Aunque plantea dudas razonables sobre los riesgos que puede haber en las elecciones, no sustenta su tesis de que “se está cocinando un fraude” con el software del conteo de votos y con los jurados.
Gustavo Petro lleva una semana diciendo que para las elecciones presidenciales “se está cocinando un fraude electoral”, para lo que ha hablado de una serie de irregularidades cometidas por la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE) con el manejo del software usado para el conteo de votos y con la escogencia de los jurados de votación, y ha señalado al CNE de evitar una misión técnica que a su juicio habría evitado el fraude.
Y aunque ha planteado dudas razonables sobre el blindaje de las elecciones y que puede haber riesgos, no ha presentado pruebas de que haya un “fraude masivo” en marcha.
La Silla Vacía revisó sus argumentos y esto fue lo que encontró.
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En el software demuestra debilidades, no intento de saboteo
Petro demuestra que la Registraduría no blindó totalmente el software para las elecciones, que fue el punto débil que llevó a que el MIRA no tuviera curules durante casi 4 años por un saboteo. Pero no logra demostrar que vaya a pasar lo mismo y además tergiversa lo que realmente se demostró en ese caso.
Él basa sus denuncias en la sentencia del Consejo de Estado de febrero que le devolvió tres curules al Mira por irregularidades en el manejo del software electoral. Y a partir de ella, hace varias aseveraciones sobre el software que se usará para las presidenciales, pero parte de conclusiones que no están en el fallo.
Primero, afirma que el Consejo de Estado halló irregularidades “en casi 50 mil mesas”, que equivaldrían a más de la mitad de las 96.722 que hubo en esas elecciones, y por eso califica ese antecedente de “fraude masivo”.
Sin embargo, los magistrados probaron irregularidades en solo 6.418 mesas, de las cuales 1.412 fueron por el sabotaje a los sistemas de información (el MIRA denunció presuntas irregularidades en 41.166 mesas).
El software sí puede dar papaya para que lo saboteen
Petro asegura, basado en el fallo, que “el software está alterado”. Pero el Consejo de Estado no concluyó eso, sino que en las elecciones de 2014 alguien, que no se pudo establecer quién, lo saboteó.
En esas elecciones la Registraduría contrató a la Unión Temporal Soluciones Informáticas, que tradicionalmente se gana el contrato de la logística y la integran Carvajal, Grupo ASD, Thomas Greg & Sons, Thomas Processing & Systems y Manejo Técnico de Información. En esencia, es la misma unión temporal que va a manejar la logística de estas elecciones.
Esa vez, como ésta, aportan un software para procesar los datos del preconteo, escrutinio y digitalización, que se instala en los computadores de las comisiones escrutadoras en todo el país. El software es el mismo, aunque lo van mejorando y actualizando con el tiempo, como pasa con Windows e iOs en los celulares y computadores personales.
ASD, una de empresas de la Unión Temporal, admitió en el proceso que el software no tenía, por lo menos en 2014, una forma suficientemente sólida para saber qué ocurre en él en esos procesos. “No es posible establecer técnicamente si el software utilizado (…) ofrece condiciones de seguridad de tal forma que no haya podido ser objeto de manipulación externa o por los mismos funcionarios encargados de su manejo, y de incorporación de datos electorales”, dijo en el proceso.
Además, dijo que tampoco permitía “establecer la existencia de huellas de ingresos ilícitos o ilegales al sistema de escrutinios”.
El peritaje que hizo el CTI, también en el proceso judicial, concluyó, además, que no pudieron acceder a la versión del software usada en esas elecciones porque nadie la guardó y que no sirve entrar a la versión actual.
Además, según el contratista, los equipos utilizados para el escrutinio “fueron sometidos a borrado seguro, de acuerdo a las exigencias del contrato que indican que pasados tres meses no debe conservar información del proceso”, a pesar de que la ley manda que se mantengan por los cuatro años que dura el periodo de los políticos elegidos.
Por eso fue difícil saber cómo se manejó la información en 2014.
A pesar de esos obstáculos, los peritos pudieron acceder a unos archivos bitácora, llamados técnicamente Log, que almacenan una información general que da una idea de cómo se manejaron los datos. Por ejemplo, ahí quedaba constancia de si se hicieron correcciones a los resultados de uno o varios candidatos, o se restauraron los datos si por alguna razón se equivocó el digitador.
Allí hallaron indicios de actividades irregulares, como registros con fechas anteriores al inicio oficial de los escrutinios, o que en algunos casos no quedaron registradas todas las actividades que debían quedar registradas dentro de los escrutinios.
Con esos indicios, el Consejo de Estado concluyó que “se presentaron irregularidades por la indebida manipulación de los sistemas de información”. Y que hubo un sabotaje que afectó 1.412 mesas.
La auditoría para conocer la fragilidad del software ni se hizo ni se alcanzaba a hacer
“La orden que dio el Consejo de Estado fue que tenía que revisarse el software mediante auditorías técnicas, o un cambio del software por algo que diera transparencia. Y eso, faltando una semana (para la primera vuelta), no se realizó. Es decir: la Registraduría y el CNE desacataron la orden judicial”, dijo Petro.
Eso no es cierto porque aunque el Consejo de Estado le hizo unas peticiones a la Registraduría para mejorar la seguridad del software, e incluso exhortó a que adquiera uno propio para que sea propiedad del Estado para que un proceso tan delicado no quede en manos de privados, no pidió en su fallo una “auditoría técnica”, y el registrador Juan Carlos Galindo se escuda en que ni esa sentencia ni ninguna ley ordena una auditoría de ese tipo.
Sin embargo, que no se haya hecho sí apunta a una incertidumbre sobre el software este año, ya que esa auditoría sería clave para saber si efectivamente se mantiene la vulnerabilidad que mostró el software en 2014, sobre todo porque el Registrador dice que el software hoy tiene “todos los mecanismos de seguridad para impedir que pueda ser interferido por terceros, y quedará toda la trazabilidad para que posteriormente pueda ser examinado por las autoridades”.
Una auditoría técnica, como explicó en La Silla de la Innovación Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, consiste en que una entidad independiente examine el software por dentro para saber cómo está hecho, cómo está programado, si efectivamente hace las operaciones como se debe y determinar si su configuración es confiable.
Eso no es lo mismo que los simulacros en los que se prueba el software, a los que han ido los representantes de las campañas y que el Registrador ha puesto como ejemplo de que el sistema está funcionando bien porque esos delegados así lo han dicho, incluso los de Petro. Y no es lo mismo porque, a diferencia de una auditoría, en el simulacro no se ve cómo trabaja el sistema por dentro.
Karisma y la MOE elaboraron este año un protocolo con las pautas para elaborar una auditoría de ese tipo, y determinaron que para hacerla como se debe tarda unos tres meses. Botero le dijo a La Silla que lo ideal es arrancar con más tiempo (unos seis meses) para que en caso de encontrar errores se puedan corregir.
Con esos requisitos era difícil que un proceso así se realizara para estas elecciones, sobre todo porque las alertas (incluso las de Petro) se dispararon con el fallo del MIRA, que salió el 8 de febrero, es decir: tres meses después de que la Registraduría contrató la implementación del software, así como un mes antes de las legislativas y tres meses antes de la primera vuelta.
“Si uno es objetivo, para estas elecciones la Registraduría no tenía cómo hacerlo”, nos dijo Alejandra Barrios, Directora de la MOE.
Es una dificultad que juega en contra del argumento de Petro de que el Registrador, “por una decisión política”, no quiso hacer la auditoría. Y en todo caso no aporta pruebas de que así haya sido.
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La selección de jurados tiene vacíos, pero Petro no da pruebas de un fraude
El otro gran elemento del fraude electoral que ha argumentado Petro es que en las mesas de votación ahora hay más jurados de empresas privadas que de entidades públicas, lo que a su juicio puede indicar que los dueños de esas empresas deciden quién cuenta los votos y ayudan a definir el ganador.
Para sostenerlo, ha retomado la denuncia de posibles falsos jurados en las elecciones a Congreso en Barranquilla que hizo el senador Armando Benedetti (quien apoya a Germán Vargas, no a Petro).
Pero Benedetti hasta hora solo ha demostrado vacíos en la selección de los jurados e inconsistencias en el registro de seguridad social de las personas postuladas por las entidades, pero no ha hecho públicas pruebas de un fraude. Y menos de que se esté fraguando un fraude para las presidenciales, como dice Petro.
La primera alerta de Petro es que hay más jurados propuestos por empresas privadas que por entidades públicas, siendo que, según él, los primeros no dan las garantías de los segundos.
“El Registrador cambió la forma de seleccionar los jurados. Antes eran los mismos empleados públicos del Estado, la mayoría de ellos maestros de escuela, que es la mayor parte de la nómina,” dijo Petro en rueda de prensa este domingo. Después añadió que cuando los maestros empezaron a ser vistos con desconfianza por la clase política por sus luchas gremiales, empezaron a ser sustituidos por jurados propuestos por empresas, universidades y colegios privados, “que no dan garantías porque no son funcionarios públicos.”
Petro no especifica qué Registrador hizo el cambio ni aporta pruebas sobre la sustitución de maestros por empleados de empresas en las listas de jurados, pero según la Registraduría desde la ley 63 de 1994 los registradores distritales, municipales y auxiliares le piden listas de ciudadanos a entidades públicas y privadas y a directorios políticos y establecimientos educativos.
La oficina de prensa de la Registraduría le aclaró a La Silla que aunque han hecho algunas modificaciones para mejorar el software en el que las entidades y empresas ingresan las listas de postulados, el sorteo de los jurados es aleatorio y, por ende, no se privilegia si son funcionarios públicos o no.
Los sorteos de jurados para las presidenciales del domingo se hicieron desde el 28 de abril hasta el 9 de mayo con presencia de diferentes partidos y movimientos políticos y de entidades como la Procuraduría General de la Nación y diferentes Personerías Municipales.
Petro confundió las cifras al decir que en estas elecciones “tenemos cerca de 350 mil jurados privados de los 630 mil”, pues según el listado oficial de la Registraduría, de los 643.240 jurados 354.892 mil vienen del sector público (225.407 de entidades y 129.485 instituciones educativas públicas) y 288.348 del privado (154.655 de empresas, 969 de grupos significativos de ciudadanos, 8.613 de empresas mixtas y 26.089 de partidos políticos).
Además de que no hay más jurados “privados” que “públicos,” como lo planteó Petro, su segunda gran alerta, la que viene de la investigación de Benedetti, no tiene hasta el momento los alcances que él señala.
“Un congresista hizo un examen de los jurados que puso el Registrador en Barranquilla, y le dio que, cruzada la base de datos de jurados de empresas privadas con la de seguridad social, 4 mil de ellos no estaban afiliados. Es decir: no son empleados de esas empresas privadas”, dijo Petro.
Es cierto que en su denuncia el senador de La U dijo que 3.983 de los jurados de votación para las elecciones legislativas en Barranquilla no aparecen en la seguridad social, y que por eso se deduce que fueron “incrustados” para beneficiar a un candidato, pero no todos vienen de empresas privadas.
Quienes hicieron la investigación nos dijeron que esos jurados no aparecen en las bases de datos del Pila (la seguridad social), pero incluyen los postulados por empresas privadas y también por entidades públicas.
Petro dice que hay dos posibilidades para que haya jurados sin seguridad social: que un empresario postule personas que no son sus empleados para modificar los resultados de las elecciones, o que en la Registraduría haya funcionarios que cambian los nombres que entregan las empresas por fichas de un candidato o partido.
Aunque no ha probado ninguna de las dos, la ley no obliga a la Registraduría a corroborar la información con la que las empresas postulan sus jurados y esta irregularidad sí muestra el vacío de que cualquier sociedad registrada, así no tenga empleados y operación (empresa de papel) postule jurados. Y como no es obligatorio revisar si no hacen parte de su nómina, las entidades (públicas y privadas, de papel o reales) pueden colar personas no vinculadas.
Finalmente, Petro dice que el fraude está orquestado por una mafia que al interior de la Registraduría cambia los postulados de las empresas por militantes de Cambio Radical para beneficiar a Vargas y refuerza su argumento, otra vez, con el caso de Barranquilla. Pero de nuevo no hay datos que lo demuestren.
“Las personas que hicieron la investigación hicieron un cruce entre dónde estaban los jurados falsos (que presentados aparentemente por las empresas privadas, no son de esas empresas) y el resultado electoral en las mesas de Barranquilla en las elecciones pasadas y todos dieron ganador al candidato al Senado y a la Cámara del alcalde de la ciudad militante de Cambio Radical de Germán Vargas Lleras. Todos, sin excepción,” dijo.
No deja claro si esa denuncia viene de los resultados de una investigación propia o si se refiere a la investigación del equipo de Benedetti. Pero, en todo caso, si los resultados son propios, no ha presentado pruebas de lo que dice y, si se refiere al análisis del equipo del senador del Partido de la U (que tampoco ha publicado pruebas sobre si se beneficia un partido) este grupo nos explicó que, aunque ha encontrado patrones a favor de algunos candidatos, sigue haciendo el cruce al que se refiere Petro y no ha sacado una conclusión porque ha revisado una pequeña muestra de las mesas.
La solicitud del Procurador de una misión técnica sí se demoró, pero no la engavetaron
Petro busca demostrar un manipulación política para no blindar las elecciones con la tardanza de una magistrada de Cambio Radical de pedir una misión técnica europea, pero lo hace exagerando lo ocurrido.
El procurador Fernando Carrillo le envió el 3 de abril una carta a la Presidenta del CNE, Yolima Carrillo, y al registrador Juan Carlos Galindo. Decía que los partidos le manifestaron su “preocupación en la implementación de los soportes informáticos” de las elecciones y por eso pedía una misión de observación “de corto plazo (…) con expertos en informática o de apoyo técnico”. Sugirió que trajeran al IFES (International Foundation for Electoral Systems) por su experiencia en el tema.
Petro cuestionó ante los medios que ninguno le haya respondido al Procurador. Además, dijo que la Presidenta del CNE “la engavetó para que no se pudiera realizar la misión técnica” y que sólo le pidió apoyo al IFES más de un mes después, lo que impidió que ese organismo viniera por falta de tiempo para prepararse.
El Registrador admitió que no respondió la carta porque prefirió tratar el tema directamente con el Procurador para decirle que no tenía plata para financiar una misión de ese tipo, y que en la junta directiva del IFES está el expresidente Andrés Pastrana, que hace parte de la campaña de Iván Duque, por lo que traer a esa institución generaría suspicacias.
Por su lado, Carrillo, que sí es de Cambio Radical, no engavetó la carta: el 6 de abril, tres días después de recibirla, la reenvió a los otros ocho magistrados del CNE para discutirla en sala plena.
Además, una vez la sala aceptó pedirle al IFES una misión, el 10 de abril ella le respondió al Procurador que la oficina de relaciones internacionales del CNE tenía la orden de contactarse con ese instituto para analizar “su eventual acreditación como observador técnico internacional”. (Lea aquí el intercambio de comunicaciones de la Presidenta del CNE una vez recibió la carta del Procurador).
Pero sí se demoró: no hay rastros de comunicaciones entre ese día y el 9 de mayo, cuando envió la solicitud formal al IFES.
Otro detalle muestra que el proceso fue más enredado de lo que da a entender Petro, que dijo que la primera respuesta de IFES fue que no podía venir porque le habían hecho la solicitud muy tarde.
Esa entidad respondió al CNE el 10 de mayo con un correo electrónico en el que proponía enviar un informático y un representante a un simulacro del funcionamiento del software, y luego complementar esa misión. Incluso habló de hacer un presupuesto para esos servicios.
Pero cinco días después, y cuando el CNE le había preguntado si Pastrana estaba en la junta directiva, envió otro correo, que es el que cita Petro, que dice que “dada la proximidad de la fecha y la necesidad de una preparación previa”, no podían venir.
La Presidenta del CNE le dijo a La Silla que presume que ese cambio se debe a la pregunta sobre Pastrana, pero eso no está probado.
En todo caso, una eventual misión del IFES no habría tenido los alcances que pide Petro: el Procurador pidió una “observación de tipo técnico”, no una auditoría técnica que permitiría detectar si el sistema tiene fallas.
Además, más allá de lo tardía de la petición que le hizo el CNE al IFES, para cuando cuando el Procurador envió su carta en abril faltaban dos meses largos para la primera vuelta, y una auditoría de ese tipo toma por lo menos tres meses.
La ausencia de la misión técnica de la UE no encaja en su narrativa de fraude
El otro punto que Petro cuestionó sobre la vigilancia internacional fue el de la misión de la Unión Europea.
Él solicitó el 4 de abril a ese organismo “una misión de expertos con capacidad de ver si hay alteraciones en el software”, dijo a los medios. Además, dijo, ya se venía preparando una misión de ese tipo, y para eso ha puesto a circular un video donde Paul-Emile Dupret, asesor de la bancada de la Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, dice que “desde hace cuatro o cinco meses” se venía preparando una misión con cerca de 90 integrantes, entre ellos técnicos que entre sus funciones tenían la de revisar el software.
Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, le dijo a La Silla que si la misión hubiese sido así de grande y hubiera tenido la función de mirar el software, “algo hubieran podido hacer” con unos meses de antelación.
Sin embargo, dicen Petro y Dupret, “de un momento a otro” la Unión Europea decidió no enviar una misión tan amplia, y desde el 4 de mayo, de acuerdo con la Registraduría, hay dos delegados en el país.
No queda claro por qué Dupret, un asesor del Parlamento Europeo, sabría de decisiones de la Comisión, el órgano ejecutivo de la Unión Europea. En cualquier caso, tiene un vínculo con Colombia pues dijo haber sido chuzado por el DAS en tiempos del gobierno de Álvaro Uribe, tras haber participado en una manfiestación contra la presencia de éste en el parlamento Europeo en 2004.
Además, hay una discusión sobre el tipo de misión que finalmente llegó, pues Petro asegura que no se trata de una de expertos y tanto el Registrador como Presidencia aseguran que sí lo es.
En cualquier caso, la decisión de no enviar a esas personas la tomó la Unión Europea y no las autoridades colombianas, lo que no encaja dentro de la narrativa de un fraude orquestado por éstas, que es lo que plantea Petro.
