“La empresa” del Clan: así creció la mayor amenaza armada de Colombia

“Con este golpe se marca el final del Clan del Golfo”, dijo el expresidente Iván Duque en octubre de 2021. El precoz obituario llegó luego de que la fuerza pública capturó a Dairo Antonio Úsuga, conocido como “Otoniel”, y quien era el jefe de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Sin su cabecilla histórico, esa organización no ha parado de crecer y hoy se ha convertido en la mayor amenaza armada en el país. 

Las cifras son elocuentes. La semana pasada, la Defensoría del Pueblo alertó que es el grupo que más ha expandido su influencia territorial. Pasó de 253 municipios en el 2022 a 392 el año pasado. En contraste, el ELN está en 231 municipios, y ha perdido terreno en Chocó y Bolívar en guerras contra las AGC.

Se trata de una expansión acelerada durante este gobierno. El excomisionado para la paz, Danilo Rueda, dijo a principios de 2023 que las AGC tenían cerca de 9 mil hombres en sus filas, y, a finales de ese año los tasó en 14 mil integrantes, un crecimiento del 55 por ciento si las cifras son precisas.

¿Qué ha hecho de las AGC una organización tan resiliente a los grandes golpes y las operaciones militares? La Silla consultó oficiales de las fuerza pública que los han combatido, líderes sociales en su áreas de influencia, fuentes de inteligencia, investigadores que se han sumergido en entender las AGC e informes sobre este grupo, para entender el poder del Clan del Golfo.

La principal respuesta es el poder económico detrás de esta empresa criminal sofisticada. En su modelo de talento humano un comandante de bloque puede ganar hasta 50 millones de pesos. Su modelo de expansión está basado en subyugar o contratar franquicias con bandas criminales más pequeñas en todo el país. Y, como una gran corporación, financian una estrategia de responsabilidad social con proyectos para las comunidades, y una estrategia política para abrir espacios de negociación con el Estado.

AGC Limitada 

Algunos mandos y miembros de las AGC en el Bajo Cauca antioqueño, una de sus zonas principales de operación, dicen que trabajan en “la empresa”. Así lo ha escuchado Matthew Charles, investigador y exdirector del observatorio de crimen organizado de El Rosario, que ha recorrido esta región para entender y caracterizar este grupo armado. 

Para él es claro que solo la fuerza pública y los medios nacionales le dicen “Clan del Golfo”, que en las regiones los conocen como “gaitanistas” o “AGC” —las mismas siglas que pintan en las paredes de sus dominios—. Y de acuerdo a su investigación, funcionan “con un modelo de administración de empresas”.

Company owned, company operated

Según Charles, un inglés que vive hace años en Colombia, la principal forma de operar de la empresa es “company owned, company operated”. Es decir, tienen una estructura base operada y de propiedad de las AGC, con un control territorial ferozmente custodiado que tiene fuentes diversas de ingresos. Este modelo es el que más se parece al funcionamiento de una guerrilla: tienen bloques, frentes, compañías y unidades móviles.

Una muestra de su poder territorial fue cuando hicieron el paro armado de 2022, el más grande desde 2016, y en respuesta a la extradición de “Otoniel” a Estados Unidos. 

En la actualidad, según informes de inteligencia militar a los que tuvo acceso La Silla, el grupo armado cuenta con cinco estructuras o bloques. Una información que concuerda con los datos del sistema de monitoreo del conflicto de la UIA de la JEP.

El Bloque Central de Urabá “Juan de Dios Úsuga” es la estructura principal, ubicado en el Golfo de Urabá dónde empezó esta organización. Las otras estructuras principales y que más tiempo tienen son: el Bloque Jairo de Jesús Durango (en Chocó y el suroeste antioqueño) y el Bloque Roberto Vargas (en Córdoba, nordeste y Bajo Cauca antioqueño). 

Los otros dos bloques son más recientes. Por ejemplo, el Bloque Arístides Meza era conocido antes bajo el nombre de Erlin Pino. Sin embargo, se cambiaron el nombre a principios de 2023. De acuerdo con una fuente de inteligencia militar, que pidió no ser citada para dar detalles de información clasificada, este bloque se reconfiguró para enfrentar al ELN y el EMC de las Farc, especialmente en el Sur de Bolívar.

Aunque la estructura de la parte armada del Clan es muy parecida a la de una guerrilla o de los paramilitares de las AUC, su funcionamiento es diferente especialmente porque no hacen grandes campamentos y porque su control territorial lo soportan con redes de informantes pagos.

“Están muy capacitados porque tienen exguerrilleros en sus filas y tienen algunos campamentos, claro, pero son muy móviles”, dice un militar del alto rango que ha combatido al Clan y que pide reserva de su identidad porque no puede dar declaraciones. “Hoy están en un punto, pero al día siguiente se mueven 10 kilómetros. Ellos no se quedan quietos, van detrás de un objetivo: atacar al ELN, asegurar un cristalizadero, establecer rutas, controlar salidas hacia el mar”. 

Según coinciden las fuentes, la forma de actuar de estas estructuras de las AGC es de dos maneras. Con unidades móviles y armadas avanzan, enfrentan el enemigo y salen. Pero detrás vienen los mandos políticos y financieros que les pagan a personas del territorio para que sean “puntos de control”. Es decir, personas con radioteléfono y pistola que sirven de informantes en veredas y zonas bajo el control del “Clan”.

“La parte de puntos de control y de apoyo es superior al componente armado. La función es apoyar y soportar en inteligencia. Se convierten en anillos de seguridad de la parte armada”, dice la fuente de inteligencia militar. 

Y toda esta operación armada y logística es pagada. A todos los eslabones los meten en la nómina con rangos salariales diferenciados.

Un comandante de un bloque puede ganar 50 millones de pesos, un comandante de zona 10 millones de pesos y un mando político unos cinco millones. A los “patrulleros”, que es como llaman a sus miembros rasos en armas, les pagan un millón y medio. Y a los “puntos”, la parte más pequeña de la cadena, les pagan entre 800 mil y un millón de pesos. Pero también les pagan extra a quienes se especializan en explosivos o en francotiradores.

Estas cifras de la nómina de las AGC se saben a partir de intercepciones de comunicación entre mandos de este grupo armado, hechos por inteligencia militar. Se tratan de memorias SD que se mandan con mensajeros y que contienen cartas o largos audios con detalles de la operación armada. La Silla tuvo acceso, a condición de no hacerlos públicos, a documentos de inteligencia que dan cuenta de varias de esas comunicaciones.

Company owned, franchise operated

Pero, las estructuras armadas y propias de las AGC no son su única forma de actuar. Según el investigador Charles también tienen un modelo de franquicias o de tercerización de operaciones. Ese modelo explica la presencia del Clan en zonas donde no está consolidada la presencia de un bloque.

Es una visión en la coincide el investigador y profesor de la UniNorte, Luis Fernando Trejos. “Las AGC tienen una particularidad, que es el primer grupo armado que empezó a utilizar principios empresariales en su práctica criminal. Empezaron a tercerizar y a subcontratar mucho”, dice. Es un modelo que es evidente con bandas criminales en Buenaventura, Medellín, Barranquilla o en el Eje Cafetero.

En esta forma de operar, las AGC financian con armas y recursos a los grupos en territorios donde no tienen presencia, pero les cobran favores y servicios para mover sus negocios. Se trata de la punta de lanza para expandirse a lugares por fuera del área consolidada por sus frentes. Cuando el dinero no los convence, el Clan subyuga a esos grupos. Un ejemplo de una franquicia es la banda criminal La Sierra, en Medellín. 

Este modelo tiene una variación que son los branded groups. Es decir, pequeños grupos que son absorbidos y toman el nombre de las AGC, especialmente pandillas y combos en zonas urbanas, pero no son orgánicos de un Bloque, ni los opera un comandante puro de las AGC. 

Alrededor de la expansión con franquicias está uno de los mayores factores de riesgo y violencia. La masacre de cinco personas en Barranquilla, en marzo del año pasado, es una muestra de la violencia que se desató en la principal ciudad del Caribe por cuenta de la guerra entre las AGC y Los Costeños, un conflicto que empezó después de que se rompiera la alianza entre estos dos, en la que esta banda criminal funcionaba como operador o como franquicia del Clan.

El modelo de franquicias también hace difícil calcular el tamaño real de las AGC. Una muestra de eso son la disparidad en las cifras que tiene la fuerza pública y el grupo armado. De acuerdo a la fuente de inteligencia militar, un estudio preliminar calcula que en 2024 este grupo podría oscilar entre 5.500 y 6.000 integrantes. De acuerdo al abogado de esta organización, Ricardo Giraldo, las AGC tienen hoy 13.500 integrantes, un cálculo más cercano al del excomisionado Rueda.

La guerra no es para pobres

Aunque no hay una cifra confiable de cuánto dinero genera al año toda la organización, hay destellos de su poder económico.

Para el exdirector de la Policía y una de las peronas detrás de la operación Agamenón, el general (r) Jorge Luis Vargas, una muestra son las incautaciones que la fuerza pública le ha hecho a los capos. “A la hermana de Otoniel, alias ‘La Negra’, en una de las fincas de Medellín le incautaron 28 mil millones de pesos en efectivo. Lo tenía encaletado en llantas. Además, las mejores tierras y las grandes fincas son de ellos”, dice. 

Y en gastos también se les va mucho dinero. Solo en su área principal (Chocó, Antioquia y Córdoba) la nómina de sus miembros podría costar entre 15 mil y 18 mil millones de pesos mensuales, según la fuente militar de alto rango. Es decir, 220 mil millones al año.

Sus gastos totales son mucho mayores, sumando la compra de armas, equipos y la comida para la tropa, las coimas a funcionarios de todo nivel, y los proyectos de inversión social y reputacional. “La guerra no es para pobres”, dice el alto oficial.

Y las AGC no son pobres. Su portafolio de rentas ilegales es diverso en cada una de las regiones que controlan. Que además, les permite suplir fácilmente cuando una fuente es afectada, como ahora que el mercado de la cocaína ha bajado sus precios. “Mientras tanto, la minería ilegal está creciendo mucho”, dice Charles. 

De todas maneras, el narcotráfico sigue siendo el renglón principal. Ahí el negocio del Clan es establecer rutas desde los cultivos de coca, hasta los cristalizaderos y de ahí el paso hasta los puertos desde donde salen los cargamentos a México o Europa. 

Este es un negocio que hacen con socios de alto calibre. Por un lado, a través de los “invisibles”, que son narcotraficantes sin filiación ni a este, ni a ningún grupo armado, que se mantienen con bajo perfil, y que hacen negocios con el Clan.  Por otro lado, cuando son socios internacionales de alto calibre, los cabecillas de las AGC también atienden directamente a sus emisarios, como el caso de los carteles mexicanos. 

“‘Otoniel’ personalmente recibía a los emisarios mexicanos”, dice el general Vargas, de acuerdo a la inteligencia que manejaba la Policía hasta su captura. “Los mexicanos son socios. Lo mismo los albaneses, gente de los Balcanes, italianos, españoles, y holandeses que venían acá a reunirse directamente con él o con ‘Chiquito Malo’”. Este último es conocido al interior de las AGC como “Comandante Javier” y es su actual cabecilla.

De acuerdo a la Policía, a finales de 2021, se estimaba que el Clan del Golfo podría mover cerca de 20 toneladas de cocaína al mes. El kilogramo de cocaína en su destino final fue evaluado el año pasado entre los 30 y 50 mil dólares. Es decir que una tonelada podría valer alrededor de 30 o 50 millones de dólares en su destino final. No quiere decir que todo este dinero se vaya para las AGC o sus cabecillas, pero es una muestra de las dimensiones del negocio. 

Por el nivel de complejidad y los riesgos de que la fuerza pública incaute la droga, el narcotráfico es un negocio reservado para la cúpula de las AGC. “La plata del narcotráfico se queda en el Estado Mayor. Y para los comandantes de zona, los políticos, los soldados, la plata viene más de extorsión, minería y microtráfico”, dice el investigador Mathew Charles.

Tampoco son rentas menores. Según una investigación publicada por Charles, el microtráfico de cocaína le genera a esta organización 4.519 millones de pesos mensuales solo en Caucasia, el municipio más grande en el Bajo Cauca antioqueño. Al año esto sería un 40 por ciento más que el presupuesto de seguridad de la Gobernación de Antioquia.

Pero el mayor negocio en el Bajo Cauca es la minería ilegal de oro. Allí este grupo armado cobra un “impuesto” de tres millones de pesos por tener una mina y un 10 por ciento de las ganancias mensuales. De acuerdo al general (r) Vargas, la minería ilegal supera incluso al narcotráfico en esta región.

La importancia de ese negocio para las AGC se vio reflejada en el paro minero del Bajo Cauca, en el primer semestre del 2023. El grupo presionó, a través de audios y chats, a los mineros para que salieran a bloquear las vías, después de la destrucción por parte de la fuerza pública de las dragas ilegales que extraían el oro. Tras diez días de bloqueos el presidente Petro le puso fin al cese al fuego que tuvo a principios de 2023 con este grupo. 

Además, en los últimos años, las AGC han aprovechado su control territorial en la selva del Darién, en la frontera con Panamá, para cobrar impuestos y regular el tráfico de migrantes. Según dos investigaciones, una de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y otra de International Crisis Group, el Clan recibe grandes rentas a partir de los impuestos a la migración irregular. “Millones de dólares por semana”, según Crisis Group.

En respuesta, el abogado de las AGC, Ricardo Giraldo, le dijo a La Silla que era falso que este grupo manejara el negocio del tráfico de migrantes en el Darién y aportó como pruebas vídeos de migrantes en Necoclí (Urabá) que dicen desconocer qué son las AGC. Por el contrario, dijo que este grupo solo ponía condiciones para regular el tráfico de los migrantes. Aunque es cierto que regulan a los operadores que manejan directamente el negocio, múltiples fuentes indican que también imponen impuestos a esa operación.

La extorsión o “impuesto” también es extendido a empresarios, ganaderos y el comercio en las zonas bajo el control de las AGC. Al principio de este año, Fedegán denunció más de cien extorsiones a ganaderos, la mayoría hechas por el Clan. Se trata de una renta que, a pesar de su subregistro, ha crecido en los últimos años y que su costo varía dependiendo del tipo de víctima. Además, su presencia en zonas urbanas, a través de franquicias o con sus propios frentes, abre un mercado amplio y en expansión para este delito.

Esa cantidad tan inmensa de dinero y de rentas criminales les ha valido el nombre de la mayor organización narcotraficante del país. Pero sus cabecillas y voceros reclaman que son más que bandidos y que su nombre no es Clan del Golfo, sino que son gaitanistas.

El Clan versus los Gaitanistas: política y reputación

Después de la desmovilización de las AUC, empezó a surgir lo que hoy se conoce como el Clan del Golfo. Empezaron bajo la influencia de dos casas paramilitares: los Castaño y los Rendón, y por eso en un primer momento se llamaron “Héroes de Castaño”. Pero rápidamente se cambiaron el nombre a Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), algo que hicieron oficial en 2013 y que mantienen hasta ahora.

En contraste, el gobierno los ha llamado de muchas maneras. Primero fueron Bacrim Urabá, luego Los Urabeños, después Clan Úsuga y finalmente Clan del Golfo. “¿Por qué Clan? Por lo familiar. Es muy parecido a la mafia italiana, los cabecillas son de familias: los Úsuga, los Vargas Gutiérrez”, dice el general Vargas. 

La historia de los dos nombres marca la disputa por definir la naturaleza de este grupo armado. Para la fuerza pública es claro: es un grupo narcotraficante que se pinta de político e ideado por los cabecillas que tenían pasado guerrillero como el mismo “Otoniel”. Pero en sus estatutos y su página web, las AGC se describen como una organización se alzó en armas contra los grupos “generadores de violencia” y el abandono estatal.

Recientemente, las AGC lanzaron una nueva página web llamada El Gaitanista. Allí publicaron un perfil de alias “Jerónimo”, el comandante político de toda la organización que se ha vuelto visible desde el año pasado. 

“La historia de Jerónimo es una historia de lucha por la defensa de la vida, por el derecho a autodefenderse del abuso de los grupos generadores de violencia y la falta de presencia del Estado colombiano”, se escucha en un vídeo en la página web de las AGC. 

Por eso, los investigadores Luis Fernando Trejos y Reynell Badillo lo han descrito como un grupo armado politizado. Es decir, una organización sin origen ideológico que ha tomado acciones para politizarse por diferentes intereses. 

“Creo que hay un aprendizaje criminal de esa cúpula que sabe que sin base social una organización armada no subsiste en un territorio. Y que la construcción de base social no solo pasa por el miedo, sino que también debe haber algún tipo de simpatía. Porque el grupo, en últimas, suple necesidades materiales y funciones de Estado: regulación de conflictos, garantías de seguridad, administración de justicia”, dice el profesor Trejos.

En ese sentido, ese relacionamiento social con las comunidades no solo es a través del fusil, sino con plata. Una especie de responsabilidad social empresarial. 

Un líder social de Chocó que ha vivido de cerca la expansión de las AGC por este departamento, cuya identidad se omite por su seguridad, dice que ellos cometieron muchas “cochinadas y atropellos” con las comunidades. Pero, que por lo menos desde 2019, notó un cambio en el trato. Ya no era el comandante militar, sino que empezaron a tener más poder los “políticos”. 

Según las interceptaciones a las AGG en Chocó, este grupo armado hace cursos específicos para entrenar a mandos “políticos”. Se trata de un miembro de la estructura armada del Clan, pero que se viste de civil, no porta armas y se encarga del relacionamiento con las comunidades, las autoridades locales y eventualmente miembros de la fuerza pública en la nómina del grupo armado.

“En época de navidad o de inicio de clases les reparten regalos a los niños. Si hay un enfermo ponen la plata para que lo saquen a un hospital. Si los líderes necesitan reunirse ponen la plata para la gasolina”, dice el líder social de Chocó.  

A través de zanahoria y garrote las AGC garantizan un control social importante e imponen sus reglas, la principal es la ley del silencio en las comunidades que ocupan. “Siempre han comprado apoyo. No creo que quieran compartir alguna ideología. Así construyan colegios o le den plata a la gente todo es para garantizar control social”, dice el investigador Charles.

Pero cuando el dinero no alcanza, las AGC parecen dispuestos a romper su visión de apoyar al campesino y defenderlo de los grupos armados. En toda Colombia, este grupo armado es culpable de asesinatos, desplazamientos, confinamientos, violencia sexual y reclutamiento forzado. Además, en sus zonas de control social imponen la mal llamada “limpieza social”.

Por eso, la otra cara de la politización del Clan es para posicionarse ante una eventual negociación con el gobierno. “Esta gente se dio cuenta de que presentarse como contrainsurgente era muy mal negocio pensando en negociación con el Estado, porque tenían el reflejo de lo que había sucedido con las AUC en justicia y paz, que les negaron el carácter político”, dice Trejos, investigador de la UniNorte.

Una estrategia que ha cobrado más forma de cara a la política de paz total del gobierno Petro. 

Una guerra sin fin y una paz sin horizonte

De su vida como policía, el general Vargas conservó un cartel del 2017, en el que aparecen los rostros de los principales cabecillas del Clan del Golfo. Él mismo fue tachando las caras de todos los miembros de esa lista que la fuerza pública iba capturando o dando de baja, incluyendo a Dairo Antonio Úsuga. 

Al final le quedaron solo dos pendientes. Uno de ellos es el de Jobanis de Jesús Ávila, conocido como “Chiquito Malo” y principal comandante de las AGC. “Nosotros lo teníamos identificado y se nos escapó más de una vez, que verraco más de buenas. Lo que pasa es que es muy disciplinado con las comunicaciones”, dice Vargas.

Ese cartel es la muestra de los principales logros de casi 10 años de operación continua de Agamenón I y II. Fue una apuesta conjunta de la Policía y las Fuerzas Militares por perseguir a las cabezas del Clan del Golfo y que logró su principal objetivo durante el gobierno de Iván Duque, que fue atrapar a “Otoniel”. Pero, también es la muestra de la resistencia y capacidad de adaptarse de este grupo armado, que sigue en auge con uno de los pocos cabecillas que quedaron.

¿Por qué no se acaba el Clan sin “Otoniel”? El general Vargas responde: “Otro quería el negocio. Lo que ellos buscan es la plata”. Y la manera de hacerla ha perdurado en una estructura empresarial que resiste los constantes cambios de mando. “Se puede cortar la cabeza, pero sale otra. Y ellos siempre tienen personas atrás. Ellos tienen una estructura muy clara: primer comandante, segundo comandante, tercer comandante”, dice Charles.

Ante una guerra sin fin, el gobierno de Petro planteó una salida diferente: buscar una paz dialogada. Por eso, decretó un cese al fuego con ese grupo el 31 de diciembre de 2022. Pero tras menos de tres meses le puso fin tras el paro minero de Bajo Cauca y desde entonces la fuerza pública ha tenido vía libre para presionarlos. 

Tras la ruptura del cese, la Presidencia pidió una estrategia de las fuerzas militares y la Policía contra el Clan, de la que nació la operación Darién, que ahora es conocida como Hefesto, en alusión al dios griego del fuego y la forja. Se trata de un despliegue de 27 pelotones (mil soldados) en Urabá y el norte de Chocó para dinamizar las acciones contra este grupo armado. Una estrategia que, a diferencia de Agamenón, no está focalizada en atacar las cabezas, sino a toda la estructura.

Pero el gobierno Petro aún no le cierra la puerta a un eventual diálogo de paz con las AGC y en los últimos meses se ha reactivado el interés de este grupo en buscar canales para el diálogo. 

En diciembre de 2023, en Acandí, hubo un encuentro informal que reactivó los acercamientos. El abogado Ricardo Giraldo, el comisionado de paz Otty Patiño y el excomisionado Danilo Rueda se encontraron en un evento de víctimas. Según Giraldo fue por pura casualidad. Pero desde entonces han mantenido el canal abierto y Patiño ha manifestado que está dispuesto a diálogar con este grupo. 

El punto de discordia es que camino se le puede ofrecer a las AGC y si el gobierno les va a aceptar un estatus político, que es lo que ellos desean. 

Ese deseo es explícito en una carta que el abogado Giraldo le envió a la ONU el año pasado: “Lo único que han pedido aquellos a quienes represento, es un trato en cuanto al estatus de negociación, igual al de otros actores del conflicto, como por ejemplo, el ELN y las disidencias de las Farc (…), es innegable que todos han surgido al unísono por el abandono del Estado”.

La petición pública es que quieren la paz. Pero, especialmente en el caso de una organización criminal tan sofisticada y en su mayor punto de expansión, no son claros los incentivos que tienen para abandonar del todo la guerra y los negocios.