Las demoras de la JEP: ni una sanción y pocas amnistías tras 6 años

Esta columna fue escrita por la columnista invitada Paola Molano.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha alcanzado logros importantes como el reconocimiento de responsabilidad por quienes cometieron hechos atroces; la búsqueda y localización de personas desaparecidas, de la mano de la Unidad de Búsqueda; y la visibilización de crímenes contra poblaciones en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, después de seis años de su labor hay dos grandes críticas: la demora en la definición de la situación jurídica de los comparecientes y la imposición de las sanciones.

El limbo de los comparecientes

En las últimas semanas, el antiguo secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) manifestó su inconformidad con el desempeño de la JEP frente al otorgamiento de amnistías a los comparecientes que fueron miembros de esa guerrilla. Afirman que, contrario a cumplir con el acuerdo de otorgar la amnistía más amplia posible, la JEP ha creado nuevas reglas que las restringen.

Aunque difiero de otros puntos señalados por el exsecretariado, lo cierto es que el escenario de definición de la situación jurídica de los ex Farc es preocupante. El caso de comparecientes de la Fuerza Pública (FF.PP.) no es mucho mejor. En respuesta a un derecho de petición que enviamos desde DeJusticia a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (Sdsj), constatamos que ningún compareciente había recibido una decisión que definiera su situación jurídica. 

Esta situación es dramática, pues viola el derecho de los comparecientes al debido proceso y el principio de seguridad jurídica. Esto también tiene graves repercusiones para la garantía de los derechos de las víctimas y le pone palos en la rueda a la no repetición.

Un compareciente en el limbo no cumple con el régimen de condicionalidad, que es el conjunto de obligaciones que tiene quien se someten a la JEP para mantener sus beneficios. Este régimen implica contribuir a satisfacer los derechos de las víctimas para recibir los beneficios penales. Sin beneficios, no hay contribución. 

Como si no fuera suficiente con esas consecuencias, la incertidumbre jurídica puede contribuir al reclutamiento de los excombatientes por parte de grupos como las Autodefensas Gaitanistas (AGC), que están en expansión. Han reclutado cientos de exmiembros de las Farc, así como hombres que han prestado el servicio militar o han sido soldados.

¿Y las sanciones para cuándo?

Un momento muy esperado es la imposición de sanciones por parte de la JEP, pues ahí se harán realidad las promesas de justicia; pero esa promesa parece lejana. La primera resolución de conclusiones de la JEP se profirió en octubre de 2022, pero hoy, un año y medio después, aún no hay sanción para los comparecientes que reconocieron su responsabilidad como máximos responsables. 

Las sanciones que impone la JEP a quienes reconocen verdad y responsabilidad cuentan con un componente restaurativo y otro retributivo. En relación con el primero, solo hasta el pasado 2 de abril se puso en marcha el Sistema Restaurativo que permitirá que quienes se presentan a la JEP lleven a cabo trabajos, obras y acciones con contenido restaurador-reparador (Toars).

Pese a la demora y a las críticas por su pertinencia, al menos hay claridad sobre cómo va a funcionar. Al contrario, el componente retributivo aún es una gran incógnita. Sin respuestas a esta pregunta, las sanciones siguen siendo un compromiso sin fecha de cumplimiento. 

Las demoras en las sanciones también afectan la credibilidad en la JEP. De acuerdo con la última encuesta Pulso de la Democracia para Colombia, la confianza en la JEP y el apoyo al tipo de sanciones que impone son bajos. 

Ante este escenario, dar resultados que muestren que las violaciones de los derechos humanos se sancionan y que los responsables deben resarcir el daño y cumplir una pena, es importante para mejorar la percepción hacia la JEP y lo que hace.  

Algunas ideas

El desafío de la JEP es enorme, las demoras solo lo hacen más difícil. El enfoque de selección de la justicia transicional en Colombia aún está pendiente por desarrollarse efectivamente. Sin claridad sobre la selección es difícil para la Sdsj pronunciarse sobre quienes no sean considerados como máximos responsables.

Esta Sala también tiene que asumir un enfoque que opte por decisiones colectivas, en lugar de aproximaciones que se apegan al modelo de la justicia ordinaria. Lo mismo cabe para la Sala de Amnistía frente a las solicitudes de amnistía. Al tener en cola a miles de comparecientes, la fórmula caso a caso no va a funcionar.

En cuanto al régimen de condicionalidad, la JEP puede echar mano de experiencias del pasado como la certificación a postulados en Justicia y Paz por su contribución en el Mecanismo No Judicial de Contribución a la Verdad. Un país con una trayectoria tan larga en instrumentos de Justicia Transicional no tiene que inventar la rueda. 

Por último, la participación del gobierno y de las autoridades locales es crucial para que haya sanciones. Se necesita que el gobierno construya o arregle infraestructura para la restricción de la libertad, mientras que para hacer posibles los proyectos restaurativos se podrían juntar con acciones en curso o con iniciativas de construcción de paz, como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), todos a cargo del ejecutivo. Si el gobierno no se involucra, las sanciones son una mesa coja.

Estos son solo dos desafíos actuales de la JEP. Son muy grandes y es necesaria la autocrítica para evaluar y ajustar. Las oportunidades de impulsar la garantía de los derechos de las víctimas y la reconstrucción de la confianza en la justicia siguen ahí, pero sin acciones contundentes para mejorar lo que no funciona la Jurisdicción puede convertirse en una frustración más.