Con un documento firmado por el abogado Jorge Barrios, la Cancillería pide anular el fallo que emitió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en contra del decreto con el que el presidente Gustavo Petro nombró a su esposa como embajadora de Misión Especial. Lo revela El Tiempo.
El tribunal tumbó el nombramiento de Alcocer porque dijo que viola constitución, que dicta que los servidores públicos no podrán nombrar, postular ni contratar en cargos públicos a personas con un nivel de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o con quien estén “ligados por matrimonio o unión permanente”.
El argumento de la Cancillería. Aseguró que la Cancillería no fue vinculada en el caso y tendría que hacerlo, porque el decreto no solo tiene la firma del presidente, sino también del canciller Álvaro Leyva —ahora suspendido—. “Es necesaria la vinculación de este Ministerio en cualquier acción que recaiga sobre el decreto demandado”, dijo la defensa.
El documento, que pide que se le garantice el derecho a la defensa y al debido proceso a la Cancillería, fue radicado en el despacho del magistrado Luis Manuel Lasso el pasado 2 de mayo.
Los viajes de Alcocer. Como reveló La Silla Vacía, el gobierno Petro pagó un extravagante séquito de funcionarios que costó 1.000 millones de pesos. Desde maquillador personal, hasta fotógrafo profesional y su mejor amiga, reciben honorarios que van entre los 10 y 30 millones de pesos mensuales por encargarse de su imagen, de su agenda y su compañía.
En ese entonces, la Presidencia lo justificó con vacíos y no explicó varias cosas.
Escuche este capítulo de Huevos Revueltos con el séquito de Alcocer y sus viajes.
