Andrés Bodensiek

El alto gobierno anunció el comienzo de obras esta semana. Desconoce así el proceso judicial en contra que sigue en curso ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, que instauró el Comité Nacional en diciembre del 2022. El Tribunal ordenó un peritaje técnico para corroborar los impactos ambientales denunciados por la comunidad científica desde hace más de 10 años. El arranque de las obras desconoce el momento procesal y viola la separación de poderes y el principio de precaución y prevención. Gustavo Petro sigue sin darle la cara al país sobre este tema.

A final de enero se dio a conocer una declaración pública que revela, sin lugar a dudas, el apoyo abierto del presidente Petro al inconveniente proyecto militar financiado por la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL por sus siglas en inglés) del Dpto. de Estado de EE. UU en el Parque Nacional Natural Isla Gorgona, en contra su discurso ambientalista y sus críticas a la Guerra contra las Drogas en foros internacionales como en la ONU.

La esperada y reclamada declaración del primer mandatario, pasó desapercibida, hasta el pasado 24 de enero cuando se lanzó el documental publicado por la Revista Raya “Peligra la Gorgona”. Allí aparece en el minuto 13:13 un extracto editado en la que se oye a Petro decir: “hay una protesta bien intencionada que tiene que ver con la ecología y el mar, pero otras interesadas en que no tengamos un radar para vigilar las embarcaciones que se van“.

El investigador de Indepaz y miembro del Comité Salvemos Gorgona, Darío González Posso, se dio a la tarea de investigar y encontró la declaración completa que data del 2 de junio del año pasado, y que está contenida en una carta abierta a Petro, en la que se le exige rectificar o aclarar sus palabras. Como puede verse, en el discurso el presidente dice, con gazapo insular y todo, lo siguiente:

“(…) Que de esas embarcaciones que salen con alijos de puertos de Colombia, de la isla de Providencia o de San Andrés, que no nos permiten controlar el océano Pacífico, de esas protestas para no hacer un muelle allá en la Isla de Malpelo (SIC) [“Gorgona”, dice alguien al fondo de la transmisión], alguna protesta bien intencionada que tiene que ver con la ecología y con el mar, pero otras interesadas en que no tengamos un radar para vigilar las embarcaciones que se van, que ojalá podamos detener al máximo lo que será la financiación de la muerte en Colombia si no lo hacemos”.

Emula la actitud de Roy Barreras contra quien el Comité Salvemos Gorgona interpuso -en su momento- un recurso de rectificación por un argumento similar. Petro acude al camino fácil de estigmatizar a quienes nos oponemos al proyecto, equiparando la defensa de la isla con una campaña al servicio de los narcotraficantes, en un país como el nuestro en el que durante 2023 fueron asesinados 181 líderes sociales y defensores de derechos humanos, de los cuales 60 eran líderes ambientales. Colombia es el país del mundo con más líderes ambientales asesinados el año pasado, según Global Witness.

Después de más de un año y medio en el que no hubo certeza sobre la posición del presidente Petro frente a este proyecto militar, aun cuando su ministra de ambiente, funcionarios del Ministerio de Defensa y las decisiones de la ANLA demostraban la posición oficial, hoy no queda la menor duda.

Lo ratifican además los hechos del pasado 24 de enero, cuando el presidente estuvo en compañía del alto gobierno en Guapi (frente a la Isla) y ni él, ni la vicepresidenta, ni la ministra Muhamad pronunciaron palabra alguna frente a este tema pese al clamor de la audiencia a la que se lo oyó gritar durante todo el evento : “Presidente devuélvanos a Gorgona”, “¿Y Gorgona, presidente?”. El silencio evasivo fue, otra vez, la respuesta de Petro.

Petro y la Armada aluden a los argumentos de la seguridad y de la necesidad de monitorear la zona para realizar operaciones de rescate e interdicción (a cargamentos que vienen desde los ríos y que, tras una cadena de sobornos a agentes estatales, salen al mar) y de vigilancia contra delitos en altamar. Pero, la ausencia de un estudio de impacto ambiental, y de otro análisis de alternativas sobre la posible ubicación de la instalación militar como lo ha denunciado en varias ocasiones el exministro de ambiente Manuel Rodríguez Becerra, son razones de peso para detener el proyecto.

Otro argumento en contra es el manejo de la información que provea el radar militar. La vicepresidenta Francia Márquez ha expresado preocupaciones sobre las implicaciones que puede tener para la soberanía colombiana la instalación de ese artefacto, que según el nuevo anunció del gobierno estará en manos de la Armada.

Este cambio cosmético no oculta lo que representa que la mayor parte de la financiación provenga del Depto de Estado de EE.UU. Hoy la presencia militar ya implica restricciones de acceso a partes de la Isla para locales y turistas, al tiempo que personal de la embajada de EE.UU visita Gorgona en periodo de cuarentena, como ocurrió el pasado 14 de septiembre de 2023. Desde el desayuno se sabe cómo será la cena.

Ambientalismo anticientífico y lavado verde

Todo el proyecto, además del espaldarazo de Petro, sigue andando sobre las ruedas de una licencia ambiental que contiene múltiples irregularidades desde el mismo momento de ser concedida de forma exprés durante el gobierno de Santos, y cuando la directora de Parques era la actual congresista Julia Miranda.

A ninguno de esos altos funcionarios les pareció irregular que una licencia ambiental, que cambia de facto el uso del suelo en un Parque Nacional Natural, se concediera en menos de 30 días sin tener los estudios completos, como lo demuestran las 4 resoluciones de modificación, de las cuales la última incluye medidas absurdas y anticientíficas, que ponen en riesgo la vida de las especies, como la captura, numeración y reubicación de fauna sésil y el “ahuyentamiento” de anguilas de jardín.

Todo por darle vía libre a los intereses geopolíticos de la potencia extranjera y de su intromisión en Colombia.

La movilización ciudadana pacífica y democrática consiguió que el pasado 9 de noviembre cientos de colombianos nos manifestáramos frente a estos atropellos contra nuestro patrimonio natural en Guapi, el Charco, Olaya Herrera, Mosquera en el Litoral Pacífico y Cali, Popayán, Ibagué, y Bogotá. Resultado del plantón en Minambiente dialogamos con el Sistema Nacional Ambiental en pleno.

En esa reunión, la ANLA se comprometió a incorporar en la licencia los hallazgos del informe técnico del monitoreo ambiental de mamíferos marinos y de tortugas marinas, el estudio acústico.

Por su parte, la Dirección de Parques se comprometió a informar a la ciudadanía sobre el permiso y objetivo oficial de la visita de la Armada y del personal estadounidense a la Isla durante la cuarentena decretada por el ICA. Asimismo, a informar sobre el estado de la licitación para el nuevo operador turístico, que obtendría la concesión por los próximos 15 años.

Ninguno de estos compromisos se ha cumplido, y no se van a cumplir pues obstruyen el avance del proyecto cuyo respaldo gubernamental hoy es innegable. El estudio de mamíferos y tortugas prueba las graves consecuencias que podría traer instalar un muelle donde planean hacerlo:

Con su último anuncio, lo que hace el alto gobierno, en cabeza de la ministra Muhamad, es disfrazar de turismo y ciencia el proyecto militar. Le lava la cara y le pone tinte verde al decir que es ahora más viable por cambiar la gasolina por paneles solares para el funcionamiento del radar. lncluso afirmó en entrevista radial que: “no está la mano de Estados Unidos”. Le mienten al país.

Con actitud genuflexa, Petro agencia intereses extranjeros a cambio de obtener el beneplácito de la potencia del Norte, poniendo en peligro el Parque Nacional Natural Isla Gorgona, una joya única en el mundo, con el cambio del uso de sus suelos y sin reconocer los derechos de consentimiento libre e informado de las comunidades que se han manifestado por amplia mayoría en contra del ecocidio y piden que los recursos sean invertidos en salud, agua potable, educación e infraestructura en los municipios. Esta isla es patrimonio natural de todos los colombianos, hay que seguirla defendiendo. Convocaremos a nuevas movilizaciones.

Certificado en Alimentos y Sostenibilidad del EIIS. M.Sc en Economía agrícola y de los alimentos en doble titulación entre SLU -Universidad Sueca de Ciencias Agricolas- y la Universidad de Bonn. Fui durante 3 años Investigador en la UExternado y Profesor asistente del seminario de Política agraria....