El Alcalde de Medellín está proponiendo cambiar el objeto social de la joya de la corona de los paisas, y desde ya enfrenta resistencia en la academia, el Concejo y los gremios.
Sin presentar sustento ni estudios técnicos, hace un mes el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, le pidió al Concejo de la ciudad facultades para cambiar el objeto social de la empresa de servicios públicos EPM, que, con transferencias anuales a la ciudad cercanas a un billón de pesos para proyectos de desarrollo social, es la joya de la corona de los paisas.
El mandatario presentó un proyecto de acuerdo en el que propuso un paquete de negocios tutti frutti para esa empresa con líneas cercanas a lo que EPM hace actualmente (por ejemplo, propuso incursionar en energías no convencionales y aprovechamiento de residuos), pero también tan variadas como monetización de las bases de datos de la compañía, turismo, venta de seguros y comercialización de electrodomésticos.
A la semana, sin embargo, lo tuvo que retirar ante la lluvia de críticas que le cayó de varios sectores, como la academia, el empresariado, políticos y hasta exfuncionarios de la empresa; por la falta de estudios y porque una iniciativa de esta magnitud tendría que ser debatida por los concejales y no un asunto decidido unilateralmente por el Alcalde.
Quintero anunció que volverá a apostar con otro proyecto en octubre, luego de hacer unas mesas técnicas con actores públicos y privados, pero la montaña para él seguirá difícil de subir.
La razón: le esperan no sólo las discusiones con los sectores y los concejales, entre quienes ya hay prevenciones después de este antecedente; sino la puja en la propia junta de EPM, que sería la encargada de aterrizar el plan y en donde hay cacaos que no necesariamente están alineados con el mandatario.
De que esto le salga depende que a Quintero se le materialice la apuesta, que anunció desde la campaña, de convertir a EPM en una superempresa que apalanque su bandera de volver a Medellín un Valle del Software.
Las expectativas de Quintero con EPM
Cambiarle el objeto social a EPM para que expanda sus negocios más allá de los servicios públicos, aunque no es una discusión nueva, no se había dado en los términos en los que lo está proponiendo Quintero.
Según nos contó Jorge Londoño, gerente de EPM en la Administración pasada, cuando llegó en 2016 a la cabeza de la empresa ya esa discusión estaba. Incluso, para eso contrataron un estudio con la firma McKinsey, una consultora estratégica que ayuda a las empresas en temas de modernización e innovación.
De ahí salió el plan 2025, en el que se planteó la necesidad de cambiar el objeto social para “profundizar en el mundo de distribución de energía y expandirse en el mundo del gas”, como nos detalló Londoño.
El exfuncionario agregó que no le propusieron en ese momento al Concejo cambiar el objeto social porque la emergencia de Hidroituango les copó toda la atención, y que, en cualquier caso, el tema quedó planteado en el empalme con el Gobierno Quintero.
Sin embargo, en ese empalme el cambio de objeto estaba enfocado a los negocios actuales de EPM “y no en abrirnos a otras áreas como infraestructura o tecnología”, según explicó Londoño.
Desde campaña, Quintero había dicho que quería ir más allá e incluso propuso “insertarse en mercados hasta ahora inexplorados” por la empresa.
Por eso, más allá de incursionar en energías no convencionales y renovables, como la producción y comercialización de páneles solares; o de potencializar a Empresas Varias de Medellín, la entidad de EPM que se encarga de recoger las basuras y tratarlas; en su proyecto fallido incluyó dos grandes apuestas de Quintero: la de la información y la infraestructura.
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La de la información: tiene que ver con una propuesta de campaña de Quintero que escaló hasta el anteproyecto del Plan de Desarrollo y que finalmente no quedó en el documento final que aprobó el Concejo: crear la Empresa de Información Pública de Medellín.
Esa idea tiene varios hilos. Por ejemplo, Quintero quiere que esa empresa maneje una plataforma en la que se recojan todas las bases de datos que tiene la Alcaldía y sus dependencias para tener una sola de big data, como parte de su propuesta de avanzar en un gobierno digital.
También, como parte de un proyecto de mejorar la movilidad en la ciudad a través de un sistema de información, quiere que esa empresa recoja toda la información del transporte de la ciudad, aplique analitica de datos y administre la semaforización.
Incluso, Quintero planteó que esa empresa manejada por EPM avance en procesos de digitalización, sensorización y vigilancia, y que absorba a la Empresa de Seguridad Urbana ESU, un ente descentralizado de la Alcaldía de Medellín que presta servicios como asesorías en seguridad, instalación y manejo de cámaras de vigilancia y plataformas web para denuncia de delitos.
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La de infraestructura: Quintero lanzó en campaña la propuesta de que EPM cree una empresa tuneladora, para ingresar “en el mercado de la infraestructura para la construcción de redes de servicios públicos sin zanja, autopistas y líneas de metro subterráneas”, según dice en su programa de Gobierno.
De hecho, en ese mismo documento, planteó la posibilidad de que EPM participe en la construcción de una nueva línea del Metro que atraviese la ciudad de norte a sur con algunos tramos subterráneos.
Quintero argumenta que EPM tiene la experiencia en ese campo por proyectos que ha hecho en Antioquia para mejorar el acueducto y alcantarillado, y que, de lograrlo, “Medellín será la primera ciudad de Colombia en adquirir una tuneladora a través de una empresa pública”.
Sin embargo, ninguna de esas propuestas quedó en el Plan de Desarrollo, sino que el mandatario las quiso aterrizar en el proyecto que retiró y con algunas movidas dentro de EPM.
Quintero alinea a EPM con su Valle del Software
Para aterrizar esas ideas, Quintero está haciendo trabajo al interior de EPM. Primero, con el nombramiento del gerente Álvaro Guillermo Rendón que, aunque es abogado y conservador de vieja data, está alineado con el lenguaje y visión del Valle del Software del Alcalde.
Así se evidenció en marzo cuando, en un desayuno para periodistas, expusó los siete focos estratégicos de EPM, y el primero lo nombró “servicios del futuro, ciudades inteligentes y Cuarta Revolución Industrial”, y allí expuso que la data de 65 años de la empresa tenía un uso limitado y la idea era ponerla al servicio en temas ambientales, de seguridad y de movilidad.
“Que nazca la marca Valle del Software, para que podamos desde allí mostrar nuestra inteligencia en cada uno de los procesos”, dijo Rendón en ese desayuno.
Además de Rendón, Quintero llevó a EPM dos vicepresidentes: Daniel Arango Ángel, vicepresidente ejecutivo de Gestión de Negocios, y Darío Amar Flórez, vicepresidente ejecutivo de Nuevos Negocios, Innovación y Tecnología. Dos puestos clave para pensarse la incursión de EPM en otros campos.
Arango fue viceministro del Ministerio de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cuando Quintero era viceministro de Economía Digital del Ministerio de las TIC; y dejó la junta de la Cámara de Comercio de Pereira para recibir su cargo actual.
Amar fue el vicepresidente de Estrategia durante once años de Quipux, una empresa colombiana que desarrolla software de gobierno digital como los de gestión de movilidad de las ciudades y recaudo de cobros de impuesto vehicular, y se los vende y maneja a los gobiernos locales. Entre sus clientes están más de 20 alcaldías y gobernaciones del país, y proyectos en Brasil y Costa de Marfil.
Ese funcionario, además, es hermano de César Amar, quien siendo vicepresidente de Tecnología del Fondo Nacional del Ahorro conoció a Quintero cuando el Alcalde era Viceministro de TIC, y luego el mandatario lo metió en su empalme para los temas de EPM, pues trabajo en esa compañía durante 15 años.
Que estas personas que comparten la visión de Quintero estén dentro o cercanas a EPM, hace que haya un buen ambiente para socializar el proyecto en la empresa y en la Junta Directiva, donde igual el Alcalde es el mandamás porque la preside y elige a cinco de sus ocho miembros, pero eso no implica que vaya a ser fácil.
Ni el aterrizaje en EPM ni las negociaciones para el proyecto en las mesas técnicas y en el Concejo.
La cuesta arriba
Según un exfuncionario de EPM que conoce de cerca a la Junta, el proyecto tendrá que discutirse allí con pesos pesados del empresariado antioqueño como el cacao Manuel Santiago Mejía, cabeza de la familia dueña de Corbeta, uno de los grupos empresariales más importantes del país con marcas como AKT, Alkosto o Kalley; o Javier Genaro Restrepo, expresidente de Ecopetrol y exgerente de ISA.
En la Junta, por ahora, Quintero sólo ha nombrado al exmagistrado de la Corte Suprema, Luis Fernando Álvarez, y al ingeniero civil y exfuncionario de EPM, Jesús Aristizabal; aunque no ha querido dar opiniones oficiales, La Silla supo que este último en varias ocasiones de manera informal ha manifestado no estar de acuerdo con el proyecto del Alcalde.
Socializarlo por fuera de EPM también va a ser complejo para Quintero.
En principio por el paso en falso que ya dio de pedirle al Concejo que le diera las facultades para hacerlo sin sustentos ni estudios técnicos.
Eso generó desconfianza en varios sectores: exgerentes y exfuncionarios de EPM, algunos concejales, empresarios antioqueños y académicos.
Por ejemplo, Nicolás Posada, el presidente del Comité Intergremial de Antioquia (que reúne a 29 gremios empresariales y a las cinco Cámaras de Comercio del departamento), le dijo a La Silla que el Alcalde no les consultó el proyecto en ningún momento.
“Cuando se plantean reformas tan importantes, lo más natural es que se hubiera presentado ante el Comité la presupuesta para nosotros discutirla y hacer un análisis juicioso”, pero esto no ha ocurrido hasta ahora.
En un comunicado oficial el Comité expresó que “puede ser conveniente estudiar una posible y puntual ampliación del objeto social” de EPM, pero que esa discusión tendrá que darse en el Concejo.
Y la concejal Paulina Aguinaga del Centro Democrático, que es conocida por el control político que le ha hecho a EPM, le dijo a La Silla que el Concejo no puede firmarle un cheque en blanco al Alcalde.
Aguinaga asegura que las finanzas de EPM no están en buen momento para invertir en nuevos negocios, pues, además de los sobrecostos de Hidroituango, que casi llegan a cuatro billones de pesos, el primer trimestre del año la empresa tuvo una pérdida histórica de utilidades de 276 mil millones de pesos.
Otros concejales, como el verde Daniel Duque y el uribista Alfredo Ramos, que son los más críticos de la gestión del Alcalde, también se han pronunciado en contra de darle facultades a Quintero para modificar el objeto de EPM.
También académicos, como los ingenieros de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, de donde salen muchos de los técnicos y profesionales de EPM, concluyeron en un comunicado que la propuesta del mandatario es inoportuna por las responsabilidades que tiene la empresa en cuestión de servicios públicos en el país; es riesgosa y los beneficios no son obvios; y “no está justificada ni respaldada por estudios independientes y creíbles”.
Por último, está una carta firmada por 162 exfuncionarios de EPM, en respuesta a la iniciativa, en la que dicen que para innovar en el mundo de los servicios públicos, como con el tema de energías renovables o aprovechamiento de residuos sólidos, no se necesita cambiar el objeto social; y que el resto de líneas de negocios que se proponen son “innecesarios, improcedentes y peligrosos”.
Además de todo esto, por el momento Quintero enfrenta otras urgencias, como la disparada de casos de covid en la ciudad, en donde cada vez hay menos camas de UCI disponibles, y la propia atención de su enfermedad (el mandatario anunció esta semana que salió positivo para coronavirus, aunque está asintomático y sigue gobernando a distancia).
