Tres días le tomó a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobar la reforma pensional del gobierno Petro y dejarla lista para el último debate. Esa celeridad no será igual en plenaria. La propuesta tiene los votos, pero se enfrenta a una serie de obstáculos para convertirse en ley.
El “ventilador” del corrupto Olmedo López, exdirector de la Ungrd, que está apuntando al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y a congresistas que ayudan al gobierno; las maniobras de la oposición para dilatar el debate, y la cantidad de proposiciones que están apareciendo para hacerle ajustes al proyecto llenan de incertidumbre la posible aprobación.
El espejo de ese escenario caótico en la plenaria de la Cámara ya lo vivió el gobierno con la reforma a la salud, que se debatió durante tres meses, y se hundió en el Senado hace un mes. La pensional sólo tendrá 15 días calendario para ser aprobada porque el plazo es hasta el 20 de junio. Si no, se hunde y debe empezar de cero.
El gobierno voló con sus aliados de la Séptima
Los 94 artículos de la reforma pensional fueron aprobados esta semana porque el gobierno hizo una tarea previa de concertación. Arrancó por designar como ponentes a representantes de los partidos políticos con los que había hecho acuerdos en el Senado: Liberal y La U. Y les sumó a los conservadores.
A los ocho ponentes aliados –los dos de la oposición se fueron aparte– los reunió durante dos días seguidos en el Club de Banqueros en el centro de Bogotá para resolver las dudas técnicas del proyecto, escuchar sus propuestas y acordar nuevos ajustes al texto.
En esas reuniones de casi 14 horas diarias estuvieron los ministros de Trabajo, Gloria Ramírez; el de Hacienda, Ricardo Bonilla; el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, un asesor de cada representante, y delegados del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
Así, la ponencia concertada fue radicada el viernes de la semana pasada, y las discusiones se hicieron martes, miércoles y jueves de esta. “Aprendieron a llegar a consensos, a acuerdos, a construir sobre lo construido”, dice el representante Héctor Chaparro, liberal que fue ponente del proyecto y quien apoyó el trámite en la Comisión Séptima.
La coordinación de la ponencia corrió por cuenta de la verde Martha Alfonso Jurado, quien tiene cancha porque también lideró el trámite de la reforma a la salud. Ella es licenciada en ciencias sociales y especialista en salud familiar y comunitaria, ha sido profesora universitaria y consultora. Y en la Séptima la ven como alguien capaz de hacer acuerdos.
En general, el texto aprobado en el tercer debate es muy similar al del Senado. Los ponentes no llegaron a acuerdos en temas como la vigencia o la composición del fondo que va a administrar la plata recaudada y la dejaron a votación libre. La vigencia, en todo caso, se mantuvo para que aplique desde junio de 2025, el umbral de cotizaciones obligatorias a Colpensiones se mantuvo en los 2.3 salarios mínimos (y no los 4 que quería el presidente Petro en el último minuto) y al fondo le agregaron un puesto más para un representante de los pensionados.
Tener un texto igual al del Senado es clave. No solo porque garantiza que los partidos sostengan el apoyo con votos, sino porque evita alargar los tiempos en una eventual conciliación. Si hay diferencias marcadas entre uno y otro, se debe hacer una tarea de concertación posterior que se puede tomar más días. Y tiempo es lo que no tiene la reforma.
Llega con los días contados
La reforma llegará a la plenaria de la Cámara el 4 de junio, porque entre comisión y plenaria debe pasar por ley por lo menos una semana mientras se ensambla el texto aprobado, se publica en gaceta y se define la cuarta ponencia. A partir de ahí tendrá 15 días calendarios para ser debatida (unos 10 si no se sesionan en fin de semana, que no lo suelen hacer).
Aunque el presidente de la Cámara, Andrés Calle, la va a fijar como prioridad, la agenda legislativa tiene otros proyectos que deben ser evacuados antes para no hundirse. Son unos 45 proyectos los que necesitan cuarto debate en plenaria para no ser archivados, unos de mucho interés.
Por ejemplo, el de la prohibición de las corridas de toros, que es una apuesta de la bancada animalista y apoya el gobierno. Ese proyecto lleva tres semanas en la agenda y no ha podido ser votado por la oposición de los taurinos que han roto el quórum, recusado a los representantes que están a favor, y puesto varias tutelas para tratar de frenar su avance.
También está el proyecto de movilidad que beneficia el negocio de trámites de tránsito que ha amasado el empresario Euclides Torres, presunto financiador de la campaña de Petro. Y en carpeta sigue a la espera el acto legislativo de transfuguismo, que les permite a los congresistas cambiarse de partido sin tener que renunciar a sus curules y que es fundamental para el futuro político del Pacto Histórico en 2026 y cuenta con respaldo en varios partidos.
Y como si fuera poco, en medio está el proceso de elección del contralor general, uno de los cargos que más interés suscita entre los políticos. El Congreso Pleno –Senado y Cámara– está citado para votar el 12 de junio. Antes de eso, dos comisiones accidentales deberán hacer entrevistas y definir los diez finalistas.
Ese afán de unos y otros por no dejar morir sus proyectos lleva a que en cada inicio de sesiones se presenten propuestas para modificar el orden del día y subir unos proyectos que están abajo o viceversa. Para tratar de liberar ese trancón legislativo, Calle ya anunció que va a citar plenarias lunes, martes y miércoles de la otra semana.
Suponiendo que el 4 de junio arranca formalmente el último debate de la pensional, lo que sigue es una contrarreloj. Va a comenzar con las votaciones de los impedimentos que presenten los representantes, que seguro serán la mayoría, ya sea porque están en edad de pensión o porque tienen familiares en ese proceso.
Y la oposición hará uso de las maniobras legislativas para intentar dilatar el debate. El representante Andrés Forero, del Centro Democrático, es el especialista en eso. En el camino de la reforma por la Comisión Séptima pidió, por ejemplo, cambiar el orden del día para bajar la pensional, suspender el debate y cuando le dijeron que no, presentó propuestas de archivo de la mayoría de los artículos.
Maniobras que en el argot legislativo se llaman filibusterismo. Forero no es el único que, haciendo uso de esas técnicas legales, puede retrasar el debate.
El trámite de la pensional también se enfrenta al festival de las proposiciones. Cada representante tiene derecho a presentar propuestas para ajustar los artículos, eliminarlos, o crear unos nuevos. Solo en el tercer debate, en la Séptima, fueron radicadas 600 páginas de proposiciones de los 21 representantes que pertenecen a esa comisión.
En la plenaria hay 160 representantes más. Y unos que tienen récords redactando propuestas. Por ejemplo, el liberal Octavio Cardona ya ha presentado más de 50 proposiciones para hacer ajustes a la pensional. “Es que yo sí leo”, dice. El caldense tiene la chapa de haber radicado más de mil proposiciones en diferentes proyectos durante el primer año legislativo.
Muchas de esas proposiciones no son avaladas por los ponentes de los proyectos y ante eso en el debate se dan dos opciones: que los representantes las dejen como constancias y no se voten, o que, por el contrario, los representantes las sustenten y pidan que sí se voten. Cardona es de los que pide que se las dejen sustentar y votar.
Que el filibusterismo legislativo funcione depende en gran medida de la mesa directiva de la plenaria, en este caso, del presidente Andrés Calle y de su vicepresidente, Fernando Niño. Los dos han sido aliados del gobierno y con la reforma a la salud ya hicieron el curso.
Pero los recientes señalamientos de Olmedo López y Sneyder Pinilla, confesos corruptos de la contratación en la Ungrd, les están quitando legitimidad a Calle y a otros aliados que el gobierno necesita para aprobar la pensional.
Se viene el frente de las recusaciones
Olmedo y Sneyder han dicho en Semana, La W y Caracol que la plata de la contratación de la Ungrd terminó en bolsillos de congresistas. En busca de un principio de oportunidad en la Fiscalía, primero confesaron haber entregado al presidente del Senado, Iván Name, y al de la Cámara, Andrés Calle, 3 mil y mil millones de pesos, respectivamente, para aceitar el paso de las reformas del Congreso. Tanto Name como Calle han dicho que la acusación es falsa.
Ayer, Olmedo apuntó contra el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el representante conservador, Wadith Manzur, quien es, además, presidente de la Comisión de Acusaciones que lleva las investigaciones contra el presidente Petro.
Esas acusaciones a cuenta gotas, cuyas pruebas por ahora se limitan a pantallazos de chats, no han sacado del ruedo ni a Name ni a Calle, quienes siguen presidiendo. Velasco retó a Olmedo a mostrar la evidencia ante la justicia y Manzur anunció que lo va a demandar por calumnia.
Pero los señalamientos sí están sirviendo de munición para la oposición y en la práctica se va a ver cuando el debate de la pensional arranque en su último paso. Lo más seguro es que a Calle, Manzur y a los que Olmedo o Sneyder señalen de acá al 4 de junio, los recusen para sacarlos del debate.
Esas recusaciones se basan en presuntos impedimentos para participar por tener un interés para ayudar al gobierno a cambio de esas supuestas ayudas en contratación con la Ungrd. Esas recusaciones las debe resolver la Comisión de Ética, y aunque suele rechazarlas porque, por ahora, no hay una investigación formal, eso retrasa el debate.
Para hacer frente a las recusaciones de aliados del gobierno, el representante petrista Alirio Uribe, quien hace parte de la Comisión Primera, ha defendido la tesis de que las recusaciones se pueden ir resolviendo a la par de los debates. Así se hizo en la Comisión Séptima porque durante los tres días de sesiones llegaron recusaciones que la mesa directiva remitió a Ética, pero sin sacar del debate a los recusados.
Hay algunos congresistas que no comparten esa tesis y optan por salirse del debate, así la recusación esté en veremos. Si la Comisión de Ética encuentra que hay lugar a un impedimento y ese congresista votó, puede viciar el trámite del proyecto.
A Calle, en todo caso, los ruidos le están minando su maniobrabilidad en la plenaria. La representante Jennifer Pedraza le pidió hace unos días que se apartara de la Presidencia. Una petición que ha sido secundada por el Centro Democrático y Cambio Radical.
Aun con Olmedo, el filibusterismo y el poco tiempo, desde el gobierno, todavía confían en que tienen cómo aprobar la pensional. “Tenemos una mayoría importante en Cámara y debemos enfrentar duro el filibusterismo parlamentario. La mesa directiva de la Cámara tiene espuela”, dice el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
Si su optimismo es justificado y la logra sacar adelante, la reforma, que beneficiaría a más de 3 millones de adultos mayores que no tiene pensión y comenzaría a aplicarse en 2025, sería un triunfo para el gobierno tras el fracaso de la reforma a la salud y el estancamiento de la laboral.
Si triunfa la oposición, entonces sería la confirmación de que el gobierno perdió el control del Congreso y agenda reformista se quedó sin gasolina.
