El municipio de Funza es uno de los lugares del país de mayor expansión industrial y clave para el desarrollo de Bogotá-región. Sin embargo, viene ocurriendo un fenómeno que tiene a los industriales con la soga al cuello: en 2010 la Alcaldía de Jorge Rey decidió cobrarles un tributo a la plusvalía exorbitante. A los que se quejaban, según le dijeron dos propietarios y dos abogados más a La Silla, les negociaban una reducción drástica en la tarifa a cambio de que pagaran por debajo de cuerda cuatro mil pesos por metro cuadrado.
El ex-alcalde Rey aceptó a La Silla Vacía que al principio pretendió recaudar aproximadamente 520 mil millones de pesos por el tributo
a la plusvalía pero que después de que los empresarios se quejaron y raíz de un nuevo estudio, terminó recogiendo 47 mil millones de pesos. Sin embargo, negó rotundamente que hubiera habido cobros por debajo de la mesa.
Ninguno de los empresarios con los que habló La Silla ha denunciado a Rey por cohecho. Dicen que no lo han hecho porque temen que no les den la licencia o se las quiten para sus millonarios proyectos industriales. Y que otros, tampoco lo han hecho, porque terminaron pagando la mordida.
Más allá de si en efecto este chantaje se dio, lo que es un hecho probado es que el cobro del la plusvalía tuvo muchas irregularidades que están debidamente documentadas. Son tantas que ya hay procesos en la Fiscalía y en la Procuraduría contra el ex-alcalde Jorge Rey. La denuncia penal y disciplinaria contra Rey fue puesta por la ex concejal Sandra Patricia Granados, quien desde el Concejo comenzó a hacerle control político a la Alcaldía.
En diciembre de 2008, la alcaldía de Jorge Rey contrató a la Corporación Manabá por 120 millones de pesos para que llevara a cabo la revisión, modificación y ajuste al Plan Básico de Ordenamiento Territorial y el avalúo de los predios para determinar cuánto se tenía que pagar por el efecto plusvalía, un tributo que cobra el municipio cuando se incrementan los precios de la tierra por el desarrollo de proyectos de infraestructura o porque se cambia el uso del suelo.
La primera irregularidad es que la Corporación Manabá cuyo objeto social es establecer bases conceptuales y practicas de la investigación del medio ambiente y la sociedad, con el fin de aportar al fundamento científico, técnico y pedagógico a las políticas públicas de conservación, protección, organización y desarrollo de la comunidad.
Entre los profesionales responsables por el estudio estaban: Abdón Alejandro Poveda, licenciado en administración pública y ciencias políticas y especialista en economía agraria, Fidel Ernesto Poveda, biólogo y representante legal de la Corporación, y Daniel Alejandro Hernández, ingeniero catastral y geodesta, el único que tenía experiencia en el avalúo de predios.
El 24 de junio de 2009, la Corporación entregó el estudio y Rey firmó un documento donde afirmaba que el contrato había cumplido todas las exigencias legales. En el estudio se establecía que la suma a recaudar en todo el municipio era de 520 mil millones de pesos.
Esta suma resultaba exorbitante pues en Bogotá, por el mismo tributo, sólo se ha cobrado un total de 45 mil millones de pesos.
En abril de 2010, Rey sacó varios decretos cobrando el efecto plusvalía. Un solo predio podía terminar pagando un poco menos de 20 mil millones de pesos por este tributo, casi la mitad de lo que pagó todo Bogotá la única vez que se ha recogido por plusvalía.
Esto generó controversia entre los propietarios y despertó el debate en el Concejo Municipal.
Varios funcionarios, propietarios y ciudadanos pidieron el informe de Manabá y se encontraron que había diferentes versiones del estudio, que incluía información que sólo podía haber sido adicionada después de 2009, cuando ya se había entregado oficialmente el informe.
Entre las modificaciones más cuestionadas está la del Registro Nacional Avaluador. Aunque el estudio de 2009 decía que Daniel Hernández estaba inscrito en el registro, la Superintendencia de Industria y Comercio certificó que la fecha de inscripción fue el 8 de noviembre de 2010, 17 meses después de que se entregó el estudio.
Además, en el estudio de 2009 están incorporadas todas las observaciones que le hicieron el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Gobernación de Cundinamarca en abril de 2010.
La Silla se comunicó con Rey y él explicó que sí se habían llevado a cabo modificaciones para complementar el estudio pero que nunca se habían alterado ni los precios ni el número de terrenos que fueron estudiados en el informe de 2009.
Cuando empezó el cobro muchos propietarios se quejaron ante La Alcaldía. Algunos llegaron a un acuerdo con la Administración para que les redujeran el monto o para que hicieran con ellos un acuerdo de pagos. Pero otros se negaron a negociar e iniciaron procesos para revocar los decretos que cobraban la plusvalía, denunciando varias irregularidades.
La Silla vio un modelo de acuerdo de pago que le había enviado La Alcaldía a uno de los propietarios en el que se establecía que después de que se acordara el pago que era inferior al tributo inicialmente cobrado, el propietario “renunciaba expresamente a iniciar cualquier proceso judicial en contra del Municipio de Funza”. Rey le dijo a La Silla que no tenía conocimiento del asunto y que de todas maneras así estuviera escrito una persona no podía renunciar al derecho a litigar.
Dos propietarios junto con sus abogados, que pidieron no revelar sus nombres, le contaron a La Silla que la Alcaldía de Rey les ofreció a varios propietarios una rebaja en el tributo si le pagaban 4 mil pesos por el metro cuadrado. Rey aseguró que en ningún momento había hecho el ofrecimiento: “Nunca he sacado un provecho personal. Esas afirmaciones son falsas”.
Después de las múltiples quejas de los propietarios, Rey decidió terminar el contrato con la Corporación Manabá.
En noviembre de 2011, contrató a la Asociación Profesionales Asociados Ltda. (APRA ltda.), por 90 millones de pesos, para volviera a hacer lo que había hecho Manabá: avaluar los predios y establecer el precio que debían pagar por la plusvalía. Esa sociedad está inscrita en la lonja de propiedad raíz de Bogotá desde 1999.
En este nuevo estudio, APRA Ltda. determinó que la suma que el Municipio debía recaudar por el tributo a la plusvalía era de 47 mil millones de pesos.
La Silla le preguntó a Rey por qué en un primer estudio pretendía recaudar 520 mil millones de pesos mientras que en el segundo sólo menos del 10 por ciento. Según él, cuando se cobró por primera vez el tributo, La Alcaldía tenía la presión de cumplir con la orden de un juzgado que resolvió una acción popular que obligaba a cobrar la plusvalía.
“Teníamos dos caminos: meter a todos dentro de una misma malla de propietarios a los que se les podía cobrar y que posterior a la expedición de los decretos, los que creían que no debían pagarlo nos informaran con hechos ciertos o con la prueba en mano, y así determinaríamos si definitivamente debían ser incluidos o no”, le explicó Rey a La Silla. “El otro camino era dejar únicamente a los que estábamos seguros que debían cancelar ese tributo. Nosotros elegimos el primer camino porque si hubiéramos dejado a uno por fuera, el juicio de valor que nos habrían hecho es por qué subestimamos el cobro y por qué no le cobramos a todos responsablemente para que los particulares que no tuvieran que pagar se defendieran.”
Según él, en el segundo estudio sólo incluyó a los propietarios que la Alcaldía sabía que tenían que pagar el tributo y por eso la suma disminuyó radicalmente.
Pero muchos propietarios pagaron basándose en el estudio anterior. En un un informe al Concejo Municipal, Yolima Mora, Jefe de Unidad de Cobro Coactivo y Recaudo de Cartera, afirmó que ya se habían recaudado aproximadamente 900 millones de pesos.
Rey le dijo a La Silla que a todos se les había devuelto el dinero.
Ahora el que tiene en sus manos el cobro de la plusvalía es el alcalde Jorge Machuca, quien conoce de cerca la situación pues no sólo es ficha política de Rey sino que trabajó con él en la Alcaldía. Ahora Rey tiene el cargo de Secretario de Acción Comunal en la Gobernación de Cundinamarca.
Con Machuca, las cosas no han cambiado. Los propietarios siguen quejándose de que se les está cobrando una suma mayor a la que deben. Pero la Alcaldía se la puso difícil: al que no paga se le bloquea el proyecto pues no se le dará las modificaciones a la licencia que necesita o los reglamentos de propiedad horizontal, que son necesarios para arrancar un proyecto de construcción.
Dos propietarios dijeron a la Silla que terminarán por pagar el tributo para que no se sigan trancando sus proyectos pero que después demandarán al municipio. Uno de ellos también contó que hace unos días, una entidad que trabaja con la Alcaldía le había enviado una carta diciéndole que si le pagaba aproximadamente mil millones de pesos en honorarios a la Alcaldía se le podía reducir el monto.
En caso de que la Administración haya cobrado más de lo que debió y que los empresarios ganen sus demandas, cuando la justicia falle, el municipio de Funza tendrá que pagar sumas millonarias con la plata de sus contribuyentes.
