Uno de los grandes miedos a los que nos enfrentamos los colombianos por estas épocas es la nueva reforma tributaria que se nos viene encima. Para nadie es un secreto que, con lo que nos deja el gobierno saliente y con las propuesta que trae el entrante, es necesario buscar platica para los próximos cuatro años. Vuelve entonces a la discusión el impuesto a las bebidas azucaradas.

Con Alejandro Rodríguez y Diana Guarnizo nos pusimos en la tarea de ver que pasaría en el país en el caso de que un impuesto a las bebidas azucaradas se implementara en el país. Si bien hicimos un ejercicio que incluye una visión desde la perspectiva de derechos humanos, salud y temas fiscales, aquí me voy a concentrar en este último punto con algunos argumentos extras que valdría la pena traer a la discusión.

Antes de entrar en una discusión fiscal, yo quisiera invitar a quienes saben del tema a que nos digan a los colombianos si es cierto eso de que el consumo en exceso de bebidas azucaradas es perjudicial para la salud. Hasta donde entiendo, por evidencia científica y hasta donde he consultado, sí tiene un impacto negativo sobre todo en enfermedades que pueden ser prevenibles. De hecho, las gaseosas son una de las formas más nocivas de consumir azúcar.

En Colombia tenemos la noción de que el consumo de bebidas azucaradas lo hace todo el mundo. Nos preocupa también que el consumo excesivo sea en hogares pobres y en niños, niñas, jóvenes y adolescentes. De hecho, el 16 por ciento de los colombianos consumen al menos una bebida azucarada al día. ¿Mucho o poco? Eso es un tema que debe cubrir un experto en el tema, pero algo que sí es cierto es que dos de cada tres colombianos se verán afectados por este impuesto pues sólo un poco más del 34 por ciento de los colombianos no tomaba bebidas azucaradas al 2019.

Hablemos primero de los niños, jóvenes y adolescentes. En la población entre 5 y 24 años, al menos el 80 por ciento consume bebidas azucaradas, mientras que para las personas entre 25 y 34 años, el 74 por ciento de los individuos reportaron consumirla. Uno de los problemas del alto consumo en edades tempranas son los impactos en edades más avanzadas. A medida que aumenta la edad, parece que los colombianos decidimos consumir menos de estos productos. Sin embargo, no dejan de ser una proporción considerable quienes sí lo hacen.

Hay otro problema en el consumo en esta población: el contagio de hábitos. Al igual que con otros hábitos, como el consumo de alcohol y cigarrillos, los niños, adolescentes y jóvenes son los más propensos a imitar el consumo de bebidas azucaradas. Entonces, entendiendo que estos hábitos tienen repercusiones negativas sobre la salud en edades adultas, es importante pensar cómo disminuir el consumo excesivo en la población al momento de tomar la decisión de hacerlo. Esto también disminuye la probabilidad de que quienes no lo hacen hoy en día, tampoco adquieran el hábito. Aquí también quiero resaltar que en estos grupos de edad, la mayoría consume entre dos o tres veces por semana. En una semana un niño puede estar ingiriendo 60 gramos de azúcar sólo a través del consumo de estas bebidas, incluso más.

Ahora bien, piense que en niños, jóvenes y adolescentes parte del consumo de bebidas azucaradas también se da por fuera del hogar y deben usar sus ingresos para adquirir los productos. Vea que si el consumo fuera sólo en el hogar, la proporción de la población que las consume no caería tan rapidamente con la edad. Recuerde que las bebidas azucaradas pueden ser incluso compradas en ambientes escolares, donde los niños, jóvenes y adolescentes pasan la mayoría de su tiempo. A la hora de aplicar un impuesto uno puede pensar que ante la subida del precio, los niños y jóvenes son los que primero van a reaccionar disminuyendo su consumo pues, en la mayoría, sus ingresos dependen de terceros como padres y acudientes. Una disminución que veríamos en impactos positivos en la salud de los futuros adultos, e incluso en su productividad laboral.

El segundo punto de la discusión es el consumo en hogares pobres. Claro que hay que tener en cuenta que hay lugares del país no existe una fuente de agua potable y que, como dice el adagio popular, para mucha gente es mejor gaseosa que tinto (o agua embotellada en este caso). Pero este problema de la falta de agua que pueda ser consumida tiene que superarse pronto. Es momento de garantizar que todos los colombianos podamos acceder a agua potable. Una tarea costosa para la cual el gobierno necesita fondos suficientes para llevarla a cabo rápido.

Además de eso, aquí hay que ser muy cuidadosos, pues como bien señaló Juan Daniel Oviedo, las bebidas azucaradas hacen parte de la canasta básica familiar. Es decir, es un producto de consumo frecuente en los hogares colombianos. Según Oviedo, en los hogares más pobres el consumo de gaseosas representa el 1,16 por ciento del presupuesto del hogar mientras que en los más ricos es apenas el 0,28 por ciento. Pero venga y miremos que pasa en términos absolutos más que relativos. Si bien el director del Dane no soltó el dato de cuánto era el presupuesto de cada hogar, no es lo mismo el 1,2 por ciento de cuatrocientos mil pesos que el 0,3 de tres o cuatro millones.

En estos cálculos de servilleta, es decir rápidos, que sólo están para esbozar y debería ahondar antes de tomar decisiones de política pública, uno podría pensar que los hogares ricos consumen el triple lo que consume un hogar pobre. Sería más preciso conocer la cantidad consumida por individuo en cada clase social, o incluso el gasto per cápita del hogar en las bebidas azucaradas.

Recapitulando esta última parte podemos pensar en al menos dos cosas que pasarán en los hogares ante el impuesto: i) los hogares pobres se verán más afectados en su presupuesto, pero como su demanda del producto responde más a la subida del precio, la búsqueda de sustitutos a las bebidas azucaradas será la respuesta que uno podría esperar; pero, ii) en los hogares ricos, con mayores ingresos y una demanda menos elástica, no necesariamente todos harían la transición hacia productos menos perjudiciales para la salud inmediatamente.

¡Tacho! Y ¿entonces dónde queda la motivación de impuesto saludable? Bueno, si bien el consumo no se verá reducido en los hogares ricos, hay que tener en cuenta que son estos quienes cuentan con mayor disponibilidad de tiempo e ingresos para realizar actividades que le permita compensar la alta ingesta de calorías que hace al tomar gaseosa. Eso sí, piense que también que en el mejor de los casos, cuentan con una protección a su salud privada. Si el impuesto desincentiva el consumo, en al menos un grupo de la población, estaría logrando mejores niveles de salud y un alivio al sistema de enfermedades, nuevamente repito, prevenibles.

Ahora, si los hogares más ricos son los que, relativamente, más consumen, esto sería una buena noticia para las arcas nacionales. Son las personas con mayores ingresos quienes más consumen en proporción a las más pobres y, asimismo, las que tienen la demanda menos elástica. Con un déficit fiscal como el que tenemos, amigo, blanco es y frito se come. Como el impuesto nunca está prohibiendo el consumo del producto sino haciéndolo más costoso, usted podrá seguir tomando gaseosa a su antojo y si quiere a la misma frecuencia que lo hace hoy, y eso va hacer que tengamos un recaudo que se ha estimado que puede llegar a representar un punto porcentual de los ingresos fiscales anuales del gobierno colombiano. No estamos hablando de tres pesitos, eso sí.

Dado que este es un impuesto para desincentivar una actividad que se considera no saludable, no nos podemos conformar con el hecho de que será una buena fuente de recaudo fiscal. En el mediano plazo la política saludable debe estar encaminada a disminuir lo que más pueda el consumo de bebidas azucaradas, ya sea complementando con estrategias de comunicación de los impactos a la salud e incluso, por qué no, prohibir su expendio en ambientes escolares. Así como uno se espanta si se venden cigarrillos en las escuelas, tendríamos que tener la misma sensación ante la venta de bebidas azucaradas ahí mismo,¿no? 

Eso sí, el impuesto no deja de tener impactos distributivos y afectar más al consumo de las personas con menos ingresos y, como en Colombia hay más pobres que ricos, esta discusión hay que tenerla con mucha más cautela y no con cálculos de servilletas. Pero no hay que dejarla por fuera de la próxima reforma tributaria. Hay un rechazo testarudo a un instrumento de política pública que ha sido resaltado incluso por la comisión de expertos que contrató el gobierno pasado. Para mí, este es un impuesto que puede resultar hasta bacano con una implementación adecuada. Eso sí, con un uso eficiente del recaudo que complemente la política y mitigue los impactos distributivos que puede tener. Importante que este nuevo gobierno lo vuelva a poner sobre la mesa y tanto congresistas como colombianos de a pie nos unamos a la conversa.

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Si usted quiere más información al respecto, bien pueda y échele un ojito al informe de Dejusticia sobre el impuesto a las bebidas azucaradas en Colombia. En el documento también se abordan otros puntos a favor a tener en cuenta, puntos en contra y como podría implementarse en el país.

Estudió economía y una maestría en economía en la Universidad de los Andes. Sus áreas de interés son la economía del cambio climático, crecimiento económico, desigualdad socioeconómica y calidad del aire.