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A primera vista, el gobierno colombiano pareciera estar muy comprometido con la solución de esta problemática. Sin embargo, una pregunta necesaria es, ¿qué tan eficaces han sido las medidas adoptadas para frenar la deforestación?
Las cifras de deforestación en la Amazonia colombiana siguen siendo alarmantes. Según el reporte publicado en julio de 2019 por el Ideam, entre el 2016 y el 2019, han sido destruídas 352.397 hectáreas de bosque tropical (casi dos veces el tamaño de Bogotá), y en el 2018 el 70 por ciento de toda la deforestación del país se localizó en la región.
En respuesta a esta problemática, el Presidente Iván Duque lanzó la operación Artemisa, sobrevoló en helicóptero las zonas más afectadas y visitó personalmente los sitios donde se realizaron operativos militares para judicializar a ‘los criminales detrás de los ecocidios’. Además, el mandatario, junto a su homólogo peruano, Martín Vizcarra, lideró la firma del pacto de Leticia donde siete de los países que comparten la Amazonia acordaron fortalecer los mecanismos de cooperación para proteger los pulmones del mundo.
A primera vista, el gobierno colombiano pareciera estar muy comprometido con la solución de esta problemática. Sin embargo, una pregunta necesaria es, ¿qué tan eficaces han sido las medidas adoptadas para frenar la deforestación?
Un escenario clave para responder este interrogante son las primeras audiencias de seguimiento organizadas por el Tribunal Superior de Bogotá para evaluar el avance en la implementación de la sentencia por medio de la cual, la Corte Suprema de Justicia, declaró la Amazonia sujeto de derechos.
Esta histórica decisión judicial fue el resultado de una acción de tutela interpuesta por un grupo de 25 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, provenientes de 17 ciudades del país, que como representantes de la generación futura que se verá afectada directamente por el cambio climático, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al medio ambiente, la vida, la salud, la alimentación y el agua.
El desarrollo de las audiencias permite identificar al menos tres razones que argumentan que el actual gobierno del presidente Ivan Duque no está tomando medidas suficientes para frenar la que él ha denominado “hemorragia deforestadora” en la Amazonía colombiana.
- El gobierno nacional no ha avanzado en el cumplimiento de las órdenes judiciales
La sentencia 4360 de 2018 reconoció por primera vez en el país los derechos de las generaciones futuras, avanzó en el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, y ratificó la importancia de respetar a nivel nacional los compromisos internacionales adquiridos en materia de cambio climático.
En el fallo, la Corte Suprema de Justicia ordenó al gobierno dos acciones concretas: la formulación de un plan de acción de corto, mediano y largo plazo, para contrarrestar la tasa de deforestación en la Amazonía, y la construcción del “pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano -PIVAC-”, con la participación activa de los tutelantes, las comunidades afectadas, la comunidad científica y la población interesada.
Desde la expedición de la sentencia, los accionantes y organizaciones de la sociedad civil, han solicitado al gobierno y otras entidades estatales, que implementen las medidas de protección, pero hasta ahora no hay avances relevantes.
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Respecto al plan de acción, Dejusticia informó que, la Presidencia no ha presentado progresos en su elaboración. Durante las audiencias, quedó en evidencia la falta de acción coordinada y de compromiso por parte de los distintos Ministerios, que afirmaron no tener competencia directas sobre los motores de la deforestación.
Por otra parte, se reportó que, la construcción del Pivac, cuya responsabilidad fue delegada al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, tampoco ha sido tratada con la atención prioritaria que merece. Aunque la entidad organizó algunos talleres regionales, estos no contaron con la presencia de las comunidades que viven en las zonas más remotas de la Amazonia, desconociendo su derecho a participar y el papel clave que juegan los pueblos indígenas en la conservación de los bosques.
Similarmente, los grupos indígenas manifestaron sentirse excluidos del Pacto de Leticia por la Amazonia. Fueron invitados para escuchar a los representantes del gobierno y realizar una demostración de sus danzas y rituales tradicionales; pero su rango de autoridades y su derecho a participar fueron ignorados.
Frente a la actitud pasiva del Estado para integrar a los ciudadanos en la protección de la Amazonia, varias organizaciones de la sociedad civil y comunidades locales están trabajado de manera conjunta para compartir sus conocimientos y pensar en soluciones para enfrentar la deforestación. Por ejemplo, el 21 de septiembre de 2019, se llevó a cabo la jornada “Días de Esperanza”, organizado por PID Amazonía, Landscape of Hope, Dejusticia, Cruz Roja y Tell. Este encuentro sirvió para que desde el arte y la creatividad, más de 50 jóvenes de las zonas rurales del Caquetá, reflexionaran sobre su rol en la lucha contra la deforestación y aportaran elementos para la construcción del PIVAC.
- La política contra la deforestación asume un enfoque de seguridad, pero no incluye políticas integrales para atender sus causas estructurales
El artículo noveno del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, establece que, de acuerdo con la Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, los recursos naturales, el agua y la biodiversidad, son ‘activos estratégicos de la nación’. En ese contexto, la principal herramienta del gobierno colombiano para la gestión ambiental es la promoción de la ‘seguridad ambiental’, a partir de la cual, el componente militar es clave para la protección del ambiente.
Bajo esta lógica, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, lideran la operación Artemisa, programa emblema del gobierno para frenar la deforestación. Uno de los objetivos centrales de esta estrategia es adelantar operativos militares para capturar y judicializar a los responsables de este delito ambiental. A finales de agosto de 2019, el Comando General de las Fuerzas Militares, informó que se llevaron a cabo 64 operaciones y se capturaron 117 personas. Y a finales de octubre, durante la quinta etapa de la operación, la Presidencia reportó la captura de 8 presuntos responsables y la destrucción de 16 construcciones rústicas.
Si bien es cierto que presencia de las instituciones estatales y de la fuerza pública, son necesarias para restablecer la institucionalidad y la seguridad en la región de la Amazonía; también debe considerarse que la llegada del Estado debe ir más allá del campo militar. Poner fin a la marginalización y la exclusión de la región Amazónica, requiere que se garantice el acceso a servicios básicos como salud y educación y que los ciudadanos cuenten con mecanismos institucionales para resolver sus conflictos.
Adicionalmente, una política que pretenda solucionar las causas estructurales de la deforestación, debe incluir instrumentos de política pública para disminuir la concentración de la tenencia de la tierra. Según un estudio publicado en ‘Nature Ecology & Evolution’, la extraordinaria concentración de tierras en Colombia, que ha aumentado desde el año 2000, desincentiva el uso sostenible de la tierra porque “es más barato explotar la productividad de la tierra recientemente deforestada y mantenerla con ganadería extensiva que administrar e invertir en la productividad del terreno agrícola existente[1].
La investigación indica que, cuando las tierras productivas son propiedad de unos pocos y los pequeños propietarios carecen de capital y acceso a recursos para comprar tierras aptas para agricultura, la presión para talar los bosques aumenta.
El estudio propone tres alternativas concretas: Primero, completar el Registro Nacional de Tierras. Segundo, fomentar la productividad de la tierra a través de la creación un impuesto proporcional al tamaño y la productividad del terreno. Y tercero, crear concesiones monitoreadas para pequeños propietarios para regular la tenencia de la tierra sin generar incentivos para el acaparamiento. La promoción de mercados de frutas endémicas como acaí, camu-camu y burití, también es una de las propuestas para motivar a los campesinos a proteger el bosque.
Hasta el momento, el gobierno no ha propuesto medidas de este tipo para frenar la deforestación, ni ha reconocido el vínculo de esta problemática con la concentración de la propiedad tierra. Por el contrario, ha obstruido la implementación de normas con el potencial de promover cambios estructurales en las zonas rurales, como por ejemplo, la Ley de Restitución de Tierras (1448 de 2011) y la Reforma Rural contenida en el Capítulo Agrario del Acuerdo de Paz del año 2016[2].
- Se ha denunciado desconocimiento de los derechos de las comunidades en los operativos militares contra la deforestación
Otro tema que fue puesto en conocimiento del Tribunal durante las audiencias, fue el presunto desconocimiento de los derechos de las comunidades en el marco de la operación Artemisa. Los voceros de colectivos campesinos denunciaron presuntos abusos de autoridad y violación de garantías procesales mínimas. Al respecto, Dejusticia informó que uno de los accionantes de la tutela, resaltó que la acción no tenía como objetivo la criminalización de los pequeños campesinos, sino que “el Estado pudiera identificar a los grandes motores estructurales de la deforestación”.
Reclamos como estos no son nuevos. Desde mayo de 2019, en el reporte “Arrazar y desplazar para conservar”, ocho organizaciones de la sociedad civil, advirtieron que, las viviendas que fueron destruídas en las primeras misiones de Artemisa, estaban ubicadas en los límites del área de la última ampliación del Parque Nacional Natural Chiribiquete (realizada en el 2018), y que, los campesinos judicializados llevaban más de 27 años en la zona. Ellos desconocían la nueva delimitación del área protegida porque Parques Nacionales Naturales no adelantó campañas de concertación o socialización de la medida. Adicionalmente, los operativos se han centrado en los pobladores rurales, mientras la identidad de los actores que están financiando la tala de los árboles no ha sido establecidas por parte de las autoridades.
Frente a estos episodios, vale la pena cuestionar qué tanto se están tomando en cuenta los derechos y el rol de las comunidades locales en la implementación de la política ambiental colombiana. Y más allá de eso, qué tan efectivas son las respuestas militares inmediatas si no vienen acompañadas de políticas integrales para atacar sus causas estructurales.
Los tres argumentos expuestos permiten concluir que, el entusiasmo del gobierno para fortalecer alianzas en el ámbito regional, como el Pacto de Leticia, contrasta con el poco compromiso político a nivel nacional y regional para cumplir las órdenes judiciales para proteger la Amazonia y aplicar políticas integrales que ataquen las causas estructurales de la deforestación.
Nuevas declaraciones que se quedan sólo en el papel y operaciones militares que tienen como principal objetivo el último peldaño de la cadena deforestadora, contribuirán muy poco a encontrar una verdadera solución a uno los retos más complejos que enfrenta el país.
La deforestación en la Amazonia es una amenaza que pone en riesgo nuesta riqueza natural y cultural, y aumenta la vulnerabilidad del país frente al cambio climático. Un verdadero compromiso político para enfrentarla, implica darle la prioridad dentro de la agenda pública e identificar soluciones integrales e innovadoras. Un buen comienzo en ese camino, sería llamar a la coordinación de acciones entre el estado y la sociedad civil para implementar la Sentencia 4360 de 2018. Por ello, observaremos atentos el balance final de las audiencias que se extenderán hasta el 12 de noviembre y continuaremos insistiendo en la necesidad de garantizar los derechos de la Amazonia y las comunidades que la habitan.
Los textos que aquí se publican son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no expresan necesariamente el pensamiento ni la posición de Amazon Conservation Team (ACT)
