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A nivel mundial en 11 de los 37 acuerdos de paz firmados entre 1989 y 2005 no se menciona la educación. El Acuerdo Final entre el Gobierno y las FARC sí la incluye en tres de sus seis puntos, por eso es importante que el Congreso de la República no deje de priorizar recursos para la educación.
En un país en donde el 32% de la población es considerada rural según el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011 (INDH), el conflicto armado es uno de los principales obstáculos para el progreso de la educación rural de Colombia. La incapacidad del Estado para garantizar la educación en aquellas zonas puede ser un generador de pobreza, desigualdad y un factor que facilita el reclutamiento ilícito de niños.
El mecanismo ideal para la terminación de un conflicto es la negociación, sin embargo la educación no suele estar presente en las discusiones entre los grupos armados y los gobiernos, según la UNESCO (2016) en 11 de los 37 acuerdos de paz firmados entre 1989 y 2005 no se menciona la educación. El Acuerdo Final entre el Gobierno y las FARC es una de las excepciones: tres de los seis puntos del acuerdo incluyen componentes de educación. Así, los puntos de Reforma Rural Integral, Participación Política y Solución al Problema de las Drogas Ilícitas contemplan la garantía de gratuidad educativa, programas para eliminar los analfabetas en zonas rurales, incrementar la oferta de educación superior en la ruralidad, fortalecer la educación para la democracia y programas especiales de educación para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, entre otros.
Este Acuerdo es la reivindicación de los derechos de los niños que viven en zonas rurales y que el conflicto armado les ha arrebatado la oportunidad de recibir los beneficios educativos que las personas de las ciudades sí tienen acceso. Es la oportunidad para permitir que la educación permee todas las zonas del país que históricamente han sido víctimas de la pobreza y la desigualdad que nos caracteriza. Además, no se puede olvidar que la educación ayudará a que las personas desmovilizadas tengan una segunda oportunidad, permitirá abrirles las puertas para que ingresen a la sociedad en paz.
Por eso, en vísperas de navidad y en medio del fast track que avanza a pasos de gigante, es importante que el Congreso de la República no deje de priorizar recursos para la educación que permitan que los planes se implementen y sus consecuencias se traduzcan en un país equitativo y productivo. La Colombia rural lo pide a gritos.
