El senador y negociador del gobierno con el ELN, Iván Cepeda, en la última plenaria del Comité Nacional de Participación. Foto: Delegación del Gobierno.

El ánimo en el lobby del Hotel Grand Park el jueves de la semana pasada no era festivo al final del día. Desde la mañana, en uno de los salones de eventos de este hotel en el centro de Bogotá, los miembros del Comité Nacional de Participación (CNP) se reunieron a discutir el borrador del modelo de participación de la sociedad en la negociación con el ELN. El documento aspiraba a condensar el trabajo que se había realizado durante los últimos nueve meses, pero sus planteamientos causaron divisiones internas y hondos desacuerdos en sectores dentro del Comité.

Los gremios empresariales, los militares retirados y académicos de derecha con asiento en el CNP protestaron con cartas a la delegación del gobierno sobre puntos del borrador que planteaban transformaciones radicales al modelo político, económico y ambiental.  También el representante uribista en la delegación del gobierno, José Félix Lafaurie, envió una carta expresando que el modelo planteado abría una “caja de pandora” en el país.

La delegación del gobierno, liderada por Vera Grabe e Iván Cepeda, fue enfática en que se trata de apenas un borrador y que la versión definitiva saldrá de la reunión en la mesa de diálogos con el ELN esta semana. En Caracas, el gobierno está reunido con la guerrilla, hasta el próximo sábado, según Cepeda, para concretar y firmar el primer acuerdo de la agenda sobre la participación de la sociedad.

Sin embargo, hay poca claridad. El comisionado de paz, Otty Patiño, publicó este lunes un comunicado diciendo que el limite de la participación es el marco constitucional y que no se firmarán acuerdos que “legitimen a una representación que no cumple con lo pactado”, haciendo referencia a la decisión del ELN de incumplir su compromiso de no secuestrar. Sin embargo, la delegación del gobierno está en Caracas con disposición a firmar el primer acuerdo de la agenda.

El detrás de cámaras de casi un año de participación muestra las profundas diferencias sobre eje principal de la negociación con el ELN. De su éxito depende que siga viva la mesa de diálogos más importante de la paz total del gobierno Petro, que ahora está reunida en Caracas buscando soluciones.

Nueve meses antes

El evento fue tan masivo que se hizo en Corferias. Estaban el gobierno y los negociadores de la guerrilla, para dar inicio a los acuerdos de participación de la sociedad, el 3 de agosto del año pasado. Allí se reflejó el entusiasmo de un gobierno que ajustaba apenas un año y ya lograba avanzar en la agenda de diálogos, la participación, y en un cese al fuego histórico con el ELN. 

Guardias indígenas, cimarronas y campesinas aportaron la seguridad de las delegaciones y miles de participantes. Organizaciones sociales y líderes viajaron desde sus territorios hasta Bogotá. Altos funcionarios del Estado y representantes de la comunidad internacional también hicieron presencia. Los 80 miembros del CNP fueron presentados. Y el presidente Petro dio uno de sus largos discursos con su visión de la historia política y del conflicto en el país.

Ese día, se dio el primer paso del corazón de esta negociación cuyo espíritu es que la sociedad colombiana participe y decida cuáles son las transformaciones que necesita el país para que se logre la paz con el ELN. Esta primera fase debía terminar en febrero de este año y su mandato era diseñar la metodología con que se le iba a preguntar a la sociedad sobre el modelo político, económico y ambiental.

Un día antes, los miembros del CNP tuvieron su primera reunión oficial con los negociadores del gobierno y del ELN. En ese primer encuentro llevaron expertos de Naciones Unidas para mostrarles experiencias en otros países de participación de la sociedad en procesos de paz y diferentes metodologías, recuerda Carlos Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política y uno de los miembros del CNP.

Solo para definir el diseño de cómo se tenía que participar, los 80 miembros realizaron 78 encuentros y preencuentros por sectores y territorios en todo el país. De acuerdo a las cifras del borrador, en total participaron 8.465 personas representantes de 3.132 organizaciones, de 35 ciudades y municipios de Colombia, 3 ciudades de Europa y 19 cárceles del país.

Lina Mejía, representante en el CNP por parte de la organización Vivamos Humanos de Ernesto Samper, le dijo a La Silla que la lógica en la que funcionó este proceso fue dividirse en comisiones por sectores y regiones. “Era necesario preparar el escenario y explicar las fases de participación con un preencuentro, para no generar unas falsas expectativas. Ya luego generamos, los encuentros”, dice Mejía. 

Además, los miembros del CNP tuvieron seis plenarias durante este proceso. “Se trabajaba el cronograma, la metodología, se planteaban algunos temas. También algunos pedían la palabra y empezaban a expresar diferentes cosas. La situación de violencia en sus territorios, sus expectativas. Pero los ejes de transformaciones que plantea el borrador nunca fueron parte de un proceso deliberatorio y constructivo”, dice Chacón.

En estas plenarias y las comisiones se centró el trabajo de los miembros del CNP, en donde desde el principio los sectores que hoy no están de acuerdo con el resultado dejaron constancias sobre asuntos de la esencia del Estado con los que no estaban de acuerdo que se discutieran ni allí, ni en los preencuentros y encuentros. Hoy sienten que no fueron escuchados.

Ahora, cuando esta primera fase de la participación llega un resultado, nueve meses después, el gobierno enfrenta la decisión de firmar un acuerdo que toca temas planteados en la propuesta de constituyente del presidente Petro y con una guerrilla que ha decidido desconocer su compromiso de no volver a secuestrar. Un asunto que se suma a las precarias garantías de seguridad que ha enfrentado este proceso.

Participación bajo amenaza

“Al senador Cepeda se le ve muy optimista con este proceso de participación, a uno le gustaría que se le pegara ese entusiasmo”, le dijo a La Silla uno de los miembros del CNP, que pide no ser nombrado para poder hablar. Afirma que el negociador del gobierno, Iván Cepeda, les ha dicho que este es el centro del proceso para llegar a un acuerdo nacional y ha tratado de trasmitirles una actitud positiva. 

Sentado en uno de los sillones del lobby del Hotel Grand Park, al final de la tarde del jueves pasado, este líder que viene de un territorio en conflicto y poco tiene que ver con los sectores empresariales se mostraba desanimado con el proceso. Después de haber participado durante toda la jornada en las discusiones que suscitó el borrador del modelo de participación, este miembro del CNP no era tan optimista como Cepeda. 

Entre las cosas que le preocupan está la razón por la que pide que su nombre sea omitido para poder hablar: tiene miedo de las repercusiones que pueda tener, pues vive en un territorio disputado por el Clan del Golfo y el ELN.

Este líder teme ser señalado injustamente por participar en un proceso ligado a una negociación con un actor armado. Dice que ya ha pasado y que hay varios miembros del CNP que han recibido amenazas desde que empezaron su trabajo. 

Los riesgos quedaron en evidencia el pasado 21 de abril. Esa noche, el líder Narciso Beleño recibió cuatro disparos que le quitaron la vida. Vivía en Santa Rosa del Sur, un municipio del Sur de Bolívar, en donde se libra una guerra entre el Clan del Golfo, el EMC y el ELN. Tan solo unos días antes Beleño había asistido a un preecuentro del proceso de participación y había quedado marcado con el estigma por los rivales del ELN: el Clan.

Aunque uno de los temores de la participación en medio de un proceso con una guerrilla armada eran las posibles presiones sobre las comunidades que participaran, el senador Cepeda le dijo a La Silla que no han recibido ninguna denuncia de ese calibre.

“Lo que hemos visto con mucha preocupación es una intervención pública del expresidente Uribe diciendo que este proceso es una especie de movimiento popular del ELN. Es decir, miles de organizaciones clasificadas de una vez como parte de una estructura armada ilegal. Así es que murieron miles de jóvenes por culpa de frases como: ‘no estarían recogiendo café’”, dice Cepeda. 

Por otro lado, considera que los riesgos reales que han corrido líderes como Narciso Beleño se convierten en un imperativo para firmar un acuerdo. “No se nos puede pedir, ni a la mesa ni a la delegación del gobierno, que después de semejante esfuerzo que han hecho los líderes, ahora no se firme un acuerdo. Eso no va a ocurrir”, dijo el senador. 

Esa es la respuesta a quienes desde el comité han pedido aplazar la firma del modelo de participación, como hizo Carlos Chacón en una carta enviada a la delegación. “No tiene sentido avanzar en los trabajos del CNP en medio de la actual crisis de la mesa de negociación, además del anuncio de esta organización de retornar a los secuestros con fines extorsivos”, dice.

“La Caja de Pandora”

Así tituló su última columna de opinión el negociador del gobierno, José Félix Lafaurie, para referirse a la puerta incierta que se abría con el borrador del modelo de participación, que se presentó. Según Lafaurie, el borrador desbordó las competencias que se le habían asignado al CNP.

El documento que generó la discordia fue compartido el pasado miércoles en la tarde a todos los miembros del CNP y fue elaborado por la secretaría técnica de este mecanismo. Se trata de un equipo, aparte de los 80 representantes de los sectores del país, que está encargado de sistematizar la información recogida durante estos meses. A partir de esto redactaron tres documentos: el modelo, que es la esencia y que reveló La Silla Vacía la semana pasada; el plan, que es el paso a paso de lo que sigue; y las recomendaciones, donde se ahonda más en los ejes de transformación. 

Chacón había mandado una carta el martes de la semana pasada pidiendo posponer la discusión del modelo por la crisis en la mesa. “Lo que me pidieron fue que participara en el pleno, pero cuando recibo el miércoles el modelo de participación ya hecho previamente sin recoger insumos de los miembros del comité, pues para mí era imposible participar para validar ese documento”, le dijo a La Silla. 

A este se sumaron otros sectores, como los ocho representantes de los gremios con asiento en el CNP, que enviaron una carta informando que no irían a la plenaria del jueves, en protesta al contenido de este borrador. La molestia de estos sectores se concentra en tres puntos principales: la forma en cómo se llegó al resultado plasmado en el borrador, el carácter “vinculante” de la participación para el Estado y el contenido de los ejes transformadores que plantean un cambio drástico del Estado, como pasar de una democracia representativa a una directa y de “poder popular”. 

En su carta a la jefa negociadora del gobierno, Vera Grabe, Lafaurie dice que el CNP se extralimitó en su alcance al proponer asuntos que van más allá de un diseño metodológico y considera que terminá imponiendo una agenda de negociación.

“Con ese primer borrador se intentó suplantar la mesa de negociación y por esa vía decir que había habido una participación amplia y había habido más de 8.000 personas”, dice Mac Master. “Los temas del borrador los escogió la secretaria técnica del Comité, un grupo limitado de personas que escogieron lo que les pareció” 

Sobre el carácter “vinculante” que se planteó en el borrador, las cartas coinciden en señalar que consideran que “es la Constitución, y nunca documentos aprobados por el Comité Nacional de Participación, la que determina las formas legítimas de participación normativa”, dice, por ejemplo, la carta de los gremios.

También las propuestas de transformaciones generan grandes desacuerdos. “El documento pretende avalar unos temas que seguramente surgieron en encuentros, de lo que la gente iba diciendo y se le ocurría. Pero muchos nos estamos de acuerdo que esos asuntos siquiera sean parte de ese proceso”, dice Mac Máster. Pone por ejemplo las discusiones sobre la doctrina de seguridad. 

“No estamos de acuerdo de que en un bazar o en una olla comunitaria se vaya a definir la doctrina de seguridad nacional, menos con el ELN”, dice Chacón. Considera que en esos ejes transformadores reflejan más los intereses de esa guerrilla. Algo en lo que coincide Mac Master, pues las transformaciones que propone el borrador son todas exigencias al Estado colombiano y ninguna a la guerrilla.

Con este último punto difiere Lina Mejía, de Vivamos Humanos, quien participó en varios de estos encuentros. “El documento no es una declaración de intenciones del ELN. A pesar de las posiciones que puedan existir, el borrador solo atiende a la recopilación de los encuentros. Muchos de esos temas del borrador fueron mencionados en el territorio”, dice. 

Pero, además de los sectores más urbanos en el CNP, también hay grandes críticas por el lado de las víctimas del conflicto armado. Las víctimas han manifestado en repetidas ocasiones la necesidad de realizar un encuentro específico donde fueran escuchadas por el gobierno y la guerrilla, pero hasta ahora no se les ha abierto ese espacio y es uno de los pocos sectores que no ha realizado su encuentro.

Según confirmó La Silla, estaba programada una visita de representantes de víctimas para esta reunión en Caracas, pero su presencia fue cancelada ante la falta de disposición de la delegación elena. 

El senador y negociador Cepeda insiste que es apresurado emitir juicios sobre un documento que no es el definitivo. “Este proceso de participación es ante todo un diálogo, no es una imposición. En eso los críticos de este diseño se equivocan de raíz, porque confunden estos temas que hemos propuesto para un diálogo social con imposiciones unilaterales de la mesa a la sociedad”, le dijo a La Silla. 

Los desacuerdos para llegar al Acuerdo Nacional

Ese es el punto de llegada que plantea el proceso de participación: un acuerdo de muchos sectores. El pasado lunes, en Bogotá, tras un intercambio de mensajes, la delegación del gobierno se reunió a escuchar las inquietudes de los gremios. Según una fuente del CNP, que pidió no ser nombrada para contar detalles internos, Cepeda mostró un gran afán para mantenerlos en el proceso.

El encuentro fue cordial, donde el gobierno expresó su disposición para escuchar sus observaciones. Pero el diálogo terminó sin consensos. “Mantenemos unas diferencias muy grandes”, dice Mac Master.

“Traten de hacer un proceso realmente representativo de toda Colombia, no de las organizaciones de las que ustedes son amigos”, dice que les dijo el pasado lunes. Cepeda por su lado afirma que hubo coincidencias en algunas cosas y en otras no, pero insiste que la invitación que les ha hecho es de abrir el debate y no llegar a consensos absolutos.

“¿De verdad la gran discusión de Colombia, que eventualmente puede ser la constituyente, la vamos a dar con la gente del ELN? Lo que está pasando aquí puede tener más envergadura de la que nos están queriendo divulgar”, afirma Mac Master, que por su cuenta también le ha propuesto al gobierno una idea de un acuerdo nacional.

En ese sentido, dice que para él es afortunado el comunicado del comisionado de paz, Otty Patiño, donde deja claro que el límite para la participación es el marco constitucional y el plan nacional de desarrollo. Un comunicado que salió antes de que la delegación partiera a Caracas este martes, para reunirse con el ELN. 

“El comisionado sabe que vamos a la firma del acuerdo y que, como todo lo que ha hecho la delegación del gobierno, un acuerdo de esta naturaleza no debe ni trasgredir ni violar los principios constitucionales”, dice Cepeda. 

Sin embargo, hasta ahora en la mesa las delegaciones decidieron no abordar la declaración que hizo Patiño sobre no firmar acuerdos sin resolver el incumplimiento de los secuestros. Por eso, lo que pase en Venezuela hasta el próximo sábado será definitivo. “Creo que el gobierno y la delegación tienen la oportunidad de construir las bases para un acuerdo sostenible y viable, o, por el contrario, ponerle una carga de profundidad a las negociaciones”, dice Mac Master. 

Periodista de la Universidad de Antioquia. En La Silla Vacía empecé contando las movidas políticas de Antioquia como practicante, ahora escribo sobre el conflicto armado, las políticas de seguridad, la justicia transicional y los esfuerzos de paz en el país.