¿Censurar a los medios rusos?

El Consejo de la Unión Europea decidió suspender la difusión de los medios estatales rusos Sputnik y Russia Today. Aunque puede ser una medida conveniente y útil para contrarrestar a Putin y su guerra, también es una forma de censura peligrosa.

El domingo 27 de febrero, la presidenta de la Comisión Europea, Urusula von der Leyen, anunció una serie de medidas de la Unión Europea para responder a la invasión de Putin a Ucrania.

Restricciones a vuelos, a importaciones y a los medios de comunicación rusos. “En este momento de guerra, las palabras son importantes. Estamos siendo testigos de la propaganda y la desinformación masivas sobre este salvaje ataque a un país libre e independiente”, dijo von der Leyen para justificar el veto a los medios que fue aprobado por el Consejo de la Unión Europea.

Esto es una censura previa que, por ejemplo, no sería posible en las Américas porque la Convención Americana sobre Derechos Humanos lo prohíbe, incluso a pesar de que sanciona la propaganda en favor de la guerra. En Europa, el Convenio Europeo de Derechos Humanos es más flexible en las restricciones que puede haber a la libertad de expresión y no prohíbe la censura previa. Por eso es que en ese continente se pueden ver casos de vetos a la publicación de libros o de películas.

Pero, a pesar de eso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que ese tipo de medidas deben aplicarse de forma limitada porque “las noticias son un bien perecedero y demorar su publicación, incluso por un periodo corto, puede hacer que pierda todo su valor e interés”. Igualmente, cuando las medidas de ese tipo son amplias (por ejemplo, cuando se ordena censurar toda una página web en lugar de un solo link dentro de ella) tiene un riesgo de censura colateral sobre contenidos legítimos.

En general, es preferible imponer sanciones con posterioridad a la expresión y que estas sean sobre los casos concretos, no una restricción general.

Por otro lado, la posición de la Unión Europea es que esas cadenas de televisión “son esenciales y decisivas a la hora de presentar y apoyar la agresión de Rusia contra Ucrania” y “forman parte de una campaña coordinada de manipulación de la información, incluida la desinformación”. Aunque esto es cierto, hay varias partes problemáticas en la aproximación de la Unión Europea, como explicó recientemente el experto español, Joan Barata, en un hilo de Twitter.

Lo primero es que la Comisión no tiene una función de regulador de las licencias de televisión, por lo que no tendría competencia para tomar ese tipo de decisiones. Lo segundo es que la “desinformación” no es ilegal per se. Las leyes que castigan las “noticias falsas” suelen ser muy ambiguas y acarrean un riesgo de abusos por parte de las autoridades. Por esto, por ejemplo, el Tribunal de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental consideró en 2018 que la norma que criminalizaba las noticias falsas en Gambia violaba la libertad de expresión y debía ser eliminada.

La relatora especial para la libertad de expresión de las Naciones Unidas explicó recientemente en un informe que este tipo de normas pueden existir pero su aplicación debe darse de forma limitada y a través de leyes claras, que persigan un fin legítimo y que sean estrictamente necesarias y proporcionales con el riesgo que se busca evitar. La relatora también reconoció que la desinformación suele ser usada para “fomentar el odio y la violencia” y también señaló que el derecho internacional prohíbe ciertos tipos de apología del odio que incite violencia, discriminación u hostilidad, pero no hace referencia a la falta de veracidad.

Rusia, por lo general, se salta este tipo de normas internacionales. Por ejemplo, Human Rights Watch denunció que el regulador estatal ruso amenazó a 10 medios independientes con multas o bloqueos por, precisamente, publicar “información falsa” sobre la guerra en Ucrania. Esta autoridad, que no tiene ni un centímetro de independencia frente al Gobierno ruso, considera que los medios no pueden hablar de la guerra en Ucrania como un “ataque”, “invasión” o “declaración de guerra” por parte de Rusia, sino una “operación especial en relación con la situación en la República Popular de Lugansk y la República Popular de Donetsk”.

Que la Unión Europea aplique medidas de este tipo trae el riesgo de que algunas voces lo vean como una legitimización de lo que aplican en Rusia. También es una ventana para que algunos de los Estados Miembros de la Unión Europea que tienen una tradición no garantista de la libertad de expresión, como Hungría y Polonia, busquen excusas para censurar críticas legítimas.

Como varias cosas que estamos viviendo ultimamente, hay un paralelo de hace cien años. En ese entonces, el gobierno estadounidense aplicaba la ley de espionaje para castigar a personas que se expresaran contra la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y la Corte Suprema consideraba que esto estaba bien. Así, por ejemplo, esa Corte avaló la sentencia de 20 años de prisión contra Jacob Abrams por diseminar panfletos que criticaban al Gobierno estadounidense por enviar tropas a Rusia para intervenir en la revolución y poner presión a Alemania en el este. Ese caso es recordado en la historia de la libertad de expresión por el voto disidente de un juez, Oliver Wendel Holmes, que consideró que la condena no era correcta. Para Holmes, incluso las posturas ignorantes tenían derecho a competir en el “mercado” para que la verdad triunfara. Este escrito del juez en 1919 fue el punto de partida para que la Corte Suprema comenzara a cambiar su postura a favor de la libertad de expresión e influenciara una parte importante del derecho internacional en este tema.

También es curioso ver que, en 1948, cuando se discutía el texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos, las delegaciones ucraniana, bielorusa y de la Urss eran las que más abogaban por medidas de censura contra expresiones que promovieran la guerra. La Urss propuso un texto que decía que “el uso de la libertad de expresión y de la prensa para los propósitos de propagar el fascismo y la agresión o la incitación de la guerra entre naciones no debe ser tolerado” porque consideraba que algunos medios en otras partes del mundo, especialmente los medios estadounidenses, estaban promoviendo un lenguaje de agresión. La propuesta no fue aceptada.

Hoy en día hay académicos que consideran que la idea del “libre mercado de las ideas” tiene algunos problemas prácticos. Uno es que hay actores poderosos que distorsionan e innundan ese mercado con ruido a través de trolles y de intimidación, como Rusia. El libre mercado no puede ser simplemente una frase romántica, sino que necesita protecciones para que no existan abusos dentro de él. Los expertos en libertad de expresión de los organismos internacionales han abogado porque los Estados, más que censurar, creen las condiciones favorables para la libertad de expresión y el debate sano. Una de las medidas principales es que los gobiernos y políticos no desinformen. También se ha dicho que las plataformas de Internet juegan un rol especial y eso es, precisamente, algo que se viene debatiendo hace varios meses para la creación de un nuevo reglamento en la Unión Europea (eso tal vez sea un tema para otra columna).

El control de la información siempre ha sido importante en la guerra y la censura puede verse como una respuesta útil y conveniente, pero corre el riesgo de echar para atrás las garantías que se lograron desde hace varios años.