Corrupción y violencia en las cárceles: un eterno problema

De cuatro emergencias carcelarias decretadas en Colombia, esta es la primera que se hace por problemas de seguridad. En especial, por la seguridad de la guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), por la serie de asesinatos y atentados de los que han sido objeto en los últimos días y por el aumento de las extorsiones que se llevan a cabo desde las cárceles.

La primera se decretó por hacinamiento en 2013, la segunda, en 2016, tras la liquidación de Caprecom y la tercera, en 2020 debido a la emergencia sanitaria producida por el Covid-19. Las emergencias carcelarias enfrentaron los problemas de su momento, pero no solucionaron de fondo las graves fallas que tiene el sistema carcelario y penitenciario colombiano y que subsisten desde su creación.

Han sido muy pocos los gobiernos que de verdad han intentado solucionar sus múltiples problemas. Pasan por la inadecuada y obsoleta infraestructura y por el bajo profesionalismo y bienestar de los servidores públicos encargados de la administración y vigilancia de los centros carcelarios y penitenciarios. También por la ausencia, casi total, de programas de atención, resocialización y bienestar de la población reclusa y por la violación de los derechos humanos.

Además, por la baja gobernabilidad del sistema –en parte por la proliferación de sindicatos en los que se escudan algunos malos servidores públicos (cerca de 80 sindicatos tiene el sistema)–, el bajo control de la actividad delincuencial que se ejecuta desde estos establecimientos y la corrupción de buena parte del personal, que es el problema más grave que tiene sin que se hayan tomado medidas de fondo.

Hoy se puede repetir sobre las condiciones en algunas cárceles lo que Germán Zea Hernández le dijo, en su informe, al Congreso en 1958: “presos enfermos, sin adecuados tratamientos médicos; hacinados en locales y en la más deprimente ociosidad.”

Gobernantes anteriores habían comenzado construcciones carcelarias en diversos sitios del país, que se interrumpieron por falta de recursos, equipos para construcción, etc. La corrupción en la dirección de los establecimientos había arruinado la industria carcelaria, y así las deudas de las penitenciarías de Bogotá y de otras ciudades del país ascienden a cientos de miles de pesos.

La inseguridad en las cárceles va en aumento por las deplorables condiciones de las edificaciones, por la ínfima paga a los guardianes, que son pocos, por la falta de armas para la vigilancia, por la corrupción e incluso por la tolerancia dolosa de los directores y alcaldes. Todo esto facilita la evasión permanente de los reclusos.

Esta situación se expone una y otra vez durante el siglo XX y el XXI, en el Plan Nacional de Desarrollo de Andrés Pastrana “El Cambio para Construir la Paz”; en las sentencias de la Corte Constitucional que comenzaron en 1998 con la declaratoria del estado de cosas inconstitucional y en distintos documentos del propio Inpec, como el elaborado en 2011 por la Oficina Asesora de Planeación en el diagnóstico sobre la visión interna de los problemas.

Corrupción de vieja data

Para nadie es un secreto que uno de los problemas que más afecta el sistema carcelario y penitenciario colombiano es la corrupción. El fenómeno se hace evidente en el diario vivir de la mayoría de las cárceles, “por todo se cobra” y si se quiere vivir con cierta dignidad hay que tener plata. También hay corrupción administrativa que no pocas veces se ha hecho evidente en los organismos de control, en especial la Contraloría.    

En 2019, el diario El Tiempo publicó un especial titulado “Los crudos testimonios de la corrupción en las cárceles” que recoge testimonios de guardianes e internos sobre este grave problema en las cárceles la Picota, Modelo, Bellavista y El Bosque de Barranquilla. Como bien lo plantea Elkin Cárdenas, quien lleva más de 20 años como guardia del Inpec, “en los centros carcelarios existe corrupción entre presos y funcionarios”.

Según el relato de un preso en La Modelo en 2010: “Lo que valía más eran las celdas, eso lo ofrecían con el tiempo. Si te querías ubicar en una plancha media o alta, es decir el sitio donde duermes, que es como un camarote, o en una celda un poquito mejor, tenías que pagar. Había planchas de entre 400.000 y 700.000, todo dependía de si estaban pintadas, tenían luz, y así. Si ya querías una celda completa entre un millón y hasta tres millones de pesos. Esto era en el patio 5, en el que estuve, pero por ejemplo en el patio 3, que era de los extranjeros, era mucho mejor, la plancha podía valer desde 4 millones, inclusive trasladar a una persona de un patio a otro también tenía un costo, eso era con los guardias y por pasarte de patio cobraban entre 3 y 5 millones de pesos, dependiendo de cómo te veían, si tenías comodidades”.

En la Cárcel Tramacúa de Valledupar, “en 2020 algunos guardias concretaron comprar un dron con el que comenzaron a ingresar comidas rápidas por las que cobraban una tarifa; por ejemplo, para entrar una hamburguesa cobraban $250.000 y por una caja de arroz chino entre $400.000 y $500.000, por un litro de licor un $1.000.000, por una libra de marihuana $1.500.000 y por un paquete de sim card $2.000.000”. La corrupción no tiene límites, hasta facilitar una fuga puede costar entre 100 y 3000 millones de pesos.”

Estos costos de la corrupción se han ajustado con el correr de los años y con base en los distintos testimonios del especial de El Tiempo y algunas entrevistas, se puede asegurar que para vivir, más a menos cómodo, en algunas cárceles se requieren cerca de diez millones de pesos mensuales, como se puede ver en el siguiente cuadro:

Lo que debería ser garantía de derechos de los presos son hoy privilegios de quienes pueden pagar la corrupción en algunas cárceles.

Pero el problema de corrupción no es solo en el Inpec, que tiene bajo su responsabilidad el funcionamiento y control de las cárceles. Es también de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), que desde su creación en 2011 tiene como función gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura y brindar el apoyo logístico y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del Inpec.

En 2016, la Contraloría hizo tres auditorías a la Uspec. Hubo en total 138 hallazgos, por lo que la calificación al organismo fue “desfavorable”. Ese mismo año, el entonces ministro de Justicia, Yesid Reyes, advirtió a la Fiscalía de posibles malos manejos de contratación en la Unidad, tras conocer una serie de correos electrónicos que serían la prueba del pago de sobornos a cambio de adjudicaciones.

En 2017, la Contraloría estableció que la Uspec pagó $2.152 millones por brazaletes electrónicos que no fueron utilizados. A finales de ese año la directora, María Cristina Palau, fue declara insubsistente y en 2019 capturada por problemas de corrupción. En 2021 el ministro de justicia, Wilson Ruíz, denunció hechos de la Uspec en la Procuraduría y en la Fiscalía sobre posible cobro de coimas o sobornos a los contratistas e irregularidades en obras, como en la cárcel de Roldanillo, Valle.

Los problemas de corrupción de esta entidad van desde los contratos de los brazaletes, los inhibidores de señal de celular para evitar las llamadas extorsivas desde la cárcel, los contratos de alimentos, la celebración de contratos de construcción sin diseños definitivos, entrega de anticipos sin respaldos, pagos totales de obras inconclusas, hasta millonarios sobrecostos.

Problemas de corrupción que hacen que la mayoría de cárceles, las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y las estaciones de policía sigan siendo espacios de reproducción intensa de violencia y delincuencia.

En el corto plazo no se ven soluciones para afrontar problemas que afectan gravemente la seguridad de los ciudadanos y los recursos del Estado.

Qué hacer

Frente a la endémica situación por la que atraviesa el sistema carcelario y penitenciario colombiano a veces se hacen propuestas sin pensar que la solución puede ser peor que la enfermedad.

Por ejemplo, se ha propuesto eliminar el Inpec y la Uspec y pasarle todas las funciones a la Policía Nacional. Esa idea pone en contradicción y riesgo las funciones de seguridad y convivencia ciudadana de la policía, porque no solo tendría que perseguir, detener y poner a disposición de los jueces a los implicados en delitos, sino que tendría que vigilarlos en las cárceles.

Esto crearía un círculo perverso de corrupción e ineficiencia en las labores de seguridad y justicia por la cercanía entre “policías y ladrones”, como hoy sucede en algunos países centroamericanos donde algunas instituciones policiales tienen la función de cuidar a los presos.

Eso no significa que no haya que hacer cambios profundos tanto al Inpec como a la Uspec o pensar en su liquidación. En 2011 el propio Inpec propuso soluciones entre las que estaba “suprimir y liquidar el Inpec y crear una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Defensa con personería jurídica y autonomía administrativa y patrimonial”.

Esto haría que los empleados de esa Unidad tuvieran los mismos regímenes laborales que tienen los funcionarios de las entidades adscritas a este Ministerio. Limitaría la proliferación de sindicatos que hoy no dejan funcionar al Inpec.

En esta línea se contaría con una nueva guardia carcelaria y penitenciaria. Esta podría constituirse de los mejores funcionarios del Inpec, previamente evaluados y seleccionados, del personal que se han retirado de manera voluntaria de los organismos de seguridad y justicia y de personal de empresas de vigilancia y seguridad privada, previamente formados y capacitados para este fin. Todos bien pagados, como lo establece la Ley de Seguridad Ciudadana, Ley 2197 del 25 de enero de 2022.

Esta propuesta no puede ejecutarse ahora mismo cuando varias reformas estructurales en seguridad y justicia están estancadas, como la idea de sacar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa hacia otro ministerio o la de crear uno nuevo.

Justo ahora podría pensarse en reformar el propio Ministerio de Defensa para convertirlo en el Ministerio de Seguridad Ciudadana y Defensa Nacional. Desde allí se podría avanzar en un manejo más civilista de la seguridad ciudadana, en cabeza de un viceministerio que se encargue de la gestión de este tema. Estaría acompañado de la dirección de la Policía y de otras direcciones. Allí podría ubicarse una dirección carcelaria y penitenciaria (independiente de la policía) y otra que involucre la gestión de la seguridad y la convivencia con los alcaldes y gobernadores.

Este gobierno prometió luchar contra la corrupción. Esta es una buena oportunidad para comenzar a cumplir esa promesa.