Como era previsible, el proceso de paz se ha convertido en un elemento de confrontación política. Para el Presidente Uribe y otros ciudadanos con acceso a los medios de comunicación que comparten sus orientaciones, las conversaciones de la Habana están destinadas al fracaso. El Gobierno, que bajo su responsabilidad puso en marcha el proceso, considera que este avanza de manera adecuada. Así lo creo.
Como era previsible, el proceso de paz se ha convertido en un elemento de confrontación política. Para el Presidente Uribe y otros ciudadanos con acceso a los medios de comunicación que comparten sus orientaciones, las conversaciones de la Habana están destinadas al fracaso. El Gobierno, que bajo su responsabilidad puso en marcha el proceso, considera que este avanza de manera adecuada. Así lo creo.
Pero como las posibilidades de reelección del Presidente Santos pueden depender de que se logré firmar el fin del conflicto armado antes de las elecciones de mayo del 2014 es sano tomar cierta distancia frente a la información que suministra el gobierno, y tratar de juzgar los avatares de un asunto tan complejo con independencia.
En mi sentir, se han cosechado éxitos tempranos. A pesar de cierta retórica altisonante de los voceros de las FARC, sobre todo en los actos de instalación de las conversaciones en Oslo; de que demandaran la presencia del Ministro de Agricultura y de “Simón Trinidad” en la mesa (lo primero habría deteriorado la autoridad de los representantes del gobierno, lo segundo es imposible por cuando “Trinidad” esta preso en los Estados Unidos); o de que hayan intentado que se abriera una romería de ciertos sectores de la “sociedad civil” hacia la Isla, la impresión que desde afuera se tiene es que se ha avanzado en las conversaciones.
Ignoramos los pormenores de los encuentros diarios, lo cual demuestra que la regla fundamental de confidencialidad, crucial para preservar la confianza recíproca, se ha respetado.
En las discusiones sobre el desarrollo agrario, los alzados en armas han moderado algunas de sus posiciones. Ya no les parece que el latifundio deba ser erradicado de plano sino, apenas, cuando es “improductivo”. No rechazan la inversión extranjera en el campo -que, por cierto es escasa- sino cuando tiene propósitos “especulativos”. La gran minería y la construcción de infraestructura energética son admisibles si se respetan criterios ambientales adecuados. Les preocupa que una porción elevada de tierras con potencial agrícola se destinen a la ganadería extensiva. Y proponen la creación de un banco de tierras para movilizar fundos ociosos, baldíos o expropiados en beneficio de productores campesinos o pequeños empresarios del agro.
Por supuesto, “el demonio está en los detalles”, pero, en abstracto, todas esas aspiraciones son razonables y concuerdan con los planteamientos que está haciendo el gobierno. La guerrilla ha dicho en público que ha encontrado en esta materia coincidencias con los voceros estatales. Es una saludable novedad.
Si se lograre un acuerdo sobre la cuestión rural, que sería preliminar -porque “nada está acordado hasta que todo esté acordado”- eso no significa que de ahí en adelante la negociación sea un camino de rosas. En realidad, haber abordado el agro en primer lugar implica que es percibido como el asunto menos complejo. Una regla esencial en toda negociación consiste en que los temas de mayor dificultad se reservan para el final, cuando la acumulación de entendimientos previos permite a las partes vislumbrar que, tal vez en contra de sus expectativas, un acuerdo integral es posible.
Entre esos arduos problemas pendientes cabe mencionar la suerte de la dirigencia guerrillera, la cual no está dispuesta a ser trasladada, luego de la firma del acuerdo de paz, a la cárcel mientras se la juzga por crímenes que caen bajo la competencia de la Corte Penal Internacional si los jueces nacionales no pueden o no quieren adelantar los correspondientes procesos.
No obstante, cabe conjeturar que la cúpula subversiva pretenderá que se les conceda una generosa amnistía y, además, que se le asignen curules en el Congreso sin que inicialmente tenga que ganarlas en la lid electoral.
Doy otro ejemplo de escollos pendientes de enorme magnitud. Nada se ha discutido sobre la desmovilización de las huestes farianas y la entrega de armas. Si no se establecen sólidos mecanismos de verificación, el eventual acuerdo sería endeble.
Como lo ha reconocido Santos, la tregua unilateral de fin de año no fue perfecta pero tuvo parcial cumplimiento. Finalizado el lapso fijado por las FARC, estas han vuelto a reiterar su solicitud: una tregua bilateral indefinida mientras se negocia el fin del conflicto. Suena tan congruente esta propuesta con valores humanitarios que hay que pensar con calma para desecharla. Sencillamente, implicaría paralizar las acciones militares, en las cuales la Fuerza Pública tiene clara ventaja, para que, entre tanto, la guerrilla pueda rearmarse.
Una tregua bilateral, además, constituiría un fuerte estímulo para para demorar las negociaciones. Y, por último, es imposible establecer con certeza si los ataques a las tropas que eventualmente se presenten son atribuibles a las FARC o a ” grupos paramilitares”. El gobierno ha dicho que su obligación de preservar el orden público es indeclinable, pero cabe conjeturar que surgirán presiones nacionales e internacionales para que ceda en este punto.
Algunas encuestas demuestran que el país respalda el proceso pero duda de su factibilidad en el corto plazo. Resulta explicable, por la larga sucesión de fracasos, que los colombianos asuman la confrontación armada como normal; además, dado que esta no afecta a la población que vive en las ciudades de mayor tamaño, el resultado obvio es que el país está más preparado para la continuación de la guerra que para la paz.
Cambiar esta mentalidad no es objetivo que se pueda lograr de un día para otro, más si se cuenta con la enérgica oposición de Uribe y sus seguidores. Es preciso, por lo tanto, desarrollar una pedagogía encaminada a que la ciudadanía entienda y valore las ventajas de una paz negociada. Sólo así estará dispuesta a pagar los costos políticos y fiscales que ella implique.
¿Qué hacer con el ELN? En el acuerdo que sustenta las conversaciones actuales se invita a “otras organizaciones guerrilleras” a unirse al “propósito” (que no al proceso) de lograr la paz. No obstante, convendría explorar en la Mesa esa posibilidad. Los obstáculos son altos: que ambas guerrillas sean enemigas del Estado no las convierte en aliados. En realidad, difieren en origen, ideología, modos de actuar y capacidad bélica; en varias ocasiones han resuelto sus disputas a bala.
Sin embargo, el trámite de ambos procesos, como lo dicen los abogados, “bajo una misma cuerda” puede tener ventajas: los costos políticos se pagarían una única vez; disminuirían las posibilidades de que, luego de que las Farc entreguen la “razón social”, sus huestes migren, en parte, hacia el ELN. En una negociación secuencial o separada no se podría ofrecer a esta guerrillera minoritaria nada distinto de lo que se conceda a la actual contraparte. Esta rigidez puede generar serios problemas.
