El general retirado Mario Montoya en una versión libre ante los magistrados de la JEP. Foto: Archivo JEP.

“Barriles de sangre” fue la frase que quedó escrita en un cuaderno del general retirado Mario Montoya, cuando fue comandante de la IV Brigada del Ejército en Antioquia. La escribió un subalterno suyo y significaba solo una cosa: que había que producir bajas a toda costa.

La expresión se ve en una foto que está en el escrito de imputación, en el que la Jurisdicción Especial para la Paz acusa a Montoya de ser responsable de 130 víctimas de “falsos positivos” durante su paso por esta unidad militar.

La exigencia del general (r) Montoya de bajas en combate y de “barriles de sangre” como resultados operativos quedo consignada incluso por escrito.

Esta es la foto de un apunte que hizo un subalterno, en el cuaderno del propio general (r) Montoya, sobre las órdenes. pic.twitter.com/etgjyFOKQC

— La Silla Vacía (@lasillavacia) August 30, 2023

La imputación pone contra las cuerdas la postura del general (r) Montoya que siempre ha negado haber cometido estos crímenes, porque le pone un plazo de 30 días para reconocer o no su responsabilidad, la cual siempre ha negado. La JEP muestra que Montoya fue incluso autor de estos “falsos positivos” pues “instigó a la comisión de estos crímenes”.

Además, esta es la primera vez que la JEP toca a un antiguo miembro de la cúpula militar al acusarlo de ser responsable de “falsos positivos”. Y aunque los hechos por los que está imputado Montoya se cometieron antes de ser el comandante del Ejército, durante el segundo periodo del expresidente Álvaro Uribe, esta acusación pone la lupa sobre la responsabilidad de uno de los más destacados altos mandos militares de la seguridad democrática.

La imputación de la JEP al general (r) Montoya

Las 130 víctimas de “falsos positivos” de la IV Brigada se produjeron entre el 1 de enero de 2002 y el 14 de diciembre de 2003, tiempo en el que el general (r) Montoya estuvo al mando. Durante ese tiempo, la JEP acusa al militar de haber desarrollado una política en la que solo importaban las bajas en combate, nada más.

De acuerdo a la @JEP_Colombia, el general (r) Montoya ordenó en la IV Brigada la baja en combate era el único resultado válido.

“Litros”, “chorros”, “ríos”, “barriles” o “carrotancados” de sangre fue una orden recurrente de Montoya a sus subalternos.

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La imputación se basa en 64 versiones voluntarias de exintegrantes de la IV Brigada, 12 informes, incluido uno presentado por la Fiscalía General de la Nación (FGN) y otros 7 por las organizaciones de representantes de víctimas. La JEP también contrastó y analizó libros de documentos oficiales como radiogramas y las carpetas de cada una de las “bajas en combate”.

Con esta información los magistrados de la JEP determinaron que:

2⃣ Presionó a las unidades militares de la IV Brigada (Antioquia) para que produjeran “bajas a toda costa”.

3⃣ Empleó un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre.

4⃣ Ordenó que no se debía reportar capturas porque eran resultados operacionales indeseados.

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Un ejemplo con el que la JEP ilustra el patrón de encubrimiento del general (r) Montoya es con la presentación de cinco supuestas bajas en combate de las Farc, que los magistrados han podido esclarecer que se trataba de dos niñas y tres jóvenes civiles que cayeron en una emboscada militar el 9 de marzo de 2002, en San Rafael.

Según el comunicado que leyó la magistrada Catalina Díaz, los muchachos le habían pedido al paramilitar conocido como ‘Parmenio’ que los llevara a una vereda donde había una fiesta, cuando fueron emboscados por una unidad militar de la IV Brigada. Y a pesar de que Montoya sabía que eran civiles, porque así se lo reportó un subalterno, el general presentó estas personas como guerrilleros abatidos del Frente 9 de las Farc, en una rueda de prensa.

“¡Te va a hacer falta vida y a mí me va a sobrar para que me compruebes que mi hija es una guerrillera!”, le gritó Gloria Lucía López al general ese día, cuando se llevaban los cuerpos. Ella era madre de Érika Viviana Castañeda, una de las niñas asesinadas, que tenía apenas 13 años y que fue presentada como guerrillera. 

La @JEP_Colombia también determinó que los 130 “falsos positivos” cometidos por la IV Brigada, durante la comandancia de Montoya, no fueron hechos aleatorios, ocasionales o aislados.

“Los crímenes fueron planeados, dirigidos u organizados por agentes del Estado”, dice la JEP.

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Los “falsos positivos” cometidos por la brigada que lideraba Montoya en Antioquia fueron cometidos bajo tres modalidades, según la JEP.

Primero, las víctimas fueron sacadas de sus hogares o interceptadas en vías públicas para luego hacerlas pasar por “falsos positivos”. Segundo, engañaron a personas vulnerables con falsas promesas para luego asesinarlas y presentarlas como bajas en combate. Y tercero, asesinaron y desaparecieron a miembros de la guerrilla fuera de combate, algo que está prohibido por el DIH.

El soldado retirado Ely de Jesús López dijo ante la @JEP_Colombia que cuándo reportaban un herido en combate de la guerrilla, había presión para asesinarlo de sus superiores.

– “Mi coronel tenemos uno herido”, decía López.

– “¿Que tienen un muerto?”, le respondían al soldado.

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Además de Montoya, otros ocho militares de la IV Brigada fueron imputados como máximos responsables por estos 130 casos de “falsos positivos” entre 2002 y 2003. De ellos es clave el teniente coronel (r) Julio Alberto Novoa, entonces comandante del Batallón de Infantería N.º 4, unidad militar de la IV Brigada responsable del 80 por ciento de estos crímenes.

El panorama para el excomandante del Ejército

Hasta ahora el general Montoya ha negado su responsabilidad. En las versiones voluntarias que ha dado a los magistrados ha dicho que todo se enmarcó en la guerra contra las guerrillas. Pero con la imputación de la Sala de Reconocimiento a partir de hoy empieza a vivir una cuenta regresiva, de 30 días hábiles, tiempo en el que deberá reconocer o no los delitos. Si los reconoce podría tener una pena alternativa que no implicaría cárcel. 

La pregunta es si el general (r) Montoya aceptará después de esta imputación los crímenes que siempre ha negado.

Si insiste en no reconocer tendrá que probar su inocencia en un juicio. Y de ser hallado culpable podría recibir una condena de hasta 20 años de cárcel.

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Así los magistrados ponen contra las cuerdas con graves imputaciones, testimonios y pruebas el negacionismo de Montoya y una narrativa institucional que hasta hace poco lo respaldaba. Esta es una postura cada vez más débil, pues el nombre del general ha salido una y otra vez en los testimonios de militares a la justicia transicional. Solo en la primera imputación de la JEP por “falsos positivos” está mencionado 42 veces.

Y es que Mario Montoya no es solo un militar de alto rango, sino un destacado oficial que ascendió hasta la comandancia del Ejército durante el auge de la política de seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe.

Sin afirmar que desde el gobierno hubo una orden de asesinar inocentes y cometer “falsos positivos”, la magistrada Catalina Díaz dijo que no se pueden entender los crímenes que le imputan a Montoya sin el contexto político del país en ese momento.

“Entre 2002 y el 2003 se adoptó en Colombia a través del gobierno de la época una política nacional de seguridad y defensa para ganar la guerra, para la victoria militar. Esa política incluyó un fortalecimiento de la fuerza pública”, dijo la magistrada en rueda de prensa.

Y agregó: “Como contrapartida de los recursos que se le entregaron a las fuerzas militares, el discurso oficial de la época les exigió resultados. Ese eslogan de “recursos y resultados”, lo hemos tomado literalmente de los discursos de la época”.

En medio de esa presión explícita por resultados operacionales, la magistrada Díaz aclaró que eso no implicaba únicamente bajas, sino también capturas, desmovilizaciones, entre otras. “En ese marco, el comandante de la IV Brigada, general Mario Montoya, adoptó una política de facto que privilegió las muertes como único indicador real del éxito militar”, dijo.

La JEP no solamente investigará el papel de Montoya en Antioquia. Los magistrados advirtieron que dentro del Caso 03 seguirán indagando sus actuaciones como comandante en el Caribe y como comandante general del Ejército entre 2006 y 2008, para establecer si esas órdenes de “bajas a toda costa” y “barriles de sangre” fueron más allá de la IV Brigada. 

No es un dato menor que en 2007 los casos de ejecuciones extrajudiciales presentadas falsamente como bajas en combate llegaron a su pico, cuando Montoya estaba en lo más alto del Ejército.

Además, la JEP también podría seguir investigando al general (r) Montoya por crímenes en alianza con los paramilitares en el macrocaso 08 que investiga las alianzas de estos con la Fuerza Pública. “Tanto en la selección como en la ejecución de las víctimas jugó un rol central la connivencia con grupos paramilitares de la región”, se lee en el comunicado de hoy de la JEP.

Con la imputación al general Montoya, la JEP ha dado un nuevo paso en esclarecer llos falsos positivos. No solo desvirtuó la teoría de las manzanas podridas y derrumbó la idea del negacionismo, que incluso defendían sectores afines al uribismo, sino que ahora toca a una figura emblemática para las víctimas que hasta parecía intocable. 

Periodista de la Universidad de Antioquia. En La Silla Vacía empecé contando las movidas políticas de Antioquia como practicante, ahora escribo sobre el conflicto armado, las políticas de seguridad, la justicia transicional y los esfuerzos de paz en el país.