A través de un auto, la Corte Constitucional determinó que será la justicia ordinaria y no la justicia penal militar la que investigará a 25 militares involucrados en el operativo de Alto Remanso, Putumayo, que dejó a 11 personas muertas en marzo del 2022. 

El caso de Alto Remanso. El 28 de marzo de 2022, el Ejército interrumpió una fiesta comunitaria que ya cumplía tres días en la vereda Alto Remanso. El operativo tenía como meta la búsqueda de alias “Bruno” y alias “Managua”, cabecillas de una disidencia.

Pero los militares abrieron fuego contra las personas presentes y resultaron 11 muertos y cinco heridos. Entre los muertos había un líder indígena, otro líder comunitario y una menor de edad. También fue herida otra menor que estaba embarazada. 

Por esta razón, los militares serían imputados por el delito de homicidio en persona protegida. 

La decisión de la Corte. A una semana de la audiencia de imputación del delito, un juzgado en Puerto Leguízamo (de justicia penal militar) remitió el expediente a la Fiscalía y le dijo que no era su competencia. Luego este llegó a la Corte Constitucional en donde fue estudiado por un año. 

Finalmente, la Corte decidió remitir el caso a la justicia ordinaria porque se trata de homicidio contra personas protegidas. Además, aseguró que hay dudas de si los hechos ocurrieron bajo un contexto válido o si se trata de conductas punibles por violaciones a los derechos humanos.

“La Corte Constitucional ha calificado esta clase de delito como una grave violación a los derechos humanos y al DIH, cuyo juzgamiento bajo ninguna circunstancia puede adelantar la justicia penal militar en razón a que por su extrema gravedad siempre deben considerarse ajenos al servicio”, dice el auto emitido por la Corte. 

En esta historia detallamos qué pasó en este operativo del Ejército y cómo fue un reto para la política de seguridad del gobierno del entonces presidente Iván Duque.