La JEP nos está confrontando con nosotros mismos

La paz siempre es urgente. Sin un acuerdo de paz entre el Estado y la guerrilla de las Farc, los crímenes de guerrilleros, paramilitares y agentes del Estado (extorsiones, asesinatos, secuestros, desplazamientos forzados, “falsos positivos”) iban a continuar sin cesar. Había que conciliar los valores de paz y justicia, indulgencia y responsabilidad, aceptando pérdidas y ganancias parciales, para librarnos, como individuos y como sociedad, del peor de todos los males: la guerra.

Ese es el dilema práctico que resuelve la justicia transicional: ceder en materia de justicia retributiva, atenuar los castigos y compensarlos con verdad y reparación a las víctimas. Todo con el propósito de alcanzar un fin superior: la paz. 

La Jurisdicción Especial para la Paz está cumpliendo con empeño, seriedad y prontitud la extraordinaria tarea de aplicar la justicia transicional para depurar las responsabilidades de excombatientes de las Farc, exmiembros de la Fuerza Pública, terceros civiles, como autores y partícipes de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Crímenes que no serán amnistiables y que devastaron vidas, sueños, vínculos, valores sociales, comunidades, sistemas productivos, y que deben ser reconocidos y reparados como un acto de paz y de justicia.

Al crear registros oficiales de las violencias de las partes en conflicto y de sus participantes, la JEP está alumbrando las grandes verdades de esta guerra. Verdades individuales, por un lado: la resolución del caso concreto, el crimen cometido contra esta persona, contra esta familia o comunidad.

Pero también está revelando verdades colectivas. Nos ha mostrado que la sociedad colombiana tuvo una complicidad moral con la barbarie; que, desde los extremos políticos de la sociedad, se negaron unas violencias y se aplaudieron otras; que se justificaron atrocidades de guerrilleros, de soldados y policías o de paramilitares; que se prefirió mirar para el otro lado y no saber de las víctimas y su dolor, por “esa falta de fantasía del corazón y la insensibilidad ante el desastre que estaba aconteciendo” (para usar palabras de Karl Jaspers).

Desde sectores de extrema izquierda afines ideológicamente con la insurgencia armada, se defendió la combinación de todos los métodos de lucha. Entre otros, se justificó el secuestro bajo una visión romántica de la lucha armada como medio para la utopía con frases del estilo: “que los ricos paguen la revolución contra ellos mismos”, “el secuestro es un método de redistribución de la riqueza”, “secuestrar a un rico es como quitarle un pelo a un gato”, intentando normalizar lo inaceptable y banalizando los daños y los sufrimientos de las víctimas.

El Auto 19 de 2021 de la JEP, sobre “Toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las FARC-EP”, constituye una determinación de los hechos y conductas atribuibles a los antiguos miembros del Secretariado de las Farc y, a la vez, el acto judicial más completo sobre el mal descomunal del secuestro practicado por la guerrilla como táctica bélica; este documento histórico revela cómo esta violencia se basa en la arbitrariedad y la opresión, cómo se rompió el vínculo social y político en su aspecto más básico del reconocimiento de la persona y de su dignidad humana.

El siguiente pasaje es extraído del Auto 19 de 2021 (párrafo 591):

“Se trata de marchas forzadas sin consideración de sus circunstancias de vulnerabilidad; agresiones físicas y sicológicas con golpes, gritos, burlas, empujones; vulneración total de la intimidad, incluso para defecar mientras debían ser observadas por guerrilleros armados; campamentos donde los encierros eran tales que causaban sufrimiento adicional por hacinamiento, falta de luz, aire e higiene básica; falta de atención en salud, incluso cuando pueden brindarla; comida insuficiente y en mal estado como forma de humillación. Además, sin control sucedieron hechos de especial gravedad durante el cautiverio, como el aislamiento forzado, golpizas durante los interrogatorios, violencia sexual y desplazamiento forzado como castigo. También, se evidencia de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por: ocultamiento de la suerte de los cautivos, venta de cadáver, doble pago de rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos. Por último, el sufrimiento causado durante el cautiverio conllevó lesiones y secuelas para muchas víctimas, que así lo reportaron a la Sala”.

Desde sectores de extrema derecha de ideología reaccionaria y anticomunista, hay un odio virulento a todo lo relacionado con transformaciones sociales, justicia social, límites al poder del Estado y leyes civilizadoras de la guerra (como el Derecho Internacional Humanitario). Justifican ideológicamente el uso de la violencia del Estado más allá de los límites constitucionales y legales para preservar el orden imperante, siendo partidarios de la guerra sucia y el uso del terror para combatir la insurgencia armada o, incluso, a los opositores pacíficos al Gobierno.

Estos sectores han celebrado asesinatos de personas inermes, masacres de campesinos como victorias militares sobre la guerrilla y crímenes de guerra cometidos por soldados y policías (frecuentemente en asocio con paramilitares) como actos de heroísmo, y han juzgado a las víctimas como si fueran las culpables: “por algo sería”, “algún motivo dio”, “no estaban recogiendo café”, como sucedió con los mal llamados “falsos positivos”.        

El Auto 33 de 2021 de la JEP, sobre “Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado – Subcaso Norte de Santander”, pone en evidencia las consecuencias fatales de un diseño institucional elaborado desde las más altas esferas del poder del Estado, que erige el “el conteo de cuerpos (bajas en combate) como indicador del éxito del esfuerzo militar”.

Por una parte, este indicador transgrede el Derecho Internacional Humanitario, exactamente la prohibición de no dar cuartel (art. 4.º, núm. 1 Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949), orientada a asegurar el combate limpio y fijar deberes de contención en el uso de la violencia necesaria para doblegar al enemigo: no se deben conducir las hostilidades en dirección al exterminio de los rivales (“Queda prohibido ordenar que no haya supervivientes”).

Por otra parte, cuando a la Fuerza Pública se le otorgan facultades legales, procedimientos institucionales y recursos públicos para una estrategia militar basada en el enaltecimiento de las muertes en combate como parámetro del éxito en la guerra, ello es un incentivo para prácticas retorcidas de detención arbitraria, desaparición forzada y asesinato de personas indefensas presentadas falsamente como guerrilleros caídos en combate para obtener los premios ofrecidos por el Gobierno:

“Con el indicador específico de muerte en combate, presionados por sus superiores, los comandantes de las dos unidades militares presionaron a su vez a sus subalternos por bajas ‘a como diera lugar’, ‘todo vale’, ‘mire a ver qué hace’ y ‘toca dar una baja’. En vez de buscar a los comandos guerrilleros en lo alto de las montañas y de perseguir a los grupos paramilitares pos-desmovilización y entrar en combate legítimo con ellos, para poder satisfacer los indicadores institucionales de éxito militar, los miembros de las unidades militares aquí identificados prefirieron asesinar a sangre fría a civiles indefensos” (párrafo 44).

“El resultado operacional ‘muerte en combate’ era el más importante por el que se les presionaba a los miembros de la fuerza pública de todos los niveles y de diferentes formas en el Catatumbo en ese periodo de tiempo. Las versiones también permiten afirmar que esta presión por ‘muertes en combate’ no fue ocasional o anecdótica, sino permanente (diaria). Se ejerció en todos los niveles jerárquicos de la Brigada Móvil 15 y del Batallón de Infantería 15 y se materializó, de manera negativa, en malas anotaciones en el folio de vida, traslados o incluso destituciones y, de manera positiva, en premios y recompensas por los correspondientes resultados” (párrafo 109).

Estas verdades esclarecidas por la JEP sobre el horror del secuestro y los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado son explosivas para una sociedad que, entre sectarismos y odios históricos, contradicciones y furias, intenta abrirse paso a la paz; resultan vergonzosas para quienes justificaron o negaron esos horrores, e incómodas para quienes encerraron estos hechos en un cuarto oscuro para no verlos, para no sentirse interpelados, para no preocuparse por las víctimas.

La puerta de ese caso oscuro está siendo arañada por la JEP para que todos (no solo los autores y partícipes) abramos los ojos ante la atrocidad de esta guerra a la luz de estas verdades judiciales pronunciadas por autoridades del Estado. ¿Quién puede hoy justificar la toma de rehenes o secuestro como método de guerra? ¿Quién puede decir que este es un acto revolucionario o un acto heroico? ¿Quién puede validar el asesinato a sangre fría de civiles indefensos como un triunfo del Ejército sobre las guerrillas, un éxito de la “seguridad democrática” o una confirmación de la autoridad del Estado? Ambos son crímenes atroces que reclaman sanción (con las penas alternativas propias de la justicia transicional), justicia reparadora para las víctimas, y que todos las rodeemos y las acompañemos en su dolor.

Que el asombro, la molestia y la vergüenza ante los autos de la JEP den paso a una actitud serena de diálogo y debate a partir de la conciencia de los hondos sufrimientos, de los inmensurables daños que los actores de esta guerra han causado a millones de personas de todos los sectores sociales y políticos que han menoscabado nuestra humanidad común: como víctimas, como victimarios, como pasivos espectadores.

El reconocimiento mutuo del dolor, la censura común contra todas las violencias y el rechazo de la guerra desde el conocimiento de las atrocidades cometidas por todas las partes en conflicto son materia prima para tejer comunidad y reconciliación. Porque la reconciliación no es amarnos y abrazarnos fraternalmente entre 50 millones de colombianos; esto es algo improbable después de las divisiones, heridas, recelos y traumas que deja una guerra tan feroz. La reconciliación es menos emocionante, pero más alcanzable: aprender a vivir juntos en la “polis” como conciudadanos que nos debemos mutuamente respeto, trato civilizado, reciprocidad y justicia en un marco pacífico y democrático.