Conflicto armado en Barranquilla (1980-2020)

Fragmento del libro: Conflicto armado en Barranquilla (1980-2020). Antecedentes y actualidad de la presencia guerrillera, paramilitar y criminal de la ciudad. Barranquilla. Editorial Uninorte.

Después de las AUC: Trayectorias y disputas del crimen organizado en Barranquilla

Luego de la desmovilización del Fjpd hubo una disidencia de las AUC, conocida como Los 40, que se mantuvo en armas con el fin de no perder el control de la ciudad. Sin embargo, esta organización tuvo que enfrentarse a Los Nevados (que habían comprado la “franquicia” de Barranquilla a Jorge 40 y de la Sierra Nevada de Santa Marta al Clan Giraldo) y las Águilas Negras. Hacia 2008, también Los Paisas ingresaron a Barranquilla con el objetivo de luchar por el control de estos mercados ilegales.

La Defensoría del Pueblo muestra que hacia 2008 Los 40 estaban prácticamente desarticulados debido a la captura de varios de sus integrantes y a la presión que ejercían Los Paisas, que los enfrentaban tanto en Barranquilla como en Cartagena. Sin embargo, las Águilas Negras y Los Paisas mantuvieron su accionar en la ciudad a través de amenazas, extorsiones y asesinatos selectivos contra miembros de la organización armada rival o poblaciones que indirectamente consideraban que apoyaban a sus contradictores (esencialmente expendedores y consumidores de drogas que no hacían parte de su estructura y otras poblaciones estigmatizadas).

Hacia 2010, Los Rastrojos llegan a la ciudad y se enfrentan con Los Paisas. En ese contexto, entre 2011-2012 más de 530 homicidios son atribuidos a la disputa entre estos grupos armados. Los Paisas, que también estaban en medio de otras batallas con Los Rastrojos y las AGC en Córdoba, Bolívar y Magdalena (por solo mencionar algunos casos del Caribe), terminan debilitados y se convierten en un actor marginal del escenario de criminalidad. Sin embargo, la hegemonía de Los Rastrojos se ve retada rápidamente ante la incursión de las AGC entre 2011-2012. Las AGC no logran vencer a Los Rastrojos, pero ante la debilidad en la que se encontraban por los golpes que estaban recibiendo de la fuerza pública, generaron una división que dio lugar a Los Rastrojos Costeños. A partir de 2013, Los Rastrojos Costeños inician un proceso de subcontratación criminal y, de esta manera, reducen costos económicos, mediáticos y de seguridad.

La subcontratación era más rentable en términos logísticos y de seguridad, ya que la implantación de una estructura criminal en un nuevo territorio implica la movilización de recursos humanos y materiales, tiempo para conocer el terreno y constituir la red de aliados, además del desgaste y riesgo que produce la disputa armada con los competidores locales.

Pese a todas estas disputas ilegales, la Defensoría del Pueblo hace evidente la selectividad de la violencia del crimen organizado en la ciudad, cuando menciona que existe un interés por el control social y poblacional que está produciendo otros tipos de violencias más sutiles como las amenazas de muerte y la regulación de la vida cotidiana de las comunidades en algunos sectores del Área Metropolitana de Barranquilla, siendo más explícitas las intimidaciones y constreñimientos ilegales contra las organizaciones sociales y las poblaciones que trabajan y residen en los barrios, corregimientos y veredas en las que el actor armado ilegal busca su posicionamiento.

Más adelante, esta misma entidad dejaría ver que las organizaciones criminales empezaban a utilizar el asesinato como última instancia, dado que a partir de amenazas y violencias menos generalizadas alcanzaban los mismos objetivos de control territorial. A partir del 2011, las disputas entre grupos armados por el control de la ciudad permitieron observar técnicas de violencia mucho más vistosas, pero que afectaban en menor medida las cifras de victimización. Uno de los nuevos repertorios de violencia fue el desmembramiento. No es casual que, entre los años señalados, en la ciudad se presentaran 23 casos. Con esto, por un lado, se podía evidenciar que los grupos armados pos-AUC habían “transferido conocimientos criminales a los grupos locales, con el fin de cualificar su accionar delictivo”. Por otro lado, el desmembramiento debe entenderse como una forma de violencia selectiva con un alto contenido simbólico, ya que a través de la barbarie y sevicia aplicada al cuerpo en cuestión se envía un mensaje a la contraparte, quien ya estaría advertida de lo que les sucede a aquellos que no se someten o pretenden disputar el control del territorio. En otras palabras, una decapitación puede ser igual o más efectiva que varios homicidios, y al ser selectiva, no impacta sustancialmente los índices de homicidios, por lo cual no genera mayores reacciones por parte de la autoridad policial.

Con esto, en Barranquilla se profundizó un escenario de criminalidad organizada por subcontratación, que implicaba que los grupos más grandes (Los Rastrojos Costeños) hacían uso de la subcontratación para cumplir sus objetivos en la ciudad. Así, no solo se diluye la responsabilidad legal ante actos de criminalidad, sino que se genera la apariencia de debilidad del crimen organizado, en cuanto se observa como un conjunto de organizaciones atomizadas sin capacidad operativa real, aunque en realidad sí estén produciendo violencia selectiva y, con esto, estableciendo órdenes armados. Esta es la razón por la que la Defensoría del Pueblo (2015) dice que las autoridades locales desconocen las dinámicas y escenarios urbanos del conflicto armado, puesto que “no reconocen a Los Rastrojos “Costeños” como grupo armado al margen de la ley, sino como delincuencia organizada, porque no están encuadrillados, ni portan uniformes, ni armamento de largo alcance”. En tal sentido, con Los Paisas desarticulados hacia 2013, las AGC repelidas por Los Rastrojos y estos últimos fraccionados, en Barranquilla una organización local mantiene la hegemonía durante algún tiempo y realiza actividades ilícitas “en asocio o mediante la instrumentalización de organizaciones del crimen organizado o redes de sicariato”.

Hacia 2016, la hegemonía de Los Costeños se vio retada por el regreso de las AGC (ahora fortalecidas). Ante la imposibilidad de vencer a este grupo armado, se consolidó una alianza entre ambos actores. Como resultado, las AGC se encargarían de las negociaciones con carteles de droga para su comercialización externa, mientras que Los Costeños se encargan del control violento a nivel local a través de “trabajos por encargo”, outsourcing o subcontratación con los grupos de criminalidad organizada de la región (bandas, pandillas, combos, entre otras).

Así, la violencia pos-AUC en Barranquilla puede organizarse a través de cinco periodos: i). un primer periodo de atomización violenta en el que Los 40 intentan apropiarse de los mercados ilegales que controlaba el Frente José Pablo Díaz, pero que se encuentra con otros grupos armados como Los Nevados y las Águilas Negras, todos con intenciones de dominar las rentas legales e ilegales que podían explotar en la ciudad; ii) el segundo periodo inicia en 2008, cuando Los 40 y Los Nevados son prácticamente desarticulados por la presión de las autoridades y otros grupos armados, y Los Paisas y las Águilas Negras permanecen en el territorio, ahora enfrentados entre ellos; iii) el tercer periodo empieza en 2010, cuando Los Rastrojos ingresan a la ciudad y debilitan a Los Paisas (hay una disputa hasta 2011), por lo que se convierten en un actor hegemónico, aunque no por mucho tiempo, dado que un año después las AGC entrarían a disputarle los mercados ilegales. Aunque las AGC no logran derrotarlos, sí se genera una fragmentación de Los Rastrojos, que da origen a Los Costeños o Nuevos Costeños; iv) el cuarto periodo se mantiene hasta 2016, y está caracterizado por la subcontratación que hacen Los Costeños de organizaciones locales de delincuencia organizada y redes de sicariato para preservar su hegemonía; v) finalmente, el quinto periodo inicia en 2016, cuando las AGC regresan a la ciudad y esta vez logran doblegar a Los Costeños, hasta el punto de conseguir una alianza para dividirse los mercados ilegales en la ciudad. La gráfica 6 sintetiza estos diferentes momentos y las disputas ilegales que estuvieron en Barranquilla luego de la desmovilización de las AUC.

Es claro que esta es apenas una breve aproximación a la forma en que se ha desenvuelto el crimen organizado en Barranquilla entre 2006 y 2020. Sin embargo, hay dos conclusiones que pueden extraerse. En primer lugar, la desmovilización de las AUC no resultó en la desaparición del crimen organizado en la ciudad. El hecho de que esta organización paramilitar haya llegado a Barranquilla con el objetivo de cooptar rentas legales e ilegales, en lugar del discurso contrainsurgente que motivó gran parte de sus actuaciones en otros departamentos, pudo haber sido funcional para que la estructura de captación de rentas y controles ilegales de la población se sostuviera con su desaparición. Es decir, las AUC en Barranquilla no destruyeron del todo las estructuras locales que estaban presentes a su llegada, dado que les fueron funcionales para sostener los negocios ilícitos y amedrentar y controlar otras rentas lícitas. En ese sentido, la salida de las AUC tuvo como consecuencia una reorganización de estas organizaciones de carácter local que ahora tenían también un aprendizaje criminal que les permitía adoptar técnicas de victimización mucho más complejas y selectivas para competir con otros grupos armados.

En segundo lugar, a pesar de la noción de normalidad que persiste tanto en el imaginario colectivo como en el discurso de las administraciones locales, Barranquilla ha sido desde 2006 un territorio de disputas entre organizaciones del crimen organizado. Con pequeñas excepciones (normalmente breves), la ciudad ha sido el escenario de varias competencias armadas entre múltiples actores ilegales. Esto explicaría por qué, a pesar de que oficialmente no se reconoce la existencia de grupos del crimen organizado en la ciudad, la violencia homicida se ha sostenido prácticamente inalterada desde la desmovilización de las AUC. En Barranquilla, el nuevo escenario de violencia luego de la desmovilización paramilitar está marcado por disputas entre actores de carácter local, por lo que podría parecer que se trata de asuntos sin mayor relevancia o circunscritos por fuera de las lógicas de los conflictos armados que tienen lugar en otras regiones del Caribe.

Estos actores locales no portan uniformes, una buena parte de sus filas no tiene armamento militar sofisticado y posiblemente son difíciles de identificar y diferenciar de la población de la capital atlanticense. Sin embargo, solo el negocio del microtráfico (sin contar lo producido por extorsión, acopio de droga y su movimiento hacia los puertos de exportación) movió en 2016 más de 114 000 millones de pesos. Como lo muestra La Liga contra el Silencio (1 de noviembre de 2021), desde el 2020 se ha hecho evidente que el acuerdo existente entre las AGC y Los Costeños se resquebrajó y lo que hoy hay es una lucha a muerte por el control del microtráfico en la ciudad. Este apartado, aunque todavía puede fortalecerse con más cifras y profundizar en los patrones de victimización utilizados por cada grupo armado que ha pasado por la ciudad, deja ver que el escenario actual no es necesariamente nuevo, y es una disputa que se suma a las anteriores. Lo cierto es que cada una de estas disputas viene anclada a un incremento de la violencia homicida contra quienes son considerados parte o aliados de los grupos rivales, reclutamiento de jóvenes para las filas de las organizaciones, amenazas, extorsiones y desplazamientos intraurbanos. Es necesario repensar, entonces, las estrategias de seguridad para la ciudad que durante más de quince años han resultado ineficientes para prevenir las disputas entre el crimen organizado.