La Registraduría Nacional de Alexander Vega va a gastar más de 230 mil millones de pesos en la identificación, autenticación e inscripción biométrica — que se hace con las huellas o el rostro — de votantes, candidatos y jurados de votación de las elecciones de 2022.
La millonaria inversión no está justificada en argumentos técnicos que permitan creer que va a ayudar a ser más transparentes las elecciones o evitar un posible fraude, sino en el legado que quiere dejar el registrador Vega. Al contrario, podría poner obstáculos para el ejercicio de los derechos electorales de candidatos y votantes.
Sobre todo, la decisión consolida el negocio de las empresas nacionales e internacionales de biometría, que funcionan de manera exclusiva y en un círculo que las relaciona entre sí. Cada avance tecnológico que la Registraduría quiera implementar, como el del 2022 y hacia el futuro, implica que lo tengan que contratar de nuevo con esas empresas.
El negocio de la biometría en las elecciones
Los 230 mil millones de pesos de biometría los destinó Vega en dos contratos que, aunque se los dieron a empresas diferentes, se conectan.
El grueso del gasto, unos 225 mil millones, los metió en el contrato de 1.2 billones de pesos para la logística de las elecciones de 2022, que se ganó como único proponente la Unión Temporal Disproel 2021.
De Disproel 2021 son integrantes las sociedades Thomas Greg, Thomas Processing, Manejo Técnico de Información, Securid, Seguridad Móvil de Colombia, Prosegur, Grupo ASD, Opesa y Telefónica.
Los dueños mayoritarios de Disproel 2021 son los hermanos Felipe, Fernando y Camilo Bautista Palacios, que han sido cercanos a Juan Manuel Santos y fueron donantes de su campaña de 2010. De hecho, Santos incluso formó parte de la junta directiva de una de sus empresas. Desde 2010, las uniones temporales en las que ha estado Thomas Greg se han ganado, sin competencia, todos los contratos para hacer las elecciones.
A Disproel 2021 la Registraduría le va a pagar los 225 mil millones, pues además de identificar a los votantes en los puestos con la huella, como se hizo en 2018, ahora también habrá biometría para inscribir cédulas y candidatos, y autenticar a los jurados de votación.
Y para lograrlo podrá hacer uso del reconocimiento facial —la persona debe posar para una cámara que se conecta a una base de datos con la Registraduría— algo que no está del todo reglamentado en el país, según organizaciones expertas en derechos informáticos como Karisma.
Abrir esa puerta para una masiva identificación biométrica llevó a la Registraduría a gastar otros 3.600 millones de pesos, en un contrato aparte, para que se amplíe la capacidad de consultas de la base de datos de la Registraduría con la cual Disproel debe hacer el cotejo de las inscripciones.
Para aumentar esa capacidad de consultas, de 100 mil a 400 mil por día, la Registraduría contrató directamente a la multinacional francesa Idemia, que fue la instaló el motor biométrico que nutre la base de datos de la Registraduría.
A Idemia la contratan directamente, porque tiene la exclusividad de ese tipo de tecnologías biométricas en la Registraduría desde 1999, primero con la identificación por huellas y desde el 2018 con la facial.
Para la instalación e implementación de biometría facial la Registraduría le había dado a Idemia, hasta junio pasado, contratos cercanos a los 47 mil millones de pesos. Con este nuevo se llega a los 50 mil millones de pesos.
Idemia, además, es uno de los fabricantes de los dispositivos que se usan para capturar datos biométricos, como los que debe usar Disproel 2021, y que están autorizados por la Registraduría.
Los 230 mil millones de pesos que la Registraduría va a gastar en biometría en las elecciones de 2022 pudieron haber sido más. En la discusión del proyecto del Código Electoral que define las reglas de juego de las elecciones, el registrador Vega buscó que fuera obligatorio hacer la biometría en todos los puestos de votación, lo que habría incrementado el gasto. Al final, esa disposición quedó sujeta a disponibilidad de plata. Por eso, en este caso, solo se aprobó para el 20 por ciento de los puestos.
La Registraduría justifica esa inversión con tres razones. Primero, el acercamiento con los ciudadanos a través de mecanismos no presenciales. Segundo, la utilización de “mecanismos alternativos y novedosos, propios de la Registraduría del Siglo XXI”. Tercero, como apuesta por lograr la “descongestión de las Registradurías auxiliares, municipales, especiales, y distrital previniendo el contagio del covid a nuestros funcionarios, así cómo la ciudadanía en general”.
Ninguna de esas razones, ni de los estudios previos, se soporta en aspectos técnicos puntuales para cumplir la misión de la Registraduría de hacer las elecciones más transparentes.
La Silla buscó a funcionarios de la Registraduría encargados del tema electoral para conocer más detalles, pero no obtuvimos respuestas.
Los reparos a la inversión y funcionalidad
“¿Con qué criterios la Registraduría dice `sí, necesito los rasgos faciales de las personas para decir que el candidato que se está inscribiendo efectivamente es el candidato que dice ser?”, se pregunta Juan Diego Castañeda, investigador de la fundación Karisma, que es experta en los derechos humanos en el mundo digital.
“No conocemos el primer caso de la suplantación de un candidato, con el solo reconocimiento de la huella o el documento sería suficiente”, agrega.
El otro lío, aparte de la falta de justificación que señala Castañeda, es que la inscripción y autenticación biométrica le puede poner talanqueras al proceso electoral.
Por ejemplo, el resultado positivo o negativo de la autenticación biométrica facial permitiría continuar o no con el proceso establecido para la aceptación de las candidaturas.
Según el contrato establecido por la Registraduría, “En caso de tener respuesta negativa”, los “usuarios” deben ir a otra oficina hasta que sea identificado para “la aceptación de una candidatura”. Es decir, lo ponen a dar vueltas.
En el caso de la inscripción de cédulas, de no pasar el reconocimiento facial se puede negar el trámite y obligar a los ciudadanos a sacar la nueva cédula digital, que es uno de los proyectos bandera del registrador Vega.
“El sistema deberá generar alertas de las inscripciones con cédulas de ciudadanía que no hayan sido renovadas, informando que su inscripción surtirá efecto una vez realice el respectivo trámite de renovación”, dice el contrato. En términos prácticos, un trámite que impide participar en las elecciones de 2022.
Tampoco está claro que eso ayude a mejorar la transparencia porque los delitos electorales no se dan solo el día electoral.
Una muestra de eso es la falta de depuración del censo electoral. En el plebiscito de 2016, la Contraloría encontró que 224 mil militares, que por ley no pueden votar, pudieron haberlo hecho con biometría. Eso, porque para poder sacarlos del censo electoral la Registraduría necesita que el Ejército o la Policía les manden el listado de sus miembros activos, y eso no pasó.
Para el investigador Castañeda las preocupaciones van más allá de lo electoral. Dice que en Colombia no hay una reglamentación clara sobre el uso que una entidad pública como la Registraduría le puede dar a los datos biométricos de las personas.
Especialmente la biometría facial tiene implicaciones inquietantes. A diferencia de la huella, que hay que registrar intencionalmente, las cámaras de reconocimiento facial pueden actuar sin el consentimiento de las personas. En la medida en la que esta tecnología avanza, el caminar por la calle, en una protesta, por ejemplo, podría dar pie para la identificación de las personas usando los datos que tiene la Registraduría.
“La Registraduría tiene la base de datos de los rostros de las personas, y eventualmente otras entidades como la Policía, vía un convenio de cooperación, podría acceder a esa base de datos e identificar a las personas sin autorización previa”, comenta un informe de Karisma.
A través de un convenio en 2020, la Policía ya tuvo el acceso a esos datos faciales de la Registraduría, aunque se limitó a la identificación de personas judicializadas.
“La facultad que tendría la Registraduría para emplear todo tipo de biometría junto con la potestad que tiene para celebrar convenios o acuerdos con entidades públicas y privadas para el acceso a estas bases de datos significa la posibilidad de usar tecnologías como el reconocimiento facial en formas impredecibles, que no estarían establecidas en la ley y que pueden violar derechos fundamentales”, dice Castañeda.
Que la biometría sea la norma y no la excepción es una apuesta del registrador Alexander Vega porque con un artículo del Código Electoral quiere que ese negocio quede en manos únicamente de la Registraduría. Lo que es un gran negocio para las empresas del sector y una amenaza para la privacidad de los colombianos.
