Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
El Parque Nacional Biscayne, que está ubicado en el Estado de Florida cerca de Miami, alberga en sus 700 km cuadrados alrededor de 500 especies de peces y una biodiversidad enorme en cuanto a la cantidad de manglares, corales, musgos y crustáceos que contiene en sus aguas cristalinas. Existen allí huellas de actividad humana que datan de 10.000 años atrás.
¿Se imaginan cuál sería la reacción de las comunidades aledañas y de la sociedad civil estadounidense si se revela que existe un proyecto para instalar allí un muelle para embarcaciones militares, dos tanques de gasolina con capacidad total de 7.000 galones y una subestación de la armada de ese país, con el propósito de cuidar y operar un radar de Francia? ¿Qué creen que sucedería?
Algo similar, guardadas las proporciones, es lo que sucede en la actualidad en la Isla Gorgona en el Pacífico Colombiano. Lo cierto es que este escenario hipotético nunca sucederá, pues son los Estados Unidos los que ponen sus bases y radares militares en otros países y no al revés. Veamos.
En la actualidad, la potencia del norte cuenta con el ejército más letal que la historia haya conocido: tan solo después de la caída del muro de Berlín, se han documentado 251 intervenciones directas de las fuerzas militares estadounidenses en suelo extranjero (Geopolitical economy, 2022).
Según el Instituto Internacional de Investigación para la paz de Estocolmo: “Estados Unidos sigue siendo el país que más gasta en defensa. El gasto militar estadounidense alcanzó los 877.000 millones de dólares en 2022, lo que supone el 39% del gasto militar mundial total y tres veces más que la cantidad gastada por China, el segundo país con mayor gasto del mundo”(Sipri, 2022).
El nivel de gasto actual de ese país es solo comparable con el de los años de la Guerra Fría. No sobra añadir que este es equivalente, además de China, al de Rusia, Reino Unido, Francia, Japón, Arabia Saudí e India, todos combinados.
Aunque es un poder en declive, las tropas de EE.UU. están presentes en 750 bases militares en 80 países alrededor del mundo (Aljazeera, 2021) , y se estima que, más allá de estas, la superpotencia cuenta con 173.000 tropas desplegadas en 153 países en total.
En la actualidad, sus soldados participan de forma activa y directa en 14 conflictos bélicos, y sus drones operan además en otros 7 países adicionales (Smithsonian Magazine, 2019). Colombia hace parte también, por un lado, de las 65 naciones a las cuales EE.UU. provee entrenamiento, y del otro, al grupo de 26 países con los que realiza ejercicios militares, principalmente en el marco de la Otan, de la cual Colombia hace parte como “socio”.
Por todo lo anterior, es preocupante oír a la jefe de Comando Sur, general Laura Richardson, en unas declaraciones ante el Consejo Atlántico de Comandantes, en el marco de una discusión sobre amenazas estratégicas en América Latina y el Caribe, afirmar que: “Debemos intensificar nuestro juego” en esta región, rica en recursos naturales, ya que es “nuestro vecindario”.
En sus 10 meses de mandato, Gustavo Petro se ha reunido 3 veces con esta alta oficial, al tiempo que sigue sin musitar palabra alguna sobre el polémico e inconveniente proyecto militar en la isla Gorgona.
Una batalla entre David y Goliat
Lo que se ha vivido en los últimos años y en especial en los últimos meses ha sido una verdadera batalla, entre quienes nos oponemos al proyecto y entre quienes lo apoyan, incluido altos funcionarios del actual gobierno como la Ministra Susana Muhamad y la vicepresidenta Francia Márquez.
El proyecto, originado y financiado con 9,2 millones de dólares por el Departamento de Estado de EE.UU., pretende en nombre de la fracasada guerra contra las drogas, que el mismo Petro ha criticado ante Naciones Unidas, instalar una subestación de guardacostas de la Armada para 28 oficiales y suboficiales, un radar, un muelle y dos tanques de combustible, con todos los impactos ambientales y sociales que esto implica.
Ha sido una batalla de relatos en la que las versiones encontradas, las incoherencias e inexactitudes y la desinformación han pululado. Comencemos el balance de adelante hacia atrás.
El evento más reciente de esta disputa fue la radiación de una solicitud de revocatoria de los dos decretos que conceden las licencias ambientales al Ministerio de Defensa y a la Armada Nacional. Radicamos estos documentos junto al abogado Andrés Pachón, respaldados por un plantón ciudadano de más de 60 personas que al ritmo de tambores y bailes nos acompañaron en la defensa de nuestro patrimonio ambiental.
Después de su creación en diciembre pasado el Comité Salvemos a Gorgona, que está integrado por más de 150 personas que representan grupos de pescadores, buzos, operadores turísticos y ambientalistas, además de radicar una acción popular, que sigue en curso en contra del proyecto, ha participado también en una Audiencia Pública en el Congreso, donde nos acompañaron los líderes comunitarios, Mariluz Ante, Claus Alzamora, Nicanor Caicedo, y Fabián Angulo del Municipio de Guapi y en un evento académico en la Universidad Jorge Tadeo Lozano el pasado 11 de mayo, en Compañía de las biólogas del colectivo Unidos por Gorgona, Laura Benítez y Gina Jiménez, quienes llevan más de 7 años en esta contienda.
En este último evento, el comandante de guardacostas, capitán de navío Javier Bermúdez, insistió en que las licencias tenían todos los estudios ambientales y gozaban de legalidad. Sin embargo, el pasado viernes 26 de mayo, dándonos la razón, la Anla exigió al Ministerio de Defensa y a la Armada: un programa de manejo de almacenamiento del combustible para la fase de construcción, otro programa de manejo de fauna, un plan de movilidad y señalización estableciendo velocidad mínima que permita protección de la fauna marina, un cronograma y propuesta de monitoreo de anidación de tortugas marinas, y una estrategia de comunicación a los grupos de interés con el propósito de mantenerlos informados sobre el estado del proyecto.
Todo lo anterior comprueba que teníamos la razón cuando dijimos desde tiempo atrás que las licencias carecían de estudios ambientales completos. Ganamos un punto para la resistencia civil y democrática.
En las últimas semanas, también convocados por el Círculo de Pensamiento Ambiental y el Abogado Armando Palau, participamos en una Audiencia Pública Ambiental de la Sociedad Civil en Cali, en la que se reiteraron todos los argumentos científicos y socioambientales en contra del proyecto, en especial el referente a la ausencia de consulta previa a las comunidades. En los últimos meses, hemos participado en múltiples entrevistas en Caracol Radio, La W Radio, RCN Radio, y en un pódcast con Eco Radio.
La batalla en la que estamos es comunicativa y de relatos. El gobierno Petro ha buscado confundir. Basta recordar las versiones y declaraciones contrarias entre sí de la vicepresidenta Francia Márquez y de la ministra de Ambiente con las del comandante de la Armada.
Unas dicen que el proyecto estaba suspendido y otras lo niegan. Hasta el día de hoy, aunque de facto gracias a nuestras objeciones, las obras están suspendidas, no existe un acto administrativo que garantice que estas no se retomarán tan pronto acabe la temporada de ballenas, que llegaron como salvadoras de la isla en el último minuto, en el mes de mayo.
Invitamos finalmente a la ciudadanía en general a crear comités en universidades, gremios, sindicatos, Juntas de Acción Comunal en ciudades y veredas. Como bien lo afirmó en un reciente evento en línea el exministro Manuel Rodríguez Becerra, en Colombia hay cientos de ejemplos de ciudadanos que en la posición de David han derrotado a Goliat.
La resistencia por más de dos años de las comunidades de la Isla Providencia contra una estación de la Armada en su isla, la defensa de los humedales en Bogotá y de la Reserva Van der Hammen son prueba de ello. Gorgona no será la excepción.
No sobra aclarar, por último, que toda la oposición férrea al proyecto no es un simple prurito anti estadounidense, ni tampoco una campaña en contra de ese pueblo, es una querella contra su gobierno.
Si el radar hiciera parte de un proyecto ruso, chino, o francés, nos opondríamos con igual o mayor firmeza, pues se trata de nuestra riqueza natural, de nuestra seguridad nacional, de nuestra independencia, y de nuestra soberanía.
Ya lo decía el gran dramaturgo y poeta Alemán Bertolt Brecht: “la bota que nos pisa es siempre una bota. Ya comprenden lo que quiero decir: no cambiar de señores, sino no tener ninguno”.
Los textos que aquí se publican son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no expresan necesariamente el pensamiento ni la posición de Amazon Conservation Team (ACT)
