Con la locomotora minera y de hidrocarburos del Gobierno de Santos, hay otra que ha venido creciendo a la par, la de los sindicatos. Y de esos, el crecimiento de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo -USO- es el más significativo.
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| La semana pasada se presentaron enfrentamientos entre la USO y el Ejército en Puerto Gaitán, Meta, lo que podría terminar en un bloqueo de las operaciones en la zona, similar al que afectó a Pacific Rubiales hace un año. Una muestra más de que la USO está presente y tiene un papel importante en la agenda de las actividades de explotación de petróleo. |
Con la locomotora minera y de hidrocarburos del Gobierno de Santos, hay otra que ha venido creciendo a la par, la de los sindicatos. Y de esos, el crecimiento de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo -USO- es el más significativo. Tanto así que tiene a las petroleras reinventándose su política de responsabilidad social corporativa y enfrentadas a incidentes de bloqueos de operaciones que no se veían desde hace diez años. El último fue el de la semana pasada cuando la USO y el Ejército se enfrentaron en Puerto Gaitán, Meta, cerca de la Petrolera Cepcolsa.
No existen cifras oficiales, pero según los líderes de la USO, el número de trabajadores sindicalizados del sector petrolero habría pasado de 6 mil en 2005 a unos 19 mil en este año. Estas cifras, infladas o no, muestran un viraje drástico en el futuro del sindicalismo. Más aún si se tiene en cuenta que para el 2015 la meta de la USO es llegar a 50 mil afiliados.
Varias razones explican el crecimiento inusitado.
La primera, es un clima político más favorable. Durante el mandato de Uribe, aunque se dió protección a muchos sindicalistas amenazados, era complicado el tema de la estigamtización, principalmente desde que el entonces vicepresidente Pacho Santos y José Obdulio Gaviria acusaron a unos sindicatos de estar relacionados con las Farc. Ahora el vicepresidente de Santos, Angelino Garzón, no solo es ex dirigente sindical sino que además ha manifestado públicamente (y más o menos en nombre del Gobierno) su apoyo a los sindicatos. A eso se le suma el acuerdo entre Santos y Obama sobre el TLC de abril de 2011 que exigía un cambio total en la actitud del Gobierno frente al sindicalismo.
La segunda razón es la locomotora petrolera de Santos que ha hecho que en Colombia se pase de producir 450 mil barriles de petróleo en 2002 a casi un millón hoy, de tener en el 2002 diez compañías trabajando en Colombia en exploración y explotación petrolera a 150 y que, según los cálculos de Ecopetrol, la producción pueda llegar a aumentar en un 50 por ciento en los próximos cinco años.
Y la tercera razón es la reestructuración y el cambio de estrategia de la USO. Este sindicato pasó de estar conformado únicamente por los trabajadores de Ecopetrol, a registrar también a los de las nuevas concesiones petroleras que son llamados “tercerizados” porque no tienen, en su mayoría, contratos de trabajo. Y ahora, según le contaron a La Silla fuentes de las compañías petroleras, ya no dirigen su discurso exclusivamente a los trabajadores sino también a las comunidades.
Este crecimiento en la USO se ha visto reflejado, entre otras cosas, en más manifestaciones y bloqueos que al final pueden terminar por convertirse en un gran freno a la locomotora minera.
El 17 de agosto, la USO anunció que reiniciaría jornada de protestas en Puerto Gaitán, Meta, y que desde el martes 14 de agosto había mil trabajadores tercerizados en el proyecto Cara Sur y Jaguar de Ecopetrol y Cepcolsa, contratados a través de la empresa Termodinámica, algo similar a lo que ocurrió el 18 de julio de 2011 y que podría terminar en un bloqueo de esas dimensiones. Por ahora se sabe que el pasado martes 21 de agosto hubo enfrentamientos entre el Ejército y la USO y hay denuncias de supuestas agresiones de la USO al Ejército. Para julio de 2012 ya se habían presentado 159 bloqueos de acuerdo a las cifras que maneja la Asociación Colombiana de Petróleos -ACP-.
La cifra tiene alarmadas a las empresas petroleras si se tiene en cuenta que en todo el 2011 hubo 171 bloqueos, en 2010 hubo 91 y antes de eso, según la ACP, no se tienen registros de esos incidentes. “Estamos viendo un crecimiento bastante grande de bloqueos a operaciones en diferentes regiones, principalmente en los departamentos del Casanare, Meta y Santander”, le dijo a La Silla Alejandro Martínez, Presidente de la ACP.
Históricamente, la USO ha sido el sindicato de los trabajadores de Ecopetrol. Investigadores y sindicalistas consultados por La Silla le atribuyen a la USO haber logrado mantener a Ecopetrol como una empresa mayoritariamente pública, evitar la privatización de la producción de crudo en el país, y mejorar las condiciones de los trabajadores del sector.
En su labor, los integrantes de este sindicato han sido víctimas, entre 1986 y 2011, de un total de 577 actos violentos que van desde amenazas, homicidio y tortura hasta desaparición forzada, según el Observatorio de derechos humanos de la Escuela Nacional Sindical.
Esos ataques durante dos décadas y el hecho que durante el gobierno del ex presidente Uribe el clima político no fue fácil, terminaron debilitando la organización.
Por eso desde el 2005, la Dirección de la USO empezó a fraguar una nueva estrategia y decidió cambiar la decisión interna de vincular solo trabajadores y empezar a vincular contratistas y subcontratistas, que hoy en día, en cifras de la USO que la ACP no controvierte, son el 60 por ciento de los trabajadores del sector petrolero.
La Corte Constitucional tuvo su aporte cuando en 2008 decidió modificar las normas laborales que le daban a las autoridades laborales la posibilidad de revisar, aprobar o improbar los registros sindicales. En la nueva versión de estas normas, los registros son definitivos cuando se comunican al empleador y al gobierno.
Este proceso se consolidó con el fin del gobierno Uribe y la llegada de la dupla Santos-Angelino y con ellos la firma del TLC, la creación de un Ministerio de Trabajo, la firma de un acuerdo entre Obama y Santos por el cual se prohibía el mecanismo de contratación de las compañías petroleras de usar cooperativas de trabajo, y por supuesto, la consolidación de la locomotora minera.
Las peticiones de la USO en materia laboral se concentran en el salario y el origen de los trabajadores. Piden que todos los trabajadores tengan acceso al “salario petrolero”, un salario que cumpla con las mismas condiciones que ya logró la USO en convención colectiva con Ecopetrol. Y que las compañías operen siempre con 100 por ciento de mano de obra local, de la región en la que están operando.
Frente al tipo de vinculación laboral, las compañías petroleras dicen que ellas no operan de manera continua, sino que tienen distintas fases como exploración, construcción de infraestructura y explotación y para cada una de ellas necesitan trabajadores diferentes. Como algunas duran apenas unos pocos meses en diferentes sectores, ese tipo de vinculación no es posible.
Los sindicatos llaman a eso trabajador informal o tercerizado y alegan que no se les están suministrando todas las garantías laborales.
Aunque a partir del acuerdo Obama-Santos de abril del 2011 ya no se puede contratar con cooperativas de trabajadores, que era según los sindicatos una forma de evadir todo tipo de prestaciones laborales, ahora alegan que lo están haciendo contratando con los sindicatos. Ni entre las cooperativas y sus afiliados, ni entre los sindicatos y los sindicalizados hay una relación laboral que genere obligaciones con el trabajador, por eso en ambos casos este último queda desprotegido.
Pero además, los gremios argumentan que el sector petrolero es el que más le paga a los trabajadores. Y que mientras que en cualquier otro sector en donde ganarían como mucho el salario mínimo, como por ejemplo la producción agrícola general o la de palma africana, los trabajadores de compañías petroleras así estén contratados por unos meses se ganan dos o tres veces eso.
Tanto así, que a juicio de los gremios petroleros el tema del salario tiene consecuencias de inflación en los municipios, migración de mano de obra de un lugar a otro y todo lo que viene con eso, problemas en las alcaldías para suministrar servicios y facilidades de vivienda y otras como presencia de bares, riñas, violencia y prostitución.
Por eso el segundo tema, la exigencia de 100 por ciento de mano de obra local no es menos complicado. Los sindicatos consideran que se debe vincular gente que sea de la región. Lo difícil es determinar quiénes los son, más cuando el trabajo en petroleras es tan atractivo. No es claro si alguien tiene que simplemente ser nacido en la región o haber vivido cierta cantidad de años, o estar instalado allí.
Para determinar eso se han diseñado, según las petroleras, distintas soluciones. Pedirle a los sindicatos que sean ellos las que manden las listas, al Sena o las Juntas de acción comunal que se encarguen de certificar la pertenencia o no a una región.
Pero eso ha desencadenado un fenómeno de corrupción que los mismos sindicatos reconocen. Para el caso de las Juntas, como son éstas las que determinan quién es de la región y quién no, han venido cobrando en algunos municipios, como Puerto Gaitán y municipos de Casanare alrededor de 500 mil pesos por el ‘cupo’, que es la certificación de que sí son ‘locales’.
A pesar de que lo que ha crecido en la USO es el número de trabajadores, eso no es ni lo que más les preocupa ni en lo que más tienen que concentrarse las compañías petroleras para alcanzar sus metas.
Al final, la cifra de 19 mil afiliados que le dijo Edwin Palma, Presidente de la USO en Barrancabermeja, a La Silla puede estar inflada. “Para calcular el número de afiliados nosotros contamos todos los trabajadores que llenan y presentan un formato de registro”.
De las personas que se registran como parte de la USO, no es claro cuántos de ellos siguen siendo activos, o cuántos simplemente fueron subcontratistas del sector por apenas unos meses y ya no participan activamente del sindicato.
La preocupación tampoco es de infiltración de actores armados en los sindicatos. Durante mucho tiempo se habló de la infiltración por parte de la guerrilla, sobre todo del ELN, en el sindicato de la USO. Hoy a las compañías petroleras de eso lo que les preocupa principalmente es la presencia de encapuchados que inciten actos de violencia durante las protestas, o al menos eso le dijeron a La Silla.
Según la ACP, la estrategia de la USO que sí representa una amenaza para las petroleras es su trabajo directo con las comunidades. Dos representantes del gremio petrolero le contaron a La Silla que más que reunirse con los trabajadores, la USO se reúne ahora con las comunidades, revisa con ellas sus preocupaciones sociales de toda índole y las convierte en exigencias para las compañías de la zona. Esto vuelve más difíciles las negociaciones y cambia la manera de acercarse a los temas.
“Alegando cualquier causa, las comunidades se paran en medio de la carretera porque bloquear el transporte de crudo por vías terrestres es muy fácil, pero luego cuando se sientan a negociar no es tan claro qué es lo que quieren”, le dijo el Presidente de la ACP a La Silla. “Aunque la principal causa de los bloqueos es laboral, alegan también el deterioro de las vías, la contratación de bienes y servicios públicos como educación, energía o internet, otro tipo de aspiraciones sociales para la comunidad y temas ambientales”.
Para las compañías mineras el tema empeoró con el rediseño del mecanismo para asignar las regalías. Como ahora las regalías no le entran directamente a los municipios y departamentos sino que se entrega la plata contra los proyectos que presenten y que sean aprobados por un Comité y en todo caso es mucho menos pues se redistribuye también en regiones no petroleras, la plata que ya no reciben los municipios petroleros se la quieren cobrar a las empresas.
Esto se ha traducido en mayores exigencias a las petroleras, que ahora son llamadas por la comunidad, en parte alentadas por la USO, a responder por las deficiencias institucionales más básicas.
El tema puede terminar en protestas como las de julio de 2011 contra Pacific Rubiales. Y eso que sus trabajadores no hacen parte de la USO, porque, según la USO, cuando ingresan a la compañía son llamados a integrar su propio Sindicato, la Unión de Trabajadores del Sector Energético UTEN.
La UTEN es, en términos de los sindicatos, un sindicato patronal que representa los intereses de la empresa y no de los trabajadores. Por eso el caso de Rubiales es un ejemplo de protestas que se construyen más en la comunidad que entre los trabajadores sindicalizados de una empresa en particular.
Pero las empresas petroleras consideran que no pueden entrar a suplir deficiencias estructurales del Estado. “Mas allá de si están o no llamadas a hacerlo o de tener los recursos y estar dispuestos a invertirlos, lo que hay detrás es un problema de gobernabilidad complicado que no pueden resolver las compañías que solo pueden contener una crisis”, le dijo el Presidente de la ACP a La Silla.
El crecimiento de la USO representa un desafío para las proyecciones ambiciosas de la locomotora de Santos, aunque estas cuenten con todo el apoyo del Gobierno. Además deja claro que más allá de lo que logre en las regiones la aplicación de la nueva ley de regalías, el fortalecimiento institucional del Programa de Consolidación o la estrategia actual de la Fuerza Pública, las compañías petroleras juegan un papel activo. Y para eso tendrán que cambiar el enfoque y más que ganarse a los trabajadores, hacer inversión social que convenza a las comunidades.
