El rotundo fracaso del Gobierno del Hambre en la política de tierras

El Estado colombiano tardaría 90 años en devolverles la tierra a los agricultores de todo tipo, principalmente pequeños campesinos, a los que les fue robada por la violencia guerrillera y paramilitar, causante esta última del 83 % de los casos de despojo registrados durante la década de los 90 y la primera del siglo XXI. A esa conclusión llegaba el profesor Fernando Estrada en su clase de Posconflicto en la Universidad Externado, tratando el tema de la contrarreforma agraria en Colombia.

Hoy se sabe que de un total de 6 millones de hectáreas de las que se apropiaron, según lo reportaron ellos mismos en el marco del Acuerdo de Santafé de Ralito, que dío inicio a las desmovilizaciones, apenas 66 mil fueron devueltas a sus propietarios y a las víctimas como forma de reparación en el marco de los acuerdos entre el Gobierno Uribe y esa agrupación criminal.

El reciente paro armado en Córdoba -desde cuya capital escribo estas líneas- en Sucre y decenas de municipios de la Costa Caribe y del norte de Antioquia volvió a poner el tema de la violencia paramilitar en el centro de la atención pública.

Aunque desde la calles de Montería se reporta normalidad, el país político sigue discutiendo las implicaciones de la demostración de fuerza que durante más de cuatro días ejercieron varios grupos armados ilegales en 10 departamentos y más de 95 cabeceras municipales en las cuales, a punta de amenazas y miedo, se le impidió a la ciudadanía salir a las calles, hasta para abastecerse, al tiempo que el presidente Duque mandaba sus saludos a los ciudadanos encerrados desde Costa Rica. El desgobierno.

Varios analistas del conflicto insisten en que los paramilitares de antaño no son los mismos que hoy en día vuelven a causar terror en esta parte de Colombia. Son fenómenos distintos, aseguran. Esa discusión debemos dejársela a los expertos. Lo que sí es claro es que existe un común denominador entre esos “paracos” de los noventa y los criminales de ahora: ambos, asumiendo que los nuevos no son herederos de las antiguas estructuras, se han financiado de forma principal por el narcotráfico que genera un enorme impacto ambiental con los cultivos de coca, ubicados en gran proporción en los que antes eran bosques. Los sembradíos de esta planta en muchos casos se ubican adentro de Parques Nacionales Naturales, configurando masivos fenómenos de acaparamiento de tierras de baldíos de la Nación. Por cierto, seguimos sin saber con certeza cuántas hectáreas son y dónde se ubican.

Estado de la implementación del punto 1 del Acuerdo de Paz : otro de los fracasos del Gobierno del Hambre

En una entrevista de hace un año la Directora de la Agencia Nacional de Tierras, Myriam Martínez (quien carece de experiencia previa alguna en el sector agro o tierras), afirmó: “De las 1′200.000 hectáreas que hemos ingresado, ya hemos caracterizado unas 200.000 hectáreas y a la fecha ya hemos entregado 100.000”. Es decir: existe un millón de hectáreas del Fondo de Tierras de las que no se sabe si están ocupadas o en qué estado se encuentran. En el último año el avance en caracterización es cero, ninguno, según entrevista reciente a la misma funcionaria.

El Fondo de Tierras del que trata el primer punto del Acuerdo de Paz, que debe llegar según lo pactado a 3 millones de hectáreas en 10 años, cuenta en la actualidad con 1 millón. De estas, apenas 400.000 han sido formalizadas. Esta cifra equivale, según datos publicados por la congresista del Partido Verde, Juanita Goebertus, al 34 % de la meta anual que se debería estar alcanzando para llegar a los 7 millones de hectáreas que deben ser formalizadas según el mencionado punto del acuerdo. De esta misma cifra el 94 % de las propiedades habían sido ya otorgadas por los antiguos Incora y/o Incoder, lo que es muestra del mencionado fenómeno de contrarreforma agraria que vive Colombia desde hace décadas.

Siguiendo con el cruce de cuenta que debe hacérseles al Gobierno Duque y al Gobierno Santos sobre la política de tierras, es necesario mencionar que del millón de hectáreas incorporadas al Fondo apenas 100.000 han sido derivadas del Acuerdo de Paz.

Duque afirmó en diciembre de 2019 que su Gobierno había entregado 680.000 hectáreas al fondo de tierras, aunque en la actualidad se estima que esa cifra alcanza 770.000. De ese total, 27.118 hectáreas habían sido entregadas en 2020. Esas 27 mil hectáreas equivalían, según Goebertus, a tan solo al 6 % de la meta que debería estar cumpliéndose de forma anual para alcanzar el objetivo de 3 millones de hectáreas entregadas a campesinos. Duque ha entregado a la fecha alrededor de 20.000 títulos de propiedad y por ello saca pecho: el cinismo como forma de gobierno.

Si en materia de formalización de predios y entrega de títulos, el panorama no es muy alentador en lo referente al Catastro Multipropósito, no hay mucho para celebrar. Duque prometió dejar información catastral en el 60 % del país y la cifra actual llega, según el Igac, al 20 %. Se raja de forma rotunda el actual Gobierno en su política de tierras.

No sobra recordar que Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del materia de distribución de la propiedad agrícola. Según la FAO, el 82 % de la tierra productiva de Colombia está en manos del 10 % de los propietarios de tierras.

Si por algo debe pasar a la historia el gobierno de Duque, no solo será por haber sido el Gobierno del Hambre, sino por su ineficiencia y corrupción en la mayoría de áreas de la vida nacional que administró, y también por ser el Gobierno durante el cual, pese a su grandilocuencia indigna y sus promesas vacías, la situación de la propiedad de las tierras poco o casi nada cambió.