Cuando Claudia López llegó, encontró una licitación sin vuelta de hoja. No es cierto que el edificio central no se pueda demoler y tampoco que, al menos por ahora, vaya a ser privatizado el hospital.
Como contamos, en el camino de su estrategia rumbo a la campaña presidencial de 2022, desde hace unos días el senador Gustavo Petro revivió la pelea que tiene con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por el hospital San Juan de Dios.
Puntualmente, la semana pasada anunció que interpondrá una denuncia penal contra la mandataria, luego de que la Alcaldía firmara el acta de inicio de las obras de construcción de un nuevo hospital en el bloque central del complejo hospitalario que es el San Juan de Dios, que está integrado por 24 edificios en total.
La reapertura del San Juan de Dios es uno de los principales símbolos de la lucha popular de Petro porque la salud sea pública, y una bandera principal desde su Alcaldía entre 2012 y 2015. Pero en su propósito por mover agenda con ese tema e intentar minar a una mandataria que representa el centro que es su contradictor, está diciendo más de una imprecisión.
Así lo muestra el camino de las decisiones y los hechos que han rodeado al San Juan de Dios desde la Administración de Petro, pasando por la siguiente de Enrique Peñalosa y los meses que lleva Claudia López.
Esta es una de las habitaciones del piso 8 de la torre central del hospital San Juan de Dios. Foto: La Silla Vacía.
Una licitación que no tenía vuelta de hoja
El acta que firmó el pasado 3 de julio la Alcaldía de Bogotá da inicio a las obras de una licitación que por 466 mil millones entregó el Distrito el 6 de febrero de este año para el diseño, construcción, dotación y operación del Hospital Santa Clara, antiguo hospital San Juan de Dios.
La construcción del hospital incluye primero la demolición del bloque central, que es el edificio en el que funcionaba el San Juan de Dios, pero es apenas una de las 24 edificaciones que en total integran el complejo hospitalario.
Esa es la primera imprecisión de Petro.
Este uno de los edificios del complejo del San Juan de Dios que no puede ser demolido y que tiene que ser restaurado en su totalidad. Foto: Juan Carlos Hernández.
Él asegura que “El San Juan de Dios desaparece. Contra todas las leyes y sentencias que lo protegen”. Es decir, sugiere que con la licitación el San Juan deja de existir, cuando lo que se va a hacer es un hospital ahí mismo y los demás edificios tendrán que continuar con un plan de restauración, tal como lo ordenan, entre otros, el Departamento Nacional de Planeación y los Ministerios de Cultura y de Educación Nacional en el artículo 2° de la ley 735 de 2002.
Petro -y varios de sus aliados, como por ejemplo la concejal Susana Muhamad – también ha asegurado que, con el proyecto del hospital Santa Clara, López está involucrada en “acciones corruptas” y que la iniciativa es un “negocio corrupto de Copasa”, la empresa española que se lo ganó.
Indagamos y esa firma sí aparece relacionada en líos jurídicos en historias de El País de España de 2017 por presuntos hechos de prevaricato y tráfico de influencias en ese país, y en una historia del medio Vanguardia, también de ese año, por supuestos sobornos en Argentina. Pero más allá de eso, el petrismo no ha presentado las pruebas de la ilegalidad que le señala al negocio en Bogotá.
Además, la licitación que entregó la mandataria recién posesionada estaba cerrada cuando ella llegó al cargo, como nos lo confirmó Luis Gonzalo Morales, el exsecretario de Salud de Enrique Peñalosa, el alcalde saliente; funcionario que estuvo desde ese cargo al frente del proceso.
Los proponentes ya habían quedado habilitados y no había objeción ni decisión jurídica en contra. Lo que hacía falta era la evaluación de la propuesta económica, que se terminó la primera semana de enero. Algo similar a lo que sucedió con el contrato de Transmilenio por la Avenida 68, que la mandataria encontró ad portas de ser adjudicado y a la postre contrató.
En este punto, Claudia López podía haberse echado para atrás, pero se exponía a una multa de entre el 10 y el 15 por ciento del valor del contrato (466 mil millones) y a un lío jurídico que le podía tomar meses.
Tenía sentido que la recién llegada Administración lo contratara, además, porque en campaña López jamás dijo estar en contra de esas obras y, por el contrario, prometió darle continuidad al plan de construcción de hospitales de Peñalosa como parte del propósito de “construir sobre lo construido”.
Adicionalmente, con la crisis generada por la pandemia, la construcción de este hospital hace parte de su plan de obras públicas para la reactivación económica. Aunque, la restauración que necesita el resto de edificios del complejo es tan grande que tomará varias administraciones más.
La restauración es, justamente, el quid del argumento de Petro, quien sí quiere que funcione un hospital, pero no que se demuela el bloque central, que es lo que se hará con la licitación.
Para defender su punto, Petro ha dicho que es ilegal tumbar el bloque central del San Juan de Dios porque es patrimonio y que además el Distrito lo quiere privatizar: “La torre central del San Juan de Dios que usted va a dinamitar, es patrimonio nacional y la sentencia del tribunal administrativo lo protege para ser restaurado y abierto como hospital para los pobres. Es una salvajada y un delito desatender la sentencia judicial y la ley”, le dijo por redes a López.
En respuesta, el pasado 4 de julio, López aseguró que no es cierto, que todos los edificios patrimoniales del San Juan se van a mantener, y que el bloque central sí se puede demoler.
¿Quién dice la verdad en ese punto central de lo que quiere Petro?
Esa pita se puede desenredar al revisar detenidamente lo que pasó con el San Juan de Dios en la Administración Petro, en la de Peñalosa y ahora en la de Claudia López.
Con Petro
Cuando Petro tomó las riendas de la capital en 2012, el complejo del San Juan de Dios estaba en manos de privados, en la quiebra y llevaba más de una década de abandono.
El hoy Senador prometió recuperar y reabrir ese hospital para la atención de los más pobres y saldar cuentas con los trabajadores con los que el Estado tenía una deuda.
Sin embargo, apenas unos pocos días antes de abandonar el Palacio Liévano, el entonces mandatario logró comprar el complejo de 13 hectáreas (unas 16 canchas de fútbol) por 157 mil millones de pesos. Solo hasta el 31 de diciembre se anunció oficialmente que ese complejo le pertenecía a Bogotá. Para él se trató de una victoria, pues en su concepto ese hospital también representa el fracaso de la Ley 100, promovida por el expresidente y contradictor del petrismo, Álvaro Uribe, que dejó el sistema de salud en manos de las EPS.
En su Gobierno, Petro también contrató a la Universidad Nacional para que realizara el PEMP (Plan Especial de Manejo y Protección), una norma superior al POT (Plan de Ordenamiento Territorial), que permite intervenir bienes de interés patrimonial, como lo es el San Juan de Dios.
En un inicio, la Nacional presentó un estudio en el que se clasifican los 24 edificios con tres categorías de conservación, que definen el tipo de intervención que se puede hacer a cada uno.
Entonces, de primer nivel, significa que el edificio hay que mantenerlo intacto. De segundo nivel, que se permiten adecuaciones, pero no demolición. Y de tercer nivel, que se sugiere remodelación y se permite demolición.
El bloque central, que es en donde se hará el hospital Santa Clara, cuya licitación entregó Claudia López; fue catalogado inicialmente en el PEMP en categoría dos. Pero después de unas observaciones del Ministerio de Cultura, terminó siendo ubicado en categoría tres.
Es decir, en categoría de conservación que permite la demolición.
¿Cómo pasó eso? eso sucedió en diciembre, justo cuando estaban en empalme los gobiernos saliente de Petro y entrante de Peñalosa, por petición de este último.
En ese momento, el documento del PEMP había sido entregado por la Nacional y estaba en manos de la Alcaldía y del Consejo Nacional de Patrimonio, que es la autoridad máxima para el cuidado de bienes patrimoniales de la Nación, y que lo aprobó en ese mes de 2015 con el cambio que pidió el mandatario electo que estaba entrando.
De ese Consejo hacen parte, entre otros, los ministros de Cultura, Comercio, Ambiente, el decano de Artes de la Universidad Nacional, el presidente de la Academia colombiana de Historia, el presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, el director del Instituto Colombiano de Antropología y el director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, entre otros.
Es decir, en resumen el cambio a la categoría 3 (demolición) se aprobó durante el Gobierno Petro, pero por petición de Peñalosa que estaba en empalme.
Y quedó en firme en abril de 2016, cuando el Ministerio de Cultura firmó la resolución 995 en la que se establece finalmente que el bloque central puede ser derribado aunque igual no era la única opción, pues también podía ser reforzado y restaurado.
Alberto Escovar, director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, nos explicó que el bloque central en definitiva sí es un bien de interés patrimonial.
Es decir, que la alcaldesa Claudia López también se equivoca al decir que “no es patrimonio”. Lo que sucede es que está en una categoría que permite la demolición, un asunto que en cualquier caso tendrá que tener una aprobación del Ministerio de Cultura antes de las obras.
Según Escovar, aún no ha llegado esa solicitud a la entidad para iniciar las obras de demolición, que están planeadas para comienzos de 2021.
Antes de dejar su cargo de Alcalde, Petro también alcanzó a concretar algunas adecuaciones en las que invirtió 24 mil millones de pesos para el primer, tercer y cuarto piso del bloque central.
Con Peñalosa
En campaña, el San Juan de Dios no fue una prioridad para Peñalosa. Pero Petro en cierta forma lo dejó “amarrado” a ese proyecto, al haber comprado los 24 edificios.
Ante eso, en su empalme, como dijimos, Peñalosa le pidió en diciembre de 2015 al Instituto de Patrimonio del MinCultura que incluyera en la categoría tres de conservación el bloque central que estaba en categoría dos, (es decir, sin permiso para ser demolido), para poder tomar una decisión integral sobre su futuro.
Esta movida de Peñalosa ha sido ampliamente criticada por el petrismo. En un hilo de Twitter, Susana Muhamad dice que se cambió la clasificación del bloque central “fraudulentamente” y “en diciembre de 2015, Peñalosa le pide al Min Cultura que cambie la categoría de protección sin sustento técnico”.
Al respecto, lo que nos dijo el director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, Alberto Escovar, es que “tiene sentido que todo el bloque tenga la misma clasificación para tomar una decisión integral” y que de todas formas no significaba su demolición automática.
Para construir el hospital, Peñalosa decide hacer un estudio de sismorresistencia, que le encarga a la Universidad de los Andes. Se trata de una obligación que pide la ley para construir cualquier edificio de salud. Pero es un estudio distinto al que había hecho la Universidad Nacional con Petro.
El estudio de los Andes arrojó tres opciones para intervenir el edificio central y volverlo sismorresistente: reforzarlo con concreto, con acero o demolerlo. El costo de una de las opciones de refuerzo podría ser similar o un poco menor al de la demolición. En las conclusiones, esa universidad resalta que solo tiene consideraciones de sismorresistencia y recomienda al Distrito que evalúe otras variables para que allí pueda operar un centro de Salud.
Finalmente, el Gobierno de Peñalosa decidió irse por la demolición, pero nunca aclaró que, en cualquier caso y para efectos de la sismorresistencia, también estaban las opciones de refuerzo de la estructura (sin demoler).
Ese punto hoy lo están cobrando los concejales que se oponen a la demolición. “Ese estudio solo se conoció hace dos meses. Siempre pensamos que la única opción era demoler y ahora vemos que no”, dijo el concejal del Polo, Carlos Carrillo, quien no es petrista, pero interpuso un incidente de desacato por posible incumplimiento a una sentencia y advierte posible prevaricato y falsedad en documento público en este proyecto.
Las razones que dio el entonces secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, fueron que el refuerzo sólo duraría 30 años y después tendría que volver a ser intervenido y, en cambio, demolerlo y volverlo a hacer le daría más tiempo a la ciudad.
El exsecretario Morales además argumentó que como en el bloque central se planea construir un hospital de la mejor categoría, encontraron que el espacio de los techos de los pisos no correspondía a la norma actual. Según explicó, el techo debía tener una altura de 4,20 metros para que se pudieran pasar por ahí las redes de datos, de oxígeno y ventilación, y en este momento la altura es de un metro menos.
Peñalosa también consiguió que le aprobaran en el Concejo de Bogotá las vigencias futuras por 507 mil millones de pesos para el hospital y dejó estructurada la licitación. Con él quedó la promesa de que el nuevo hospital llevará el nombre de Santa Clara. Tendrá que tener 312 habitaciones y los más modernos equipos y servicios del país. Para que pueda abrir sus puertas, faltarían cerca de cinco años más.
Con Peñalosa y bajo la gerencia de Úrsula Ablanque en la Empresa de Renovación Urbana (ERU), además se inició la fase cero del PEMP. Ésta consistió en adecuar las redes eléctricas del complejo. También se hicieron primeros auxilios a inmuebles en riesgo, se habilitaron algunos edificios y sanearon el predio legalmente.
Lo que va de Claudia López
Como se dijo, la actual Alcaldesa decidió seguir adelante con el proyecto del hospital en el bloque central, que arrancó Peñalosa, y con la restauración de los demás edificios que no se pueden demoler por orden judicial.
En el marco de la pandemia del coronavirus, Gustavo Petro le ha dicho que ese hospital ya estaba listo para operar Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), lo cual es falso. La Silla Vacía hizo un recorrido por el bloque central ayer y pudo comprobar que las instalaciones no están listas para que allí opere ningún servicio de salud, como lo evidencian las fotos de esta historia.
Así se ve uno de los pisos de la torre central del Hospital San Juan de Dios en un recorrido que hizo la Silla Vacía el pasado 7 de julio. Foto: Juan Carlos Hernández
Lo que sí está funcionando en este momento, en otros edificios del complejo distintos al bloque central, son un Centro de Atención Prioritaria (CAP), un centro dermatológico, un maternoinfantil y unas oficinas de Medicina Legal. A futuro se podrían abrir otros centros relacionados únicamente con la salud. Existe la propuesta de que allí opere más adelante la Facultad de Medicina de la Universidad Distrital, que existan farmacias, laboratorios, entre otros.
También, Petro ha acusado a López de que va a privatizar el hospital que él había conseguido que fuera público. Eso nunca lo ha dicho Claudia López ni el contrato. Según el contrato, los constructores dejarán levantada la edificación, la dejarán lista para operar y tendrán que mantenerla por tres años en cuanto a ascensores, limpieza y vigilancia.
Pero la operación estará a cargo de la red Centro Oriente de la Alcaldía. Al menos, ese ha sido el compromiso público en redes varias veces de la mandataria.
Nota de la editora: un día después de publicada esta historia, precisamos el dato de cuándo pasó el bloque central del San Juan de Dios de caregoría 2 a 3, que es la que permite la demolición. El cambio se dio en diciembre de 2015, durante el Gobierno Petro, pero por petición del en ese momento alcalde entrante Enrique Peñalosa, quien estaba en empalme con la Administración.
