“Improvisación y afanes, inteligencia emocional, múltiples voceros, mensajes equivocados, rectificaciones continuas, mirada facilista, victorias tempranas, ingenuidad combinada con buena fe y reconversión criminal pronta”. 

Estos fueron algunas de las zonas grises que el mayor general en retiro Eduardo Herrera Berbel identificó en el proyecto de Paz Total. Lo hizo en el marco del conversatorio Implicaciones de la Paz Total como política de Estado, certamen académico organizado la semana pasada por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) y la Konrad Adenauer Stiftung (KAS).

La réplica del alto oficial –quien durante cuatro años hizo parte de la mesa de diálogo del Gobierno Nacional con el ELN– estaba dirigida a Ariel Ávila Martínez, politólogo y analista político, quien, tras obtener una importante votación durante las pasadas elecciones legislativas, estrenó este año su curul de senador. Él, dada su cercanía con los arquitectos del proyecto de la Paz Total, tuvo a cargo la conducta de entrada o provocación inicial en este espacio de discusión.

Orador rutilante, intentó convencer al auditorio sobre las infinitas bondades de la Paz Total. Para lograr este cometido, hecho mano de cifras estadísticas de aquí y de allá, además de hacer alusión a la coyuntura en materia de seguridad pública de algunos territorios de la “Colombia profunda” de la que tanto habla el presidente Gustavo Petro Urrego.

“No tenemos la fórmula”: Ávila

Por espacio de veinte minutos, el senador por el Partido Verde aprovechó su intervención para recitar conceptos ya conocidos a través de la prensa sobre la noción de Paz Total, iniciativa que, a mi juicio, no pudo hilar asertivamente con el concepto de Seguridad Humana. En el ambiente no quedó claro si se trata de la visión de Naciones Unidas, de la OEA o de Petro.

Dijo, verbo y gracia, que la Paz Total es un concepto de orden territorial que comporta: paz con los Grupos Armados Organizados (GAO); “sometimiento” de los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO); negociación con una mirada sociojurídica; cese al fuego multilateral donde la Fuerza Pública entraría de último; prórroga y ajuste de la Ley de Justicia y Paz; la verificación como tema más crítico; conformación de mesas técnicas para el cese al fuego y redacción de protocolos.

El libreto de Ávila fue el esperado. Entonces sobrevinieron las intervenciones de los participantes presenciales y virtuales, los argumentos, los contraargumentos y las réplicas del senador. En este ejercicio dialéctico salieron a la luz algunas verdades incómodas, si bien él, casi al final de sus intervenciones, advirtió que hablaba a título personal y no a nombre de la administración Petro.

Cuando se le indagó cómo la Paz Total aseguraría el fin del conflicto y cómo se garantizaría el cese al fuego en territorios con multiplicidad de organizaciones criminales y economías ilícitas, Ávila dejó entrever la enorme posibilidad de “frustraciones” (léase fracasos) en el proceso, pues, en sus palabras, “no tenemos la fórmula” que garantice su éxito.

En este punto, el imberbe senador agregó que la Paz Total es un intento por “sacar de la ilegalidad al mayor número de pobladores de una región o territorio”. A renglón seguido dijo que no era una opción dejar de apostarle a la paz cuando los procesos surtidos por los anteriores gobiernos hacen que Colombia hoy sea “mejor que hace veinte años”.

A juicio de algunos participantes en la mesa, esta argumentación demuestra que la paz ha sido politizada e ideologizada por el Gobierno nacional. Durante las campañas legislativa y presidencial, los candidatos de la otrora oposición política colombiana dijeron a su electorado que la seguridad había alcanzado sus niveles más bajos, pues las masacres y los asesinatos en el país, en especial de los líderes sociales, estaban a la orden del día. El efectivo discurso antigobierno Duque sobre la seguridad.

Retos y reparos de la Paz Total

La multiplicidad de economías de guerra y de rentas ilícitas presentes en las regiones de Colombia le plantean al Gobierno nacional retos como la construcción efectiva de Estado, que, en el marco de un contexto de Paz Total, asegure su presencia en aquellos territorios donde las organizaciones armadas al margen de la ley se sienten en la mesa de diálogo o se desmovilicen.

En esta coyuntura, el cambio de la política antidroga del Gobierno Petro juega un rol trascendente, máxime cuando del millonario ilícito participan “inversores extranjeros” como los carteles mexicanos de Sinaloa y Tijuana. Sobre el particular, Carlos Chacón, director ejecutivo del ICP, dijo que el sector privado y productivo del país debe ser tenido en cuenta en los procesos que se adelante para sacar a la población de la “Colombia profunda” de las economías ilícitas, hecho que no está ocurriendo.

Otro de los académicos invitados al conversatorio señaló que la megalomanía del Gobierno nacional, por ejemplo, no le ha permitido advertir los peligros de negociar con el ELN. Esta guerrilla tiene una línea más dura si se compara con las Farc, además de la dualidad discursiva entre los cabecillas en Caracas y aquellos de los diferentes frentes de guerra de la organización. Otro aspecto no menor es que, de las estructuras con presencia en la frontera colombo-venezolana, la “tropa” es en su mayoría natural del país vecino.

En relación con los reparos al proyecto, la posibilidad de “frustraciones” de la Paz Total fue leída por una buena parte del auditorio como un justificante futuro para promover una nueva constituyente si el proceso fracasa. En el ambiente quedó la sensación de ser parte de una estrategia premeditada del Gobierno nacional y que la Paz Total puede romper la división político-administrativa de Colombia.

Sobre el rol de las Fuerzas Armadas, asistentes al conversatorio, como el general en retiro Alberto José Mejía, comandante del Ejército durante el Proceso de Paz del Gobierno Santos con las Farc, dijeron que era un grave error incluir a los estamentos armados del país en el cese al fuego multilateral. Mejía invitó al Gobierno a echar mano de las lecciones aprendidas en los procesos pasados.

El hecho de colocar a la Paz Total por encima de la seguridad del Estado fue otro aspecto que recibió críticas. Dos ingredientes adicionales atizaron este tópico de la discusión: el evidente desprecio que el ejecutivo ha mostrado por la Fuerza Pública y el peligro de que el presidente Petro module a su conveniencia la actividad de los uniformados.

Fue así como los razonamientos de Ariel Ávila sobre la Paz Total dejaron más dudas que certezas, situación que me permite inferir que la improvisación y la premura son quizá dos ingredientes de la administración Petro para abordar esta y otras problemáticas.

El tiempo será ese juez que les halle o no la razón.

Es coronel retirado del ejército, donde ingresó en 1992. Estudió comunicación social y periodismo en la Universidad Central y una especialización en derecho internacional de conflictos armados en la Universidad Externado de Colombia.