Hernán Giraldo, el depredador de la Sierra, ¿negociador de paz?

Con la paz total del gobierno de Gustavo Petro se espera que el diálogo con los diferentes grupos armados ilegales y la inversión social y económica en las zonas golpeadas por el conflicto permitan avanzar y superar décadas de sangre, dolor e impunidad. Una apuesta necesaria, pero que debe ser cuidadosa para no pasar por encima de la verdad y los derechos de las víctimas.

Nuestra lucha por un país en paz no puede volcarnos nuevamente a un escenario de impunidad, que ponga en peligro la garantía de no repetición de quienes en los territorios han vivido el terror de la guerra. 

Decía Baltasar Gracián que “es tan difícil decir la verdad como ocultarla”. Por eso, los facilitadores de paz en Colombia no pueden ser quienes han faltado a ella.

Tenemos muchos aprendizajes de los procesos anteriores. Tantos, que el acuerdo de la Habana constituyó un gran avance en la materia y ahora no podemos repetir los errores del pasado. Ya fallaron algunas garantías judiciales para las víctimas y su lucha ha sido más complicada ante los “silencios”, “olvidos” y “errores” de sus victimarios.

El pasado 22 de diciembre de 2022 Hernán Giraldo Serna, conocido como “Taladro” o el “Patrón de la Sierra”, envío una carta a los medios de comunicación desde la cárcel de Itagüí en la que plasmó sus intenciones de “sentarse y ayudar (…) a encontrar caminos que nos lleven a la anhelada paz”.

Una carta en la que se refiere a un supuesto “liderazgo” de más 40 años que no dejó sino dolor en la Sierra Nevada de Santa Marta. En esta menciona “errores” que son, realmente, conductas sistemáticas de violación de derechos humanos. 

Son una verdad a la que faltó, garantías de no repetición que no cumplió y por las que hoy es procesado por delitos de lesa humanidad; y unos bienes que están en pleito judicial y no han servido para reparar a las víctimas.

Vale la pena entonces analizar esta situación desglosando esa carta. Primero, hay una narrativa peligrosa en la que Giraldo se ve a sí mismo como un líder comunitario y social de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

Recordemos que él es un exparamilitar confeso, no “un simple campesino”. Su actuar criminal y por el que fue condenado dejó más de 65 mil víctimas, al menos 706 crímenes, más de 40 víctimas de desaparición forzada, homicidios, tortura, secuestros, desplazamientos forzados y sus familiares han sido judicializados por conductas criminales como narcotráfico y homicidios selectivos. 

Además hay dos detalles que son inmensos. Después de un proceso de investigación que he liderado por más de ocho años, pudimos demostrar que, por un lado, no contó toda la verdad sobre la violencia sexual ejercida por su persona durante el conflicto armado. 

Solo reconoció a 33 de las víctimas y nuestra investigación documento, técnicamente, al menos 201 niñas violadas de manera sistemática. Lo que lo convierte en el mayor depredador sexual de menores de edad en Colombia en el marco del conflicto. 

Segundo, presuntamente siguió cometiendo crímenes dentro de la cárcel de Itagüí y la cárcel Modelo de Barranquilla durante el proceso justicia y paz. Giraldo Serna presuntamente ingresó y violó a cuatro menores de edad. Estas atrocidades hacen parte de un proceso que lleva una fiscalía especializada en derechos humanos y que el año pasado fueron declarados crímenes de lesa humanidad.

Hernán Giraldo sigue teniendo un gran poder simbólico en el territorio. Su solo nombre le genera a sus víctimas terror, miedo y zozobra. Existe una estructura intergeneracional que ha dejado como resultado que dentro de su grupo familiar al menos 20 personas hayan sido judicializadas, extraditadas y condenadas por diversos delitos, entre ellos, narcotráfico, homicidios de personas protegidas, asesinatos, violaciones, extorsión y otras actividades criminales. 

Tiene influencia y capacidad para movilizar las estructuras que, en nuestras investigaciones, hemos comprobado nunca se desmovilizaron. Hernán Giraldo fue extraditado a Estados Unidos junto con otros exparamilitares pero ha mantenido su poder militar e influencia dentro de las estructuras neoparamilitares que han operado en la Sierra desde entonces.

Estas han tenido alrededor de ocho nombres distintos pero no son más que el linaje de Giraldo: un ejército militar que se creó violando a más de 200 menores de edad que tuvieron a sus hijos y que, luego, mantuvieron su y estructura de control, poder y dominio del territorio.

Si bien es verdad que Giraldo tiene capacidad de interlocución con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, enviaría un mal mensaje el gobierno nacional -y esto lo digo en nombre de las víctimas, los investigadores y de las personas que hemos venido abanderando esta lucha por la verdad y la justicia por tantos años- si el mal llamado Patrón de la Sierra es reconocido como facilitador o promotor de la paz total.

En la carta él dice que no tiene ningún interés político pero, en la realidad, Hernán Giraldo Serna sigue influyendo. Las estructuras herederas, llamadas “Los Pachencas” y que hoy se reconocen como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, siguen teniendo poder político en las elecciones locales, haciendo grandes reuniones para apoyar candidatos al concejo, la alcaldía y gobernación.

Que esto no sea la verdad oficial es distinto. Hay reuniones documentadas en las que los líderes de estas autodefensas han llamado a organizaciones y a la movilidad social para apoyar candidatos.

En la Sierra Nevada de Santa Marta hay unas lógicas de mando mixtas: hay herederos de Hernán Giraldo que siguen siendo parte de dichas estructuras armadas. El mismo lo menciona en la carta, aunque los minimiza, reconociéndolos como “errores” de su familia que realmente son crímenes.

Hay parte de una organización familiar que sigue teniendo el poder, sobre todo, a través del blanqueamiento de activos, el control de las rutas del narcotráfico y el POT paramilitar, que es la distribución geográfica de las actividades criminales en la Sierra Nevada entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y el Clan del Golfo. 

Además en días pasados, hace aproximadamente dos meses, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra mandaron una carta formal al alto comisionado de la paz en la que solicitaron precisamente que Hernán Giraldo Serna fuera su interlocutor, al igual que Freddy Castillo alias “Pinocho”, quien también fue judicializado hace unos meses por crímenes de lesa humanidad. 

De manera que sí es posible demostrar el control e injerencia de Hernán Giraldo en el territorio.

Entonces ¿lo que se dice en esa carta es cierto? ¿Giraldo sí ha esclarecido la verdad como lo manifiesta?

Lo que he dicho y sostenido por años no son afirmaciones basadas en subjetividades. Hay una verdad objetiva. Hoy la fiscalía especializada de derechos humanos lleva contra Giraldo Serna cuatro casos de violencia sexual en menores de 14 años que fueron ingresadas por medio de una red de trata de personas después de su desmovilización. 

Invisibilizó al menos a 170 de sus víctimas de violencia sexual y, además, hay una lista de más 168 bienes que entregó junto al Frente Resistencia Tayrona que, en este momento, en vez de estar siendo usados para reparar a las víctimas muchos están en manos de las estructuras neoparamilitares y las organizaciones criminales que operan en el territorio.

Para que la paz total pueda ser un hecho en la Sierra Nevada de Santa Marta, primero se debe esclarecer si realmente son unas autodefensas campesinas, como la denomina Giraldo Serna en su carta, o si realmente son una organización que se dedica, entre otras cosas, al narcotráfico, microtráfico, a la extorsión, a los crímenes selectivos y a otro tipo de actividades criminales. 

Segundo, hay que reconocer que en sus filas vienen reclutando menores de edad. Esta denuncia la hemos venido haciendo los defensores de derechos humanos durante los últimos cuatro años y no ha tenido eco dentro de las autoridades. Conocemos de al menos 15 menores de 14 años que han sido reclutados. 

Tercero, la interlocución tiene que ser mediada precisamente por la verdad y dándole el lugar que le corresponde a las víctimas. Se debe reconocer que hay crímenes que no fueron reparados en un proceso que no se llevó a cabo por completo. Se necesitan espacios y garantías para la no repetición. Las víctimas que no han sido reparadas deben tener acceso a la verdad de hechos como los crímenes de desaparición forzada cometidos por estas estructuras en los últimos 30 años.