protección”, y tener un corredor hacia la frontera con Venezuela. En su plan de expansión desde el Caribe hacia el oriente, el sur de Bolívar es una parada obligatoria. 

El EGC entró al sur de Bolívar por varias rutas. Desde Antioquia, cruzaron hasta San Pablo y se tomaron la parte llana del río Magdalena. Desde Montes de María, atravesaron Montecristo y Santa Rosa, dos zonas mineras. Desde La Mojana bajaron hacia Regidor y Arenal. Así arrinconaron al ELN en la zona minera de la Serranía de San Lucas.

Sur de Bolívar

Para conquistar la región, el EGC mandó sus mejores tropas al combate, bien dotados con armas. Cuando entraban a una nueva vereda, convocaban a la comunidad a una reunión para anunciar que ellos –y ningún otro grupo– ahora mandaba. 

Además, han logrado establecer relaciones con distintos sectores económicos. Como ha pasado en otras regiones, ciertas élites, cansadas de la extorsión del ELN y desconfiados de poder tener la protección del estado, abrieron camino para su llegada. Líderes de la zona cuentan entre susurros que “quienes están detrás de eso…(son) unos ganaderos, terratenientes”. 

Los últimos en llegar al sur de Bolívar fueron las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las Farc, a través de los Frentes 24 (que venían desde el sur, cerca a Cantagallo) y 33 (porque llegaron desde el norte y Catatumbo hacia la Mojana bolivarense). Según autoridades locales, su mayor esfuerzo ha sido en el reclutamiento, incluyendo el de menores. Usualmente mandan a los jóvenes a Catatumbo para entrenarlos, y luego de un par de meses los devuelven al terreno con poco más que un fusil y su suerte.

Hoy, hay múltiples centros de gravedad de los enfrentamientos . Tal vez el punto más preocupante es la carretera entre Arenal y Morales, alrededor de los pueblos de Mina Proyecto y Mico Ahumado. Según las comunidades de esa zona, hay alrededor de 400 desplazados en el casco urbano de Morales y otros 700 en Arenal. Además, hay combates, violencia, e incursiones constantes por San Pablo, Santa Rosa, Regidor, e Tiquisio, solo por mencionar algunos municipios.

El modus operandi de la guerra

Aunque al principio los grupos intentaron ganar el apoyo de la población civil, hoy su prioridad es obtener el control de las minas, las tierras, y los ingresos provenientes de la extorsión; para lograrlo se enfrentan militarmente al que sea necesario.

Para las comunidades la vida diaria es un infierno. En Norosí, donde confluyen todos los grupos armados, una fuente cuenta que los líderes de esa localidad están encerrados como mecanismo de autodefensa. “Uno no sabe quién es quién”, me dijo una fuente. Si en la zona hay tres o cuatro actores armados, los pobladores tienen que pagar tres o cuatro vacunas. Hay que asistir a todas las reuniones que convocan, así esto traiga el riesgo de quedar señalado por los otros grupos. Para sobrevivir lo mejor es callar. 

El asesinato selectivo también se ha vuelto una práctica común. Los grupos armados asesinan a civiles señalados de supuestamente trabajar con sus enemigos, lo cual deja expuesto a casi todos los líderes de la zona quienes ya han vivido  bajo el control armado por años. Algunos incluso cuentan que se cortas privaciones de la libertad mientras los señalados son “investigados” por supuestas simpatías al enemigo.

Pero la muerte va más allá de lo selectivo, y también parece ser una táctica para imponer la zozobra. Según un líder campesino, “los muertos son civiles indefensos con familia (…) ha regresado a nuestros territorios la muerte y la desesperanza.”

Muchas veredas rurales están confinadas, bien sea por orden de los grupos o por un confinamiento autoimpuesto por la propia comunidad. Los confinamientos en algunos casos rotan, dependiendo de la presencia de diferentes actores: dos o tres días en una vereda, después en otra. Otras familias huyen por completo de la zona, en eventos masivos o gota a gota.

En algunos casos, la situación económica también influye en la decisión de partir. En las comunidades cuentan que han asesinado a civiles por no pagar la extorsión. En zonas cocaleras un líder comunitario me explicó que, en los últimos dos meses, los grupos armados no han dejado entrar a los compradores de la pasta base de cocaína, el único ingreso para muchos campesinos. A pesar de eso, siguen exigiendo una vacuna a los cultivadores. Por ello, muchas familias cultivadoras han abandonado sus predios para ir hacía las ciénagas a pescar y que al menos no les falte la comida. 

Todos los grupos hacen un esfuerzo por parecer “los buenos” en medio de una guerra sucia. El ELN ha nombrado el sur de Bolívar entre sus “zonas críticas” y está exigiendo al gobierno combatir un supuesto “nuevo paramilitarismo”. El EMC parece estar aliado con el ELN para combatir al EGC. El EGC, por su parte, en un par de comunicados publicados en abril, dijo que no ha provocado ni desplazamientos ni confinamientos, y que está del lado de la comunidad, una narrativa que no refleja la experiencia de las comunidades. La fuerza pública ha ampliado su presencia en la zona, pero aún no han logrado confrontar las fuentes de conflicto. 

Atención con el sur de Bolívar

Tal vez por lo invisible que es el sur de Bolívar es que la violencia ha empeorado tan dramáticamente. Los grupos armados no están dispuestos a cambiar su comportamiento frente a la población civil cuando tienen tantos intereses en juego. Más bien, a través del control de la población reafirman su intento de dominio en la zona. Los líderes sociales y las comunidades están bajo fuego cruzado.

Hasta que las negociaciones no lleven a un desescalamiento territorial no habrá treguas en el combate, salvo que algún grupo logre imponerse. Mirar hacia el sur de Bolívar es necesario para no favorecer la intención de los grupos de mantenerse en la sombra.