Lecciones de Nueva Zelanda en materia de reparación

Como Nueva Zelanda es un país que se conoce poco en Colombia, sea lo primero recordar algunos datos de este país. Está conformado por dos grandes islas ubicadas en Oceanía, al este de Australia, de 268 mil kilómetros cuadrados (una quinta parte de Colombia), con 5.2 millones de habitantes, poblado en un 72% por europeos y un 16% por los maoríes.

Tiene soberanía compartida con el Reino Unido, está organizado como una monarquía parlamentaria y es uno de los países con mayor calidad de vida del mundo (seguridad, democracia, libertades, derechos civiles, protección de la propiedad privada y cero corrupción). Hasta el siglo XIII no había presencia humana en Nueva Zelanda, cuando empezaron a llegar los maoríes provenientes de la polinesia.

La naturaleza del país es alucinante: volcanes, glaciales, fiordos, géiseres, aguas termales, lagos azules y valles. La película “El señor de los anillos” se filmó aquí. Hoy a los neozelandeses los llaman Kiwi, por el extraño animal kiwi de las islas, al igual que por la fruta, y el país también es denominado Aotearoa (tierra de la nube blanca, en maorí).

En 1769 llegó a Nueva Zelanda el inglés James Cook, a partir de ese momento empezó a llegar población libre del Reino Unido (a diferencia de Australia, que fue una colonia penal británica).

Fruto de esa colonización, hubo muchas batallas entre la población maorí y los ingleses, sobre todo entre 1801 y 1840, cuando se firma el Tratado de Waitangi, que aunque reconoce la soberanía británica sobre la isla, garantiza los derechos de los maoríes como ciudadanos plenos de la Corona.

Sin embargo, a partir de ese momento los británicos empezaron a violar los derechos a la autonomía y de propiedad del pueblo maorí.

En primer lugar, la versión en inglés y en Maorí del Tratado de Waitanga no coincidía completamente. En segundo lugar, el Tratado fue letra muerta por cerca de siglo y medio, pues las autoridades inglesas no lo respetaron. En tercer lugar, la Corona confiscó tierra de los maoríes, en particular en Bay of Plenty, y se desconocieron las autoridades y la forma de organización ancestral (Huta). En cuarto lugar, en 1877 la Corte Suprema de Nueva Zelanda, basada en la presunta superioridad europea, describe a los maoríes como “primitivos y bárbaros”, por lo cual afirma que el Tratado de Waitangi es en realidad nulo.

103 años después de la firma del Tratado de Waitangi, a los maoríes ya no les quedaba casi nada de tierra. Se inició entonces un movimiento de protesta en todo el país, inspirado en la resistencia afroamericana de los años 60, que marchó hasta Wellington, la capital.

En 1974 el gobierno declara el Día de Waitangi como día nacional y se inicia una nueva política de reconocimiento de derechos. En 1975 se le vuelve a dar vida al Tratado de Waitangi, como base del pacto social entre la Corona y el pueblo maorí.

En 1984 a dicho Tratado se le hace una enmienda que permite reclamar indemnizaciones por las violaciones cometidas por el Estado desde 1840, dando así nacimiento a un proceso de justicia transicional. El Parlamento oficialmente reconoce que el gobierno ha cometido graves daños al pueblo con antiguas políticas oficiales y presenta excusas al pueblo maorí.

En 1995 el parlamento expide la ley de restitución de las tierras y de compensación al pueblo maorí, ley que fue ratificada por la Reina Isabel II en su visita al país. Allí se reconocen múltiples derechos y garantías a los maoríes: representación, consulta, tierras culturales (la fuerza vital de algunos ríos), reconocimiento de costumbres, construcción de vivienda y, sobre todo, educación (desde entonces ha habido un incremento de la participación de los maoríes menores de edad en el sistema educativo).

En el año 2012 se expide una nueva ley de resolución de reclamaciones. En suma, toda una política de justicia transicional, basada en la reparación cultural, territorial y financiera, inmersa en una democracia estable y liberal, que de esta manera sale relegitimada.

Se trata sin duda de un caso curioso, en el que un país desarrollado y democrático emprende una política de justicia transicional, porque este tipo de procesos normalmente tiene lugar después de una dictadura o de un conflicto armado (como en Colombia).

En todo caso se destaca que la política del gobierno no estuvo fundamentalmente orientada a otorgar auxilios o dineros en forma directa a las personas maoríes, ni tampoco a repartir tierras, sino que estuvo dirigida a:

1. Reconocer las autoridades propias del pueblo maorí.
2. Otorgar una suma de dinero a estas formas de organización.
3. Reconocer la propiedad sobre ciertas zonas del territorio, en especial sobre los ríos y territorios que tienen un especial valor cultural para la comunidad maorí.
4. Apoyar iniciativas productivas para las comunidades en materia de turismo, forestal, pesquera y energética, asignando para ello importantes sumas de dinero. Es decir, se apoyó el desarrollo de empresas creadas por los mismos maoríes.

En resumen, no se regaló dinero, sino que se fomentó la productividad autónoma. Desde luego, hoy en día los conflictos no han terminado, pero se discuten en paz, sin muertos ni estigmatizaciones ideológicas.

El país vecino, Australia, hizo lo contrario: repartió plata y tierras a los aborígenes, y esa política no obtuvo los mismos resultados. Y en Argentina, por su parte, los gobiernos han venido otorgando plata o subsidios directos, que solo generan dependencia y holgazanería, sin mencionar el creciente déficit fiscal.

La lección para Colombia es clara en materia de reparación a las víctimas: la clave del éxito para solucionar conflictos políticos y territoriales es fortalecer la independencia económica de las comunidades.

No se trata de ordeñar la vaca, sino de criarla y alimentarla, después vendrán los beneficios. O, como dice el dicho: “dale pescado a una persona y tendrá comida para un día; enséñale a pescar y tendrá comida para toda la vida”. Colombia debe tomar nota.