dinero_verde.jpg

Para implementar una herramienta económica que aporte a la solución de un problema ambiental se debe dar un debate político complejo.

Vivimos en una sociedad que tiene un sistema político – económico en el que los precios de los bienes y servicios que consumimos son clave en nuestra vida diaria. Si un producto tiene un precio más bajo de lo normal, se consumiría en una mayor cantidad, de la misma forma, si el precio de este mismo producto aumentara, lo más probable sería que la cantidad que se consume disminuya.

¿Cómo se fija el precio de un producto en una sociedad como la nuestra? Un empresario tomará en cuenta todos los costos en los que puede incurrir en la producción de este. Imaginemos por ejemplo la producción de una bebida gaseosa, para esto podríamos suponer que se necesitan ingredientes como azúcar y saborizantes, agua, la botella de plástico y la tapa, adicionalmente, la empresa debe tener una estructura que le permita administrarse, pagar salarios, vender el producto, embotellarlo y transportarlo para ser entregado en sus puntos de venta. Finalmente, se incluye una ganancia para el empresario y posteriormente se pagan impuestos.

La economía de mercado plantea que “…los precios reflejan tanto el valor que tiene un bien para la sociedad como el costo social de producirlo… como consecuencia, los precios llevan a cada uno a obtener unos resultados que en muchos casos maximizan el bienestar de la sociedad en su conjunto”

La anterior afirmación contenida en principios de economía de Gregory Mankiw es clave en el entendimiento de un problema fundamental para nuestra sociedad y es que, el precio de los productos no incluye todos los costos asociados a su producción, por ejemplo, en el caso de la bebida gaseosa, su precio no revela el costo del mantenimiento de la cuenca de donde se toma el agua, solo se incluye un impuesto denominado tasa del uso del agua, adicionalmente no se incluye el costo de la correcta disposición de la botella de plástico.

Que el precio de un producto no refleje todos los costos sociales que este genera genera es desastroso porque, envía una señal que hace que el problema se multiplique, por ejemplo, si la bebida gaseosa tuviera un precio más alto, se consumiría menos, se utilizaría menos agua y se tendrían menos residuos de plástico.

Es entonces apenas lógico que un estado deba intervenir su sistema de mercado cuando observa que el mismo no está maximizando el bienestar de la sociedad, esto es un principio microeconómico extensamente analizado a través de un fenómeno llamado falla de mercado.

Cuando el estado interviene el sistema de mercado, todos sus esfuerzos deben apuntar a corregir la señal de precio y para eso, tiene diferentes herramientas y una de las más polémicas son los impuestos.

Los impuestos ambientales buscan “Internlizar la externalidad”, es decir, hacer que los costos en los que incurre la sociedad y que no paga quien adquiere el producto, sean incluidos en el precio, esto en la práctica significa, por ejemplo, incluir en el precio de un producto, un valor adicional que represente; el costo de los efectos negativos que tiene la contaminación asociada a su consumo o el costo asociado al mantenimiento de los ecosistemas que generan las recursos naturales que son utilizadas como materias primas en la elaboración de los productos.

Afortunadamente, Colombia es un país que cuenta con herramientas económico – ambientales como; el impuesto nacional al carbono que se cobra sobre los combustibles líquidos, la tasa retributiva que se cobra a personas o empresas que vierten agua residual sobre cuerpos de agua como lagos, ríos, quebradas (entre otras), la tasa por uso del agua que cobra a personas o empresas que hacen uso directo del recuso hídrico de un cuerpo de agua y el impuesto sobre bolsas que se paga por cada bolsa plástica consumida.

Es importante observar que la mera existencia de estas herramientas no asegura su correcto funcionamiento. Para que las herramientas funcionen bien, deben tener un nivel específico y este nivel es calculado a través de procesos que se han venido refinando por parte de la técnica económica, sin embargo, conocer el nivel específico no significa que este vaya a ser incluido inmediatamente en el precio.

Aumentar el precio de un producto tiene varias ramificaciones, como primera medida puede aumentar el costo de vida de las personas, en segundo lugar, puede afectar las ganancias de grupos económicos poderosos con capacidad de lobby en el ejecutivo y en el legislativo. Lo anterior quiere decir, que para implementar una herramienta económica que aporte a la solución de un problema ambiental se debe dar un debate político complejo.

Entrar en este debate político puede ser un dolor de cabeza para cualquier gobierno ya que ningún presidente espera recibir acaloradas reclamaciones de grupos de consumidores y de poderosos gremios económicos, planteando que su capacidad adquisitiva se va a disminuir y que se están poniendo en riesgos miles de puestos de trabajo de los que dependen miles de familias y aunque esto sea cierto, es clave entender que cada día que pasa sin actuar decididamente sobre los problemas que actualmente tiene nuestro sistema de mercado, los problemas ambientales se seguirán profundizando haciendo que el bienestar de todos nosotros se disminuya a pasos agigantados.

En este punto es que nos debemos preguntar cómo nuestro próximo presidente afrontará estos retos. ¿Tendrá la valentía de abrir el debate y de hacer frente a los gremios para que de una vez el país tenga una tasa del uso del agua que si funcione y que permita financiar el mantenimiento de nuestras cuencas? ¿planteará a la sociedad en general que, para cumplir con nuestros compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, todos debemos pagar más por nuestros combustibles?

Es muy importante entender que si nosotros como sociedad no empezamos a asumir proporcionalmente los costos de la contaminación y del mantenimiento del capital natural, nuestro sistema político económico hará que nuestra vida en este planeta en el corto mediano y largo plazo sea insostenible.

Es consultor independiente en temas de economía ambiental. Estudió ingeniería ambiental en la Universidad de la Salle y una maestría en economía y gestión ambiental en la Universidad de York. Sus áreas de interés son economía ambiental aplicada en Colombia, incentivos a la conservación y vehículos...