Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
El gobierno que preside Gustavo Petro ha expresado que la protección de la vida se consigue atacando las economías ilícitas y llevando desarrollo económico a las comunidades donde el Estado está ausente.
Sin embargo, ni el Plan Nacional de Desarrollo (PND) ni en la Política de Seguridad y Defensa (PSD) hay una estrategia coherente para lograr ese objetivo. Por el contrario, se están dando las condiciones para establecer un paraíso criminal.
El PND plantea objetivos paupérrimos en la disminución de los homicidios. Así, la meta es pasar de una tasa de homicidios por cien mil habitantes de 25,9 a 24,4. La PSD confunde defensa nacional con seguridad ciudadana, lo que es problemático porque hace que las líneas de acción sean abstractas. Por lo tanto, la capacidad que tiene este documento, rector de la seguridad, haga realidad sus propuestas es escasa.
Así, en relación con la política contra las drogas ilícitas, se afirma que esta se centrará en la incautación de estupefacientes. Un enfoque que desde este espacio se ha promovido. No obstante, no hay una secuencia de acciones para cumplir con este objetivo.
Los resultados son palpables. De acuerdo a las cifras trimestrales de enero a marzo de 2023, comparadas con el mismo periodo de años anteriores, se aprecia una clara disminución de la incautación de cocaína. Lo mismo sucede con el decomiso de precursores químicos.
A pesar de que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en el debate de control político y la moción de censura manifestara que había logros que resaltar en la lucha contra el narcotráfico, son las propias cifras del Ministerio de Defensa las que desnudan la realidad. No hay estrategia para enfrentar el principal mercado criminal que dinamiza al resto de actividades ilícitas.
Al mismo tiempo, esta falta de coherencia decisional, explica los secuestros de militares cuando estos adelantan operaciones de destrucción de laboratorios de cocaína. Estamos ante un ministro de Defensa que no lidera el sector, y por ende no tiene la capacidad para coordinar una respuesta estratégica contra el narcotráfico.
Por otra parte, la cifra de homicidios ha tenido una reducción del 4% frente al primer trimestre de 2022. No obstante, es un dato que debe leerse con atención. Primero, porque las cifras de homicidios colectivos (cuatro o más víctimas) se han duplicado, lo que evidencia la guerra que se libra entre grupos criminales, tal como lo argumenta la teoría criminológica. Igualmente, el descenso de los homicidios podría deberse a una acción de paciencia estratégica del crimen organizado frente a la política de paz total del actual gobierno.
Ahora, la extorsión ha crecido en 27% y el secuestro en 103%. Estos mercados criminales le permiten al crimen organizado consolidarse y obtener el control de la ciudadanía, la cual tiene que ceder su libertad de locomoción, consumo y pensamiento ante la violencia criminal.
Por ende, el crimen termina controlando la vida social y son los actores ilegales quienes acaban ejerciendo las funciones naturales del Estado.
De igual forma, el hurto a personas y de residencias ascendió en promedio 9%, lo que muestra el deterioro de la seguridad ciudadana con relación al periodo de prepandemia de Covid-19.
Los ciudadanos, de seguir este ritmo de consolidación de las bandas criminales, estarán cada vez más desprotegidos. Entre tanto, el gobierno, en lugar de lanzar señales de fortaleza y persecución contra el delito, a diario vive justificando el accionar de los delincuentes y debilitando el sistema de justicia, sea por declaraciones salidas de tono del presidente o por proyectos de ley que incentivan este tipo de conductas.
Como lo demuestra la evidencia, el deterioro de la seguridad de Colombia no es una percepción, ni responde a ataques sesgados de la oposición contra el gobierno. Es el producto de una pésima conducción del sector defensa. La doctrina de seguridad humana no deja de ser una arenga de marketing político carente de contenido donde la estrategia brilla por su ausencia.
Ahora, a nivel territorial ocurrieron tres hechos que determinan que los grupos armados y el crimen organizado hayan logrado el control territorial y hayan colocado a las Fuerzas Armadas en desventaja militar.
El primero es el secuestro de los 79 policías del Esmad en la vereda los Pozos (Caquetá) por parte de la Guardia Campesina que actuaba más como una milicia popular apoyada por una retaguardia armada de las Farc. Ese movimiento táctico le permitió a “Iván Mordisco” alcanzar un despeje no declarado de la antigua zona del Caguán.
El segundo hecho fue el ataque que lanzó el ELN en la vereda Villa Nueva, región del Catatumbo (Norte de Santander), cuyo blanco fue el Batallón Especial Energético y Vial n°10. El saldo de esta acción dejó nueve militares asesinados. Al mismo tiempo, consolidó la presencia del ELN y lanzó el mensaje que el transporte y exploración de crudo está bajo la supervisión de este grupo armado.
El tercer hecho fue el paro minero en el Bajo Cauca que se gestó para impedir las operaciones militares de incautación de dragas artesanales y maquinaria especializada para extraer oro de forma ilegal.
Esta acción duró 34 días y produjo pérdidas económicas sensibles a los habitantes de la zona. Así, el Clan del Golfo, que es el protagonista de esta acción, logró imponer sus condiciones para evitar el despliegue militar contra la minería ilegal. De esta forma, esta banda criminal podrá seguir llenando sus arcas sin la incómoda presencia de las Fuerzas Armadas.
En conclusión, hay un deterioro de la seguridad ciudadana. Al tiempo que los grupos armados y el crimen organizado, con tres movimientos tácticos, lograron controlar el mercado de la minería en el Bajo Cauca y Sur de Córdoba, obtener un despeje no declarado del Caguán y consolidar el control de la exploración y transporté de crudo en el Catatumbo.
Este es el brutal panorama de la seguridad de Colombia durante 2023. Lo más grave es que no existen indicios que permitan inferir que se puede dar un replanteamiento del enfoque de la política de seguridad.
El presidente Gustavo Petro, encerrado en su burbuja ideológica, asume que la oposición y las élites son un obstáculo para los cambios. Por lo tanto, y de acuerdo con su lógica, la seguridad es un problema que se soluciona haciendo concesiones e impartiendo impunidad; sin tener en cuenta que está creando los incentivos para instaurar un paraíso criminal que ni el mismo Pablo Escobar hubiera soñado.
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