Este artículo fue escrito por Aura Robayo Castañeda*, ingeniera forestal y docente de la Universidad Distrital.

En este 2023 se cumplen ya diez años de la adopción del denominado “Marco Redd+ de Varsovia”, hecho que ocurrió en la COP19 en 2013 y marcó un hito importante para los países con bosques tropicales, entre ellos está Colombia.

Ahora que se ha iniciado una nueva reunión de esta Conferencia, vale la pena reflexionar sobre los resultados de la aplicación de este mecanismo en el país, especialmente frente a las expectativas que se tuvieron durante su diseño en las negociaciones de la COP.

Aunque la idea inicial del mecanismo Redd+ (que incluía los pagos por reducción de emisiones de la deforestación, degradación, conservación y aumento de reservas de carbono en los bosques) parecía bastante sencilla, la negociación de su diseño en las conferencias de la ONU fue intensa, y atravesó temas fundamentales de la cooperación para el desarrollo, la justicia climática y la soberanía de los países. 

Algunos de los puntos discutidos eran aparentemente técnicos, pero tenían un fuerte trasfondo político. Por ejemplo, ¿cómo se calcula cuántas emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) provenientes de la deforestación ha reducido un país? ¿Pueden los países hacer estas estimaciones autónomamente y considerar sus circunstancias nacionales? ¿Cuál es el compromiso financiero para lograr los pagos?

Además, algunos temas reflejaban la disparidad de intereses que había entre los participantes: ¿a quiénes debe priorizarse?, ¿a los países con más deforestación?, ¿o a aquellos que han hecho bien la tarea y han conservado los bosques? ¿Cómo se tendrán en cuenta los derechos de los pueblos que ancestralmente han cuidado los bosques?, ¿cómo se van a reportar los resultados?, ¿Y quién puede verificar que la información reportada es verídica?

En total, la negociación para encontrar consensos en estos temas duró cerca de ocho años. En 2013, con el llamado “Marco Redd+ de Varsovia”, se acordaron los lineamientos del nuevo mecanismo y se dieron orientaciones sobre todos los aspectos abordados. Debido a lo complejas que resultaron las discusiones, las decisiones resultantes sobre Redd+ bajo la Convención son amplias y están llenas de detalles y procedimientos.

En países como Colombia se inició el proceso de preparación nacional para Redd+ en el 2008, con el principal objetivo de cumplir con los requisitos. Se obtuvieron algunos resultados importantes, entre ellos la creación del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono, de espacios de diálogo entre el gobierno y los Pueblos Indígenas y Comunidades Afrocolombianas (algunos solo temporales), se convocaron espacios nacionales de encuentro y se llevaron a cabo múltiples análisis jurídicos y técnicos. 

Además, gracias a ese proceso, hoy tenemos mucha más claridad sobre las causas de la deforestación histórica y los agentes que la ocasionan. También hacen parte de estas discusiones los bosques tropicales, que se posicionaron mucho más en el debate político a nivel nacional y en la conciencia pública. 

En Colombia, tal vez el resultado más significativo que se obtuvo de aplicar Redd+ es la implementación del Programa “Visión Amazonía”, que fue producto de la participación de nuestro país en la iniciativa de origen alemán “Pioneros de Redd+” (Redd Early Movers). 

Este programa de gran escala surgió de un acuerdo piloto de pagos por resultados entre países, que sigue parcialmente las decisiones del Marco Redd+ de Varsovia. En Colombia es manejado por el Ministerio de Ambiente, y cuenta con financiamiento de Alemania, Noruega, y Reino Unido. 

Sin embargo, los éxitos son solo parciales. Para la misma época en que los gobiernos negociaban Redd+ en la ONU, en el mundo crecía un mercado de bonos de carbono, que estaba basado en transacciones voluntarias entre empresas que querían compensar su huella ecológica y comunidades rurales que querían recibir un pago por conservar. 

Alrededor de este mercado comenzaron a moverse grandes sumas de dinero, que hicieron que muchos se preguntaran: ¿por qué vamos a esperar a usar el mecanismo creado por la ONU cuando podemos hacer todo a una escala más pequeña y acceder a dinero de los privados, que está disponible directa y rápidamente? 

El gobierno de Colombia de la época también vio una oportunidad en esos proyectos, y le dio vida a un mercado basado en las obligaciones del impuesto al carbono, en el que intervienen una varios agentes estatales y privados. El mercado de carbono ha crecido desaforadamente, tiene más de 100 iniciativas forestales y graves denuncias de violación de derechos por parte de actores privados.  

Con la implementación de Redd+ a diferentes escalas, los criterios sobre estimación de contenidos de carbono y reducciones de emisiones ya no estaban centralizados. Algunas organizaciones propusieron sus propias metodologías para calcularlos, haciendo que fuera más difícil medir los efectos reales  que tendrían en la mitigación del Cambio climático. Además, esto acarrea el riesgo de una doble contabilidad con las iniciativas promovidas por el gobierno. 

Se puede concluir que el proceso Redd+ ha sido un impulso importante para acercarnos a la solución de un problema difícil. Sin embargo, la deforestación, aunque se ha reducido, sigue teniendo la alarmante cifra de 123 mil hectáreas por año. 

Es evidente que lo que sucede en los vastos territorios selváticos de Colombia no es fácil de influenciar, incluso con la existencia de un marco internacional robusto como el de la Convención, ni siquiera se resuelve únicamente con la llegada de grandes sumas de dinero.

Creo que uno de los legados más importantes del proceso Redd+ en Colombia es que nos permite entender que el desafío de reducir la deforestación tiene que ver con la conformación de nuestro estado y la construcción de gobernanza. 

Así, aunque las preguntas del diseño de Redd+ son complejas, hay otras incluso llegan a ser más difíciles de resolver. Por ejemplo, ¿cómo consolidar el estado social de derecho en las zonas con bosques naturales?, ¿cómo implementar medidas para que haya un acceso más equitativo a la tierra y a los bosques?, ¿cómo contener de la apropiación ilegal de tierras y la explotación ilegal de minerales?, ¿cómo resolver los conflictos históricos de los habitantes de estos territorios? 

En todos estos temas se han logrado algunos avances, que incluso han sido impulsados por los recursos de Redd+, pero las grandes transformaciones que son necesarias no se han llevado a cabo.

Así, luego de casi 15 años de Redd+ en Colombia (en los que está incluido el proceso de preparación), tengo una pregunta que es importante revisar a la luz de la participación de nuestro país en las negociaciones de la COP, y también teniendo en cuenta los nuevos acuerdos y mecanismos que se están creando: ¿había un camino más corto y más expedito para llegar a los mismos resultados?

Aura Robayo Castañeda

Es docente de la Universidad Distrital, Ingeniera forestal y especialista en desarrollo local. Magister en tecnología y manejo de recursos naturales de la Universidad de Ciencias Aplicadas en Colonia, Alemania y Magíster en estudios políticos de la Universidad Nacional de Colombia. Se ha desempeñado como asesora para el gobierno de Colombia, la GIZ y la cooperación Noruega, entre otros.