Ayer en un debate en el Senado sobre los falsos positivos en presencia del Relator de la ONU para las Ejecuciones Extrajudiciales, Gustavo Petro y Alfonso Valdivieso volvieron a llamar la atención sobre la directiva 29 de 2005, que definió los criterios para el pago de recompensas por información que condujera a la captura o abatimiento de miembros de grupos armados.
Ayer en un debate en el Senado sobre los falsos positivos en presencia del Relator de la ONU para las Ejecuciones Extrajudiciales, Gustavo Petro y Alfonso Valdivieso volvieron a llamar la atención sobre la directiva 29 de 2005, que definió los criterios para el pago de recompensas por información que condujera a la captura o abatimiento de miembros de grupos armados. Aunque no se ha establecido una relación causal directa entre esta directiva (secreta hasta que estalló el escándalo) y las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes presentados luego como falsos positivos, es claro que la norma crea unos incentivos perversos. Y aunque establece unos controles, los elimina en el mismo texto. Esta directiva, elaborada por Camilo Ospina cuando era Ministro de Defensa, fue modificada el año pasado luego de las escandalosas revelaciones publicadas por la revista Semana.
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