Gloria Inés Ramírez llegó al Ministerio del Trabajo con credenciales como sindicalista de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y miembro del Partido Comunista. Tras casi dos años en el cargo, 13 de 17 sindicatos de los trabajadores del Ministerio van a entrar en huelga por primera vez en ocho años. 1224 trabajadores, más de la mitad, votaron “sí” para entrar en paro. El motivo: el incumplimiento a los acuerdos sindicales firmados por Ramírez en julio de 2023.
La relación de los sindicatos de MinTrabajo con la ministra ya venía desgastándose desde antes. En abril de 2023, estuvieron cerca de irse a huelga porque los funcionarios denunciaron que no han sido tenidos en cuenta en la construcción de las reformas laboral y pensional. Un año después, los funcionarios volvieron a marchar ante los incumplimientos a los acuerdos colectivos en la entidad.
Esta huelga, paradójica para una funcionaria que ha liderado paros, muestra que como empleadora no pudo cumplir promesas de aumento de salarios por falta de pericia administrativa. También resalta la dificultad para crecer una planta de trabajadores a través de un concurso, esencial para vigilar los derechos de millones de trabajadores en Colombia.
Trabajo: la cenicienta de los ministerios
En el gobierno de Álvaro Uribe, el Ministerio de Trabajo y el de Salud fueron fusionados en el Ministerio de la Protección Social. Después, en 2011, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se volvieron a separar. A partir de la disolución, el Ministerio del Trabajo quedó con el sobrenombre de “la cenicienta de los ministerios”, pues el presupuesto que maneja el funcionamiento de la planta es uno de los más bajos dentro de las instituciones de la rama ejecutiva.
Esto se ve reflejado en los salarios de los cerca de 2.200 trabajadores de planta que tiene MinTrabajo. En los últimos años, se ha hecho un esfuerzo para subir los grados salariales, para igualarlos con los otros ministerios, pero se ha quedado corto.
Como una forma para lograr la nivelación, MinTrabajo estableció en los acuerdos colectivos unas bonificaciones sobre el salario. Por ejemplo, en los Acuerdos Colectivos de 2021, en el artículo 44, se acordó una bonificación del 30% para pagar en marzo del 2022, como reconocimiento económico a los inspectores municipales, que tienen la función clave de vigilar que las empresas cumplan a sus trabajadores.
Hoy en día, estos funcionarios trabajan en condiciones difíciles. Francisco Burgos, inspector municipal de Córdoba, explica que “por lo general tienes que pararte con lo que tengas a la mano, si se acaba la cinta o el papel te toca comprarlo. Muchas inspecciones municipales no tienen ni siquiera un baño. No pedimos un salario mejor, pedimos equidad”.
El art. 44 de ese acuerdo hace parte de los 57 acuerdos, más de la mitad, que los sindicalistas dicen no fueron cumplidos por MinTrabajo desde el gobierno de Iván Duque. Por eso, la actual ministra Ramírez firmó otro acuerdo –conocido como 2023-2025– donde se comprometió a dar “estricto cumplimiento”, en el Art.13 del Acuerdo Colectivo, a todo lo firmado desde gobiernos anteriores. Se trata de un rezago de incumplimientos que viene desde el 2013; la bonificación para los inspectores municipales ya lleva tres años de retraso.
Sin embargo, Ramírez no ha podido cumplir. Hoy hay un retraso de dos meses de una bonificación del 50% que se estableció en el artículo 76 del Acuerdo Colectivo de 2023-2025, donde MinTrabajo “compromete su voluntad política y administrativa para concluir los trámites ya iniciados ante MinHacienda para hacer efectivos los respectivos pagos”. En el acuerdo se menciona también una bonificación del 25 por ciento para diciembre de 2023, la cual sí fue cumplida.
El problema con la mayor bonificación tiene que ver con un error de la propia ministra. El 29 de abril, llegó una carta por parte de Función Pública para Ramírez donde se menciona que no se puede hacer la modificación al decreto que establece la compensación especial de bonificación debido a que MinTrabajo no adjuntó dos documentos. El primero es el concepto previo de aprobación política de presidencia y el segundo es el de viabilidad presupuestal por parte de MinHacienda.
Fuentes cercanas a MinTrabajo le dijeron a La Silla que se enviaron los documentos al día siguiente. El Ministerio no contestó preguntas de La Silla Vacía.
La ministra Ramírez dijo el 18 de mayo que ya hay un avance de más del 54% en el cumplimiento de los acuerdos. No obstante, con corte al 24 de abril, los sindicatos afirman que solamente se ha cumplido el 5%. Además, el 3 de abril la ministra dijo en otro video publicado en las redes del Ministerio que el cumplimiento estaba en el 65%.
Con cada uno de los puntos acordados, hemos convocado al diálogo y brindado las garantías, como debe ser, para tener una interlocución clara. Hemos tenido un avance del 54.76% de los acuerdos. pic.twitter.com/6DJx9gXlbm
— MinTrabajo (@MintrabajoCol) May 18, 2024
#Atención | El Ministerio del Trabajo avanza en el cumplimiento del acuerdo con sus organizaciones sindicales, por esta razón en el primer trimestre del 2024 se ha cumplido en un 65% del acuerdo con las organizaciones sindicales de la entidad.
— MinTrabajo (@MintrabajoCol) April 3, 2024
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Así mismo, los sindicatos mencionan que MinTrabajo recibió una comunicación el 9 de mayo por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), que dirige Laura Sarabia, para ampliar la “justificación en cuanto a la necesidad prioritaria de la solicitud”. Por lo cual consideran que fueron engañados por el ministerio al decirles que ya tenían adelantado los trámites correspondientes y los acusan de improvisación.
Incluso los trabajadores con afinidad al gobierno reconocen los incumplimientos a los acuerdos sindicales, aunque estén en contra de la huelga. Según Juan Nicolás Sarmiento, presidente de Usec –un sindicato que está de manera unánime en contra de la huelga–, el Ministerio les ha comunicado que los retrasos en las bonificaciones tienen que ver con la falta de recursos para hacer los pagos debido a acontecimientos por fuera del Ministerio. Sarmiento hace énfasis frente a la sentencia de la Corte que tumbó la prohibición de deducir las regalías petroleras de la reforma tributaria.
Sospechas de clientelismo en el concurso
La lista de promesas incumplidas está llena detalles pequeños pero importantes para los trabajadores.
Dicen que no se han entregado los kits escolares para sus hijos, que debieron llegar en enero de 2024. Tampoco se ha dado la ampliación de rutas de transporte y el cambio de sedes que garanticen condiciones dignas de trabajo. Además, hay poca ejecución frente a la promesa de ampliar el teletrabajo, establecido en el artículo 58 de los acuerdos sindicales de 2023-2025.
Además, afirman que falta aún la entrega de dotación básica de vestido. Según un comunicado de los sindicatos, fue solo hasta el mes de mayo que se remitió el presupuesto a las Direcciones Territoriales para que gestionen la compra de estos.
Sin embargo, uno de los temas que ha impulsado más la decisión de llegar a una huelga tiene que ver con el concurso de méritos para formalizar a los contratistas o funcionarios en encargo de la plata del Ministerio. Se trata de una iniciativa clave para profesionalizar a la planta dedicada a la defensa de los trabajadores, que ha impulsado el gobierno de Gustavo Petro, y a su promesa de formalizar contratistas.
La idea de este concurso es integrar a la planta a 1300 puestos que hoy están ocupados por contratistas o funcionarios en provisionalidad, a través de un sistema meritocrático. Concursos de esta naturaleza ya se ha realizado en otras instituciones del Estado desde años anteriores, como en la Fiscalía, por ejemplo.
La preocupación radica en la poca preparación que ha brindado el ministerio a los empleados. “Son personas que claramente son capaces y merecen ser capacitadas para continuar con su empleo. Imagínese usted si tiene una enfermedad, salir a buscar empleo después de 20 años va a ser imposible”, mencionó Diana Peña Baena, servidora adscrita a la Dirección Territorial del Valle.
Otro de los motivos por el cual los sindicatos miran con preocupación este concurso es porque sienten que el Ministerio le ha dado celeridad, sin respetar el debido proceso. A principios de mayo se realizó una mesa de trabajo donde se socializaron los ajustes hechos por la Comisión Nacional del Servicio Civil al manual de funciones de los trabajadores del MinTrabajo. En la mesa con los sindicatos, el Ministerio dijo que los cambios fueron exclusivamente de forma, pero ellos denuncian que en realidad son modificaciones al manual.
Se quejan de que el concurso no va de la mano con el rediseño de la planta, especialmente frente a los cargos de inspector, que fue modificado el año pasado. Los sindicatos mencionan, que según recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los inspectores deben ser abogados, administradores, economistas, ingenieros industriales o carreras afines. Pero con la modificación impulsada por la ministra Ramírez se abrió paso a la llegada de contratistas con carreras como diseño, servicio social, artes gráficas, contadores públicos, sociólogos y psicólogos.
“Es importante la multidisciplinariedad dentro del ministerio, especialmente con población vulnerable, pero hay que tener un conocimiento normativo. Nunca nos socializaron el estudio técnico que significó ese cambio de los perfiles, y eso aumenta la carga para aquellos que conocen la norma”, dijo Peña Baena.
Además, los trabajadores mencionan que no se ha tenido en cuenta al estudio hecho por la Escuela Superior de Administración Pública (Esap) para la modificación de la planta de personal del Ministerio de Trabajo. En una carta mandada a la ministra el 16 de mayo, la Procuraduría habla de un posible detrimento patrimonial, ya que no se ha implementado este estudio que tuvo un valor de $1.525 millones de pesos.
Una mujer miembro de un sindicato, que habló a condición de no ser identificada para no ser señalada por sus compañeros, le dijo a La Silla Vacía que existe un claro favoritismo para los nuevos contratistas que trajeron funcionarios afines al gobierno, especialmente en el grupo elite de género. Además, existe tensión entre aquellos que se encuentran a favor de las reformas del gobierno con aquellos que no.
En medio de estas denuncias hay señalamientos de acoso laboral. “Me dejaron sin funciones, yo ya pedí el traslado porque me estoy empezando a enfermar. Hay un temor generalizado de manifestar lo que sientes, o de decir lo que opinas. Ya me cansé”, le dijo a La Silla Leidy Cortés, presidenta de Asoness.
Over Dorado Cardona, Secretario General de la CUT- Central Unitaria de Trabajadores-, le dijo a La Silla Vacía que “la huelga, más allá de la parálisis de las actividades, es un derecho. Pero es fundamental mirar la organización y definir cuáles cosas son esenciales para la ciudadanía y no paralizar esos puntos de solución inmediata”. Los trabajadores ya conformaron un comité de paro para definir la fecha exacta en la que entrarán en cese de actividades.
“El cumplimiento de los acuerdos no depende solamente de MinTrabajo, pero Ramírez debe poner la cara”, dice Dorado.
